La República Argentina ha solicitado esta reunión del Consejo Permanente a fin de poner a consideración de los Estados Miembros la convocatoria a una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, de acuerdo al artículo 61 de la Carta de esta Organización, para tratar la cuestión “Reestructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”.

Creemos que es necesaria la convocatoria a la reunión de Consulta de Ministros, ya que la cuestión que hoy afecta a mi país es urgente y de interés común para todos los Estados americanos.

En efecto, se trata de una cuestión que excede los aspectos financieros. Es una cuestión de política internacional que tiene implicancias y consecuencias de índole global y sistémicas, una cuestión que entendemos que debe ser expuesta y comprendida.

Si bien mi Canciller y mi Ministro de Economía informarán con mayor detalle sobre esta cuestión en la Reunión de Consulta de Ministros que proponemos convocar, permítanme brindar algunas precisiones acerca de las consecuencias nacionales e internacionales que se derivan de las recientes decisiones judiciales vinculadas con la reestructuración de deuda de la Argentina.

El default argentino en 2001 tuvo lugar en un contexto en el que el país tenía una deuda superior al 160% del PBI, con una tasa de desempleo de casi 25% y más de la mitad de la población en condiciones de pobreza.

Desde 2003 se han venido implementando en Argentina una serie de medidas destinadas a normalizar las relaciones financieras internacionales.

El principio fundamental que ha guiado las negociaciones mantenidas con los acreedores externos ha sido el de la sustentabilidad, es decir que Argentina debe primero crecer para generar los recursos que le permitan honrar sus compromisos. Crecer para pagar, es pues la marca de todas las negociaciones de deuda que Argentina ha venido realizando desde 2003.

Como resultado de dicha política, desde hace más de una década la economía argentina crece, reduce el desempleo y se desendeuda.

El proceso de reestructuración de la deuda que en 2001 quedó en default continúa hasta el presente. En ese difícil camino se saldó completamente la deuda con el Fondo Monetario Internacional, se alcanzó un acuerdo con los acreedores con laudos firmes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), se cumplieron por completo las obligaciones con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, y recientemente se acordó un pago en hasta 7 años con el Club de Paris y la compensación a la empresa Repsol por la recuperación del 51% accionario de la empresa YPF.

El problema más complejo era alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de deuda soberana en default desde el año 2001 por un total de US$ 81.000 millones. Después de largas negociaciones y consultas con los acreedores, se acordó un canje voluntario de deuda en 2005, y luego en 2010, con quita de deuda y extensión de plazos de pagos, lográndose un acuerdo con el 92,4% de los acreedores.

Desde entonces, mi país ha pagado en tiempo y forma todos los servicios de su deuda reestructurada y, cabe destacarlo especialmente, sin acceso al mercado financiero internacional. Se evitó así el pernicioso círculo vicioso anterior a la crisis de 2001, que hacía que cada nuevo refinanciamiento de la deuda, aumentara la misma, perjudicando aún más a la economía.
Solo el 7,6% de los bonistas no aceptaron las dos reestructuraciones de deuda mencionadas. La mayoría de dichos bonistas, cabe destacarlo, no son los prestamistas originales de mi país. Un grupo de ellos, conocidos en el mundo como fondos buitre, compraron los bonos en default a un precio vil, irrisorio, con posterioridad al canje de deuda, con el objetivo de especular esperando que el país mejorara su situación económica para demandarlo y obtener el pago del 100% del valor nominal de los bonos, más intereses, obteniendo una ganancia fabulosa de niveles cercanos a 1600% en el breve período de 6 años.

Estos bonistas obtuvieron, no obstante, una sentencia favorable, que fue infructuosamente apelada por la Argentina. Dicha sentencia obliga al país a pagarles ahora US$ 1.500 millones, aunque se estima que el total de bonos en situación de default que no entraron en los canjes asciende a US$ 15.000 millones, lo que equivale a más del 50% de las reservas internacionales del país. Para peor, si se les paga a los fondos buitre y todos los demás bonistas reclamaran el mismo tratamiento, ello tendría un costo para mi país de US$ 120.000 millones, y daría por tierra con una década de esfuerzos para la reestructuración de la deuda externa argentina.

Distinguidos Representantes Permanentes. Pagar conforme a la sentencia empuja a la Argentina al default y, si no se les paga a dichos fondos especulativos, la sentencia implica pues poner en riesgo el derecho de la abrumadora mayoría de los bonistas a continuar recibiendo sus pagos como tenedores de deuda reestructurada.

Concretamente, la decisión judicial favorece a un 1,6% de los bonistas que están especializados en litigar, y pone en riesgo la reestructuración de deuda aceptada voluntariamente por el 92,4% de los acreedores.

Las erróneas interpretaciones de una cláusula estándar incluida en los contratos de los bonos, la denominada cláusula pari passu, en que se apoya la sentencia han sido cuestionadas por los más diversos actores: los gobiernos de Francia, México, Brasil y Uruguay, la agencia compensadora Euroclear y el fondo Fintech. También se han manifestado en el mismo sentido, Joseph Stiglitz, Anne Krueger, Nouriel Roubini y 106 parlamentarios británicos. El Fondo Monetario Internacional y el gobierno de los EEUU han manifestado también preocupación por las implicancias globales de este caso.

En los últimos días, MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA Y EL G-77 más China (que reúne a 133 Estados) expresaron su solidaridad con mi país y reafirmaron la relevancia de garantizar que los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores en los procesos de reestructuración de deudas soberanas sean respetados; en tanto que CEPAL y UNCTAD han advertido acerca de las profundas y graves consecuencias que estas decisiones judiciales tienen para el sistema financiero internacional.

La República Argentina reafirma su compromiso de honrar sus deudas con el 100% de los acreedores de manera justa, equitativa y legal.

Sres Representantes Permanentes.
No existe un marco jurídico internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Hoy se ha puesto en jaque a la Argentina. Sin embargo, cualquier país que deba enfrentar en el futuro una reestructuración de su deuda podrá estar en la misma encrucijada, toda vez que aún si se lograra un 99,9% de adhesión voluntaria al proceso de canje, el 0,1% de los bonistas estarían habilitados y en condiciones de invalidar toda la reestructuración.
Pido pues, por la urgencia y la importancia de esta situación, el acompañamiento de todos los Estados Miembros para la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

A dichos efectos, Sra. Presidente, le solicito que ponga Ud. a consideración de este Consejo Permanente el Proyecto de Resolución de convocatoria que se ha circulado en el día de la fecha.

Muchas gracias.