La Declaración sobre Seguridad en las Américas constituye hoy nuestra guía principal en materia de seguridad.

Los contenidos y las prioridades de la seguridad en las Américas, uno de los pilares de la OEA desde su fundación, fueron modificados de manera substantiva por las definiciones conceptuales establecidas hace diez años al ser ella aprobada. Por eso la Declaración sobre Seguridad en las Américas debe ser considerada equivalente a los documentos básicos de los otros pilares de la Organización: a la Carta de la OEA, a la Carta Democrática Interamericana, a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Carta Social y a la Convención sobre Violencia contra la Mujer.

Debemos agradecer a México, que en el año 2003 albergó la Conferencia Especial de Seguridad en la que se elaboró nuestra Declaración, por la preocupación que siempre ha mostrado por el desarrollo conceptual y político de los temas relativos a la seguridad en las Américas. Su país, Sra. Subsecretaria y Sr Embajador, ha promovido acuerdos fundamentales para el Hemisferio en materia de seguridad desde la creación de la OEA y antes. Sólo recordemos, entre otros eventos, la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz de 1945, la firma del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe de 1967 y la Convención sobre la Fabricación y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) de 1997

Las raíces de la Declaración de 2003 se encuentran en los cambios trascendentes producidos en las décadas anteriores en la situación estratégica y política global y hemisférica. El fin de la Guerra Fría y la democratización de Europa Oriental coincidieron a fines de los ochenta y comienzos de los noventa con el retorno de la democracia en los países del Sur del continente y, un poco después, con la paz alcanzada en Centroamérica. La región vivía entonces una situación totalmente nueva, en que los temas fundamentales del momento eran la defensa de la democracia, la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la defensa del Estado de derecho. Fue la convergencia en torno a estos principios la que dio origen a un proceso de afirmación democrática continental, iniciado con la Resolución 1080 de la Asamblea General de Santiago de Chile en 1991 y culminada una década después, con la suscripción en Lima de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001.

En medio de cambios de esta magnitud, era evidente que la visión estratégica de Guerra Fría que había predominado en la OEA desde su fundación quedaba completamente obsoleta. La agresión externa contra el hemisferio, que había pretendido justificar el TIAR, nunca se había producido del modo esperado. El tratado sirvió más bien para justificar intervenciones y en la única ocasión real en que pudo utilizarse, para impedir la Guerra del Atlántico Sur, demostró su completa ineficacia. Las guerras internas, también atribuidas de manera excluyente a la influencia externa, tampoco estaban en condiciones de sostener ya esa justificación. Se hacía necesaria una nueva visión que complementara los grandes objetivos de la paz, la democracia y el desarrollo, con los desafíos de seguridad del presente.

La Declaración sobre Seguridad en las Américas, que consagró para nuestro hemisferio el concepto de Seguridad Multidimensional, no sólo dejó en el pasado concepciones que estaban asociadas al conflicto global, sino que sancionó formalmente el interés de los Estados Americanos de buscar su seguridad, no a través del conflicto, sino mediante la cooperación y la acción colectiva

Su gran mérito y condición orientadora radica en su capacidad de ofrecer una visión coherente e integral del conjunto de amenazas a la seguridad que nuestras naciones deben enfrentar. El concepto de Seguridad Multidimensional se hace cargo no sólo de las amenazas tradicionales a la seguridad, sino que identifica un conjunto de nuevas amenazas que se originan en distintos ámbitos sociales y de las cuales son también responsables nuestros Estados.

Más de algún analista ha manifestado preocupación por que nuestra calificación de “amenaza a la seguridad” de temas como la pobreza, el analfabetismo, la desigualdad extrema y otros, acercaría la nueva doctrina a los conceptos que inspiraron la mal recordada doctrina de la seguridad nacional, que sirvió de base a dictaduras totalizantes en el pasado reciente de nuestra región.
Nada más equivocado. Al contrario, la Declaración es clara al señalar las diferencias entre las nuevas amenazas y las amenazas tradicionales, pues si bien reconoce la importancia que estas últimas siguen teniendo, aclara también que son de una naturaleza distinta a las de aquellas, y que por consiguiente también son diferentes los mecanismos de cooperación para hacerle frente.
Al establecer estas diferencias el concepto de Seguridad Multidimensional no aumenta el rol de las instituciones armadas, sino que permite delimitarlo con claridad y ponerlo, más definidamente y con tareas claras, bajo el mando de la autoridad civil, encargada de asignar las tareas de seguridad a los distintos actores institucionales.

No se trata en suma de decir, como lo hacía la doctrina de Seguridad Nacional, que todo es seguridad, sino que la seguridad es tarea de todos, cada cual en su función, en el marco de la legalidad democrática y todos bajo una conducción política democrática y participativa.

Orientados por esos principios, nuestras preocupaciones como países están hoy día volcadas a implementar medidas que nos permitan

a) Enfrentar adecuadamente desastres naturales y potenciales accidentes catastróficos, que han costado miles de vidas en casi todos los países del hemisferio.
b) Combatir las diversas formas que adopta en la actualidad el delito trasnacional, que van desde el tráfico de personas y de drogas ilícitas hasta el lavado de dinero y el terrorismo.
c) Mantener de manera transparente las capacidades de disuasión de nuestras Fuerzas Armadas frente a la posibilidad de una agresión exterior, y contribuir a que éstas desarrollen nuevas capacidades que les permitan, en colaboración con otros actores de la seguridad, enfrentar el carácter multidimensional de las amenazas.
d) Finalmente, entender la importancia de superar definitivamente nuestro retraso económico, las limitaciones a las libertades políticas, la pobreza, la marginalidad, la discriminación y la desigualdad social, en donde muchas veces se incuban las principales amenazas a la seguridad pública.

Esta última área de trabajo, seguramente la más importante, corresponde a los servicios sociales del Estado y la sociedad y no debe en general involucrar a los cuerpos armados del Estado, cuyo ámbito debe estar restringido a las primeras tres tareas, bajo el mando de la autoridad democrática civil.

De este modo la Declaración sobre Seguridad en las Américas no sólo orienta nuestras reflexiones y análisis, sino que en ella es posible encontrar un marco conceptual y jurídico para un proceso de restructuración de la arquitectura de la seguridad que en nuestros países ya está en marcha.

Debemos reconocer, sin embargo, que en el ámbito de acción multilateral, no obstante los importantes avances que ya hemos realizado, aún queda mucho por hacer en materia de organización y coordinación de nuestra solidaridad y cooperación, para construir nuestra seguridad común como resultado del esfuerzo colectivo.

Mencionaré sólo algunas de los casos en los que creo que nuestra acción colectiva muestra aún un déficit frente a nuestras necesidades de coordinación hemisférica.

El delito es organizado y transnacional. Nuestra reacción en todos los campos, desde la prevención al control, y sin olvidar la rehabilitación y la asistencia a las víctimas, debe en consecuencia también ser organizada y transnacional y, en la medida de lo posible, mostrarse más ágil que aquella de nuestros adversarios. Hace algo más de un año, en virtud del mandato de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, un proceso de consulta de expertos concluyó con el llamado “Compromiso de Chapultepec” que recomendaba la creación de una Comisión Interamericana contra el Delito Organizado Transnacional, con sede en la OEA. Se proponía este órgano como conductor político de la cooperación interamericana en este campo específico y se apuntaba también a complementarla con una entidad coordinadora de operaciones en el campo de la inteligencia y la acción de fiscalías.

Ciertamente esta propuesta debe ser considerada, por cuanto todavía hoy, en la segunda década del siglo XXI, el Sistema Interamericano no cuenta con un órgano técnico-político dedicado a organizar y coordinar nuestros esfuerzos colectivos para enfrentar una amenaza que nos ha estado acosando desde hace décadas.

Por otra parte desde el cuadragésimo primero período ordinario de sesiones de nuestra Asamblea General en 2011, en cuyo marco esta Secretaría General firmó en San Salvador un Acuerdo de Cooperación con la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), esta asociación voluntaria y espontánea de cuerpos policiales de nuestro continente ha estado desarrollando sus actividades de coordinación y cooperación policial de manera armónica y en estrecho contacto con nosotros. Hemos trabajado bien con AMERIPOL y esperamos no sólo seguir contando con este organismo en el futuro sino que ampliar nuestra relación con él.

Al mismo tiempo, es indispensable alcanzar la ratificación, por todos los países miembros, de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA), instrumento fundamental para controlar el tráfico ilícito de armas. Los pasos dados en materia de marcaje de armas convencionales no son suficientes si no asumimos, también en esta tarea, la necesidad de contar con instrumentos jurídicos obligatorios para todos.

Por último, en 2006, y en el contexto de la Declaración sobre Seguridad en las Américas que habíamos aprobado tres años antes, se modificaron los estatutos de la Junta Interamericana de Defensa. Esta modificación llevó a convertir a la JID en una “entidad” de la OEA, a establecer con mayor precisión los términos de la conducción política sobre el organismo y a democratizar efectivamente el proceso de elección de sus autoridades.

Desde entonces, sin embargo, no se han generado aún de manera suficiente los mecanismos que permitan adaptar a la JID y al Colegio Interamericano de Defensa a las nuevas realidades. Al contrario, se ha originado un debate acerca del “Sistema Interamericano de Defensa” y las entidades que deberían integrarlo, a partir de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas que constituyen sin duda el centro de este nuevo periodo. Sigue siendo indispensable lograr una adaptación efectiva de los organismos que dependen de nosotros a la realidad de un continente en el que la cooperación ha dejado atrás a las hipótesis de conflicto, y en las que esa cooperación entre Fuerzas Armadas, de carácter multidimensional, se encuentra ya en operación de manera bi o multilateral en diversas áreas, sin tener una organización hemisférica que las albergue ni un marco jurídico internacional que las norme.

He expresado mi opinión en otras ocasiones en el sentido de transformar a la Junta Interamericana de Defensa en una Comisión Interamericana de Defensa en la que participen los Estados que quieran integrarse a ella. Con estatutos y normas claros y transparentes, orientada específicamente por los principios de solidaridad y cooperación contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas y dependiente de la Reunión de Ministros de Defensa. No pienso en una Comisión más del Consejo Permanente, sino en una estructura como CICAD o CICTE, con un cuerpo directivo propio pero a la vez una Presidencia o Secretaría plenamente ligada a la Secretaria General de la OEA. Espero que esta propuesta pueda ser considerada en el debate futuro, a fin de identificar una arquitectura de cooperación multilateral en este campo, encabezada por la Reunión de Ministros de Defensa y apoyada por la Organización de los Estados Americanos.

Sres. y señoras embajadores y delegados

Creo sinceramente que la mejor manera de celebrar los diez años de nuestra Declaración es promoviendo decisiones políticas que se hagan cargo de las necesidades técnicas y permitan la materialización, en el campo multilateral, de los principios contenidos en esa Declaración.

Quiero, al concluir, agradecer a México, en la persona de la Sra. Subsecretaria y el Sr Embajador, por la feliz iniciativa de realizar este encuentro en el que podremos celebrar nuestra Declaración sobre Seguridad en las Américas, examinar lo que hemos avanzado en el marco conceptual, examinar qué nos depara el futuro en materia de seguridad y cómo debemos prepararnos para enfrentarlo.

Muchas gracias.