Estoy particularmente satisfecho de estar presente en Barbados para participar en el Foro Regional “Fortalecimiento y regulación de los sistemas de partidos políticos y financiamiento político en el Caribe”.

Permítanme comenzar, antes que nada, agradeciendo al Primer Ministro Freundel Stuart por inaugurar este evento y por tomar tiempo para acompañarnos en esta empresa. Estamos sinceramente agradecidos por su apoyo inquebrantable, que reafirma la importancia que el Primer Ministro otorga a este tema.

El tema del financiamiento político se ha convertido en una creciente preocupación para todos aquellos que estamos interesados en el bienestar de nuestras democracias. El financiamiento de nuestro sistema político es vital para la existencia de un sistema democrático sano y vibrante. Efectivamente, los partidos políticos necesitan financiamiento para cumplir sus funciones en apoyo de la voluntad de los ciudadanos. Pero el sistema también necesita mantener un ojo atento en su financiación con vistas a evitar las recaídas y abusos que en ocasiones surgen.

Esta reunión regional pone sobre la mesa la compleja relación subyacente entre el dinero y la democracia.

La OEA lleva algún tiempo ocupándose de este asunto, partiendo de las decisivas declaraciones y los mandatos otorgados a nuestra Organización. Esto se reflejó en la incorporación de este tema en la agenda de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec en 2001, que condujo a que la Carta Democrática Interamericana estableciese que el financiamiento político es una prioridad tal que debemos prestar especial atención – y cito – “a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades” (Artículo 5 de la Carta).

A la vista del espíritu de la Carta, está claro que una efectiva implementación de las regulaciones sobre financiamiento político es un factor importante para el fortalecimiento de la confianza pública en las instituciones y los procesos electorales. Es innegable que un sistema político y de partidos sólido fortalece la democracia y, al mismo tiempo, la confianza que la sociedad deposita en su sistema político contribuye no sólo a la legitimidad de sus líderes electos, sino también al engrandecimiento de la gobernabilidad democrática. En este sentido, es vital ser transparente y transmitir la apariencia de transparencia, dado que la política está, en gran parte y nos guste o no, construida a base de percepciones.

En los últimos seis años, la OEA ha desplegado 17 Misiones de Observación Electoral en 12 de los 14 Estados Miembros del Caribe que están presentes en este Foro.

La gran mayoría de los informes de estas misiones de observación incluyeron ítems relacionados con la falta de regulación de los partidos políticos y de los sistemas de financiamiento político en los países observados. Todos los reportes coinciden en que esta falta de regulación puede afectar potencialmente tanto la igualdad en la competencia como la transparencia del proceso electoral.

Aún más, los informes concluyeron que en la mayoría de los casos, no existe financiamiento político para las campañas electorales. Los partidos financian sus actividades de campaña con fondos privados. El resultado es que los partidos con más recursos y mayor capacidad para recaudar fondos son más competitivos en las elecciones.

Las misiones también determinaron que existe muy poca regulación en el ámbito de la financiación privada. Por ejemplo, muy pocos países en la región prohíben las donaciones anónimas o del extranjero, o limitan las cantidades de las contribuciones. Estas debilidades regulatorias constituyen riesgos que pueden afectar la independencia de los partidos respecto a intereses extranjeros económicamente poderosos o incluso al crimen organizado.

Habitualmente se dice que la democracia no tiene precio, pero inevitablemente tiene un coste operativo.

La expansión de la democracia, la creciente complejidad de los procesos electorales y la cada vez mayor consciencia de los riesgos que la corrupción supone para la viabilidad de los sistemas democráticas han situado el financiamiento de la actividad pública en el centro del debate político en todo el mundo. El financiamiento político, en cualquier caso, no debe ser estigmatizado, porque supone un pilar inherente de una vida democrática saludable y normal. Es sin embargo innegable que el dinero es capaz de introducir importantes distorsiones en el proceso democrático.

En septiembre de 2010, en una Consulta Regional en Kingston, Jamaica, la OEA presentó una ley modelo a los líderes de los partidos de gobierno y de oposición de 14 Estados Miembros de la OEA pertenecientes a la Comunidad del Caribe. El objetivo de aquel foro fue promover la discusión sobre la regulación y el registro de partidos políticos y de sistemas de financiamiento político, así como proporcionar una herramienta para facilitar posibles reformas.

Este Foro Regional es una continuación de la actividad celebrada hace tres años. En general, este evento persigue el mismo objetivo que el evento en Jamaica. Sin embargo, en esta ocasión deseamos centrarnos en cuatro temas esenciales para el fortalecimiento de los regímenes democráticos en el Caribe: registro de partidos; financiación política y género; acceso equitativo a la financiación de campañas; y mecanismos de publicación de datos.

Muy pocos países caribeños mantienen requerimientos legales para el registro de partidos políticos o reglas gobernando las contribuciones o los gastos de las campañas. De hecho, como ustedes escucharán de uno de los expertos, los partidos políticos en la mayoría de los países del CARICOM no son entidades legales. Esta falta de regulaciones no sólo proporciona un “terreno de juego desigual” en el que los candidatos o partidos más adinerados pueden tener una ventaja injusta a la hora de transmitir su mensaje al electorado, sino que también abre la puerta a la financiación irregular del proceso político. Si no se presta atención a este asunto, seguirá erosionando la credibilidad de las elecciones, así como de los partidos políticos que compitan en ellas.

Un escenario aún más preocupante sería la posibilidad de que elementos criminales afectasen el resultado de unas elecciones, a través de sus contribuciones de campaña, financiando partidos políticos o intimidando a los votantes. Semejante evolución, más que ningún otro aspecto, refuerza la necesidad de que se establezcan fuertes reglamentos sobre el registro y el financiamiento de los partidos políticos y, eventualmente, sobre la financiación de las campañas electorales.

Como dije anteriormente, la percepción de legitimidad es lo que reside en el corazón de esta discusión, y ésta es una de las razones por las cuales el financiamiento del sistema político – y, fíjense, no sólo de las campañas-, se ha convertido en un pilar fundamental de los procesos de observación electoral de la OEA. De hecho, es parte de un esfuerzo más amplio para expandir el alcance de nuestras observaciones para incorporar paulatinamente aspectos sofisticados que pueden amenaza la integridad del proceso democrático.

Nuestra presencia en el Hemisferio hoy en día es un reflejo de nuestra determinación para promover el desarrollo de los principios democráticos y no tanto para resolver crisis, a pesar de que de vez en cuando nos ocuparemos de algunas de ellas. Hoy casi nadie cuestiona los resultados de las elecciones; el fraude en el día de las elecciones es más improbable, y las preocupaciones y discusiones que acompañan a muchos de los procesos electorales en la región se centran precisamente en su financiamiento, las campañas, el registro de votantes, y el ambiente en general alrededor de las elecciones, y no tanto con asuntos referidos a los votos.

Es por ello importante no confundir el proceso en sí mismo con los eventos que en ocasiones ocurren en relación con unas elecciones

Lo que hemos observado a lo largo de la región es que existe una clara tendencia a buscar un equilibrio en la influencia del dinero en la política, y a fortalecer los mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas. Me gustaría aplaudir estos esfuerzos y animar a la promoción de estas actividades en las Américas, una región donde la presencia del crimen organizado, particularmente el tráfico de drogas, es una realidad indiscutible que moviliza miles de millones de dólares cada año y es, por eso, fácilmente capaz de corromper y socavar la esencia misma de nuestras instituciones democráticas.

La reforma del financiamiento de la política es inevitable en nuestro camino hacia una mayor transparencia, igualdad y eficiencia en la consolidación no sólo de elecciones libres y justas, sino también para el fortalecimiento de la democracia. Esto no es solamente nuestro deber, sino también nuestra obligación, de manera que los pueblos de las Américas puedan concretar su aspiración de tener un sistema justo y democrático, y beneficiarse de la certeza de la libertad y la igualdad, que son intrínsecos a la democracia e indispensables para una mayor libertad y justicia para todos los ciudadanos de la región.

Muchas gracias.