Este fin de semana en Valparaíso, los Estados Miembros de la OEA nos reunimos para conmemorar el décimo aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y Renovar el compromiso de las Américas con la Democracia. La adopción de la CDI, en septiembre de 2001 en Lima, Perú fue la culminación de un camino iniciado con el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Resolución 1080 del año 1991, que se profundizó con el Protocolo de Washington (1997) y posteriormente con la Declaración de Jefes de Estados y de Gobierno de la III Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá en 2001.

Tal como la adopción de la Carta Democrática Interamericana fue el reflejo y fruto de una etapa de nuestra historia común, Chile, al ofrecer ser sede de este encuentro, lo hace desde la convicción de que hoy es necesario y posible buscar en común herramientas para apoyar en nuestros países la consolidación y transición, progresiva y virtuosa, desde una democracia puramente electoral a democracias de cada vez mayor calidad participativa y estabilidad institucional, entre otros atributos.

Como lo recordara el Presidente Sebastián Piñera en la inauguración de esta reunión continental, la CDI nos indica que "Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.”

En ese espíritu es que en esta oportunidad los Estados Miembros nos hemos convocado para reflexionar sobre el fortalecimiento y protección de la democracia en el continente y también los desafíos de la inclusión social para nuestras democracias. Una vez más, se ha puesto de relieve que la CDI es el principal instrumento regional para la gobernabilidad democrática y elemento central de nuestra identidad como región.

En cuanto al imperativo de la inclusión social, los Estados Miembros coincidimos en reafirmar que hoy sigue plenamente vigente lo indicado en el artículo 11 de la CDI, es decir que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Las fundamentaciones abarcaron distintos ámbitos y se evidenció en las intervenciones de varios Estados el firme convencimiento que la Democracia y la lucha contra la pobreza van unidas. En ese contexto, la única forma de combatir la pobreza y la discriminación es a través de una mayor participación ciudadana.

Hubo muchas voces que llamaron a un fortalecimiento de la participación de diversos grupos que no son siempre adecuadamente escuchados como las mujeres, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y los diversos actores sociales y de la sociedad civil.

La Carta Democrática ha visto muchos avances en las democracias del continente en los últimos diez años, pero los retos de la inclusión social aún no han sido superados. Debemos seguir esforzándonos en la superación del analfabetismo, los bajos niveles de desarrollo humano, y las limitaciones a la participación ciudadana y a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En este sentido, debemos reflexionar sobre el papel de la OEA y definir algunas líneas de acción general para que la Organización nos oriente a lograr mayores avances en el ámbito de inclusión social.

Varias delegaciones expresaron la importancia de que se concluya los procesos de negociación de la Carta Social, de la Convención Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad afectan gravemente a la democracia y erosionan la cohesión social. Estas deben ser abordadas de manera conjunta por los Estados Miembros. A ello nos comprometimos hace sólo unos meses en la XLI Asamblea General de la OEA en San Salvador.

Fue compartida la visión que sin respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales no hay democracia, y es por ello que como Estados debemos continuar haciendo esfuerzos para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En relación a la protección colectiva de la democracia, las deliberaciones dan cuenta simultánea del enorme valor que constituye la CDI, – y la satisfacción por los exitosos casos de aplicación en su primera década-, como de la existencia de un amplio consenso en la necesidad de contar con mejores herramientas para prevenir crisis o quiebres democráticos.

En esta línea se han manifestado diversos énfasis. Algunos Estados ponen de relieve que la CDI ofrece herramientas suficientes y amplias para la acción preventiva, sin ser necesaria una eventual complementación. El fortalecimiento de la capacidad preventiva se lograría por la vía de una interpretación más amplia de las facultades que hoy confiere. Se pone de relieve la responsabilidad y la voluntad de los Estados para aplicar la Carta como el factor decisivo para materializar una efectiva prevención de crisis de la democracia en la región.

Otros Estados proponen continuar con el desarrollo de la CDI mediante nuevos instrumentos que complementen y perfeccionen la capacidad de acción preventiva de la OEA, proponiendo diversas formas posibles de perfeccionamiento o complementación de la Carta en esta materia. Ellos van desde el fortalecimiento de las facultades del Secretario General para actuar preventivamente, hasta la ampliación de los casos en que se puede activar los mecanismos de protección democrática o los actores que pueden activar la protección preventiva. Alternativamente se han propuesto mecanismos de evaluación del estado de la democracia en la región, siguiendo modelos de revisión entre pares, diseñando indicadores objetivos y previamente acordados para evaluar las condiciones básicas institucionales, o el establecimiento de un compendio de mejores prácticas, siempre teniendo como objetivo la prevención mediante instrumentos oportunos en el tiempo. En el mismo sentido, se han ofrecido propuestas que podrán ser eventualmente consideradas y que plantean incorporar en esta tarea a figuras nuevas, siguiendo modelos como los de Relatores Especiales, Ombudsman o un Comisionado para la Democracia en el Sistema Interamericano.

En resumen, se constata la existencia de variadas formas de avanzar hacia la meta común de fortalecer la capacidad de acción preventiva de la OEA para proteger y promover nuestras democracias. Tal como lo señalara el Presidente Piñera, en esta materia obviamente será siempre preferible prevenir que sanar, en el marco del respeto al principio de no intervención. Para ello, se debe fortalecer la institucionalidad de la OEA dotándola de los recursos necesarios.

Todos los países reafirmamos el compromiso con la democracia, y la voluntad de que ella se extienda a todos los sectores de nuestra sociedad. La democracia, aún con todas las limitaciones que pudiere tener, es el mejor y más justo sistema de gobierno. Por eso, los Estados de las Américas renuevan su compromiso inalterable con la democracia y su profundización.