Cinco años atrás nuestros ministros de Relaciones Exteriores, conmocionados por las terribles noticias que provenían de Estados Unidos, suscribían un documento en el cual veníamos trabajando hacía más de una década. La Carta Democrática Interamericana siguió un largo proceso desde el Protocolo de Cartagena [1985], la Resolución 1080, de Santiago de Chile [1991], la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, [1993] y el protocolo de Washington [1997], hasta culminar en la Tercera Cumbre de las Américas, Quebec 2001, en la cual nuestros Jefes de Estado y Gobierno decidieron acelerar ese proceso y darle término dentro del año.

Pero la Carta Democrática Interamericana nace a un mundo distinto de aquel que se vivía durante su proceso de elaboración. Ese 11 de Septiembre de 2001 marcó el inicio de una perspectiva distinta de conflicto global, en que el terrorismo pasaría a ser tema central de las preocupaciones de los Estados y pueblos; el sistema internacional multilateral atravesaría por graves tensiones, y el objetivo universalmente compartido de alcanzar la paz entre las naciones se haría más lejano. Nuestros países suscribían este documento trascendente, que debía abrir una nueva fase en la historia del hemisferio, alejados ya de los períodos de autoritarismo y guerra interna presentes hasta hacía poco entre nosotros, precisamente en momentos en que el mundo involucionaba nuevamente hacia el fundamentalismo, la crisis y el conflicto.

Y sin embargo, al cumplirse cinco años de la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, en un marco global indudablemente peor de aquel que se vivía antes del 11 de Septiembre, podemos alegrarnos de haber alcanzado importantes logros democráticos.

América Latina y el Caribe vive su período más prolongado de democracia desde su independencia. En el último año hemos tenido más elecciones democráticas que en ningún otro momento de nuestra historia y tenemos aún importantes eventos en esta materia en lo que queda del año. Hemos superado crisis importantes, dentro de las reglas de la democracia y hoy podemos decir que nuestras democracias son mucho más estables que hace apenas un par de décadas, cuando en numerosos países los períodos de democracia eran cortos y frágiles, antecedidos y seguidos por largos períodos de autoritarismo.

Sin embargo sabemos que lo conquistado no está asegurado. Probablemente no sean los riesgos del pasado, las interrupciones constitucionales, los golpes de Estado, los peligros que acechan a nuestras democracias. Pero el hecho de que en la última década tantos Presidentes no hayan culminado su mandato constitucional, es uno de los indicadores que nos muestran que aún debemos estar atentos a las fragilidades que pueden amenazar nuestras libertades.

Si bien nuestra democracia electoral ha dado un salto impresionante en todos nuestros países, hay otros campos de la democracia donde los progresos son menores y, en ciertos casos, inexistentes. El campo de lo social no está escindido del político. En gran medida los frutos de la democracia se pueden medir por sus transformaciones sociales. En una región con más de 40 por ciento de pobres y 88 millones de indigentes, donde sólo pocos países han logrado progresos importantes, la pobreza y la desigualdad seguirán siendo una prueba para la democracia.

La democracia no es privilegio de los ricos; pero para los pobres debe significar algo más: debe ser el vehículo para su protección y progreso dentro de la sociedad. Nos falta lograr que este instrumento sea eficaz para cambiar la vida de los latinoamericanos, sobre todo sus condiciones sociales.

Miremos nuestros déficits y conoceremos nuestras prioridades. Las carencias de la sociedad son la tarea de la democracia, porque ella es una forma de organización social cuyo objeto es la creación de ciudadanía. Sin plena ciudadanía política, civil y social, tendremos una democracia incompleta.

Hemos vivido, a lo largo de estos cinco años, crisis que han llevado a la conclusión anticipada de gobiernos democráticos. En la mayor parte de esos casos esas conclusiones fueron producto de graves tensiones sociales y políticas, se produjeron por la vía de la renuncia o de la acción de los poderes públicos, y los reemplazos operaron de acuerdo a las normas vigentes, aunque a veces en un marco de extrema tensión. Sólo hubo en este período un golpe de Estado, en Venezuela en Abril de 2002, pocos meses después de la entrada en vigencia de la Carta, que felizmente concluyó, sin embargo, con la reinstalación del gobierno legítimo de ese país.

En casi todos los casos la OEA reconoció de manera inmediata los caminos a través de los cuales procedía actuar. Sólo merecen crítica las horas que demoró este Consejo en acordar el rechazo al golpe militar en Venezuela, la incapacidad para llegar a acuerdos que permitieran una acción más decidida para preservar la democracia en Haití, y nuestra inacción ante la disolución de la Corte Suprema de Ecuador.

La Secretaría General, a través de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, ha realizado esfuerzos tendientes a asistir a la OEA y a sus Estados Miembros en la preservación y fortalecimiento de las instituciones democráticas, con especial atención a las situaciones concretas que afectan o pueden afectar a la institucionalidad democrática y la gobernabilidad en los países del hemisferio.

Así, por ejemplo, la OEA ha jugado un papel integral en la facilitación y negociación de acuerdos pacíficos a desafíos políticos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Haití y Nicaragua, ha dado apoyo al proceso de búsqueda de la paz en Colombia y también ha ofrecido asistencia técnica y estimulado la creación de capacidad crítica para una estabilidad de más largo plazo dentro de los países.

En este sentido, vale la pena mencionar la realización de nuestras Misiones de Observación Electoral. A resaltar el papel de este tipo de misiones se dedica el Capítulo V de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que las reconoce como instrumentos de primordial importancia para garantizar procesos electorales libres y justos. En su Artículo 23, la Carta establece que es responsabilidad de la OEA garantizar la “eficacia e independencia” de las Misiones de Observación Electoral, que se realizarán por solicitud del Estado Miembro correspondiente y de manera “objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.” (CDI, Art. 24)

Hemos monitoreado procesos electorales, plebiscitos, referendos, consultas populares y cualquier otra forma de participación política ciudadana, promoviendo el reconocimiento positivo de los derechos políticos, en especial el ejercicio del derecho ciudadano de poder elegir y de ser electo de manera incluyente, libre y respetando el secreto de la voluntad popular.

Este último año, que enmarca la celebración del quinto aniversario de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, se han realizado en la región 22 procesos electorales en los meses que van desde fines del 2005 a fines del 2006.

Durante este período, la OEA ha desplazado 16 Misiones de Observación Electoral a trece de sus Estados Miembros, contando con la participación de un numeroso equipo de observadores internacionales y especialistas en el tema. Las MOE realizadas entre septiembre del 2005 y septiembre del 2006 son las siguientes:

Honduras – Elecciones Presidenciales (Noviembre 27, 2005)
Venezuela – Elecciones Parlamentarias (Diciembre 4, 2005)
San Vicente y las Granadinas – Elecciones Generales (Diciembre 7, 2005)
Bolivia – Elecciones Generales (diciembre 18, 2005), Asamblea Constituyente (Julio 2, 2006)
Costa Rica – Elecciones Presidenciales y Legislativas (Febrero 5, 2006)
Nicaragua – Elecciones Regionales de la Costa Atlántica Norte y Sur (Marzo 5, 2006)
Colombia – Elecciones Legislativas (Marzo 12, 2006) y Elecciones Presidenciales (Mayo 28, 2006)
El Salvador – Elecciones Municipales y de Congreso (Marzo 12, 2006)
Perú – Elecciones Presidenciales y Legislativas (Abril 9, 2006 y Junio 4, 2006)
República Dominicana – Elecciones Legislativas y Municipales (Mayo 16, 2006)
México – Elecciones Presidenciales y Legislativas (Julio 2, 2006)
Paraguay – Elecciones Internas de los Partidos y Movimientos Políticos (Julio 23, 2006)
Guyana – Elecciones Presidenciales y Legislativas (Agosto 28, 2006)

Actualmente se preparan dos Misiones de Observación para las elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador y en Nicaragua, que se llevarán a cabo en los meses de octubre y noviembre, respectivamente, y prevemos la organización y realización de cuatro misiones adicionales, sin contar con la posibilidad de varias misiones de segunda vuelta.

La presencia de la OEA ha contribuido de manera significativa no sólo al buen desarrollo de los procesos, sino que, en algunos casos, ha sido primordial para aliviar las tensiones políticas reinantes o para apoyar procesos de consolidación de la institucionalidad democrática.

Sin embargo, la principal novedad que incorpora la Carta Democrática Interamericana al desarrollo de la democracia en la región, es que va mucho más allá de concebir la democracia como la simple generación democrática del poder, para definir los rasgos de la democracia moderna que nuestras Américas están construyendo.

Los principios sobre los que se apoya la democracia no sólo son garantía en contra de los gobiernos totalitarios; son también un instrumento para privilegiar el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares. Esto no sólo se caracteriza por la realización de elecciones libres y justas, sino también por la protección de otras libertades fundamentales.

Este último aspecto se refleja claramente en el contenido de la Carta Democrática Interamericana, la cual ofrece una visión amplia sobre los elementos que por consenso se han identificado como esenciales para la democracia representativa. Ellos incluyen el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, la posibilidad y legitimidad del ejercicio del poder sobre la base del estado de derecho y de la voluntad popular; la expresión de esa voluntad a través de procesos electorales libres y justos; la vigencia de la pluralidad de partidos y agrupaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Otros componentes que la Carta estima fundamentales para el ejercicio de la democracia son la transparencia, probidad y responsabilidad de los gobiernos y sus acciones; la libertad de prensa y la libre expresión, el reconocimiento y respeto de los derechos sociales; la existencia de mecanismos que permitan la participación ciudadana en la definición de su propio destino y, por último, el fortalecimiento de los partidos y organizaciones políticas.

Por ello, cuando evaluamos los avances de la democracia en los últimos cinco años, es preciso revisar también tanto el progreso o retroceso objetivo que hemos tenido en estos aspectos como la acción de nuestra Organización.

El funcionamiento de nuestra Comisión y nuestra Corte de Derechos Humanos sigue siendo motivo de orgullo para la OEA y espero que les sigamos prestando el respaldo que merecen. Destaco aquí el funcionamiento de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, porque la protección de este derecho, no siempre respetado, sigue constituyendo un aspecto fundamental de nuestra acción.

Dentro del contenido de la Carta Democrática Interamericana, las instituciones democráticas ocupan también un lugar relevante. Es el caso de los partidos políticos, respecto de los cuales se menciona la importancia de apoyar su modernización y fortalecimiento. Acorde con este planteamiento y en obediencia también a otros mandatos, como el Plan de Acción de la III Cumbre de las Américas, hemos venido desarrollando acciones con miras al fortalecimiento y modernización de los partidos políticos. Nuestro esfuerzo cuenta con la colaboración de diferentes instituciones y sirve como un mecanismo de encuentro entre partidos, sectores sociales, académicos, autoridades electorales, medios de comunicación e instituciones de cooperación internacional.

Nos enorgullece también el trabajo que hemos realizado en los últimos años en el diseño y puesta en marcha de un sistema de evaluación y cooperación en relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción. La rapidez con que 33 de 34 Estados Miembros han ratificado esta Convención, y con que 28 aceptaron el mecanismo de Evaluación y Seguimiento (MESICIC), nos ha permitido informar ya a la Asamblea pasada de los progresos que nuestros Estados han realizado en materia de transparencia y corrupción. Y tan importante como lo anterior, poner en marcha mecanismos de cooperación que permitan a los Países Miembros que lo deseen poner en marcha las recomendaciones formuladas.

En las próximas semanas entregaré un Informe más completo acerca de todos los asuntos vinculados a la Carta Democrática Interamericana ante la Comisión General de la Asamblea. Entretanto, quiero decir solamente que existen materias sustantivas en la cual sería posible y necesario ampliar su contenido, sin tocar su texto actual.

La primera de estas materias es la pronta aprobación de nuestra Carta Social, destinada a hacer realidad el capítulo III de la Carta Democrática, al tenor del Artículo 11: “La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.

Un segundo aspecto es el fortalecimiento de nuestra lucha contra todas las formas de discriminación, que incluyen la pronta terminación de nuestra Declaración sobre los Pueblos Indígenas, la negociación de la Convención Interamericana Contra todas las Formas de Discriminación, la constitución del Comité de la Convención sobre la Discapacidad y el fortalecimiento sustantivo del trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres.

Todos somos concientes de lo que hemos logrado y también sabemos que es necesario defenderlo, contando con nuevos y más eficaces instrumentos. Consagramos esa conciencia común sobre la necesidad de una defensa colectiva de la democracia en el texto de la Carta, que nos señala que la democracia es un rasgo permanente de nuestro hemisferio. Hace algunos años, cuando una democracia se estremecía sólo podíamos expresar nuestra preocupación o nuestra solidaridad. Hoy, es aceptado por todos que el problema de un país nos concierne a todos y que corresponde que, en el marco de nuestros acuerdos, actuemos conjuntamente. Ello supone también que respetemos cuidadosamente el principio de no intervención. Cada acción que realizamos en el marco de la Carta es producto de nuestro consenso y de nuestra aceptación voluntaria de la acción colectiva.
En este sentido, quiero concluir esta intervención haciendo referencia a dos aspectos en materia de aplicación de la Carta que es posible dilucidar para su aplicación futura.
He leído recientemente una frase, en un diario*, sobre los temas de aplicación de la Carta que me permito citar aquí: “Una gran parte del problema de la OEA, en su defensa de la democracia, se relaciona con los límites de la soberanía que el multilateralismo interestatal impone a la acción de la OEA. Un ejemplo es el principio de sólo por invitación. La OEA debe, primero, obtener el consentimiento expreso del respectivo gobierno antes de poder intervenir en defensa de la democracia”.
Lo que este texto dice es exacto: la OEA es y será un organismo de expresión del “multilateralismo estatal” en las Américas. Es efectivo que la soberanía de los Estados impone límites a la acción de la OEA en las crisis internas de los países, e incluso a los problemas entre ellos cuando estos no se los confíen. Pero el pleno respeto de este concepto es, a mi juicio, esencial para la preservación de ese multilateralismo en un hemisferio compuesto por Estados soberanos de poderes tan desiguales como es el nuestro. El respeto a la no intervención es esencial a la preservación de confianzas y a la convivencia entre nosotros.
Ese respeto a la no intervención no significa que no podamos realizar una observación cuidadosa, permanente, de la marcha de nuestras democracias, a fin de prevenir conflictos y problemas que se susciten dentro de ellas; ni que debamos abstenernos de evaluar del funcionamiento de cada uno de los aspectos de la Carta Democrática Interamericana dentro de nuestros países. Nuestros países firmaron libre y soberanamente la Carta Democrática y es natural que se interesen por evaluar su cumplimiento. Corresponde a la Secretaría General realizar esas evaluaciones y ponerlas en conocimiento del Consejo Permanente.
En cumplimiento de esta obligación se entregó, en la última Asamblea General de Santo Domingo, un informe completo acerca de la situación de los derechos humanos y de la libertad de expresión en la región, y también la primera evaluación del cumplimiento de la Convención Interamericana sobre la Corrupción. Esperamos, con el tiempo, a través de nuestros organismos y mecanismos de acción, poder entregar informes sobre cada uno de los rasgos de la Carta Democrática Interamericana, en base a una evaluación entre pares que nos permita sacar conclusiones y mejorar nuestra cooperación democrática.
Este tipo de evaluación es posible y necesario. Pero no creo que los Estados estén dispuestos a aceptar mecanismos de monitoreo general acerca de la calidad de sus democracias, a cargo de entes autónomos en los cuales ellos no participen.
Sin embargo, la cita que he leído tiene un segundo aspecto que me parece conveniente considerar, referido al consentimiento expreso de los gobiernos. En realidad tenemos un problema de acceso que es necesario reconocer y discutir: sólo las representaciones en la OEA de los Países Miembros pueden invocar la Carta. Si el Poder Ejecutivo de un país lleva adelante acciones que pudieran constituir violaciones de la Carta, difícilmente la invocará contra sí mismo. Por lo tanto, a menos que gobierno decida denunciar a uno de sus pares, el Secretario General debería asumir la difícil responsabilidad de enviar una misión sin autorización del Consejo y luego denunciar a uno de los Estados Miembros, algo que seguramente sólo haría en casos de extrema gravedad.
Un caso claro es el de la decisión del gobierno de Ecuador, a comienzos de 2005, de disolver la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente su actitud podía interpretarse como una violación de la separación e independencia de poderes consagrados en la Carta Democrática. Pero no sería el propio gobierno de Ecuador el que se acusaría ante la OEA y, por lo tanto, sólo podría haber asumido esa responsabilidad otro gobierno o el Secretario General. Nada de ello ocurrió y los hechos condujeron a una alteración de la normalidad que pudo, tal vez, haberse evitado.

Creo que la cuestión del acceso ante la OEA de otras instancias democráticas electas, o incluso de entidades políticas y sociales, debería tener alguna legitimación, aunque en definitiva seguirán siendo los Estados los que decidan cuando el caso amerita una consideración colectiva a la luz de la Carta Democrática. Ello llevaría a una mayor vitalidad de la función democrática de la OEA, sin vulnerar los principios de soberanía y no intervención.

Señor Presidente, Señores Delegados, la Carta Democrática es, sobre todo, y más allá de sus previsiones e instrumentos, la expresión de un consenso y una voluntad. La Carta es la voluntad de una defensa solidaria de la democracia. Nunca en nuestra historia habíamos sido testigos de una presencia tan generalizada de dicha voluntad. Ella nos dice que la democracia es un asunto de todos y que, simplemente, todos queremos que en ningún lugar se quiebre y que todos queremos también que nuestros mecanismos de acción funcionen adecuadamente dentro del marco de una organización compuesta por representantes de Estados soberanos.