Este informe corresponde al mandato de la resolución de la Asamblea General del 4 de junio pasado y se refiere a la promoción y fortalecimiento de la democracia, como se titula la resolución. Sin embargo, hago notar que también se refiere a que el Secretario General presente un informe al Consejo Permanente en todos los casos en que su actuación sea prevista por la Carta Democrática Interamericana, lo cual significaría una cuenta anual del mandato.

Me he limitado fundamentalmente a la Carta Democrática Interamericana en las actuaciones que le correspondió realizar en Países Miembros, aunque he extendido el informe a misiones realizadas en el marco de la Carta de la OEA. Específicamente me refiero a los temas relacionados con la situación entre Ecuador y Colombia y a los asuntos referidos a Belice y Guatemala, que no se refieren a la Carta Democrática Interamericana sino que al mandato de la Carta de la OEA.

Quiero partir señalando que el informe sirve para verificar y mantener vivos el debate y la reflexión acerca de muchas de las cosas que planteé ante el Consejo Permanente en Marzo de 2007, cuando señalé que la Carta Democrática Interamericana es el instrumento Interamericano más completo promulgado hasta hoy para promover las prácticas democráticas en los Estados del continente y para llevar adelante las actividades de cooperación que sean necesarias donde existan déficits manifiestos de desempeño. Lo que quiero decir coincide plenamente con lo dicho hace unos momentos por el Embajador Graeme Clark de Canadá, en el sentido de que la Carta Democrática Interamericana es mucho más que la simple actuación en el caso de ruptura de la democracia, pues abarca un conjunto de temas muy centrales entre los cuales, dicho sea de paso, la observación electoral es fundamental.

Por lo tanto, el informe contiene no solamente las ocasiones en las que el Secretario General o el Consejo, o ambos, o a pedido del país, decidieron enviar un misión, sino también otra serie de temas relativos a actividades de cooperación.

Comienzo por decir que, a mi juicio, muchas de las cosas que han ocurrido el año pasado plantean nuevamente la necesidad de realizar o al menos de conversar acerca de algunas de las limitaciones principales de la Carta Democrática Interamericana. Una de ellas es la falta de precisión en los criterios para definir cuándo y en qué medida se han alterado las instituciones democráticas de un país. Esto es, cuándo no hay una situación de crisis, de ruptura, pero se enfrentan situaciones de alteración del orden democrático o riegos de su alteración. Nosotros no tenemos una definición de la democracia que en el caso del programa político incluya temas de derechos humanos, libertad de expresión, corrupción, buen gobierno, respeto del estado de derecho, etc.

Por otra parte, el tema de la ruptura del orden constitucional sigue pendiente entre nosotros. ¿Cuáles son realmente las alteraciones inconstitucionales o interrupción del orden democrático? He puesto muchas veces un ejemplo que me permito repetir aquí: hace algunos meses, en una isla del Caribe que no es miembro de la Organización de los Estados Americanos porque es una dependencia de otro país, se produjo un fenómeno de corrupción masiva de las instituciones públicas que obligó actuar al país del cual depende esta isla. Esa es una alteración grave del orden constitucional, una violación masiva de los derechos humanos, una grave violación del orden constitucional, y creo que esos temas nunca los hemos definido adecuadamente; es un punto que está pendiente.

Segundo, hay una tensión evidente entre el principio de no intervención y la posibilidad de proteger la democracia mediante mecanismos colectivos. Esto está en textos: la Carta de la OEA establece que ningún Estado puede intervenir directa o indirectamente sea cual fuere el motivo de los asuntos internos o externos de cualquier otro; sin embargo, muchas veces hablamos de la necesidad de mecanismos no solamente para actuar cuando hay una alteración o una interrupción grave de la democracia, sino incluso hablamos de sanciones como la suspensión, que es una forma muy directa de intervención. Debemos, en suma, compatibilizar dos de nuestros documentos básicos fundamentales elaborados en distintos momentos. Recordemos que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional regía fundamentalmente la relación entre los Estados y prácticamente no existían normas a las cuales los países se obligaran y que tuvieran que ver con lo que ocurría en el interior de sus Estados. Posteriormente nos hemos obligado a muchas cosas; nos comprometemos, por ejemplo, a respetar los derechos humanos en todos nuestros países; a realizar una serie de actividades comerciales de determinada manera dentro de nuestros países, y eso naturalmente crea una tensión permanente con el principio de no intervención que hemos consagrado con mucha fuerza en nuestra Carta Democrática y en nuestra Carta de la OEA.

Tercero. También existe un problema de acceso, lo planteo para ser lo más directo posible. Hace un par de días estuve en Honduras con ocasión de la inauguración de la Comisión de la Verdad y me reuní con distintos actores. Consideré adecuado reunirme con el llamado Movimiento de Resistencia, que rechaza todo este proceso pues considera que el gobierno no es legítimo y que nosotros deberíamos hacer algo. En un párrafo me dicen: “Por eso nosotros le pedimos al señor Secretario General que aplique la Carta Democrática Interamericana a este gobierno que no es legítimo”, y otras cosas. Me llamó la atención porque muchas veces estos movimientos -si se los quiere calificar bajo conceptos tradicionales- son movimientos de izquierda. Por otro lado, también me apuntan con el dedo y me dicen: “¿Por qué no le aplica la Carta Democrática a este o al otro?”. Y la verdad es que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, es importante recordarlo, se produce con autorización del Estado Miembro o a petición del Estado Miembro afectado o, en el caso que se produzca una ruptura, por petición de otro Estado que no sea el Estado Miembro afectado. Pero la decisión de acudir a la Carta Democrática Interamericana en lo preventivo y en lo inmediatamente previo a una crisis, está estrictamente en manos del gobierno del país en el cual esa crisis está ocurriendo, y ése también es un tema que es importante recordar. Estamos hablando del gobierno en el sentido restringido de la acepción. La enciclopedia británica define gobierno como los tres poderes del Estado, pero en este caso lo estamos entendiendo como el poder Ejecutivo. Solamente el poder Ejecutivo de un país puede invocar la Carta Democrática Interamericana para enfrentar una amenaza o impedir una ruptura, y eso también es importante considerarlo.

Cuarto. Hablé mucho en el informe de 2007 de los temas de la gradualidad. Nosotros en realidad no tenemos procesos y esto lo manifestaron ciertos Estados con el tema de Honduras. Cuando se produce la ruptura, la Carta es bastante explícita en cuanto a la obligación de suspender, no solamente porque la Asamblea General podrá suspender, sino además porque señala que un país que no es democrático, al no tener un gobierno democrático, hace inaceptable su participación en las actividades de la Organización de los Estados Americanos. Por lo tanto no hay aquí, como en otras instituciones, un período previo de conversación, evaluación, discusión, etc., y tampoco tenemos un procedimiento natural mediante el cual se vayan evaluando las situaciones para ir decidiendo qué es lo que corresponde respecto de cada país. La única norma que permite que la Organización siga actuando es que, como en el caso de Honduras, el Secretario General fue facultado por la Asamblea General para adoptar todas las acciones diplomáticas que considere necesarias para el restablecimiento de la democracia.

Son estos cuatro temas: la carencia de precisión de los criterios, la tensión entre el principio de no intervención y protección de la democracia, los problemas de acceso y el tema de la gradualidad, los que siguen estando pendientes. Y creo que el informe de la situación del año que terminó hace ya algunos meses lo está demostrando.

Las actividades de la Secretaría General realizadas por intermedio de sus secretarías orientadas a cumplir con los propósitos iniciales de la Carta Democrática Interamericana y de la Carta de la OEA se refieren fundamentalmente a las siguientes áreas que están en el informe:

Primero, prevenir las posibles causas de dificultad para el desarrollo de la democracia. Segundo, y esto alude la Carta de la OEA, asegurar la solución pacífica de controversias y resolver los problemas políticos que puedan suscitarse, dentro del Artículo XXV del Capítulo V y del Artículo X del Capítulo XVI de la Carta de la OEA y también se refiere a los artículos XVIII, XIX, XX y XXI del Capítulo IV de la Carta Democrática Interamericana. Tercero, asesorar o asistir a los Estados Miembros en el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, este es el Capítulo V de la Carta Democrática Interamericana. Cuarto, fortalecer el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Artículo VIII del Capítulo II de la Carta Democrática Interamericana. Fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral del combate a la pobreza, Artículo XIV del Título III de la Carta Democrática Interamericana. Promover la gobernabilidad, la buena gestión y los valores democráticos, Artículo XXVII del Capítulo VI de la Carta Democrática Interamericana. Promover la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente en la exclusión de género, étnico-racial, Artículo IX, Capítulo II de la Carta Democrática Interamericana. Y en relación al tema de la participación de la mujer, Artículo XXVIII del Capítulo VI de la Carta Democrática Interamericana.

En el primer aspecto las acciones de la OEA han estado destinadas hacia el afianzamiento y sostenimiento democrático de los Estados Miembros, ya sea recurriendo al diálogo, a las gestiones diplomáticas, a los buenos oficios o a la prevención y al manejo y resolución de conflictos. Nuestra misión en Bolivia ejerció su labor con el objetivo principal de tender canales de comunicación entre las partes para resolver las discrepancias políticas por las vías institucionales. En Paraguay, la Secretaría General de la OEA busca hoy rescatar la importancia de la institucionalidad y ponerse a disposición de las autoridades para apoyar el diálogo político dentro de esa nación. En Guatemala, la aplicación de la Carta Democrática evitó -como lo señaló acá el propio Presidente Álvaro Colom- un quiebre democrático y permitió apaciguar la situación política en el país. El Presidente Colom señaló de qué manera las gestiones realizadas por el Secretario General, después de la decisión del Consejo Permanente, “fueron determinantes para prevenir una mayor crisis y detener el injustificado pero comprensible acoso político al que se vio sometido mi gobierno”.

En el caso de Honduras, sigo convencido de que si el gobierno hubiera solicitado la acción de la OEA de manera oportuna, habríamos tenido una posibilidad mucho mayor de controlar el conflicto antes que se llegara al golpe de Estado. En los casos mencionados anteriormente: Bolivia, Guatemala, Paraguay, los respectivos gobiernos solicitaron o han solicitado esa asistencia. Cuando el gobierno de Honduras la pidió fue acordada en la misma mañana del día viernes 26 de junio, pero el golpe de Estado se produjo un día antes de que la misión de la OEA llegase al país.

Uno de los propósitos esenciales de la Carta de la OEA es asegurar la solución pacífica de controversias. En el informe están detalladas las acciones realizadas por la Misión de Buenos Oficios para Colombia y Ecuador, que creemos han contribuido a un acercamiento entre ambos países, orientado a la normalización de sus relaciones. Igual sentido y resultado han tenido los esfuerzos de facilitación de las negociaciones que se desarrollaron entre los gobiernos de Belice y Guatemala para resolver pacíficamente el diferendo territorial, que culminaron con la recomendación de la Secretaría General de recurrir a la Corte Internacional de Justicia; esta sugerencia fue acogida por los gobiernos y ahora se espera la decisión final de los poderes legislativos y los referendos respectivos.

En el segundo aspecto, correspondiente al Capítulo V de la Carta Democrática Interamericana, la Secretaría General ha intensificado y perfeccionado sus actividades de observación electoral hasta abarcar toda América Latina y el Caribe y devenir en un sello de garantía de la excelencia de los procesos electorales que han tenido lugar en la región. Acabo de inaugurar esta misma mañana una reunión de autoridades electorales de 25 países de la región, en la que se discutirá no solamente la calidad sino también los mecanismos de cooperación horizontal que se pueden brindar para ir mejorando cada vez más el tema electoral de los países.

Desde Mayo de 2005 hasta Febrero de 2010 se observaron 47 elecciones y referendos en distintos países del hemisferio; tenemos todavía pendiente el de la reciente misión a Bolivia y este fin de semana hay misiones electorales en Surinam y en República Dominicana. Las misiones electorales formulan recomendaciones sobre cómo mejorar el proceso electoral y la Secretaría General frecuentemente coopera con las autoridades electorales del país en la implementación de las mismas, en cooperación con organizaciones internacionales y con organizaciones no-gubernamentales. Brindamos además capacitación y apoyo técnico a instituciones electorales para fortalecer el registro civil, una condición esencial para la práctica del derecho a voto. Hemos desarrollado el programa de universalización de la identidad civil en las Américas que está promoviendo el registro de personas en diversos países en América. En el marco de este programa se ha hecho una substancial contribución al retorno de la democracia en Haití, mediante el establecimiento de un registro electoral permanente en el cual se registraron en su momento más de tres millones quinientas mil personas, y que hoy alcanza una cifra mucho mayor. A partir de ese registro electoral estamos desarrollando un registro civil nacional.

Con relación al Artículo VIII, la Secretaría General se ha abocado al fortalecimiento de la independencia y autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a promover un incremento sustantivo de sus actividades a pesar de las dificultades de recursos que siempre son mencionadas. Hemos conseguido incrementar su personal, obtener recursos para realización de sesiones ordinarias y visitas de observación, y también en algún momento obtener recursos extraordinarios para mover los casos que estaban pendientes en carpetas desde hace mucho tiempo por falta de personal para atenderlos. Desde mediados de 2005 hasta comienzos de este año, la CIDH realizó 45 visitas a 16 Estados Miembros y ha publicado numerosos informes sobre países específicos o sobre graves preocupaciones en materia de derechos humanos. Sus relatorías especializadas han desarrollado un intenso nivel de actividades sobre los temas más apremiantes de la región que van desde la protección de los derechos de los afro-descendientes o de los pueblos indígenas hasta la preocupación por los aspectos claves del ejercicio de la democracia como el acceso a la justicia o la libertad de expresión.

En relación al Artículo XIV del Título III de la Carta Democrática Interamericana, la atención de la Secretaría General se ha concentrado en el desarrollo de las capacidades humanas, en el fortalecimiento institucional y la implementación de políticas públicas eficaces. En ese marco hemos desarrollado una Red Interamericana de Protección Social que facilite el intercambio de mejores prácticas en el tema de protección social; iniciamos el trabajo de esta red en Septiembre del año pasado con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas y con la presencia de la Secretaria de Estado de Estados Unidos y de otras autoridades; esa red aspira movilizar recursos para fortalecer las agencias e instituciones de la región a través de entrenamientos, pasantías y asistencia técnica.

La Alianza para Energía Sostenible en las Américas, que tuvo una reunión acá hace pocas semanas, facilita el acceso a expertos en el tema energético y la interacción entre el sector público y el privado; también provee asistencia técnica y financiera a los Estados Miembros que buscan fuentes energéticas alternativas. Y en el ámbito de manejo de recursos hídricos estamos implementando programas para promover la gestión integrada en las grandes cuencas transfronterizas de las Américas.

En materia de educación, el programa de becas y capacitación de la OEA ha sido revisado y reestructurado completamente, y hoy funciona de manera eficiente y transparente. Al mismo tiempo, para contribuir al desarrollo del emprendimiento, liderazgo e innovación entre los jóvenes, se trabaja a través de una fundación ligada a la OEA, la Fundación de Jóvenes Empresarios de las Américas (YABT), con los sectores más vulnerables de la población incluyendo jóvenes migrantes, indígenas, mujeres y pobladores de comunidades rurales.

En cuanto al fortalecimiento institucional hemos creado el programa de apoyo al fortalecimiento de las instituciones legislativas; y en apoyo a las reuniones ministeriales de justicia hemos puesto en marcha una red de correo seguro que permite la cooperación entre todos los Estados Miembros en materia de asistencia penal y extradición. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, ya instalado en tres países, ha permitido que las poblaciones rurales tengan acceso a resoluciones prontas y efectivas de conflictos. La Secretaría General ha buscado igualmente asegurar la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción que ha consolidado ya su mecanismo de seguimiento, el MESICIC.

Durante los últimos años hemos convocado y servido de secretaría técnica a reuniones de ministros de Trabajo, Educación, Cultura, Seguridad Pública, Justicia, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Social, con facilitación y apoyo técnico para definir las prioridades y compartir experiencias entre países de la región y la Secretaría General. Y en el mismo ámbito de cooperación entre Estados Miembros la Secretaría ha implementado un importante número de redes de cooperación para promover el diálogo.

Por medio de la Fundación para las Américas (Trust for The Americas) la Secretaría General ha aportado una vía para la participación del sector privado, creando más de ochenta centros para personas con discapacidad y jóvenes en riesgo en más de veinte países de América Latina y el Caribe. Mediante el programa POETA, la Fundación ha entrenado alrededor de 150 mil personas con discapacidades, y mediante su programa de libertad de expresión ha capacitado a más de mil periodistas y contribuido a la aprobación de leyes de información en varios países. Al mismo tiempo hemos seguido estimulando la participación de la sociedad civil en un diálogo con nuestros cuerpos políticos, y hoy tenemos una reunión orientada en esa dirección, relativa a la Asamblea General; con el mismo propósito hemos sometido a la consideración de los Estados Miembros una estrategia específica de acercamiento a la sociedad civil.

En relación al Artículo IX del Capítulo II de la Carta Democrática Interamericana, hemos apoyado el proceso de elaboración del proyecto de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, prestando asesoría jurídica y apoyo técnico. La Secretaría General ha estado permanentemente comprometida con las actividades del grupo de trabajo para elaborar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estamos implementando el Programa Interamericano para la Promoción de los Derechos de la Mujer, Igualdad y Dignidad de Género, en todos los órganos, organismos y agencias de la OEA. Y desde que se adoptó el mecanismo de seguimiento de la convención de Belem do Para, la Secretaría General ha apoyado permanentemente sus actividades, en particular las actividades de las expertas evaluadoras y en general los procesos y jornadas de evaluación multilateral.

El resto de los temas están en el texto del informe que es bastante extenso -más de treinta páginas- y que espero que los países puedan evaluar. Creo que muestra de manera bastante amplia todo lo que se hace. Y no es que algunas de ellas no se hicieran antes, pero creo que muestra mucho más claramente lo que nosotros intentamos hacer con la Carta Democrática Interamericana. Generalmente se habla de la Carta Democrática Interamericana cuando hay conflicto, cuando hay problemas y se escucha decir, de uno y otro lado: “Apliquen la Carta Democrática Interamericana. Creo que la Carta Democrática Interamericana” está hecha sobre todo para ser aplicada día a día, no solamente en casos de discusión, debate o conflicto, sino a través de un programa político permanente de promoción de la democracia que esta Organización debe llevar adelante. Ese es el esfuerzo que intentamos mostrar esta mañana.

Muchas gracias