Constituye para mi un honor participar en la apertura de esta Segunda Conferencia sobre avances y desafíos en la cooperación hemisférica contra la corrupción.

Nuestro especial reconocimiento al Gobierno de Colombia y, en particular, a la Vicepresidencia de la República, a través del Señor Vicepresidente Angelino Garzón y del Director del Programa Presidencial contra la Corrupción, Miguel Prado, al igual que a la Cancillería de Colombia, por el apoyo que han brindado para que esta reunión se realizara en este país.

Quiero expresar, además, nuestro agradecimiento a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a través del Gobernador Francisco José Lourido, al igual que a la Alcaldía de Cali, por intermedio del Alcalde Jorge Iván Ospina, por la hospitalidad que nos han brindado desde nuestro arribo a esta bella región de Colombia, la cual nos ha hecho sentir como en casa y que refleja el carácter amigable de su gente.

Agradezco también a los ponentes por los valiosos aportes que van a hacer durante esta Conferencia, al igual que a todos los asistentes a este evento.

Valga la oportunidad también para expresar nuestro agradecimiento al Gobierno de España por el apoyo financiero para la realización del presente encuentro.

La Conferencia que hoy estamos instalando, de la cual tenemos un precedente exitoso constituido por la celebrada en Lima, Perú, el año pasado, hace parte de los programas de cooperación que la Secretaría General de la OEA ha venido desarrollando durante los últimos años para facilitar el intercambio de información y experiencias en los temas analizados en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, conocido como “MESICIC”.

Debo hacer un reconocimiento a Colombia por la importancia que le ha brindado a estos programas de cooperación que se refleja no solo en la acogida dada a este evento, sino también en su activa participación en el MESICIC, al cual se vinculó desde el comienzo y cuyas recomendaciones le han merecido atención, como lo demuestra el hecho de haberse acogido al programa de planes de acción para su implementación adelantado por la Secretaría General de la OEA.

Otro hecho que demuestra claramente la importancia que Colombia le ha otorgado a la implementación de la Convención lo constituye el reconocimiento efectuado en la exposición de motivos del recientemente aprobado Estatuto Anticorrupción, en el sentido de que Colombia ha adoptado leyes y decretos tendientes a perseguir este flagelo, en desarrollo de la Convención de la OEA y otros tratados en la materia.

En efecto, el citado Estatuto Anticorrupción contiene disposiciones que van encaminadas en el mismo sentido de las recomendaciones que el MESICIC le ha formulado a los países, incluido Colombia. Les deseamos mucho éxito en su aplicación y confiamos en que la ciudadanía podrá percibir pronto los resultados que espera del mismo, y que se deberán reflejar en una mayor eficacia en el combate contra este flagelo.

Si bien resulta clara la necesidad de que los diferentes Estados mejoren su marco jurídico y las instituciones que tienen para enfrentar la corrupción, debemos tener presente que este problema con frecuencia desborda las fronteras nacionales y no puede ser enfrentado únicamente con medidas adoptadas al interior de cada país.

En la comunidad internacional hay cada vez mayor conciencia de la gravedad del problema de la corrupción y de la necesidad de cerrarle el paso a los sistemas jurídicos e institucionales que la hagan posible. Respondiendo a ella, en la OEA hemos venido desarrollando acciones concretas para fortalecer la cooperación interamericana contra la corrupción.

Más adelante van a tener ustedes la ocasión de escuchar una presentación sobre los desarrollos dados en la OEA en este campo. Sin perjuicio de ello, quisiera destacar brevemente algunas de estas acciones:

En primer lugar, adoptamos el primer tratado internacional en la materia, el cual ha servido de inspiración para otros tratados con fines semejantes, como la Convención de las Naciones Unidas, y constituye un instrumento integral para enfrentar la corrupción. Así, de acuerdo con la Convención de la OEA, la lucha contra la corrupción debe entenderse, primero, como un proceso. No como algo que se decreta o acaba con una sola decisión o solución mágica. Segundo, como una política compuesta por medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales. Y, tercero, como una estrategia con responsabilidades compartidas: de los Estados; el sector privado; la sociedad civil; y la comunidad internacional.

En segundo lugar, hemos dado un paso muy importante para la efectividad de la Convención con la creación de un mecanismo para el seguimiento de su implementación, el MESICIC.

El MESICIC es un mecanismo de carácter intergubernamental, pero con amplios espacios de participación para la sociedad civil, que se ocupa de apoyar a sus Estados Parte en la implementación de las disposiciones de la Convención, y que sirve además, como foro para el intercambio de información y la cooperación recíproca entre tales Estados, en materia de buenas prácticas en la prevención y el combate a la corrupción.

El balance de las evaluaciones realizadas por el MESICIC nos indica que las instituciones, los marcos jurídicos y las políticas públicas en esta materia son fundamentales y que, con frecuencia, las fallas en este frente pueden estar en el origen de muchos de los problemas que tenemos en materia de transparencia y probidad.

Estas evaluaciones revelan que en algunos casos los países no cuentan con leyes, medidas, políticas o instituciones en los temas examinados; que en un número alto de países, las que existen no son suficientemente adecuadas para los propósitos de la Convención; y que en la generalidad de los países no se puede valorar su efectividad, por no contar con indicadores que permitan conocer los resultados objetivos de ellas.

Frente a la situación anterior, todos los países miembros del MESICIC, en mayor o menor medida, han sido destinatarios de recomendaciones concretas formuladas por el MESICIC, para que llenen los vacíos y corrijan las inadecuaciones detectadas.

En tercer lugar, hemos apoyado a un gran número de Estados en el desarrollo de planes de acción nacionales para facilitar la implementación de las recomendaciones que les ha formulado el MESICIC.

En cuarto lugar, hemos puesto a disposición de los países la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, para que sea utilizada en casos de corrupción.

En quinto lugar, también hemos puesto a disposición de los países otras herramientas de cooperación, tales como legislación modelo, guías legislativas, sistematización de la legislación y otras medidas de los Estados en las materias de la Convención y la creación del Portal Anticorrupción de las Américas en la página en “Internet” de la OEA.

Todo lo anterior muestra que hemos venido dando pasos concretos y útiles para fortalecer la cooperación contra la corrupción. La buena noticia es que todo ello está contribuyendo al fortalecimiento de los marcos jurídico – institucionales con los que cuentan nuestros países para prevenir y enfrentar la corrupción. Así lo muestran los resultados del Primer Informe de Progreso en la Implementación de la Convención, adoptado por el Comité de Expertos del MESICIC en marzo de este año, a los que se referirá la presentación que se hará a continuación.

El anterior recuento de acciones concretas demuestra que estamos progresando en este campo pero, por supuesto, ello no es suficiente. He dicho que de la propia Convención de la OEA contra la corrupción se infiere que nuestra acción colectiva en esta materia debe entenderse como un proceso permanente. Tenemos todavía muchos desafíos hacía adelante.

Sin duda alguna uno de los más importantes desafíos es lograr un fortalecimiento institucional que permita una aplicación efectiva de las normas jurídicas y medidas que nuestros países han venido adoptando para combatir la corrupción. El Comité de Expertos del MESICIC, en respuesta a este desafío, ha resuelto ocuparse en la cuarta ronda de análisis, que comenzará en septiembre de este año, de efectuar una evaluación integral de los órganos de control superior de nuestros países, con el propósito de que, como lo señala la Convención, éstos cumplan con la finalidad de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar y erradicar las practicas corruptas.

La consecución del anterior propósito se verá reforzada con un nuevo instrumento de análisis adoptado por el Comité en su última reunión, que le fue recomendado por la Tercera Conferencia de los Estados Parte del MESICIC celebrada el año pasado, consistente en practicar visitas in situ a los Estados. Esto va a permitir que dicho Comité pueda apreciar de primera mano las acciones con las que los Estados le están dando atención a la implementación de la Convención y las recomendaciones del MESICIC, así como conocer las posibles dificultades que se presenten con este fin y recomendar la cooperación que se pueda requerir.

Cabe anotar que, consecuente con la concepción que tenemos de la lucha contra la corrupción como una estrategia con responsabilidades compartidas, la metodología adoptada por el Comité para la realización de las visitas in situ prevé amplios espacios de participación para las organizaciones de la sociedad civil; el sector privado; las asociaciones profesionales; los académicos e investigadores, con el fin de contar con información útil para enriquecer los análisis y fortalecer el compromiso que a todos nos corresponde en la solución de este problema.

En todas las actividades que hemos venido desarrollando en el marco de la OEA para combatir la corrupción siempre nos hemos inspirado en un modelo participativo que permita sumar los esfuerzos de quienes quieren aportar a la solución de este problema que nos afecta a todos y que sólo beneficia a unos cuantos corruptos. Es por eso que a esta Conferencia hemos invitado a representantes de todos los sectores antes mencionados y es precisamente en esa diversidad de participantes en la que reside la posibilidad de enriquecer los análisis de los temas que aquí vamos a tratar.

Permítanme compartir con ustedes unas breves reflexiones relacionadas con algunos de dichos temas, con las que no pretendo, desde luego, llegar a conclusiones, sino tan sólo contribuir a su consideración.

En primer lugar: la protección de denunciantes de actos de corrupción. Si queremos que los funcionarios públicos y los ciudadanos en general cumplan con este deber lo menos que podemos hacer es ofrecerles protección frente a las intimidaciones de quienes desfalcan el erario público, que en ocasiones constituyen verdaderas mafias o carteles con gran capacidad para disuadir a quienes quieran delatarlos, a través de acciones que llegan incluso a tener consecuencias fatales para el denunciante y sus familiares.

Es indispensable que quienes estén dispuestos a colaborar con la justicia denunciando a los corruptos perciban que su tranquilidad, su estabilidad laboral y su integridad física y la de sus familiares no van a estar en peligro por esto. De lo contrario, va a ser muy difícil contar con su colaboración.

Las recomendaciones del MESICIC en este campo están orientadas hacia una protección integral que contemple inclusive, si es necesario, la reserva de identidad del denunciante y que garantice, en todo caso, sus derechos laborales y su protección personal y la de su familia. En este campo, hemos elaborado una propuesta de “Ley Modelo” que estamos sometiendo a un proceso amplio de consultas y sobre la que se hará una exposición en este evento. Esperamos que esta propuesta de legislación modelo sea de gran utilidad para los Estados en la adopción de medidas para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción; brindar protección efectiva a quienes los denuncien o sirvan de testigos para su investigación y juzgamiento; concebir programas gubernamentales de protección adecuados; y contar con la cooperación internacional que se requiera para lograr este propósito.

En segundo lugar: estamos discutiendo la implementación de sistemas de declaración patrimonial y de intereses de quienes desempeñan funciones públicas. Sistemas que deben ser un instrumento eficaz para detectar el enriquecimiento indebido de los servidores públicos y para prevenir los conflictos de intereses en los que puedan incurrir. también elaborado una propuesta de “Ley Modelo”, de cuyo contenido se hablará en esta reunión y que, como en el caso anterior, le servirá de guía a nuestros países para contar con los estándares más altos en la materia que, entre otros, apuntan a evitar la ocultación de bienes producto de la corrupción en el exterior, o a través de testaferros, al igual que a lograr que las autoridades cuenten con la información y la tecnología necesarias para verificar la veracidad de las declaraciones.

En tercer lugar: la responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción. El sector privado es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Tenemos que unir esfuerzos para que se tomen todas las medidas para impedir que las empresas sobornen a funcionarios públicos nacionales o extranjeros.

Sin perjuicio de que los Estados tomen las medidas que les corresponden, tales como la tipificación penal del soborno nacional y transnacional, las empresas deberían fortalecer o establecer por iniciativa propia mecanismos de control interno que permitan detectar y erradicar esta práctica como un medio para acceder a concesiones del Estado o para que se les adjudique la ejecución de obras públicas o la provisión de bienes y servicios a las entidades estatales.

Las empresas deben entender que la probidad y la transparencia en la contratación estatal, además de ser un imperativo legal y un deber social para con la ciudadanía de sus propios países y para con la comunidad internacional, también los beneficia al brindarles la oportunidad de competir en condiciones objetivas y de igualdad.

El MESICIC ha efectuado recomendaciones muy precisas orientadas a que nuestros países cuenten con los marcos jurídicos adecuados para asegurar que las empresas, además de que implementen controles internos para prevenir el soborno, en caso de que incurran en esta conducta, queden sujetas a responsabilidad penal, independientemente de la que les corresponda a las personas naturales de las que se valgan para hacerlo, responsabilidad esta que se podría hacer efectiva a través de medidas tales como su disolución o su inhabilidad para contratar con el Estado.

No quiero extenderme más sobre estos temas, sobre los que van a profundizar ustedes durante el transcurso de esta Conferencia, junto con otros no menos relevantes como lo son el de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a cuya importancia en el marco de la OEA ya me referí, o el de la gestión de calidad y la capacitación como herramientas para la prevención de la corrupción.

Sobre este último tema si quisiera resaltar la importancia del acuerdo que en diciembre del año pasado suscribimos con la Academia Internacional Anticorrupción (IACA), sobre la que su Presidente, Martin Kreutner, nos va a hacer una exposición, por cuanto una de las recomendaciones en las que más se ha insistido en el MESICIC desde el momento mismo de su creación está constituida por la necesidad de que se imparta capacitación en las materias que tienen incidencia en el problema de la corrupción.

Estoy seguro que las contribuciones que resultarán de esta Conferencia, que constituye un foro para el intercambio de información y experiencias de nuestros países en la causa común de combatir la corrupción, nos van a permitir continuar fortaleciendo aún más la cooperación hemisférica para lograr una mayor eficacia en la probidad y transparencia en la gestión pública, la prevención y detección de la corrupción y la sanción a los corruptos.