Señores Jefes de Delegación, Señor Secretario General, Señores Secretarios, Señores Observadores Permanentes, Invitados Especiales, señoras y señores:

Quisiera comenzar expresando nuestro reconocimiento al pueblo y al Gobierno de la hermana República de El Salvador, por acogernos en esta ocasión del cuadragésimo primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

Este año el Paraguay está celebrando el Bicentenario de su independencia nacional, con una historia de luchas y sacrificios. Desde la "Tierra sin Mal" que guía a nuestros ancestros guaraníes, pasando por la primera revolución americana de Los Comuneros y la Guerra de la Triple Alianza, hasta la Guerra del Chaco y la dictadura militar más larga en el siglo XX. Nuestro desafío ha consistido históricamente en fortalecer una nación independiente, soberana e igualitaria.

Estos 200 años de vida como nación independiente, reencuentran al Paraguay con sus principios fundacionales, su experiencia histórica y las exigencias de profundas transformaciones.

En abril de 2008 hemos presenciado un hecho histórico: el triunfo de Fernando Lugo a la Presidencia del Paraguay, la primera alternancia política pacífica en nuestra historia nacional, realizada a través de la vía electoral.

Este hecho histórico, reconocido como tal por la comunidad internacional, se constituye en la posibilidad de resolver una histórica y postergada deuda social con nuestro pueblo, a través de una gestión pública con sentido de justicia y equidad social, ética en la administración del Estado y prioridad en el fortalecimiento de un Paraguay soberano, independiente, justo e igualitario.

Como Gobierno entendemos que la democracia no se garantiza solamente con recambios, si éstos no conciben políticas públicas que privilegien la condición humana de miles de personas marginadas y excluidas por los modelos económico-sociales.

Hoy, las condiciones generadas y experimentadas por el Gobierno Nacional han permitido que mi país registre el año pasado el mayor crecimiento del PIS en su historia, alcanzando el 14,7%. Apuntamos a que ello fomente una economía nacional y una integración regional para el desarrollo integral de nuestros pueblos.

En este marco, el Gobierno del Presidente Fernando Lugo ha fortalecido el combate a la pobreza y desigualdad, aumentado la asistencia a los hogares en extrema pobreza, alcanzando a más del 50% de la población a través de diversos programas sociales, y avanzando en la cobertura de servicios públicos básicos, para el ejercicio universal de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas, sin distinción, con miras a generar mejores condiciones para un vida digna.

Paraguay comparte con los países de nuestra sub región un proyecto de integración solidario de responsabilidad compartida. La cooperación regional es de fundamental importancia, en el marco de democracias fortalecidas que apuestan a las grandes transformaciones estructurales que permitan a nuestros pueblos avanzar. Por ello, el proyecto nacional de integración energética en curso adquiere relevancia histórica en la medida en que podamos transformar las energías renovables en energía social capaz de hacer viables proyectos económicos y sociales incluyentes que garanticen y fortalezcan seguridades ciudadanas, estabilidades políticas y condiciones de paz.

El Gobierno del Paraguay lleva adelante por primera vez en la historia del país una política pública en materia de seguridad, denominada Política Nacional de Seguridad Ciudadana, que contempla la planificación y el desarrollo de estrategias dirigidas al combate a la delincuencia en nuestro país, garantizando los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho. Para eso, en el ámbito correspondiente, se están ampliando y mejorando las capacidades para combatir la trata de personas, la violencia doméstica y de género y la pornografía infantil, problemas que afectan a las ciudadanas y ciudadanos en nuestra sociedad.

Estos esfuerzos emprendidos se basan en el reconocimiento de que nos encontramos ante una crisis de seguridad ciudadana, tanto a nivel nacional como sub regional y regional, consecuencia de un modelo económico-social excluyente, predominante en nuestros países, que genera las condiciones de las desigualdades e injusticias que aún nos quedan por superar.

Es desde esta perspectiva que abordamos el tema principal de esta Asamblea General: la Seguridad Ciudadana, la cual, desde su abordaje multidimensional, debe ser comprendida y atacada en sus consecuencias, así como principalmente en sus raíces y causas.

Estas causas estructurales de la inseguridad por lo general tienen su base, como mencionaba, en un modelo económico-social predominante, que violenta los más elementales derechos humanos, y en consecuencia excluye y margina a los ciudadanos y ciudadanas de posibilidades reales de tener una vida digna.

La concentración de la propiedad de la tierra y el control de recursos estratégicos de fundamental importancia para el desarrollo de nuestros pueblos, como así también, de la distribución desigual del ingreso, no solo dificultan un proceso de desarrollo integral sino que a su vez generan las condiciones propicias de violencia social y en consecuencia de inseguridades a nivel nacional y regional.

Teniendo en cuenta las prioridades de cada Estado, un enfoque multidimensional de la seguridad ciudadana, contemplando las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, debe contribuir a abordar la problemática en sus diversas expresiones, a fin de que las políticas públicas contribuyan, en el marco de la democracia y respeto irrestricto a los derechos humanos y la soberanía nacional a las seguridades colectivas que nos permitan avanzar hacia sociedades más integradas y humanas que permitan la consolidación de la paz en las subregiones y regiones de Nuestra América.

En este sentido, es de vital importancia identificar prioridades y coordinar políticas regionales que garanticen el fortalecimiento de nuestras instituciones representativas y un Estado de Derecho que garantice el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ello, los golpes de Estado o amenazas potenciales de interrupción de procesos de transformaciones estructurales en el marco de la democracia, amenazan precisamente a la seguridad ciudadana de pueblos y regiones.

Asimismo, encontramos en la impunidad otra amenaza que, en las esferas de la vida política e institucional, propicia debilidades institucionales que tienden a vulnerar nuestros sistemas democráticos y los avances en materia de independencia, soberanía, derechos humanos y desarrollo igualitario y justo de nuestros pueblos.

Señor Presidente, para el Paraguay es de vital importancia la promoción y garantía de los derechos humanos, que fortalezcan a su vez sociedades humanas que generen las condiciones propicias para una vida digna y de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Como Gobierno Nacional nos encontramos abocados a subsanar las causas que generan esta crisis de seguridad a la que nos estamos refiriendo: la desigualdad y la injusticia. Junto a los programas de asistencia a los hogares en situación de pobreza extrema, nuestro Gobierno estableció la salud pública gratuita, y así también, se encuentra impulsando planes de desarrollo enfocados al trabajo productivo de pequeños y medianos productores, asistencia a comunidades indígenas, aplicación de una política efectiva de vivienda, trabajo con la niñez en situación de calle y nuevos planes para una educación de mayor alcance y mejor calidad para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las distintas políticas sociales cuentan con un componente base de participación social y comunitaria, como un elemento clave que permita a la ciudadanía asumir su protagonismo, compromiso y co-responsabilidad en la superación de estas condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, atacando las consecuencias de esta crisis de seguridad ciudadana, mi país ha sido uno de los primeros en adherir e implementar el proyecto denominado "Promoviendo el Marcaje de Armas de Fuego en Latinoamérica y el Caribe': que se enmarca en la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) y que busca fortalecer las capacidades nacionales en materia de marcaje y control de armas de fuego, para mejorar los controles contra el tráfico ilícito de este tipo de armamentos.

Hemos participado activamente de las iniciativas impulsadas por la OEA en el marco de la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Justicia de las Américas (REMJA), que han puesto a la seguridad pública como un elemento central para la estabilidad de nuestras democracias y del desarrollo socioeconómico de nuestros países, y seremos próximamente sede de la reunión de REMJA.

También nos encontramos implementando acciones para prevenir y combatir los delitos vinculados a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes, especialmente en los casos de explotación sexual. La Cancillería Nacional, a través de la Dirección de Atención a las Comunidades Paraguayas en el Extranjero en coordinación con la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en el Paraguay y organizaciones de la sociedad civil nacionales y extranjeras, está realizando iniciativas para favorecer la visualización y toma de conciencia sobre este flagelo, que afecta en particular a las mujeres en nuestro país.

Al mismo tiempo, nos ha tocado durante este año en la OEA presidir la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) y hemos impulsado una visión positiva de la migración y su impacto en el desarrollo de los países, fomentando el diálogo y promoviendo la Red Interamericana de Cooperación Migratoria (RICOMI), como un instrumento que mejore la cooperación horizontal entre los países de la región en los asuntos migratorios.

Como lo hemos expresado en numerosos foros, nos oponemos decididamente a las medidas restrictivas y discriminatorias que criminal izan a los y las migrantes, y estamos convencidos de la contribución que estos y estas han hecho y hacen, al crecimiento económico y al desarrollo sociocultural de nuestros países.

Otro aspecto en el que se han dado pasos significativos en mi país, es en lo referente al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este año el representante de Paraguay en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ocupa la presidencia pro tempore y, a pesar de que todavía el país se encuentra en la "lista gris" de dicho organismo, estamos impulsando cambios para intensificar el control del transporte fronterizo de divisas y mejorar la legislación para el congelamiento de fondos lo que nos permitirá superar, en el menor tiempo posible, esta condición.

El Gobierno de Fernando Lugo ha hecho avances importantes en la lucha contra la corrupción, transparentando la gestión de la cosa pública y rescatando la honestidad y probidad de los funcionarios y funcionarias como condiciones indispensables, para llevar adelante el proceso de cambio en el Paraguay. Aún queda mucho por hacer en este campo, y avanzaremos con pasos firmes para fortalecer nuestro sistema democrático y la institucionalidad de nuestra nación soberana e independiente.

Nos congratulamos con la adopción del nuevo Plan de Acción de la Estrategia Hemisférica de Drogas de la OEA, aprobado en el ámbito de la 49a sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en Surinam en mayo pasado, que establece objetivos y actividades para generar las políticas públicas que hagan frente a este problema mundial, que nos ayudarán a perfeccionar y seguir profundizando las iniciativas para la prevención y el combate a las drogas en nuestro país.

El gobierno paraguayo tiene un firme compromiso en la lucha contra el crimen organizado, ratificado recientemente en Asunción durante la XXIX Reunión de Ministros del Interior del Mercosur, que culminó el viernes pasado, con un Plan Bianual que contempla importantes acciones para enfrentar a las redes ilícitas internacionales.

Mi país ha sufrido en los últimos tiempos la acción de grupos con conexiones vinculadas a agentes relacionados con el narcotráfico y el comercio ilegal de estupefacientes, que han incorporado prácticas como el secuestro extorsivo para llevar adelante sus actividades. Estamos agradecidos con los países de la región que nos asistieron y brindaron su cooperación, para enfrentar y avanzar hacia la superación de este problema.

Recalcando el rol fundamental de los derechos humanos en el marco de la seguridad ciudadana, Paraguay reafirma su voluntad política de contribuir al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y destaca su continuo compromiso de cooperar con los órganos de supervisión.

En este ámbito se inscribe la visita, que por invitación del Gobierno paraguayo, realizara a mi país en septiembre del año pasado, la Comisionada y actual presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, en su carácter de Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la invitación al Comisionado para nuestro país y Vicepresidente de la CIDH, Doctor José de Jesús Orozco Enríquez, cuya visita aguardamos con el mayor interés.

El Paraguay está trabajando en la utilización de las soluciones amistosas como instrumento eficaz y práctico, que facilite la solución de controversias dentro del necesario respeto a los derechos humanos de todas las ciudadanas y los ciudadanos involucrados en los hechos de violencia e inseguridad.

Este año se cumplen 10 años de la Carta Democrática Interamericana, yen los próximos meses se llevará a cabo en Paraguay un encuentro para conmemorar este aniversario, y continuar el proceso de análisis y reflexión sobre su aplicabilidad y eficacia. Paraguay puede dar testimonio de lo valioso que resultó este instrumento para la defensa y protección de su sistema democrático, cuando surgieron graves intensiones de torcer el rumbo de la voluntad popular en la última década.

Por este motivo agradecemos a la OEA y a su Secretario General por haber elegido al Paraguay como una de las sedes este aniversario.

Para concluir: consideramos clave avanzar hacia un Plan de Acción conjunto que plantee las soluciones necesarias para combatir y superar esta crisis de seguridad ciudadana que vivimos en la región, comprendiéndola y combatiéndola amplia y multidimensionalmente, tanto en sus consecuencias como principalmente en sus causas.

De esta manera, es el combate a la delincuencia, la violencia y el crimen organizado, como sobre todo a la pobreza, la desigualdad y la inequitativa distribución de los ingresos y control de recursos estratégicos, propiciados por un modelo económico-social predominante, lo que nos permitirán avanzar como países soberanos e independientes hacia una seguridad ciudadana integral que beneficie y eleve la calidad de vida digna de nuestros pueblos.

No quisiera terminar esta intervención, sin evocar el recuerdo del que seguramente es nuestro más eximio compositor y músico, el maestro Agustín Pio Barrios "Mangore", cuya obra une a los salvadoreños y paraguayos, y en cuya memoria y homenaje, va todo nuestro reconocimiento y afecto por la hospitalidad y generosidad de este querido país.

Muchas gracias.