Excelentísimo señor Presidente, Excelentísimas señoras y señores, Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación, Señor Secretario General de la OEA, Señoras y Señores todos,

Permítame señor Presidente extenderle al señor Hugo Martínez de la República de El Salvador nuestra sincera felicitación por la elección para dirigir las deliberaciones de este 41° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, y por su digno intermedio saludar y agradecer al hermano pueblo y Gobierno de El Salvador por acogernos con la amabilidad y cortesía que les caracteriza.

Señor Presidente.

El Ecuador agradece al Gobierno de El Salvador por haber escogido como tema de esta Asamblea General a la Seguridad Ciudadana en nuestro Hemisferio. El Derecho Interamericano ha evolucionado al punto de aportar a nuestra comunidad la Declaración sobre Seguridad en las Américas, como una herramienta que enmarca conceptualmente los esfuerzos del continente para enfrentar la violencia, la delincuencia, y la inseguridad. La incorporación en el debate académico y jurídico de una concepción más amplia de las amenazas a la seguridad, identificando nuevas que se suman a las tradicionales permiten, sin duda, tener un enfoque más universal y preciso de la problemática.

A la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el terrorismo, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos; se suman las amenazas no tradicionales que se vinculan directamente con la pobreza extrema y la exclusión social, los desastres naturales y de origen humano, el deterioro ambiental, las pandemias, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los ataques a la seguridad cibernética, el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, la posesión y uso de armas de destrucción masiva. Todos estos constituyen riesgos que las sociedades actuales deben enfrentar de manera mancomunada. Son problemas transnacionales que requieren acciones conjuntas de todos nuestros Estados.

Pese a estos aportes al Derecho Internacional y a los esfuerzos que nuestros países vienen realizando, la inseguridad, la violencia y la delincuencia han seguido ganando terreno en mayor o menor medida a lo largo y ancho del Hemisferio. Las razones de esta preocupante realidad se dan por dos vías: por un lado, los delincuentes se han organizado en redes internacionales con capacidades financieras y de influencia suficientes para erosionar los cimientos institucionales y el estado de derecho; por otra parte, ante esta situación, nuestros Estados han preferido adoptar acciones aisladas, muchas veces coyunturales y orientadas al combate e interdicción del delito, sin considerar que la prevención, la inclusión social y el desarrollo equitativo y solidario de nuestros pueblos, la distribución equitativa de la riqueza y el avance económico y social, son elementos fundamentales para el bienestar social, para la reducción de las causas del delito y de la inseguridad.

En este sentido rechazamos cualquier intención de limitar la soberanía y la autodeterminación del hermano pueblo y Gobierno venezolanos y de cualquier otra nación para establecer vínculos comerciales con otros Estados, afectando así su derecho al desarrollo económico y social.

Sra. Presidenta,

Particularmente, el Ecuador ha dado pasos en firme para consolidar políticas de Estado sobre la seguridad ciudadana. A nivel institucional, en 2007 se creó el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, encargado justamente de instrumentar una política de largo plazo en el tema. A nivel operativo nuestro Plan Nacional de Desarrollo orientado a una Política del Buen Vivir, y que asegura una amplia participación ciudadana, tiene entre sus principales objetivos la seguridad ciudadana. En este sentido, dicho Plan está encaminado a mejorar la calidad de vida de la población, garantizar la soberanía y la paz, el trabajo estable, justo y digno, construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común, así como la vigencia de los derechos y la justicia, establecer un sistema económico y social, solidario y sostenible, y en definitiva, construir un Estado democrático incluyente.

El Ecuador considera que la seguridad ciudadana es un derecho, y que es responsabilidad del Estado garantizarla. Nuestra visión está anclada a los derechos humanos, al estado de derecho, al orden democrático, y a una visión integral del desarrollo, donde la seguridad no solo significa reaccionar frente a los delitos, sino que pretende ir a las causas que los originas, sean estas: la pobreza, la exclusión social, la desocupación, las deficiencias educativas, los precarios sistemas penitenciarios, las debilidades de los sistemas de justicia, e incluso una cultura de violencia estructural en razón de diferencias sociales, de género, de etnia, y de edad.

En consonancia con lo anterior, el Ecuador ha establecido una política integral de seguridad que contiene 5 ejes de acción: fuerza pública, a través de la participación continua y directa de las fuerzas armadas en apoyo a la Policía Nacional en Seguridad interna, coordinación con gobiernos locales para recuperación de espacios públicos y organización de los barrios con la policía comunitaria; reformas legales a través de un nuevo Código Orgánico Penal y de Procedimiento Penal; reforma al sistema Judicial que incluye auditoria a los jueces y renovación del consejo de la Judicatura; y reforma al Sistema de Rehabilitación Social a través del fortalecimiento de las políticas públicas y de ejecución de nuevos modelos de gestión.

Es indispensable profundizar y acelerar el fortalecimiento de la capacidad institucional de los cuerpos policiales de nuestros países, acercándolos más a la población. En este marco, el Ecuador lleva adelante conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA proyectos conjuntos que viabilicen una adecuada reestructuración y modernización de la gestión policial. Este será un elemento de vital importancia de cara al futuro para evitar que se repliquen eventos como el ocurrido el 30 de septiembre de 2010, fecha en la que un grupo de uniformados policiales atentó contra la institucionalidad democrática del Ecuador desnaturalizó su principal responsabilidad poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.

En este sentido, enfatizamos que cualquier intento de golpe de Estado es el mayor atentado contra la seguridad ciudadana.
Por otra parte, y enfrentando el problema mundial de las drogas, crimen de lesa humanidad, el Ecuador ha demostrado su más firme y eficaz compromiso de combatirlo, calidad que ha sido reconocida internacionalmente. A nivel hemisférico, estamos conscientes de la urgente necesidad de profundizar la capacidad de nuestros países para que la producción, el tráfico así como el consumo, donde sea que éstos se originen, sean combatidos simultánea y eficazmente.

Señor Presidente.

El Ecuador desea una OEA remozada, sólida y eficaz. Para ello, es necesario revitalizar, democratizar y racionalizar la gestión del sistema Interamericano en su conjunto, adoptando una serie de medidas que conduzcan a un mayor apropiamiento de todos nuestros países de la gestión y resultados del organismo, y garantice una autonomía real de los distintos órganos especializados frente a intereses específicos de Estados o grupos de poder.

En ese mismo sentido, el Derecho interamericano también debe evolucionar. Y en ese marco, la Carta Democrática Interamericana debe proyectarse a cubrir vacíos, especialmente relacionados con la impunidad de quienes han quebrantado la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad.

Asimismo, es fundamental enfatizar que en el campo de los derechos humanos es inadmisible la impunidad, y que ella, tal como se ha consagrado en nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se caracteriza por "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos… ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos". Por tanto, la impunidad constituye una amenaza real a la seguridad ciudadana.

Finalmente señor Presidente,

El Ecuador suscribe la Declaración de San Salvador, con el firme compromiso de fortalecer la seguridad ciudadana en el marco del orden democrático, del pleno imperio del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos, fomentando medidas tendientes al tratamiento de las causas que generan la delincuencia, la violencia y la inseguridad.

Destaco, de manera particular, el compromiso de adoptar en el corto plazo un Plan de Acción Hemisférico de Seguridad Ciudadana para afianzar los vínculos entre el desarrollo y la seguridad, destacando la importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, para el desarrollo integral que nos permita enfrentar sin dilaciones, con eficacia y eficiencia, los desafíos de la seguridad ciudadana.

Nuestras sociedades demandan acciones efectivas que permitan a nuestros pueblos vivir un ambiente de paz y seguridad ciudadana. Los loables esfuerzos realizados aún son insuficientes para atender este urgente requerimiento ciudadano. Solo lograremos el éxito si mejoramos nuestros canales de información, comunicación y cooperación, y si disponemos de una visión más amplia e integral para enfrentar el problema desde sus raíces. Ofrezcamos juntos soluciones permanentes y concretas.

Muchas gracias