Quiero agradecer al Gobierno de la República Dominicana, al señor Leonel Fernández, su Presidente, al Ministro del Interior y Policía, Franklin Almeyda, a todos ustedes por el generoso apoyo que han dado a la realización de esta tan importante reunión y a la acogida que se nos ha brindado en vuestro país, y también a don Rafael Alburquerque, Vicepresidente de la República.

Quiero también saludar a las demás autoridades civiles y militares e invitados especiales de la República Dominicana, y agradecer a todos la recepción que nos dan como siempre, así como una bienvenida a los señores Ministros y Viceministros presentes. No puedo dejar de decir a título personal que yo había estado a cargo de la seguridad pública en mi país durante varios años; sé lo difícil que es asistir a estas reuniones. Probablemente el cargo de seguridad pública, por razones bastantes claras, es uno de los cargos más demandantes. Quiero felicitarlos por el trabajo que realizan y agradecerle su esfuerzo de estar en esta reunión.

Esta segunda reunión es una respuesta que nuestra región ha estado dando a un hecho indiscutible: la seguridad pública es hoy día una de las principales amenazas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las posibilidades de desarrollo de las Américas. La seguridad pública es hoy, más allá de los discursos que podamos hacer, uno de los principales motivos de preocupación de los ciudadanos. Es a la vez un fenómeno real, como lo recordaban la cifras que hacía mención el Ministro Almeyda, y también un fenómeno mediático. Hay un problema de seguridad pública, de alarma pública con la seguridad, que no es exactamente lo mismo, incluso entre los países y en las zonas en que la tasa de criminalidad son menores, igual hay preocupación porque se ve lo que está ocurriendo en otras partes y eso hace que cunado uno mira las encuestas desde los países con más bajas tasas de criminalidad, más bajas tasas de homicidio hasta los más altos, siempre el tema de seguridad pública aparece como esencial para los ciudadanos. La verdad es que eso justifica que en países democráticos como los nuestros, los Jefes de Estado y de Gobierno se preocupen de manera tan creciente sobre este asunto.

En segundo lugar, hay una clara conciencia de que nuestra región, con todas sus dificultades económicas en las últimas crisis, ha ido progresando; en que hemos ido alcanzando mejores niveles de vida y mejores niveles en relación a los temas de la pobreza que nos siguen afectando, y eso hace que la política de seguridad se transforme también en un tema social, en una tema de la democracia y en un tema de la sociedad. Nuestros ciudadanos, nuestros hombres, nuestras mujeres y nuestros hijos tienen el derecho legítimo a disfrutar de los medios materiales que han ido adquiriendo a lo largo de sus vidas, a disfrutar de sus vidas por la vía de la salud, a disfrutar de los beneficios que le proporciona una mejor vivienda… y difícilmente pueden hacerlo si, como ocurre en muchas de nuestras grandes ciudades, tienen que vivir encerrados bajo las rejas de su casa por temor a la delincuencia.

La política es seguridad, y es importante entregar ese mensaje, es una política tan social como lo es la vivienda, la salud o la educación, es una obligación del Estado entregar a sus ciudadanos la seguridad para que puedan disfrutar de los beneficios de la democracia.

En tercer lugar, es importante decir que ya no es un problema nacional, hay delitos que de por sí son delitos trasnacionales; el narcotráfico ya no es sólo un delito nacional, su lógica económica supone mercados cada vez más crecientes, las cantidades económicas que generan suponen intercambio financiero a lo largo de muchos países; la pasividad que genera en algunos lugares supone que se traslada a países contiguos o más allá; el tratamiento distinto que le demos a los temas de la criminalidad también repercute en la relacione entre nosotros, como es el caso de las políticas de repatriación, por una parte, o deportación, como en otras, o que simplemente existen muchos casos de incongruencia de personas que son extraditadas de un país, son reprocesadas de vuelta al país del cual han sido extraditadas.

Tenemos un tema que es necesariamente trasnacional, un tema global y a él tememos que dedicarle nuestros mayores esfuerzos. Hoy, los homicidios de nuestra región, como se ha dicho aquí, duplican el promedio mundial, en algunas zonas hasta los quintuplican. Desgraciadamente, en algunos países de América Latina uy el Caribe, las tasas son muy variables, ostenta las más altas tasas de homicidio del mundo y en América Latina en su conjunto, llegan así como a un 10 por ciento de la población mundial, poco más, en algunos lugares a 41 por ciento de homicidios con armas de fuego, casi dos tercios de los secuestros que se realizan en el planeta se realizan en América Latina y el Caribe. La posibilidad que un joven latinoamericano muera víctima de un homicidio es 30 veces mayor que la de un joven europeo porque los delitos de criminalidad que afectan a nuestra juventud, son mucho más numerosos en nuestra región.

Están los otros tipos de delitos que no son los habitualmente considerados: el maltrato infantil, las llamadas de auxilio de mujeres víctimas de violencia se siguen incrementando.

Mucho de esto tiene que ver con la sociedad en que vivimos y la injusticia que existe en ellas, pero la mayoría de nuestros países enfrentan un crimen organizado, el tráfico de drogas, el creciente tráfico de armas sobre todo del norte hacia el sur, la trata de personas y el lavado de activos, y la mayor parte de la violencia que se ejerce contra las personas. La pacificación del delito está relacionada con estos tráficos y con el consumo de drogas. El crimen organizado es catalizador de otras formas de crimen y violencia, afecta a toda la sociedad y deteriora las relaciones entre los gobiernos, corrompe la sociedad y amenaza la gobernabilidad. Los estudios económicos realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial, revelan el grave daño que hacen a la economía de nuestros países la existencia de tasas importantes de crimen. El Banco Mundial nos muestra que para determinados países del Centroamérica y el Caribe si las tasas de crimen fueran menores, como lo son en otros, o se redujeran, también las tasas de crecimiento económico aumentarían de manera sustantiva.

Este problema, hace dos años atrás llamamos en la Organización de los Estados Americanos a enfrentar como tema hemisférico, por eso se realizó en octubre del año pasado en México, la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas y abordó bien nuestro documento base, “el compromiso por la seguridad pública de las Américas”, expresando la voluntad política de los países de la región, para enfrentar este problema, definiendo los conceptos centrales, siguiendo el origen de la declaración sobre seguridad hemisférica de México el año 2003, como un tema de carácter transversal, multidimensional que había que atender no sólo a un conjunto de políticas relacionadas con la prevención de la inseguridad, sino también con un conjunto de políticas relacionadas más allá de ese límite. Establece la Declaración, por ejemplo, los temas de prevención, de rehabilitación como temas muy centrales en la estrategia de inseguridad.

Creo que es importante recordar que estas ideas, los problemas que tenemos, fueron recogidos por primera vez de manera extensa, revelando así una sensibilidad mucho más grande al tema, por la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Trinidad y Tobago. Es importante recordar esto porque no había ocurrido en las Cumbres anteriores, que se referían fundamentalmente a los temas del narcotráfico más occidental, pero hay ahí, en la Cumbre de Trinidad y Tobago, en la Declaración de Puerto España, hay un párrafo completo destinado a reforzar la seguridad pública. Nuestros Jefes de Estado y de Gobierno, reconociendo la existencia de otros tantos temas importantes en materia de seguridad, por ejemplo los temas del terrorismo que también están incluidos en la Declaración, sin embargo atienden principalmente a los temas de seguridad pública, el crimen transnacional organizado, la droga, el trafico de inmigrantes, lavado de activos, corrupción, secuestros, pandillas delictivas y delito cibernético, y recogiendo los resultados de nuestra reunión del año pasado, reafirman la voluntad de incrementar el compromiso con la seguridad pública de las Américas, se comprometen a promover políticas públicas, incrementar esfuerzos, etc. Creo que es también importante recordar que suman nuestros Jefes de Estado y de Gobierno el enfoque multidimensional, que también consideran los aspectos sociales culturales de la delincuencia como un asunto al cual hay que atender y entregan a los temas de prevención y rehabilitación una importancia muy grande, alcanzando incluso no solamente a las actividades conjuntas de Ministros de Justicia, sino también en materia de salud, donde hemos avanzado en los temas de los daños provocados por la violencia y las agresiones.

Quiero recordar que en la reunión de Puerto España se mencionó con mucha fuerza la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), y su legislación modelo. Es importante recordar que en esa misma Declaración de Puerto España el Presidente Obama comprometió esfuerzos para que el principal país exportador de armas de la región, que es Estados Unidos, se adhiriera y ratificara esta Convención que es tan fundamental para todos nosotros.

Es verdad que este problema es muy grande, podríamos hablar todo el tiempo de sus múltiples dimensiones, nuestra reunión ministerial no se limitó al catastro, propuso también algunas vías de acción que podrían implementar los Estados miembros y la Secretaría General de la OEA. El foco de atención de las soluciones, se centró en nuestra MISPA en la necesidad de profesionalizar la gestión de la seguridad pública, adaptándonos a las exigencias de los estados de derecho y a los desafíos contemporáneos no solamente de la criminalidad y la violencia. Se puso en evidencia en esa oportunidad que tanto las policías como los funcionarios públicos reciban más capacitación no sólo para aprender nuevas habilidades, sino para reforzar sus valores, su respeto a los derechos humanos y profesionalizar fundamentalmente su capacidad de gestión.

Para eso, la Secretaría General de la OEA efectúo un estudio de factibilidad relativo a la formación y capacitación de oficiales de policía y civiles responsables de diseñar y gestionar políticas públicas de seguridad. Este estudio tiene por objetivo evaluar la necesidad de crear un espacio de formación con énfasis en la difusión de herramientas de gerencia de la seguridad pública, dirigido a altos mandos directivos de las instituciones policiales, autoridades civiles y otros actores que forman parte del sector seguridad pública, para apoyar su formación en aquellos países en los cuales se detecten insuficiencias importantes. Lo que queremos lograr es la transferencia de experiencias exitosas y la cooperación horizontal entre nuestros países, no se trata de realizar una formación masiva a nivel internacional, no tenemos los recursos ni la capacidad para eso y no es tampoco conveniente. Se trata de fortalecer la capacidad de gestión, de diseminar mejor el conocimiento y la capacidad de gestión y sobre todo permitir que las policías de algunos países, especialmente las de los que tengan más altos niveles de inseguridad, conozcan las experiencias de otros países que han tenido más éxito en determinadas materias

Presentamos esos estudios en la Conferencia Interamericana Especializada sobre Seguridad Pública el 4 y 5 de agosto en Montevideo, conferencia preparatoria de esta reunión. Con el mismo propósito, hemos convocado a una reunión con organizaciones de la Sociedad civil especializadas en seguridad y, hace pocos días en la sede de la OEA en Washington DC, reunió a representantes de importantes instituciones policiales de la región. Con estas evaluaciones buscamos configurar una propuesta para mejorar la gestión de la seguridad pública a través de un proceso abierto y participativo.

Hoy puedo anunciar que, como un primer resultado tangible de ese proceso, la Secretaría General está en condiciones de realizar el próximo año el Primer curso sobre Gerencia en Materia de Seguridad Pública, orientado a oficiales superiores de la policía y a funcionarios públicos civiles, que estará abierto a todos aquellos Estados que quieran participar en él. Este curso tendrá una duración de alrededor de cuatro meses, se nutrirá de las capacidades instaladas, tanto humanas como materiales, de algunas instituciones policiales de la región y sumará también el aporte de profesionales de alto nivel y reconocida experiencia en temas de seguridad pública de nuestra región. En la actualidad, además, mantenemos conversaciones con INTERPOL, AMERIPOL e ILEA, tendientes a agregar sus capacidades a este proceso.

Disponemos ya de 60 becas para quienes, mediante un riguroso proceso de selección, harán parte de esta iniciativa que la entendemos como una iniciativa piloto, como una oferta abierta a todos los paises que quieran hacer uso de ella. Estamos gestionando, igualmente, la acreditación y el reconocimiento académico de este primer curso. Luego de este proceso se efectuará una evaluación que complementará el estudio de factibilidad.

Debo aclarar en este punto que esta experiencia se desarrollará sin perjuicio del Programa Interamericano de Capacitación Policial, cuyo sexto curso se dictará en las próximas semanas en la República de Colombia. Hemos realizado cursos en Chile con la Policía de Investigaciones, en México con la Policía Federal y también se han efectuado cursos con Carabineros de Chile y otras instituciones policiales. Esta iniciativa intenta aprovechar las ventajas comparativas de cada una de las instituciones policiales y contribuir a la transferencia de sus experiencias.

Debo destacar también que, con relación a los temas de seguridad y a partir de estudios realizados por la Secretaría General y otras organizaciones, se ha identificado la necesidad de actualizar en algunos países las normas jurídicas vigentes en la materia y fortalecer la capacidad parlamentaria de acompañamiento y fiscalización de las actividades de la autoridad pública. Para atender esta necesidad hemos comenzado un estudio sobre legislación comparada en materia de seguridad pública que tiene dos objetivos: desarrollar un instrumento que permita la actualización legislativa en esta materia y ofrecer capacitación para miembros de las comisiones respectivas de los parlamentos y sus cuerpos asesores.

Del mismo modo y respondiendo también a las inquietudes planteadas durante la primera versión de esta Reunión Ministerial, la Secretaría General, por intermedio de su Departamento de Seguridad Pública, ha desarrollado un Observatorio Interamericano de Seguridad al que ya se puede acceder por Internet y que tiene como objetivo recolectar, dar seguimiento, analizar y divulgar información comparable sobre crimen y violencia en el hemisferio. Este es un tema que planteaba el ministro Almeyda, muchas veces no tenemos la formación confiable, y muchas veces no tenemos información comparable. Generalmente, por ejemplo, comparamos las tasas de criminalidad sobre la base de homicidios, pero hay países que tienen enormes tasas de homicidios o de lesiones o de robo en los hogares, por lo tanto no tenemos estadísticas confiables que cubran los delitos más relevantes que ocurren en la sociedad y que permitan elaborar políticas de mejor nivel. Este observatorio es el primero en su género en nuestra región y la información que está entregando podrá servir de insumo para el diseño de políticas públicas de seguridad, así como para su monitoreo y para el desarrollo de indicadores que permitan su evaluación.

Presentamos un primer borrador de nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos para identificar los primeros logros y desafíos que enfrentan los Estados de la región en el área de derechos humanos y seguridad ciudadana.

En esta Segunda Reunión Ministerial ustedes podrán conocer, además, las iniciativas que el Banco Interamericano de Desarrollo ha implementado durante la ultima década en el campo de la seguridad ciudadana. En particular el proyecto que ejecuta por intermedio del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de Violencia y Promoción de la Convivencia Social (CISALVA) de la Universidad del Valle, Colombia, para desarrollar parámetros comparables en materia de seguridad pública. Quiero destacar esta iniciativa porque, más allá de su importancia particular, que ustedes podrán valorar cuando les sea expuesto, expresa el interés y la preocupación de todos los organismos y agencias del sistema interamericano en este problema y los importantes grados de cooperación que estamos alcanzando para enfrentarlo.

Hemos establecido una alianza con la Oficina de Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga ONUDD, para la implementación de la encuesta mundial sobre las tendencias en criminalidad que este organismo viene impulsando desde la década del setenta. También promocionaremos las estrategias que UN-Habitat ha desarrollado para la prevención de la violencia a nivel local. Estas organizaciones harán presentaciones sobre estas iniciativas a esta Reunión.

Quiero terminar expresando mi gratitud personal y la de la Organización de los Estados Americanos por el apoyo que ustedes han brindado a esta actividad. Sin su compromiso personal, y el de su Gobierno, esta reunión probablemente no habría podido realizarse.

Estamos empezando un camino. Durante mucho tiempo me pregunté por qué razón teníamos en el hemisferio reunión de Ministros de Transportes, reunión de Ministros de Educación, reuniones de Ministros de Salud, y en este tema, que le importa más a la gente de nuestros países, no buscábamos una coordinación. Lo hemos empezado a hacer y hemos empezado a transitar por un camino en este sentido y esta reunión la miramos de una manera muy simple como una oportunidad para dar otros pasos adelante en esta marcha, y por eso quiero terminar expresando mi convicción de que la seguridad de nuestros ciudadanos no es una utopía ni un sueño inalcanzables, sino algo que está demandando cada vez más trabajo de nuestros gobiernos, de nuestras autoridades de seguridad civiles y policiales. Un camino por el cual vamos avanzando y vamos marchando y en el cual creo que tenemos un solo objetivo: tener una región en la cual las tasas de crimen y de violencia se comparen de manera adecuada con las de las naciones más desarrolladas del mundo. Vamos caminando hacia allá y sólo podremos obtener éxito si examinamos juntos en esta tarea.

Muchas gracias