La Estrategia Antidrogas del Hemisferio fue aprobada en 1996. Desde entonces ha sido la carta de navegación que ha orientado nuestros esfuerzos por abordar y combatir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilegales en nuestra región. Fue elaborada a partir de consensos alcanzados en un contexto particular de expansión del fenómeno a nivel global y en el momento de su aprobación ninguna otra región del mundo podía mostrar una iniciativa semejante de responsabilidad regional.

El Plan de Acción que aprobamos en 1998 nos ha señalado, a su vez, las tareas a realizar tanto a nivel hemisférico como de los países y de los grupos de expertos. En torno a ese Plan hemos organizado la acción de CICAD y de su Secretaría Ejecutiva durante estos años.

A lo largo de estos trece años es mucho lo que hemos avanzado. Sin embargo debemos reconocer que durante ese mismo período el mundo ha cambiado y que nuestros enemigos, las organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas ilícitas, también lo han hecho.

El carácter transnacional y el inmenso tamaño de estas organizaciones criminales son conocidos ya desde hace mucho tiempo. De lo que tenemos que hacernos cargo ahora es de que, como señalara el Director General de ONUDD Antonio María Costa durante la reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en marzo recién pasado, la economía de las drogas es más que sólo carteles comprando enormes propiedades, negocios y aviones. Ahora desafía de manera mucho más directa la estabilidad del estado democrático. Las mafias de la droga ya no solamente corrompen funcionarios para que les permitan alcanzar determinados fines. Ahora buscan comprar autoridades, elecciones y partidos políticos o incluso instalar a los suyos en puestos de poder. Es imposible dejar de advertir, en consecuencia, la amenaza que ellas representan para la seguridad y el desarrollo.

Luego de la etapa de desmantelamiento de algunos carteles, ocurrido durante los años 90, estas organizaciones se han readaptado para funcionar sobre la base de redes locales que han dado lugar a un significativo aumento del microtráfico. Esta nueva forma dominante en el mercado ha dado un fuerte impulso, a su vez, a una variedad de delitos conexos al problema de las drogas.

La expansión actual de las redes internacionales y locales de este tráfico de drogas y el aumento del consumo de una mayor variedad de estupefacientes o sicotrópicos, principalmente entre el segmento juvenil de la población, se ve favorecido, por otra parte, por la emergencia y globalización de nuevas tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías han permitido a los antiguos carteles adaptarse a las nuevas condiciones de producción y tráfico de drogas ilícitas, pasando de situaciones de alta concentración de funciones y de estructuras de poder piramidales, a la constitución y manejo de redes locales, nacionales e internacionales que se gestionan mediante prácticas de horizontalidad, donde las jerarquías son bastante difusas y los participantes en las actividades del tráfico no tienen vínculos unívocos con una sola red.

Durante los últimos años, además, han seguido desarrollándose nuevas sustancias de consumo indebido. Desde hace más de una década los estimulantes de tipo anfetamínico constituyen, después de la cannabis, las sustancias que plantean el mayor problema de consumo a nivel mundial; y el consumo de anfetaminas y éxtasis ya duplica, en el mundo, al de la cocaína. Pero todavía más importante para nosotros es el hecho que ese mercado en expansión ya está alcanzando poderosamente a América Latina y el Caribe, creando nuevos problemas y diluyendo la separación que existía entre países “productores” y países “consumidores”. Con la emergencia de las drogas sintéticas y la extensión del consumo a nuevas regiones, hoy el consumo existe en casi todos los países de nuestra región y en casi todos ellos, en mayor o menor escala, se están produciendo drogas.

Es por todas estas razones que debemos admitir que vivimos momentos de desafíos. Es verdad que, en lo esencial, nuestro hemisferio ha podido consensuar y construir los pilares sobre los cuales se sustenta la política regional para abordar un fenómeno tan complejo como el que nos ocupa. Podemos sentirnos satisfechos de contar con un órgano político, CICAD, una Estrategia y su Plan de Acción y un sistema de evaluación y seguimiento de la misma, el MEM.

Sin embargo la constatación de lo que ha cambiado en nuestro entorno lleva a concluir que se requiere pasar a una nueva etapa de compromiso hemisférico que posibilite avanzar de manera más homogénea en el despliegue de la política antidrogas de la región. Creo, en suma, que ha llegado el momento de iniciar un proceso de revisión de nuestros instrumentos y ponerlos al día con las realidades que el fenómeno de las drogas nos impone hoy.

No somos, desde luego, los únicos que nos planteamos la necesidad de esta revisión. En este año 2009 se concentran eventos cuyos resultados resultarán cruciales para que la comunidad internacional pueda avanzar en el abordaje de un fenómeno que ocasiona tantas consecuencias negativas a nuestras sociedades. En el ámbito de las Naciones Unidas éste ha sido un tiempo de evaluaciones del camino recorrido y de búsqueda de acuerdos y consensos que faciliten la acción multilateral para los próximos diez años.

Nosotros mismos hemos debido dar cuenta, por intermedio de la Presidenta de CICAD en el reciente período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, del progreso de los Estados miembros de la OEA en el cumplimiento de las metas y objetivos señalados en la Declaración Política de la Sesión Especial de la ONU sobre el Problema Mundial de las Drogas de 1998.

En su informe nuestra Presidenta hizo un recuento de las actividades desarrolladas por nuestro hemisferio en el logro de los objetivos y metas que fueron objeto de seguimiento y evaluación por las Naciones Unidas durante la década pasada y pudo mostrar avances en los seis aspectos claves que fueron sujetos de observación por ese Organismo. Sin embargo debió mostrar también las limitaciones que aún arrastra la acción hemisférica en esas mismas tareas. En particular debió constatar que persisten debilidades estructurales que inhabilitan la plena ejecución de la estrategia hemisférica antidrogas.

Lo cierto es que muchos de nuestros países carecen aún de una institucionalidad básica que asegure eficacia en el objetivo de disminuir el consumo y trafico de drogas y sus delitos conexos, esto es una estrategia nacional antidrogas con un presupuesto adecuado y una entidad central con facultades para coordinar al conjunto de instituciones con responsabilidad en el desarrollo de la Estrategia.

Quiero decirlo más claramente: valoramos y compartimos el esfuerzo que, con un alto costo y con apoyo externo realizan nuestros países para erradicar la producción de drogas y combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Incluso es posible afirmar que en varios de esos países el combate a las bandas ha sido exitoso y su actividad criminal se ha visto reducida. Pero el flujo de drogas hacia todos los países de América y hacia Europa continúa a pesar de todos los esfuerzos de interdicción. Más aún, es posible afirmar que continuará mientras se continúe atacando de manera principal la oferta y no se combata de igual manera la demanda. Mientras haya mercado para las drogas ellas seguirán fluyendo; aunque algunos países se beneficien con la interdicción, el lucrativo negocio del crimen organizado se trasladará a otros territorios. Y una reducción de la demanda sólo es posible enfatizando mucho más los programas de educación, prevención y rehabilitación, especialmente en los países de mayor consumo.

Quiero repetir que no estoy negando ni desvalorizando las políticas de interdicción. Al contrario, pienso que ellas pueden ser mejoradas a través de una mayor cooperación en áreas como el intercambio fluido de inteligencia y el combate del tráfico ilícito de armas hacia los narco traficantes. Pero la evaluación ha demostrado que en la mayoría de los países aun existen retrasos en desarrollar y articular de manera armónica los elementos de interdicción con los de reducción de demanda, que aún reciben atención y recursos muy insuficientes. Tales limitaciones se hacen más evidentes cuando se contrastan con el alto costo humano, económico y social que el fenómeno de las drogas sigue imponiendo a nuestras sociedades.

Todo esto debe ser tomado en cuenta cuando se pone en debate la efectividad de las estrategias para hacer frente al problema de las drogas. Debemos preguntarnos si es posible esperar resultados teniendo en cuenta que las estrategias de drogas de la mayoría de los países no han logrado desplegarse en plenitud. La integralidad y el equilibrio, factores fundamentales que deben caracterizar cualquier estrategia en este campo, no han sido asumidos -mas allá del discurso- en la planificación y ejecución de las intervenciones.

Es necesario tener presente que la creciente globalización incide en que los éxitos de las estrategias nacionales estén muy vinculados a los avances o retrocesos que tengan las estrategias de los demás países. Debemos ser conscientes, por ello, que el éxito de cada uno de nuestros países en esta tarea va a depender del éxito de los demás y que el fracaso o el rezago de uno de ellos puede ser determinante del retroceso de todos.

No creo que puedan caber dudas, por todo ello, de que ha llegado el momento de hacer un recuento tanto de nuestros avances como de los problemas, viejos y nuevos, que aún no hemos logrado superar. El momento de decidir si es necesario redefinir nuestra Estrategia y ajustar nuestro Plan de Acción a las nuevas realidades. Soy partidario de una estrategia mucho más integral y equilibrada, que considere de manera importante la reducción de la demanda como un objetivo principal y de a este aspecto una oportunidad real de mostrar su efectividad.

Tal revisión, asumida con profundidad y responsabilidad, debe tener una sólida base técnica y científica que sustente y fundamente un renovado compromiso político de los países del Hemisferio con los objetivos de la Estrategia y su nuevo Plan de Acción.

Contamos con importantes herramientas que nos pueden ayudar en ese propósito. El consenso logrado en el foro de Viena es una base sobre la cual se puede desarrollar un proceso de revisión y elaboración de nuevas propuestas.

No puede sino constituir una base muy auspiciosa que, en el mundo, ya no se discutan los riesgos del consumo de drogas. El consumo de drogas es perjudicial para la salud humana y el Estado y los gobiernos tienen la obligación de hacérselo saber a sus ciudadanos y de tomar las medidas que sean necesarias para eliminar o disminuir el daño social que ello pueda provocar.

También se ha arribado a una sólida convicción acerca de la importancia de basar las políticas de drogas en evidencia científica. Los problemas que trae consigo el consumo de drogas no son solamente de índole moral ni ética: tienen que ver, también, con la salud y con los efectos económicos de su abuso y tratamiento. Las definiciones y decisiones consecuentes, por lo tanto, deben basarse en evidencias y puntos de vista científicos. Este es un principio aceptado hoy por todos nuestros gobiernos y se encuentra entre los fundamentos de prácticamente todas las políticas que se han emprendido en la región.

Otro punto de partida importante en nuestro análisis es el consenso relativo al reconocimiento que la persona dependiente de drogas es un enfermo al que no hay que estigmatizar sino, todo lo contrario, tratar de recuperar para la sociedad. Este es un principio que la CICAD ha sostenido desde sus orígenes y que el Plan de Acción de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas ha reafirmado recientemente.

Y lo más importante: todos los países del mundo –y todos los de la CICAD, entre ellos- consideran que abordar el problema de las drogas sigue siendo una responsabilidad compartida, que requiere del desarrollo de estrategias integrales y equilibradas, en un marco de respeto a los derechos humanos y en el marco de las convenciones internacionales sobre drogas vigentes.

Sobre la base de esas convicciones debemos hacer un nuevo esfuerzo de armonización y, en la medida de lo posible, de homogenización de nuestras políticas. En el ámbito de la reducción de la demanda, por ejemplo los ordenamientos jurídicos relativos a quienes tienen en su poder una cantidad determinada de droga exclusivamente para consumo personal son, en nuestro hemisferio, muy heterogéneos. En algunos de nuestros países la ley establece que tal individuo está exento de pena; en otros se prescribe pena de prisión con la obligación de medidas curativas o educativas; y, en otros, aún no se contempla más que la prisión, esto es se criminaliza a los adictos en lugar de buscar soluciones a su enfermedad.

Ante el flagelo de la droga, la compartimentación de políticas no sólo no funciona sino que pude terminar dañándonos a todos. El crimen organizado está integrado en su logística, en su financiamiento, en sus canales de distribución y, sobre todo, en su poder corruptor. Nosotros debemos hacer lo mismo si queremos ser tan eficientes como ellos. Ya lo dije: en esta tarea el éxito de cada uno de nuestros países depende del éxito de los demás y el fracaso de uno de ellos puede ser determinante de la frustración de todos.

Este es el momento para iniciar esta reflexión cuyo punto de partida principal y una garantía de éxito va a ser, siempre, la conciencia de nuestros gobiernos acerca de la magnitud e importancia del problema y su convicción de que reducir y finalmente eliminar la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y sustancias psicotrópicas es imprescindible para garantizar la salud y el bienestar de nuestros pueblos.

Si esa conciencia y esa convicción existen, no dudo que nuestros gobiernos podrán dar el siguiente paso, que es garantizar los recursos necesarios para que esas políticas puedan ser llevadas a la práctica satisfaciendo los principios de integralidad y equilibrio que, como he dicho, son los únicos que nos permitirán, finalmente, lograr nuestro objetivo: un hemisferio libre del flagelo de las drogas ilícitas.