Gracias Señor Presidente

El Gobierno de la República de Nicaragua denuncia ante este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos el insistente desprecio y violación al Derecho Internacional por parte del Gobierno de Colombia al negarse a cumplir la resolución de la Corte Internacional de Justicia y recurrir a la amenaza del uso de la fuerza con el despliegue naval de sus fragatas, creando mayor inseguridad en el mar caribe y atentando contra la paz y la seguridad del Estado nicaragüense y de la región.

El gobierno de Colombia ha violado la Carta de la Organización de los Estados Americanos entre cuyos propósitos esenciales esta el de afianzar la paz y la seguridad del Continente y uno de sus principios establece que el Derecho Internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas; también el Gobierno de Colombia ha violado la Carta de las Naciones Unidas que establece que los miembros arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos sin poner en peligro la paz, la seguridad o la justicia.

Emulando a sus maestros, mentores y financieros de este continente y de otras regiones, Colombia cree que está en condiciones de imponer una supremacía absoluta a lo interno de Colombia y en su política exterior, en contraposición del Derecho Internacional, en el ámbito de los Derechos Humanos, del Derecho de los Conflictos Armados y en las relaciones de convivencia y paz entre los Estados del Hemisferio.

El Gobierno de la República de Nicaragua es respetuoso de la soberanía de los Estados, de la no agresión de un Estado en contra de otro Estado, y es partidario del diálogo y la negociación, por ello ha persistido en acudir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya para prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados, de acuerdo con la Carta de la OEA y la Carta de la ONU .

Nicaragua exige a Colombia que se respete su soberanía en el mar Caribe y que se retiren las amenazantes fragatas colombianas, tal como se comprometió el Presidente Uribe en ocasión de la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río en República Dominicana.
Colombia debe sujetarse al Derecho Internacional, incluyendo la Carta de la OEA y de la ONU y por consiguiente no debe continuar recurriendo al uso de la fuerza con sus medios navales en el mar caribe nicaragüense.

Nicaragua ha solicitado este punto de agenda para plantear estas justificadas preocupaciones sobre situaciones sensibles que afectan la soberanía y la defensa del Estado nicaragüense ante las amenazas sistemáticas del Estado y Gobierno colombiano que desde hace algún tiempo se ha convertido en un narco-Estado, que aplica y pone en práctica un terrorismo de Estado que afecta a la región

¿Porque afirmamos que el Gobierno de Colombia es un factor de inestabilidad y desestabilización regional? Lo afirmamos por lo siguiente:

El Gobierno y sectores del poder nacional en Colombia y en el exterior han convertido a este país sudamericano en una plataforma productiva de drogas y en el centro de operaciones de los carteles del narcotráfico internacional hacia el mayor mercado de consumo de drogas ubicados en Estados Unidos y en algunos países europeos.

Esta realidad ha convertido a muchos de nuestros países en zonas de tránsito y de operaciones de los nuevos carteles que esta situación viene generando al utilizar nuestros espacios aéreos, marítimos y terrestres para el transporte de la cocaína y de otras drogas, originando una gama de delitos en todos los países por donde transitan, siendo este otro factor de inestabilidad en América Latina y el Caribe.


Nuestros Estados se ven obligados a utilizar sus instituciones policiales, de seguridad y defensa y de disponer de los escasos recursos presupuestarios con los que contamos para enfrentar el crimen internacional organizado proveniente de este narco-Estado que juntamente con otros Estados poderosos ha puesto en práctica el Plan Colombia, incidiendo agresivamente contra sus vecinos del sur y Centroamérica.

Si tenemos en cuenta que la mayoría de nuestros gobiernos aspiran a fortalecer su independencia, soberanía y autodeterminación, es justamente preocupante la existencia de un Narco- Estado que además aplica el terrorismo de Estado y pone en peligro la estabilidad de los gobiernos independientes. Parte de la delincuencia organizada del narcotráfico colombiano está emigrando a otros países, incluyendo Centroamérica lo que esta creando una mayor inestabilidad.

No podemos pasar por alto otra manifestación de la política de terrorismo de Estado del Gobierno de Colombia como lo fue la agresión a Ecuador, violando la integridad territorial y la soberanía de este país. El primero de marzo se cometió en Sucumbíos un crimen contra la paz y la seguridad internacional, se vulneraron las Cartas de la Organización de los Estados Americanos, de las Naciones Unidas, y se pisotearon los principios rectores del derecho internacional. Esta agresión implica a su vez una responsabilidad internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estos hechos fueron reconocidos públicamente por el propio Presidente Uribe.

Esta agresión colombiana, típica acción de terrorismo de Estado, fue apoyado con un bombardeo a territorio ecuatoriano, masacrando a 26 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC), incluyendo al dirigente Raúl Reyes y a un grupo de jóvenes investigadores universitarios entre los cuales se encontraban estudiantes mexicanos, quienes después del bombardeo quedaron heridos y luego fueron rematados con tiros de gracia, violándose así las normas del Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales.

Como consecuencia de esa agresión también resultaron heridas dos jóvenes de nacionalidad colombiana, Martha Pérez Gutiérrez, Doris Torres Bojorge y una ciudadana mexicana, la joven Lucia Andrea Morett Álvarez, a quienes Nicaragua siguiendo su larga tradición humanitaria, les ha otorgado el asilo y residencia respectivamente.

El derecho de asilo y refugio a todas las personas perseguidas por cuestiones políticas es sagrado, y el otorgarlo es una potestad soberana de los Estados. Nicaragua esta en la obligación de dar este asilo y proteger a refugiados y perseguidos políticos y a garantizarles su vida y seguridad.

Por ello, conocedores de las prácticas que realiza el gobierno de Colombia, Nicaragua reitera una vez más la solicitud del Presidente Daniel Ortega al Presidente Uribe de que no organice conjuntamente con fuerzas especiales de otros países ninguna misión que ponga en peligro la vida y la seguridad de estas personas, ya que están amparadas en el derecho internacional, gozan actualmente de un estatus de refugiadas y están legalmente protegidas en Nicaragua. Estas personas asiladas víctimas del ataque, son testigos de cargo de lo que fue este acto de terrorismo de Estado por parte del Gobierno de Colombia y de las atrocidades que ahí se cometieron con los prisioneros heridos, en territorio ecuatoriano invadido.

Nicaragua se reserva el derecho de acusar al Gobierno de Colombia por crímenes internacionales, por las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional, a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Estos delitos se han materializado por la comisión de crímenes de guerra contra prisioneros heridos, por actos de agresión al Estado ecuatoriano, por delitos de lesa humanidad y uso indebido de los símbolos de la Cruz Roja Internacional. La constante amenaza del uso de la fuerza contra Nicaragua con despliegues navales es rechazada y denunciada por nuestro gobierno. No podemos aceptar que con el pretexto del combate al narcotráfico, terrorismo y cualquier otro tipo de amenaza a la seguridad nacional se pretenda implantar una nueva forma de intervención y agresión en contra de otros Estados. Esta práctica de terrorismo de Estado la rechazamos enérgicamente.

Debemos recordarle al Gobierno Colombiano su obligación de contribuir en afianzar la paz y la seguridad en la región tal como lo establece la Carta de la OEA y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados tal como lo contempla la Carta de las Naciones Unidas, y que deje de actuar con desprecio de los instrumentos internacionales del derecho internacional.




Existe una práctica sistemática de violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte del Gobierno de Colombia que incluso los ha llevado a utilizar indebidamente los emblemas de la Cruz Roja Internacional, tal a como lo denunciaran los medios de información, que inicialmente negaran las autoridades y posteriormente el propio Presidente Uribe, aceptó el uso de ese emblema por miembros de la Fuerza Pública de Colombia. El Gobierno de Colombia cometió el delito de perfidia, que es un delito de guerra que puede ser sancionado por los tribunales internacionales al usar indebidamente estos símbolos. Pareciera que, como en el juego de ajedrez, se le quiere dar” mate” a las misiones humanitarias y al Derecho Internacional en interés de los objetivos geo-estratégicos de Colombia y de sus aliados principales.

El CICR en su comunicado ha expresado que, como guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH), recuerda que el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Que el emblema de la Cruz Roja tiene que ser respetado en todas circunstancias y no puede ser usado de manera abusiva.

Señor Presidente.

Es ampliamente conocido como el Gobierno de Colombia ha tratado de explotar al máximo por la vía de los medios de información su política belicista, al pretender convencer al pueblo colombiano y a los pueblos de la región, que el movimiento guerrillero de las FARC no es un movimiento de liberación nacional sino terrorista y que la solución del conflicto interno en ese país es por la vía militar negando y rechazando así el diálogo y la negociación como vía para la solución del conflicto.

El Gobierno de Colombia en su violencia armada, ha estado huérfano de victorias, y ahora que se produce un escape de personas de renombre que estaban en manos de las FARC, han tratado de convertir ese hecho como un gran triunfo político, militar y de Estado. Esta acción tiene un valor eminentemente humano, al tener estas personas derecho a gozar de su libertad. Sin embargo al Gobierno Colombiano lo que le ha interesado es su instrumentación propagandística, de la cual no han escapado ni sus propios funcionarios.



Nicaragua vivió durante muchos años una guerra de agresión financiada y dirigida por el Presidente de Estados Unidos Ronald Regan, sin embargo optamos por el diálogo y la negociación. Si nos hubiéramos obcecado en la idea de una victoria militar, posiblemente aún estaríamos en guerra.

Debemos recordar la Mediación de los países miembros del Grupo de Contadora, entre los cuales se encontraba Colombia, que coadyuvó en el proceso de paz en Centroamérica y jamás se interpretó la mediación de estos países como una intervención o injerencia en los asuntos internos. De la misma manera para el año de 1999 el ex- Presidente de Colombia Andrés Pastrana solicitó la mediación del Presidente Daniel Ortega para que interpusiera sus buenos oficios para procurar el canje humanitario en la zona del Caguan.

El Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega ha expresado en diversas ocasiones, su decisión de apoyar a la búsqueda de la paz en Colombia y ha ofrecido de manera respetuosa, sus buenos oficios al Gobierno de ese país, para contribuir al establecimiento de un proceso de diálogo y negociación política entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que permita ir creando las condiciones para lograr por la vía de la negociación, las bases políticas, económicas y sociales para lograr la paz firme y duradera que garantice la vida y la seguridad de todas las personas y evitar que sean eliminadas físicamente durante el proceso de inserción, tal a como sucedió con el M-19, la Unión Patriótica, y sucede actualmente con los sindicalistas y dirigentes de organizaciones populares. Se busca una paz justa y duradera y no una “ pax romana”.

El Presidente de Nicaragua Comandante Daniel Ortega ha sido bien claro en manifestar que para luchar por la paz no le tenemos que pedir permiso a nadie y sobre todo cuando esa lucha por la paz se vuelve necesaria y urgente porque su ausencia pone en riesgo la seguridad de la región.

El tema de la guerra y la paz no puede seguir siendo objeto de un propósito propagandístico por parte del Gobierno de Colombia, no es por la vía armada que en Colombia se va a llegar a la paz. Por esta razón el Presidente Ortega le ha manifestado al Presidente Uribe, que tiene que pensar seriamente en la solución pacífica. Nicaragua hará todo lo que este a su alcance para lograr la paz y la estabilidad en la región.

Muchas Gracias Señor Presidente