Les doy la bienvenida a este Foro del Sector Privado, el quinto que se realiza en el marco de la Asamblea General de la OEA. Quiero agradecer a las autoridades de Medellín por habernos abierto las puertas de su magnífica ciudad. Una ciudad que ha vivido importantes transformaciones positivas en los últimos diez años, recuperando un clima de seguridad, confianza y gobernabilidad. Permítanme por ello comenzar felicitando al gobierno local, a su activa sociedad civil y al espíritu empresarial de Medellín, que han sido fundamentales en esta transformación.

En realidad los logros alcanzados por esta ciudad durante los últimos años la convierten en el lugar ideal para tratar el tema de este V Foro del Sector Privado: “Gobernabilidad para el desarrollo y la competitividad – el rol de las alianzas público privadas”.

Después de ser una de las ciudades de mayor inestabilidad y violencia en el mundo, Medellín presenta hoy cifras de violencia inferiores a las de muchas capitales latinoamericanas y es el segundo centro económico más importante de Colombia. No es ajeno a ello el tema que inspira este Foro: en esta ciudad, como en otras de Colombia y de las Américas se ha producido en la última década un equilibrio entre la voz de la sociedad, la dinámica productiva del mercado y la función reguladora del Estado. Medellín es un buen ejemplo del impacto que tiene el fortalecimiento de la gobernabilidad en el mejoramiento del clima de negocios y en el desempeño económico.

Gobernabilidad es, en suma, el estado de equilibrio entre las demandas de la sociedad y la capacidad del sistema político de responder a ellas eficazmente. Sólo existe cuando los ciudadanos pueden tener acceso a todos aquellos beneficios y soluciones a sus problemas que la democracia les promete y para lograrlo es imprescindible oír y entender la demanda social, crear el clima político de consensos y estabilidad necesario para estimular la actividad privada y mantener una conducción de los asuntos del Estado que sea a la vez eficiente y eficaz.

La democracia es siempre más difícil de gobernar cuando la mayoría de los ciudadanos sufren las consecuencias de la pobreza y las crisis económicas. La mayoría de las crisis políticas por las que han atravesado países de nuestra región durante los últimos quince años no han tenido un origen ideológico, sino que se originaron en el descontento popular. El descontento de gente común que observa con impaciencia a gobiernos que no son capaces de responder a sus problemas y a veces ni siquiera de entenderlos y culpa de ello no sólo a esos gobiernos sino también al orden económico y a veces, lamentablemente, incluso a la propia democracia.

Casi todos los problemas que nos aquejan como sociedad pueden ser superados en la medida que los gobiernos enfrenten adecuadamente su principal desafío, que es el de responder a los problemas reales de sus ciudadanos manteniéndose leales con las normas democráticas.

Para ello, desde luego, cuentan con las políticas públicas, que deberían ser el instrumento para materializar en acciones concretas, coherentes, consistentes y posibles de ser verificadas aquello que sus pueblos les demandan. Aquello para lo cual han sido electos. El crecimiento, la generación de empleo, la entrega de certezas para la inversión del capital, la integración económica, los problemas de pobreza, discriminación y delincuencia, son todas cuestiones que pueden ser solucionadas con la aprobación y aplicación democrática de políticas públicas en las que debería considerarse no sólo los derechos y la opinión, sino también la participación de todos.

Es en este último terreno en donde es posible comprender la importancia de las alianzas público – privadas y del pleno ejercicio de la responsabilidad social empresarial.

Desde luego sería imposible afrontar adecuadamente el problema de la inequidad que aqueja tan severamente a América Latina y el Caribe, sin la comprensión y la cooperación del sector privado con políticas públicas justas y adecuadas destinadas a paliar el problema. La inequidad es el principal desafío para el desarrollo de América Latina, y es un problema que se ha mantenido prácticamente constante en el último medio siglo.

Tampoco sería posible enfrentar adecuadamente temas críticos emergentes, como el de la carestía de los alimentos, sin esa comprensión y cooperación. Desde 2006 y especialmente desde 2007, los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, registrando un ritmo anual que oscila entre el 6 y el 20 por ciento en los distintos países, con un promedio cercano al 15 por ciento.

Se trata de un problema que, ciertamente, dejará sentir sus efectos en prácticamente todos los ámbitos sociales y en relación al cual, para cumplir la principal premisa de la gobernabilidad que enuncié antes, esto es para brindar acceso a todos nuestros ciudadanos a la solución de sus problemas y necesidades, es imprescindible una relación de mutua comprensión y colaboración entre el mundo público y el privado.

CEPAL calcula que un incremento del 15 por ciento en el precio de los alimentos eleva el porcentaje de indigentes en nuestra región en casi tres puntos. Con la situación actual, en consecuencia, corremos el riesgo de ver aumentar el número de indigentes, durante el presente año, de 13,4 a alguna cifra cercana al 17 por ciento de nuestra población. Y en el caso de la pobreza los aumentos son parecidos, ya que los pobres de la región aumentarían en el mismo porcentaje.

Se trata de millones de personas que pasarían a la condición de pobres o indigentes por exclusivo influjo del aumento de los precios de los alimentos, en un continente en donde la producción de alimentos excede, según la FAO, en un 30% la cantidad de proteínas y calorías necesarias para atender los requerimientos energéticos de su población. El problema no es, en consecuencia, la falta de alimentos, sino el acceso que la gente tiene a ellos; y eso es materia de políticas públicas, pero de políticas públicas cuya eficacia se resentiría severamente sino cuentan, como he dicho, con la comprensión y, sobre todo, con el compromiso y la cooperación de todos los sectores de la sociedad, comenzando por el sector empresarial privado, no sólo en el cumplimiento directo de la ley, sino más allá de ella, en su contribución voluntaria y organizada a la superación de los males que aquejan a su sociedad. En esto consiste en definitiva aquello que hoy se denomina responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial.

Una comprensión y colaboración que es sin duda también imprescindible con relación a otro problema que exige urgentes políticas públicas y que es tema central de esta Trigésimo Octava Asamblea General de la OEA: la juventud y su acercamiento a los valores democráticos.
Actualmente más de 11 millones de jóvenes viven con ingresos inferiores a 1 dólar diario en América Latina y el Caribe y el índice de desempleo entre los jóvenes triplica al de los adultos. Por otra parte más del 60 por ciento de los jóvenes que están empleados lo están en sectores de baja productividad, con una baja o inexistente cobertura de seguridad social y, en muchos casos, sin haber firmado un contrato de trabajo.

Son estos jóvenes, desocupados o precariamente empleados, desafectados de la democracia y sus valores porque no ven en ella un camino para su futuro, los que finalmente muchas veces optan por apartarse de la sociedad para pasar a ser los principales protagonistas del crimen y la violencia y también sus principales víctimas.

En los próximos años deberán crearse cientos de miles de nuevos empleos no sólo para evitar la continuidad de esta situación, sino para impedir que se acentúe de manera dramática. Ello exige, desde luego, que los gobiernos creen las condiciones de estabilidad y seguridad que son necesarias para garantizar la actividad de la iniciativa privada, así como el marco regulatorio que permita que el inicio de nuevos negocios sea algo simple, rápido y poco costoso. Pero también demanda del sector privado una nueva actitud con relación a la innovación y el emprendimiento; una capacidad renovada de aprovechar las condiciones que la política les brinde para tomar nuevos riesgos y promover la creatividad.

Será preciso entrenar a los jóvenes y dotarlos de las habilidades y de la flexibilidad necesaria para que puedan adaptarse a los cambios de los mercados, que están en permanente evolución. Sobre todo será necesario impulsar sistemas y programas que impulsen el desarrollo de la creatividad, la innovación y la inventiva entre nuestros jóvenes. Para ello, nuevamente, la colaboración público-privada es imprescindible.

Afortunadamente ya existen experiencias de responsabilidad social empresarial y de cooperación público-privada que es posible destacar. El empresariado venezolano, por ejemplo, ha desarrollado el Proyecto Alcatraz, que fue seleccionado por el Banco Mundial como modelo para ser replicado en otros países y cuya experiencia, junto a otras, será expuesta en otro Foro de esta Asamblea. Uno de los logros más importantes de este proyecto ha sido la transformación de liderazgo violento en liderazgo virtuoso y haber contribuido a canalizar la energía de los participantes, provenientes de bandas juveniles, hacia iniciativas constructivas para su beneficio y el de la comunidad.

También quiero felicitar al gobierno de Colombia por su Plan Colombia Joven, así como los esfuerzos de la Fundación Parques de Creatividad. En la OEA, como ustedes saben, hemos desarrollado el concurso TIC Américas promovido por el Young Americas Business Trust, que busca premiar las innovaciones de nuestros jóvenes con miras a buscarles usos comerciales.

Creo que con actitudes y prácticas como estas nuestra región podrá encarar los retos del desarrollo y hacer frente a los desafíos relacionados con una economía global cada vez más competitiva.

En esa tarea a los empresarios y a las organizaciones del sector privado, como las aquí presentes, les cabe un papel fundamental. Sobre todo los invito a buscar en la juventud y en sus proyectos fuentes de ideas, de innovaciones y de invenciones; a vincularse y hacer negocios con pequeñas empresas de jóvenes empresarios.
Para concluir quiero agradecer al Señor Ernesto Gutiérrez Conte, Presidente de la organización Sector Privado de las Américas, al Sr. Eugenio Marulanda Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio y a los líderes empresariales que los acompañan, por sus esfuerzos por fortalecer los diálogos público-privado en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas comunes. Y a todos ustedes, les agradezco por estar aquí para intercambiar opiniones sobre los principales desafíos de gobernabilidad, desarrollo y competitividad que enfrentan las naciones de las Américas y discutir, en ese contexto, el imprescindible rol del sector privado, de la responsabilidad corporativa y de las alianzas público-privadas.