Permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al Señor Presidente Zelaya, y por su conducto a todos los hondureños, por la generosa acogida que me han brindado en su país.

Es un honor compartir la inauguración de este evento con Ud., Señor Presidente. Entendemos su presencia aquí como una muestra del compromiso de su gobierno con los temas de que nos vamos a ocupar en este Taller: el buen gobierno, la transparencia y la probidad.

Debo agradecer, igualmente, al Tribunal de Cuentas, institución con la que hemos trabajado intensamente en la organización de este encuentro.

También agradezco al doctor Roberto Herrera por el proyecto preliminar de Plan de Acción que ha elaborado para que sirva de base para las consideraciones de este Taller y, por supuesto, a quienes van a participar en él en representación de diversos sectores de la sociedad Hondureña.


Si, para situar en su contexto los temas de este Taller, observemos primero la situación general de nuestra región, podremos advertir que el escenario de crisis financiera y conflictos que caracterizó la década pasada ya ha quedado atrás y que en América Latina se están materializando una nueva situación, mucho más positiva, de crecimiento y estabilidad económica.

En segundo lugar se debe advertir que en los últimos años ha habido avances notables en materia de democracia. Todos los países que son miembros activos de la OEA tienen gobiernos elegidos por el voto secreto, universal e informado de sus ciudadanos. Se trata sin duda de un cambio importante, sobre todo si se lo compara con la situación que reinaba un par de décadas atrás, cuando no había democracia en casi ningún país de la región.

Es posible que haya quienes opinen que se trata de formalidades y que la elección democrática de autoridades no es tan importante como la necesidad de solucionar otros problemas como el atraso, la pobreza, la desigualdad y la inseguridad en que viven muchos de los habitantes de nuestra región. Yo mismo he dicho muchas veces que no basta con ser elegido democráticamente, que también hay que gobernar democráticamente y que la primera obligación de un gobierno democrático es la de proveer a sus ciudadanos de todos aquellos beneficios y soluciones a sus problemas que la misma democracia les promete.


Debemos reconocer, sin embargo, que el primer requisito de un gobierno democrático es ser elegido democráticamente por su pueblo. Que sin gobiernos democráticamente electos no habrá siquiera a quien reclamar o exigir los frutos materiales de la democracia. Por ello debemos reconocer el enorme progreso que hemos tenido en materia de generación democrática de autoridades y decisión democrática de nuestros pueblos. Ese es el elemento determinante de la realidad latinoamericana contemporánea y el marco principal de la actividad que iniciamos este día.

Un segundo marco lo aporta la toma de consciencia que, en general, se ha ido imponiendo en nuestros países en relación a la necesidad, por parte de los gobiernos democráticos, de desarrollar las condiciones para regir de manera efectiva en su país. Para ello se deben fortalecer las instituciones públicas de modo que sean permanentes y permanentemente respetadas y se debe fortalecer también la capacidad de generar políticas públicas estables y consensuadas.

Ya no se oyen voces en América Latina cuestionando la necesidad de desarrollar los mercados, pero tampoco se escucha decir, como se hacía hace no mucho tiempo atrás, que el mercado va a resolver la totalidad de los problemas y que el desarrollo social va a ocurrir espontáneamente. Hoy se reconoce que los problemas de crecimiento, de generación de empleo, la entrega de certezas para la inversión de capitales, la pobreza, la discriminación o la delincuencia son cuestiones que requieren de políticas públicas que no solamente sean democráticas, sino que también deben ser eficientes y eficaces para resolver esos problemas.

No cabe duda que el Estado ha adquirido una mayor importancia. No como antes en tanto Estado empresario, pero si como un Estado cuya función seguirá siendo la de orientar el desarrollo y ejercer una función reguladora importante. Esta función se mantendrá por muchos años más en nuestra región y es en ese marco que los temas de probidad y transparencia de que se van a ocupar ustedes en este Taller pasan a ser centrales.

Nuestros ciudadanos saben que nuestra región no es pobre, que el ingreso per capita de América Latina y el Caribe no es muy diferente del promedio mundial. Por ello les cuesta mucho entender las dificultades y las desigualdades en las que viven. Y por ello también tienen derecho a preguntarse si son gobernados correctamente. Y, al exigir un buen gobierno, lo primero que se preguntan es si éste es limpio: si quienes ejercen la función pública lo hacen de manera honesta.

De ahí que debamos reforzar nuestras actividades en esa materia. Porque la corrupción quita legitimidad a los gobiernos y despoja a las instituciones de los recursos necesarios para entregar los servicios esenciales. Porque la corrupción nos arrebata también la posibilidad de tener un entorno económico y social que estimule la inversión y el crecimiento económico.

Se trata de un daño que perdura en el tiempo más allá de sus orígenes pues es también un problema de imagen: una vez que la población se ha formado la convicción de que sus autoridades son corruptas, cuesta mucho más deshacer esa imagen que lo que costó crearla a través de dos o tres hechos de corrupción.

Por eso estamos acá y por eso es que hablamos juntamente de probidad y transparencia, haciendo siempre la distinción entre esos dos aspectos. Nunca he creído, sinceramente, que la corrupción en algunos de nuestros gobiernos sea del volumen que se dice: creo que es menor. Lo que ocurre es que el grado de opacidad en muchas de sus acciones es tal, que se presta para que los ciudadanos tengan la sensación de que hay manejos oscuros dentro del sistema.

Un ministro de Estado que tiene a su disposición grandes cantidades de dinero con la potestad de gastarlo sin rendir de cuentas, aunque lo haga con honestidad va a tener dificultades para que la gente le crea. Si por el contrario tiene que rendir cuentas de los recursos que utiliza y lo hace de manera transparente de modo que pueda ser verificable por cualquiera, ciertamente no sólo no habrá corrupción sino que también los ciudadanos creerán que no hay corrupción.

Permítanme ahora informarles lo que hemos venido haciendo en la OEA para fortalecer nuestra cooperación en este frente.

Para comenzar, adoptamos el primer tratado internacional en la materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, que hoy se encuentra ratificada por 33 de los 34 Estados Miembros de nuestra Organización.

Esta Convención contempla un conjunto amplio de medidas que los Estados se comprometen a implementar en materia de transparencia. Esas medidas conciernen a áreas tales como el acceso a la información y otros mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión pública, en la contratación de funcionarios, en la contratación pública y frente a conflictos de intereses. Obliga a la declaración patrimonial de los servidores públicos y establece la protección de quienes denuncian actos de corrupción. El Convenio contiene, además, medidas sobre tipificación de delitos y cooperación técnica y jurídica internacional.

Los Estados convinieron luego que no era suficiente sólo con tener un Convenio en esta materia y decidieron hacer el seguimiento de los avances en la implementación de las medidas a las que se habían comprometido. Así nació el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención, un mecanismo de evaluación recíproca entre los Estados, conocido en nuestro medio como “MESICIC”, que comenzó a operar el año 2002.

Desde su creación el Mecanismo se ha consolidado y a ello han contribuido, entre otros, los siguientes factores: Primero, su concepción como un instrumento de cooperación entre los Estados, no como un tribunal con derecho a juzgar. Segundo, el tratamiento igualitario: ningún Estado se ha considerado eximido de someterse a la evaluación. Tercero, se ha consolidado la transparencia en la información. Un Mecanismo de evaluación en esta materia tiene que comenzar él mismo por ser transparente; por ello, los informes nacionales y los aportes de la sociedad civil se publican, entre otros, en la página Web de la OEA. Un cuarto factor ha sido la participación de las organizaciones de la sociedad civil, cuyas contribuciones han sido fundamentales para el Mecanismo y para los análisis nacionales.

El Mecanismo ya concluyó una primera ronda de evaluaciones y durante el presente año debe terminar la segunda. El balance de las evaluaciones realizadas confirma lo que he señalado antes: que las instituciones, los marcos jurídicos y las políticas públicas en esta materia son fundamentales y que, con frecuencia, las fallas en este frente pueden estar en el origen de muchos de los problemas que tenemos en materia de transparencia y probidad.

Estas evaluaciones revelan que, en algunos casos, los países no cuentan con leyes o medidas en los temas examinados; que, en otros, las que existen no son suficientes para los propósitos de la Convención; y que, en otros más, no se puede valorar su efectividad, pues no se pueden conocer los resultados de ellas.

Así, para sólo citar algunos ejemplos, al 54% de los Estados se les recomendó adoptar medidas para ampliar el acceso a la información pública; al 67% tomar previsiones para la efectividad de las normas para la preservación de los recursos públicos; al 82% optimizar el análisis de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para prevenir y detectar conflictos de intereses; y al 85% desarrollar medidas para evitar conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas.

Esta reunión hace parte de un programa de cooperación técnica desarrollado por la Secretaría General de la OEA junto con las autoridades nacionales competentes en cada país, como lo es, en este caso, el Tribunal de Cuentas. En el marco de este programa ya hemos realizado proyectos similares en Argentina, Paraguay, Nicaragua y Colombia, en una primera fase que contó con el apoyo de la Agencia Canadiense de Cooperación.

En esta segunda fase esta iniciativa, además de Honduras, se va a extender a otros 15 países de la región con el apoyo de recursos de cooperación del Gobierno de los Estados Unidos al que quiero hacer explicito nuestro agradecimiento. Asimismo, España nos ha confirmado su apoyo financiero para el desarrollo de proyectos similares en los restantes cinco países miembros del MESICIC.

Desde el comienzo del funcionamiento del MESICIC, Honduras ha participado en forma activa y diligente. El Comité ha adoptado ya dos informes sobre este país y ha recibido en cada una de sus reuniones informes sobre los avances que se han venido logrando en la implementación de las recomendaciones que se le han formulado.

Entre los avances recientes de los que nos ha informado Honduras destacaría la ley de transparencia y acceso a la información pública y la creación y elección de los miembros del Instituto de Acceso a la Información Pública; la creación y los progresos en la consolidación de “Honducompras”; la eliminación del llamado “cerco financiero” mediante la armonización de los documentos de licitación con la normativa de los bancos multilaterales; la aprobación por el Congreso del “Código de Conducta Ética del Servidor Público”; el establecimiento de más de 170 comités de probidad y ética pública; la organización del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos; la creación de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno; y las medidas tomadas para atender las denuncias de los ciudadanos y vincularlos al proceso auditor.

Este Taller es parte del proyecto en que trabajamos unidos con las autoridades de Honduras para continuar ese proceso de avances en el desarrollo de las recomendaciones que le ha formulado el MESICIC.

Su objetivo y características son muy sencillos y prácticos. Teniendo en cuenta los avances ya alcanzados, se busca facilitar la elaboración de un Plan que contemple acciones precisas para la implementación o la continuación o consolidación de las recomendaciones formuladas a Honduras. Este Plan debe servir para la ejecución de las acciones recomendadas, la coordinación interinstitucional y la definición de proyectos específicos de cooperación por otros Estados y por las agencias de financiamiento internacional en los casos en que fuere necesario.

Estoy seguro que las contribuciones de todos los participantes van a permitir conseguir estos propósitos que permitirán a este país ir más allá de los importantes avances que ya ha logrado.

Les reitero mi agradecimiento por permitirnos trabajar junto a ustedes en esta iniciativa y les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.