El 9 de septiembre de 2007 el pueblo guatemalteco acudió masivamente a las urnas para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, 158 diputados al Congreso de la República, tanto por Lista Nacional como por Distrito, y 332 Alcaldes e igual número de Corporaciones Municipales. Del total de 29,364 candidaturas, 3,762 fueron mujeres (12.6% del total), lo que representa un avance en comparación a las elecciones de 2003 (9.5% del total). El proceso convocó a 5’990,029 electores empadronados.

Ya que ninguno de los aspirantes a la presidencia alcanzó la mayoría de los votos, las dos formaciones más votadas, lideradas por Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (28.26% de los votos), y Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (23.55% de los votos), deberán competir en la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 4 de noviembre.

En mi condición de Jefe de Misión, presento este informe verbal ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con las conclusiones preliminares de la Misión de Observación Electoral (MOE), que acompañó activamente el proceso electoral guatemalteco del pasado 9 de septiembre.

El 5 de octubre de 2006 el Gobierno de la República de Guatemala invitó a la Secretaría General de la OEA a observar las elecciones generales. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, acogió la solicitud del gobierno, disponiendo la organización y envío de una Misión de Observación Electoral a fin de monitorear el proceso electoral guatemalteco.

En cumplimiento del artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana, el Secretario General suscribió los acuerdos correspondientes con las autoridades guatemaltecas relativos a los privilegios e inmunidades de los observadores y a los procedimientos de observación.

Organización de la Misión

La Misión se instaló en Guatemala desde la convocatoria de las elecciones el 2 de mayo del presente año, logrando observar de cerca todas las etapas del proceso. Desde la instalación de la Misión se sostuvo reuniones con las autoridades gubernamentales y electorales, los distintos candidatos y partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades de diversos credos religiosos, el sector privado y otras misiones de observación electoral, nacionales e internacionales. Asimismo, sostuvo reuniones con miembros de la comunidad diplomática acreditada en el país y con representantes de los principales medios masivos de comunicación.

La Misión se organizó en base a un equipo central conformado por expertos en temas electorales, en seguridad ciudadana, en financiamiento de campañas políticas, comunicaciones y juristas, además de quienes conformaron el aparato de apoyo administrativo. De igual modo, se contó con 22 coordinadores departamentales y observadores internacionales desplegados en todo el país. En total la Misión contó con 202 observadores entre observadores internacionales y observadores invitados. Los observadores procedieron de 17 Estados Miembros de la Organización (Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Los observadores invitados provinieron de Austria, Corea, Dinamarca, República Popular China, España, Francia, Japón, Noruega y Suiza. En cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea General, en la integración de la Misión se avanzó significativamente en el equilibrio de género. Del total de 202 observadores en el momento culminante de despliegue de la Misión, el 41 % fueron mujeres y el 59 % varones.

Se consideró central en la organización de la Misión incorporar una metodología sistemática de trabajo que será descrita pormenorizadamente en el Informe Final de la Misión, pero que se adelanta como una buena práctica a tener en cuenta por los favorables comentarios recibidos por experimentados. Esta metodología constó de tres componentes fundamentales:

i) fijar metas realizables para la obtención de información, la visibilidad y posicionamiento de la Misión en su tarea de observación. Entre otros aspectos esto se logró con la visita de integrantes de la Misión a todos y cada uno de los 332 Municipios del país;

ii) documentar la misión a través de formatos periódicos estandarizados para apreciar la situación pre-electoral. Ello permitió registrar y conciliar toda la información nacional y que queda como parte de la historia institucional de las misiones de observación electoral de la Organización, y;

iii) retroalimentar con información a toda la Misión. Ello supuso la generación de un sistema de información actualizada para el equipo central y para cada Coordinador con la información de lo que acontece en la Misión a nivel nacional para que todos y cada uno de los observadores tuviese conocimiento exacto de lo que ocurría en la fase pre-electoral.

La Misión efectuó su labor de seguimiento manteniendo permanentemente informadas a las autoridades guatemaltecas, a la opinión pública guatemalteca y al Secretario General de la OEA. Se emitieron cuatro reportes preelectorales, que tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación locales e internacionales. Del mismo modo, dentro del marco del respeto a la no ingerencia, se realizó tareas de alertas ante las autoridades electorales, acerca de los puntos críticos que técnicamente requerían algún tipo de intervención especial inmediata, como, por ejemplo, reforzar las actividades de divulgación del proceso electoral con el propósito de que la ciudadanía tuviera un adecuado nivel de información sobre el sistema de votación y sobre la ubicación de los centros de votación.

Etapa Pre-electoral

Las elecciones generales de Guatemala se organizaron a partir de un nuevo marco jurídico que introdujo retos y desafíos significativos al proceso. El más relevante de ellos fue acercar los centros de votación a los electores a través de 681 nuevas Circunscripciones Electorales Municipales (CEM), descentralizándose de este modo las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en todo el ámbito nacional, haciendo más accesible a las ciudadanas y ciudadanos, especialmente de las zonas rurales, el ejercicio del derecho al sufragio.

De hecho, en este proceso electoral el número de JRV aumentó de las 8,885 que hubo en las elecciones del año 2003 a 13,756; vale decir, un 55% de incremento en el número de mesas de votación. Esto representó un desafío importante para la autoridad electoral en varios aspectos fundamentales tales como la geo-referencia de la cartografía electoral, así como la distribución de materiales, la designación y capacitación de los miembros de las JRV, y la divulgación e información a los electores, tanto sobre la mecánica del voto como sobre donde debía ir a votar. De igual modo, significó para las autoridades de seguridad concernidas el despliegue de mecanismos apropiados para garantizar el orden público en todo el proceso electoral.

Por otro lado, la nueva legislación buscó crear un espacio de mayor control institucional al financiamiento de las campañas políticas. Ello ha impuesto la obligación a los partidos políticos de rendir cuentas de los recursos utilizados en este proceso electoral y al TSE de incorporar mecanismos de monitoreo y seguimiento de los mismos. Las disposiciones legales sobre esta materia han constituido sólo un primer paso que requiere perfeccionamiento. La Misión expresó públicamente que era y es necesario que las organizaciones políticas refuercen el cumplimiento de su deber de informar sobre el origen de sus fuentes de financiamiento. Por otro lado, en ejercicio de su responsabilidad de control y fiscalización, compete al TSE analizar y auditar la información proporcionada. Es aconsejable que la autoridad electoral fortalezca su capacidad de control y fiscalización que le otorga la ley.

La Misión constató los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a la sociedad guatemalteca. Desde su instalación la Misión efectuó un seguimiento y registro de los hechos de violencia, incluidos homicidios y actos de intimidación que afectaron a personas vinculadas al quehacer político, algo que sin duda constituyó un elemento de perturbación del proceso electoral. Recogiendo información de diversas fuentes, la Misión registró desde enero del 2007 hasta el 8 de septiembre, un total de 26 homicidios que afectaron a personas conectadas al quehacer político. Esta cifra, de por sí y al margen de los móviles que se determinen para cada uno de los casos, denota un serio problema que debe resolver la República de Guatemala. El alto número de lamentables hechos de violencia durante el proceso electoral fue objeto de profunda preocupación por parte de la Misión, tanto más por el hecho que, luego de algunos meses de que ellos ocurrieron, no se conocen los resultados de las investigaciones para identificar a los responsables y establecer los móviles de estos crímenes.

La preocupante situación de violencia requirió que la Misión desarrollase una línea de trabajo especial con expertos especialmente convocados, para verificar la incidencia de este problema en el proceso electoral. De igual modo, se desplegó a los observadores internacionales con indicaciones precisas de verificar los focos de conflictividad, relacionados sobre todo con las elecciones a nivel municipal.

La Misión efectuó un pormenorizado seguimiento de la situación de violencia, registrando los posibles focos de conflicto, realizando comprobaciones con la información procesada de todo el país provenientes de los observadores internacionales, lo que permitió instar a las autoridades electorales y gubernamentales, dentro del respeto a la no ingerencia, a que reforzaran sus medidas de coordinación para asegurar la seguridad tanto de los candidatos como del electorado en general, con el propósito de asegurar el libre y pleno ejercicio de sus derechos políticos consagrados en la Constitución Política de Guatemala.

Gracias al cuidado que se tuvo de tener una presencia nacional, la Misión fue identificando los municipios más vulnerables frente a posibles hechos de violencia electoral, con el objeto de evitar que, como en procesos anteriores, ellos se presentasen, especialmente como consecuencia del descontento de sectores de la ciudadanía con los resultados electorales. Contó para ello con la valiosa información de varias instituciones públicas (TSE, Policía Nacional Civil –PNC- y Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH), otros grupos de observadores (Mirador Electoral) y, muy especialmente, con los informes de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República. Como parte del ejercicio responsable de la tarea de observación, la información sistematizada sobre conflictividad fue permanentemente compartida con el Ministerio de Gobernación y la PNC para que adoptaran las medidas preventivas adecuadas. También sirvió para que la propia Misión, en coordinación con las autoridades electorales, promoviera acuerdos en los municipios más vulnerables, así como la difusión masiva del Compromiso ante los Ciudadanos Guatemaltecos, invocando a líderes y liderezas políticas a respetar los resultados electorales.

El Ministerio de Gobernación consideró seriamente este problema y afrontó el reto que significaba otorgar el marco de seguridad en las elecciones desplegando esfuerzos muy importantes. Aceptando una invitación de la Ministra de Gobernación y del Director General de la Policía Nacional Civil, la Misión desplegó un equipo de observadores al Centro de Operaciones Policiales instalado en la Dirección General de la Policía para observar los esfuerzos de la PNC en el mantenimiento del orden y la seguridad pública durante los comicios y establecer una coordinación directa con la institución policial para el intercambio de información.

Todo ello significó que, a pesar de la conflictividad que se pronosticaba, el proceso electoral desenvolvió en términos muy razonables. Nuestra conclusión preliminar sobre este particular es que la comunidad internacional y, en particular, la Misión de la OEA han contribuido de manera activa a ejercer un papel disuasivo en los numerosos conflictos pronosticados. La Misión reconoce los esfuerzos realizados por el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad y el orden público en día de las elecciones.

En cuanto a la campaña política, cabe destacar que esta se desarrolló, en líneas generales, con normalidad. La Misión recogió, no obstante, el reclamo de varias organizaciones políticas y candidatos sobre la falta de equidad en la cobertura mediática para todos los candidatos que, según indicaron, privilegiaron la cobertura de las campañas políticas de aquellos candidatos que aparecían más favorecidos por las encuestas y sondeos de opinión.

Denuncias

La Misión en su labor de observación recibió un total de 95 denuncias. De estas, un total de 50 fueron recibidas en la etapa preelectoral, mientras que 45 lo fueron el mismo día de las elecciones y en la etapa postelectoral. Se considera que hubo un adecuado acceso al sistema de denuncias de la Misión, por parte de las organizaciones políticas y Comités Cívicos dado que el 90% de las mismas fueron interpuestas en zonas del interior del país, es decir, fuera del Departamento de Guatemala.

La casuística sobre las denuncias recibidas revela una amplia gama que va desde las amenazas, actos de intimidación, campañas negras, trasiego de votantes, problemas con el padrón, duplicación en la numeración de cedulas, supuesta suplantación de votantes, entre otros aspectos. Las denuncias fueron transmitidas a las autoridades concernidas.

Compromiso ante los Ciudadanos Guatemaltecos

La Misión se complace en destacar el Compromiso ante los Ciudadanos Guatemaltecos. Se expresó en él la madurez cívica de los candidatos presidenciales y los partidos políticos. A seis días de las elecciones se suscribió solemnemente dicho acuerdo, al que se llegó, con la iniciativa y el auspicio de la Misión, por la convocatoria de la Conferencia Episcopal, la Comunidad Judía y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Guatemala. El objetivo del mismo era y es fortalecer la institucionalidad democrática y reafirmar que reconocerían únicamente los resultados que arrojara la máxima autoridad electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La Misión ha recogido testimonios de diversos actores del proceso electoral en el interior del país, acerca de cómo este Compromiso logró impulsar similares esfuerzos de convergencia a nivel local, lo que finalmente contribuyó decididamente a reducir al mínimo la conflictividad entre partidos y grupos locales que se preveía sucedería el día de las elecciones. Debe destacarse el importante papel jugado por los medios de comunicación guatemaltecos en la forma en que relevaron y difundieron la trascendencia e importancia de este acuerdo. El Compromiso ha sido respetado en la primera vuelta y, al mantener su vigencia, confío en que lo será también en ocasión de la votación del 4 de noviembre.

Día comicial

Superando algunos pronósticos de que se pudiese ver ensombrecido el día de la votación por actos de violencia, la jornada electoral del 9 de septiembre se desarrolló en un ambiente de normalidad. Sin duda, fue una fiesta cívica en la que la gran mayoría de los ciudadanos guatemaltecos se expresó de manera libre, ordenada y transparente.

Los observadores de la Misión, que estuvieron desplazados por todo el país, pudieron constatar que, por lo general, se respetaron las horas de apertura y cierre de las mesas de votación. Asimismo, las mesas de votación observadas disponían de los materiales y documentación electoral necesarios para que los electores emitieran el sufragio. Las Juntas observadas se integraron con los miembros titulares, quienes cumplieron adecuadamente la función para la cual fueron capacitados. Los observadores de la Misión notaron una presencia significativa tanto de observadores nacionales, como de fiscales de partidos políticos en las mesas de votación, lo que brindó mayor transparencia al proceso electoral.

La Misión destaca que se cumplió con el importante reto de descentralizar el sistema electoral, acercando los centros de votación a las zonas rurales. Esto se vio traducido en el funcionamiento, en líneas generales adecuado, de las Juntas Receptoras de Votos y en un alto grado de concurrencia de los electores. Es más, aunque la participación electoral en todo el país fue de alrededor de 60% de los ciudadanos empadronados, en las zonas rurales esta superó el 70%, algo que demostró el valor que otorgaron los electores a la oportunidad de ejercer su derecho al voto cerca de su domicilio. Más de medio millón de electores adicionales votó en los comicios del 9 de septiembre en comparación a las elecciones generales del 2003.

Aunque el Tribunal Supremo Electoral debió enfrentar retos significativos en la organización de este proceso electoral, la Misión reconoce los esfuerzos realizados y felicita a este organismo por el adecuado cumplimiento de una iniciativa que indudablemente permitió profundizar el proceso democrático en Guatemala al hacer más accesible a las ciudadanas y ciudadanos de las zonas rurales del país el ejercicio del derecho al sufragio. Asimismo, la MOE felicita a las miembros de las Juntas Electorales Departamentales, las Municipales y de las Juntas Receptoras de Votos por la organización e implementación del proceso de descentralización en todo el país.

Por otra parte, es importante mencionar que si bien a nivel local, se presentaron situaciones de conflicto y de impugnaciones, ello no ha empañado el proceso en general. En muchos casos, se presentaron dichos conflictos por temas vinculados a la reelección de alcaldes. El Tribunal Supremo Electoral actualmente se encuentra por resolver más de 20 recursos, bien sea de nulidad o revisión, interpuestos en las Juntas Electorales Departamentales.

Conclusiones y agradecimientos

Lo ya avanzado permite que la Misión exprese su sincera felicitación a la ciudadanía guatemalteca por su alto espíritu cívico, así como por su ordenada, entusiasta y pacífica participación en los comicios del 9 de septiembre. Sin duda, es una muestra viva de la vocación democrática del pueblo de Guatemala.

Asimismo, la Misión hace propicia esta oportunidad para agradecer a los gobiernos de Canadá, República Popular China, Corea, España, Estados Unidos, Japón, Noruega y Perú por sus valiosos aportes financieros, que permitieron el cumplimiento de nuestros objetivos.

El proceso electoral guatemalteco no ha concluido; muchos de los retos planteados durante la primera vuelta electoral mantienen su entera vigencia en esta fase del proceso que se encuentra en pleno desarrollo. Esperamos que de superarse las limitaciones financieras que en este momento se enfrentan, la Misión se pueda dinamizar nuevamente con el propósito de estar a la altura de las exigencias democráticas de las instituciones y del pueblo de Guatemala.