Señor Presidente,

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Secretaría General la presentación del Noveno Informe Trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAAP-OEA en Colombia, el cual contiene información detalla sobre los avances y dificultades del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC.

En primer lugar es importante advertir al Consejo que el informe hace referencia al periodo comprendido entre enero y marzo del presente año, de forma que algunas de las circunstancias allí anotadas han variado y en algunos campos la respuesta del estado empieza a dar frutos.

IMPORTANCIA DE LA MAAP.

El Gobierno de Colombia desea destacar el papel crucial que ha tenido la MAAP-OEA en el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las AUC y la importancia del permanente monitoreo al mismo, lo cual ha contribuido a enfocar la respuesta del Estado sobre aquellos aspectos que han sido fundamentales en el proceso.

El Gobierno Colombiano reconoce la importante labor que viene realizando la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) en nuestro país y cree firmemente que, como dice el Informe, la generación de confianza entre las comunidades, que carecieron de apoyo del Estado, y las instituciones, es una de las labores más importantes que desarrolla la Misión.

En este sentido, resulta cada vez más relevante el apoyo de los Estados miembros y Observadores Permanentes a la Misión. Ello ha sido factor decisivo para que pueda fortalecerse y ampliar a buena parte del territorio nacional su trabajo de verificación. También quiero destacar hoy la cooperación que nos está prestando la Secretaría General en la labor de desarme y desminado humanitario y la amplia colaboración que existe entre la Misión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tal como lo menciona el informe, el proceso de desarme y desmovilización ha contribuido a una importante disminución de los índices de violencia. Asimismo, ha retornado la institucionalidad a las regiones, y ha permitido el retorno de las comunidades y facilitado la reconstrucción del tejido social en poblaciones antes abandonadas por largo tiempo.

Para Colombia es de vital importancia la visión de la MAPP/OEA, en el sentido de que “Colombia está construyendo un proceso que deslegitima el fenómeno de las autodefensas”, y que “..en el marco de la desmovilización de un grupo armado irregular que contaba con más de 30.000 integrantes y 18,000 armas…se ha comenzado incipientemente a recomponer la institucionalidad y las comunidades han comenzado lentamente a recuperar la confianza…”.

Compartimos la preocupación de la Misión en cuanto al fenómeno de reagrupamiento o rearme de los desmovilizados. Sobre el particular deseo destacar algunos aspectos contenidos en el informe:

El Gobierno de Colombia comparte la preocupación de la MAPP/OEA, en cuanto a los riesgos y peligros que el narcotráfico plantea al proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas y la reinserción de los excombatientes, en particular por las consecuencias que puede tener en el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales y en el éxito del proceso de reintegración. En tal sentido agradece el reconocimiento que la MAPP/OEA hace en cuanto a que “..el Gobierno ha dado respuestas efectivas al surgimiento y permanencia de estructuras armadas al margen de la ley…”.

Los nuevos grupos se intentan estructurar alrededor del negocio del narcotráfico, están claramente aliados con la delincuencia común organizada y no tienen agenda política alguna.

Esta es una de las mayores preocupaciones del Gobierno, el Presidente de la República ha dado la orden expresa y urgente a la Policía Nacional de combatir el surgimiento de dichas estructuras. En este sentido, se ha puesto en marcha un plan operativo cuyos resultados han sido objeto de informes públicos mensuales.

Las principales acciones que en la actual etapa del proceso de paz esta adelantando el Gobierno de Colombia son:

1. Acción de Policía.

El Gobierno está tomando toda una serie de medidas para poner fin a esta actividad ilicita. En primer lugar, se están haciendo enormes esfuerzos para desarticular las nuevas bandas criminales. Los resultados hasta la fechas son muy significativos. Durante el año 2006 y el 2007, la Fuerza Pública ha desarrollado un total de 69 operaciones de alto impacto, logrando la captura de 1.675 de sus integrantes (251 eran desmovilizados, 12%), la baja en confrontación con las diferentes unidades ha sido de 409 integrantes, se han incautado 408 armas de fuego y se han inmovilizado 106 vehículos.

Del total de capturas, se deben destacar 6 cabecillas de primera línea de las bandas que delinquen en departamentos de la Costa Atlántica, Antioquia, Córdoba, Meta, Eje Cafetero, Magdalena y el Urabá Antioqueño.

Adicionalmente, se están tomando medidas para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en áreas de desmovilización de las cuales las mas destacadas son:

• La Policía Nacional está fortaleciendo sistemáticamente su despliegue y cobertura territorial con la instalación de 200 Estaciones más de Policía, durante los próximos 4 años, en áreas estratégicas del territorio nacional por la influencia de los grupos al margen de la ley.

• Se está desplegando nuevos Escuadrones Móviles de Carabineros – EMCAR, para boquear los corredores de movilidad y abastecimiento de estos grupos ilegales, y lograr neutralizar el negocio del narcotráfico, a partir de la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción de drogas ilícitas e insumos.

• El Ejército Nacional consolidó en primera instancia un “cuerpo elite de búsqueda” en el departamento de Norte de Santander, con participación de 120 efectivos y apoyo de otras fuerzas e instituciones. Asimismo, se activó en esta región del país la Brigada No. 30 y la Brigada Móvil No. 15, con el propósito fundamental de garantizar la seguridad de la población e impedir la expansión de los grupos armados ilegales (BACRIM, FARC y ELN).

• Se activó la denominada “Fuerza Conjunta de Acción Decisiva” (FUCAD), conformada por las Brigadas Móviles 16, 17 y 18, que inicialmente ha sido desplegada en el norte del país.

• En el sur-occidente del país, considerada una de las áreas más criticas en la actualidad, se activó la Brigada Móvil No. 19.

• En el departamento del Chocó, se consolidó la Brigada No. 15.

• El Ejército Nacional mantiene operaciones ofensivas permanentes en regiones estratégicas en las que han pretendido influir las Bandas Criminales al Servicio del Narcotráfico, como es el caso de Antioquia (Urabá – nordeste), Córdoba, Cesar, Magdalena, Sucre, Nariño y Caquetá, entre otras.

• El esfuerzo gubernamental por recuperar el tejido social en las antiguas áreas de influencia de las autodefensas, parte de la necesidad de garantizar el retorno de los núcleos humanos que habían sido desplazados por la fuerza; en ese esfuerzo, el Ejército Nacional ha jugado un papel fundamental, mediante la disposición de unidades militares para tal fin.

• Dentro de los casos concretos que vale la pena mencionar se encuentran: departamento del Chocó y región del Urabá antioqueño. Departamentos de Nariño y Putumayo. Departamentos de Tolima y Cauca, entre otros.


2. Verdad y Justicia.

Colombia ha empezado la aplicación de un ley de de Justicia y Paz la cual representa grandes desafíos para la institucionalidad y el pueblo colombiano. En la medida en que la aplicación de esta ley transicional sea eficaz en Colombia habrá verdad, justicia y reparación permitiendo la reconciliación nacional. Este gran reto requiere de la ayuda de la región y de la comunidad internacional.

En un hecho sin precedentes, y pesar de las dificultades, más de cuarenta mil víctimas han comenzado a organizarse con el fin de reclamar sus derechos, lo cual refleja la confianza de la población en las Instituciones y en el proceso mismo.

Por otra parte, con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, está comenzando a conocerse la verdad. La información entregada en las primeras versiones libres se ha señalado la ubicación de cuerpos de las personas que fueron denunciadas como desaparecidas. Evidentemente, esto es un paso importante para que los familiares de estas víctimas puedan conocer lo que sucedió con su ser querido e iniciar su etapa de duelo. Todo esto contribuirá al fortalecimiento democrático y a la reconciliación nacional.

3. Atención a desmovilizados.

La preocupación de la OEA según la cual un débil proceso de reintegración impondría serios riesgos al Proceso de Paz es compartida por Colombia. Es por eso que el Gobierno ha rediseñado el programa de reinserción. Uno de los avances más destacados en este proceso fue la expedición del decreto 395 por medio del cual se reglamenta la Ley 418 de 1997 y la creación de la Alta Consejería para la Reintegración, mecanismo mediante el cual se dio respuesta a la necesidad de fortalecer los procesos de retorno a la vida en sociedad de la población desmovilizada. Dicha necesidad se hizo explícita al interior del mismo gobierno, de la agencias de cooperación que apoyan el proceso y de la misma MAPP/OEA en informes anteriores.

Una vez creada la Consejería, se ha trabajado de manera rápida, primero, en un diagnóstico profundo de las necesidades y situación del proceso de reintegración, y en una segunda medida, en la ejecución de las actividades necesarias para apoyar a los participantes de proceso.

Con la nueva reglamentación, se pretende establecer disposiciones con las cuales se responda a las necesidades de la población desmovilizada y permitan lograr su reintegración social y económica sin límite de tiempo, enfocándolo en las necesidades de los desmovilizados y las necesidades de la comunidad.

Las rutas de reintegración que el Gobierno Nacional le está ofreciendo actualmente a la población desmovilizada se diseñan a la medida, según las necesidades de cada desmovilizado. La atención que se ofrece también es más personalizada, y está regionalizada. Se ha pasado de una proporción de 1 trabajador social o psicólogo por cada 2.050 desmovilizados a 1 por cada 120, de dos enlaces de salud a 9, de 20 personas gestionado cupos educativos a 47.

Para ejecutar las nuevas estrategias, se pasó de 9 Centros de Referencia y Oportunidades (CRO) a 37 Centros de Servicio ACR-locales, el nuevo enfoque ha implicado la descentralización de los servicios, más del 75% del personal trabaja en las regiones.

De otra parte, el programa de reintegración tuvo que expandirlo para incluir las nuevas comunidades receptoras, que en muchos casos fueron también victimas de la violencia.

Para este fortalecimiento se contó con el apoyo y participación de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM- y la Embajada de los Estados Unidos.

En lo que respecta a las Brigadas de Cierre de Brecha de Servicios, lo principales obstáculos que se habían previsto, fueron minimizados y los resultadazos de las mismas superaron las expectativas. A las brigadas llegaron más de 27.500 personas, de las cuales 22.440 personas fueron desmovilizadas colectivas.

De otra parte se replanteó la estrategia de proyectos productivos para garantizar que las personas que accedan a estos desarrollen condiciones de estabilidad. Adicionalmente, se estableció que la financiación de los nuevos proyectos productivos estará atada a un modelo de créditos, y además, se definieron varias iniciativas en las cuales puede participar el sector privado: Fondo de Inversión con Beneficio Social, Fondo de Becas, Banca de Tiempo, Fondo Peace Bulding. A la fecha hay 1.267 proyectos que se están revisando con el modelo anterior, y hay más de 40 iniciativas de vinculación del sector privado.

En cuanto a la ayuda humanitaria, el enfoque de este servicio se ha modificado. A partir del mes de septiembre de 2007, entrará en funcionamiento un modelo de acceso al Apoyo a la Reintegración (nuevo nombre de la ayuda humanitaria), en donde la base del esquema es que esté condicionado al esfuerzo y compromiso del desmovilizado durante el proceso de reintegración.

El gobierno nacional es consciente que la reintegración de los desmovilizados tanto de las autodefensas como de las guerrillas, es el componente social fundamental de la Política de Seguridad Democrática para consolidar los logros alcanzados en los últimos 5 años.

Entendemos la importancia que el programa juega en la consolidación de paz en Colombia y en la prevención del reclutamiento de excombatientes. Escuchamos y compartimos muchas de las preocupaciones del Secretario General en su informe, y nos moveremos para atenderlas y aclararlas de una manera que satisfaga nuestro fin común que es la consolidación de paz en Colombia.

No quisiera finalizar esta exposición sin resaltar el contexto en el cual ocurren los hechos que nos ocupan.

Colombia está librando una lucha sin cuartel contra el narcotráfico: 647 toneladas de cocaína incautada desde agosto de 2002 en que inició su ejercicio la presente administración, 9.113 fábricas de sustancias ilícitas y cerca de 600 narcotraficantes extraditados. Se han capturado 13.530 miembros de bandas criminales al servicio del narcotráfico y 1.741 miembros han sido abatidos.

Colombia a pagado un enorme precio en vidas de hombres y mujeres de nuestra fuerzas armadas y de policía, así como otros muchos miembros de nuestra sociedad en la lucha contra el narcotráfico, negocio que prende ser dominado por guerrilleros, autodefensas y otros narcotraficantes. El país llego a tener 28.837 homicidios en el 2002, una tasa de 66 por 100.000 habitantes. Hoy gracias a la política de Seguridad Democrática se ha logrando que los derechos humanos y las libertades ciudadanas puedan garantizarse a todos los colombianos: el año pasado (2006) el índice de homicidios se redujo a 17.479 homicidios, una tasa de 38 por 100.000 habitantes.

Por ultimo queremos reiterar el enorme agradecimiento de Colombia a los países que con generosidad han colaborado a financiar la Misión MAPP OEA, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, la República de Corea, España, Estados Unidos, Guatemala, Holanda, Irlanda, México, Noruega Suecia y Tailandia.

El Gobierno de Holanda ha sido el principal donante desde el inicio de la Misión.

También queremos destacar y agradecer la conformación del Grupo de Países Amigos de la MAPP/OEA en Colombia, dentro de los que se encuentran Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, México, Noruega y Suecia.

Finalmente, señor Presidente, quisiera solicitar que el texto de esta intervención sea distribuida y anexada al informe como documento oficial de la OEA.

Muchas Gracias.