La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de protección internacional de naturaleza única, que ha mantenido un rol protagónico durante 40 años en la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas, desde distintos ejes, adaptándose a los nuevos desafíos. A lo largo de más de cuatro décadas, la Comisión ha acompañado a esta Organización en la solución de los problemas que nos afectan a todos los habitantes. En esta cruzada la Comisión ha utilizado de todas y cada una de las herramientas que le ofrecen los instrumentos que la rigen: visitas de observación en el terreno, informes generales y temáticos, medidas urgentes de protección, sistema de casos individuales, soluciones amistosas, sometimiento de casos ante la Corte Interamericana, relatorías y actividades de promoción. Herramientas que han sido forjadas por la tenacidad y audacia de sus integrantes, por el empuje de las víctimas y sus representantes, y, en particular, por la visión y compromiso de los Estados, entorno a principios fundamentales por todos compartidos.

Justamente su naturaleza cuasijudicial permitió, que en los ’70, la Comisión fuera la principal voz de la comunidad internacional denunciando las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras; y que, en la actualidad, continúe su rol de alerta temprana frente a situaciones que comprometen la consolidación de la democracia y, al mismo tiempo, proteja los derechos individuales de ciudadanos del hemisferio.

El cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH ha contribuido a fortalecer el proceso de modificación de políticas públicas, con un enfoque de derechos humanos, tanto en el nivel ejecutivo, como también judicial y legislativo. Entre algunos de estos logros se destacan la liberación de personas arbitrariamente privadas de libertad; la derogación o modificación de leyes que limitan derechos fundamentales tales como aquellas leyes relativas al desacato, o a condiciones laborales abusivas, las leyes que limitan los derechos de las mujeres casadas; y las leyes de amnistía por ser violatorias de la Convención. Asimismo, se destaca el impulso de importantes reformas constitucionales.

Estos buenos resultados han sido ratificados por el reconocimiento de otros sistemas, tanto internacionales como nacionales, que han usado y usan el nuestro como referencia en la protección de los derechos humanos. Así por ejemplo, el sistema africano se encuentra estudiando el funcionamiento de la Comisión así como las relaciones entre ésta y la Corte Interamericana para poner en marcha la recientemente creada Corte Africana. De hecho, una delegación de la Comisión Africana encabezada por las Comisionadas Sanji Monageng y Angela Melo, ésta última Relatora de los Derechos de las Mujeres en África, estará asistiendo como observadora a varias de las actividades programadas en el transcurso del período de sesiones que hoy se inaugura.

Al iniciar las jornadas de trabajo de la CIDH quiero hacer una reflexión sobre los invaluables aportes de este órgano, tanto en la consolidación del Estado de Derecho en las Américas, como en el desarrollo de estándares internacionales de protección de derechos humanos. En cuanto al primer aspecto, es de destacar que para finales de los ochenta las decisiones de fondo adoptadas por la Comisión en varios casos tuvieron un importante impacto en muchos países de las Américas, y en especial en la construcción de sus sistemas democráticos. En ese sentido, los informes y recomendaciones de la CIDH sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana, de una parte; y las relacionadas con la administración de justicia, dieron paso a un cambio decisivo en los sistemas jurídicos latinoamericanos, haciendo eco del clamor de las víctimas, de sus familiares y de organizaciones de la sociedad civil que se resistían a aceptar la impunidad impuesta por los regímenes de facto.

En íntima relación con lo anterior, la Comisión ha dedicado especial atención a los fenómenos de la desaparición forzada y de las ejecuciones extrajudiciales tanto en informes de carácter general como en casos individuales, en los que fijó importantes criterios sobre los derechos de las víctimas a la verdad, a conocer el paradero de sus seres queridos, a la justicia y reparación.

En cuanto a los sistemas democráticos, la Comisión enfocó su trabajo en el desarrollo de estándares mínimos relativos a los derechos electorales, desde dos ángulos: la existencia y eficacia de recursos judiciales para impugnar cualquier parte del proceso electoral; y la importancia de la participación política de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres y los pueblos indígenas.

Por otra parte, ante el desafío impuesto por la amenaza y violencia terrorista, con su informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos la Comisión se propuso brindar a los Estados un catálogo de principios y criterios establecidos por el derecho internacional, que los asistiera en la preparación y aplicación de iniciativas antiterroristas que cumplan plenamente con los derechos y libertades fundamentales.

En los últimos años, la Comisión ha venido desarrollando una serie de iniciativas de carácter temático. Para ello la Comisión creó Relatorías temáticas y unidades especializadas, entre las que se incluyen las relativas a Mujeres, Pueblos Indígenas, Trabajadores Migratorios y sus Familias, Derechos de los Niños, y la Unidad de Defensores de Derechos Humanos. Dichas Relatorías y Unidades han realizado importantes contribuciones al desarrollo de jurisprudencia progresiva que ha reconocido los derechos de sectores tradicionalmente marginados y particularmente vulnerables.

En particular, cabe mencionar cómo el trabajo de la Comisión ha contribuido al desarrollo jurisprudencial sobre derechos de los pueblos indígenas, que se refieren a territorio ancestral, derechos políticos, derecho a la identidad cultural y acceso a la justicia, entre otros. Sobre el derecho de propiedad, la Comisión ha promovido el establecimiento de estándares basado en el carácter colectivo de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

En materia de los derechos de las mujeres, la CIDH ha ejercido su mandato para emitir una serie de recomendaciones prácticas dirigidas a reforzar la obligación de los Estados de organizar su estructura gubernamental para prevenir, investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra la mujer y discriminación. La jurisprudencia de la CIDH hace hincapié en el deber de los Estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra la mujer que implica para ellas un desigual acceso y beneficio a los avances políticos, civiles y sociales. En el marco de este período de sesiones presentaré el informe preparado por la Comisión: Acceso a la Justicia: La Situación de las Mujeres Víctimas de Violencia.

Finalmente, desde la creación de la Relatoría para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha impulsado el desarrollo jurisprudencial en torno al derecho a la libertad de expresión. A través de su trabajo se han promovido importantes cambios en el hemisferio en materia de prohibición de censura previa, despenalización de los delitos contra el honor cuando los afectados sean funcionarios de los Estados o personas públicas, derogación del delito de desacato, así como reconocimiento del acceso a la información pública como derecho humano contenido en la libertad de expresión.

Señoras y señores, resulta crucial que los importantes avances registrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estén acompañados por el apoyo decidido de los Estados al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Este apoyo tiene que ver fundamentalmente con el reconocimiento del sistema como aporte y aliado de los Estados en la defensa de la dignidad humana y la consolidación del Estado de Derecho, antes que como un obstáculo o un adversario en la consecución de los fines comunes que nos unen.

En lo que a la Secretaría General concierne, consecuente con los mandatos de las Cumbres de los Presidente y de la Asamblea General de la Organización, he incluido el área de derechos humanos como uno de los cuatro ejes programáticos de la agenda hemisférica, que orientará su trabajo en el período que resta de mi mandato. En la práctica, dicha decisión se traduce en la consecución de los recursos humanos, logísticos y materiales que fortalezcan las capacidades de la Comisión y la Corte para el cabal cumplimiento de sus funciones. Tarea en la que he contado con el apoyo de Estados Miembros y de importantes contribuciones de países observadores. En ese sentido quiero hacer una especial mención al Fondo de España, mediante el cual se le está dando un importante aporte al sistema interamericano de protección de derechos humanos, para cuya constitución se diseñó, en una empresa conjunta con el Gobierno español, una novedosa modalidad de cooperación internacional.

Ahora, en la arena política, corresponde a los Estados avanzar en desafíos en los que, a riesgo de parecer repetitivo, me veo en la obligación de insistir: la universalización de los instrumentos y el cumplimiento integral de las recomendaciones de la Comisión y las decisiones de la Corte. Estoy conciente que en estos dos aspectos se han dado pasos importantes. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la construcción de un sistema en el que todos los ciudadanos del hemisferio tengan derecho al mismo nivel de protección. Un sistema en el que todas las víctimas que acudan a él y que obtengan el reconocimiento y protección de sus derechos, sean reparadas en los términos y modalidades que sus órganos lo definan.

Gracias.