Señor Presidente:

En primer lugar quiero felicitarlo por su elección y agradecerle al señor Secretario General el informe que nos presentó.

Asimismo deseo expresar mi gran satisfacción de estar presente en estaTrigésima Sexta Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la OEA en representación de la República Oriental del Uruguay y al mismo tiempo agradecer a la República Dominicana como país anfitrión por su generosa hospitalidad y el apoyo presentado a la organización y desarrollo de esta conferencia

El tema central que convoca a esta Asamblea General es el de la gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento para cuyo abordaje debemos considerar tanto las experiencias y aportes que puedan brindar los distintos Estados americanos como la propia Organización.La estrecha vinculación entre el acceso a la información, el desarrollo y la gobernabilidad ya fue puesta de manifiesto en las Cumbres y recogido en Declaraciones, así como también destacado por otros oradores que me precedieron. El acceso de la población a la información es clave para lograr una mayor calidad de vida, combatir de manera frontal el hambre y la pobreza, terminar con la exclusión social a la vez de fortalecer y desarrollar las relaciones sociales entre los sectores gobernativos, privados y la sociedad civil. La presente es una oportunidad de profundizar el tratamiento del tema en el marco de los valores compartidos del sistema interamericano como lo son la libertad de expresión, el acceso democrático de los beneficios de las nuevas tecnologías de información a todos los ciudadanos del continente, la atención preferente a las necesidades fundamentales de los problemas de educación y la salud, en fin las garantías de seguridad. De lo expuesto se desprende que con una mirada amplia el tema atañe a una multiplicidad de derechos humanos.

Dentro de las experiencias prácticas vinculadas al tema que en el caso concreto han beneficiado al Uruguay se encuentra el proyecto de Escuelas de Informática y Ciudadanía de la Universidad de la República, basado en el modelo desarrollado por Roberto Baggio de Escuelas de Informática autogestionadas y auto sustentables en Brasil.

Así como nos referimos a tecnologías de punta no podemos desconocer la realidad de América Latina donde viejas tecnologías como la radiodifusión se mantendrán como medios fundamentales para el acceso a la difusión de la información y comunicación.

Consideramos que toda propuesta al bordar estos temas con una perspectiva social debe enmarcarse en la capacidad nacional. Por ejemplo, en materia de conectividad Uruguay no es factible que innove lo que determina que la idea de tener iniciativas nacionales para el desarrollo de capacidades debería ser abordada desde la posibilidad de desarrollo de software.

El uso del software libre también es un tema de singular importancia, especialmente para el Estado que anualmente gasta millones de dólares en patentes de programas. El uso de programas de formatos abiertos y estándar permite acceder a los mismos, modificarlos y mejorarlos sin costo. Actualmente está siendo tratado por el Parlamento de nuestro país. Sin perjuicio de esto, se debe tener en cuenta que la opción por el software libre o propietario debería estar abierta al usuario en cada caso concreto, definiendo el alcance de los proyectos y la incidencia de estos medios en cada uno de estos. Se deberá por tanto apoyar la creación del ámbito de discusión de estos problemas, en sus aspectos positivos y en sus costos. Sería conveniente facilitar la interacción entre la instituciones científicas y tecnológicas nacionales y regionales en los sistemas productivos locales, promoviendo el desarrollo de actividades de innovación, tendientes a la obtención de productos y servicios de alto valor agregado.

Entendemos que se debería además, promover el intercambio local y regional de contenidos útiles y socialmente significativos, como los vinculados a la ciencia, la tecnología y la capacitación para el empleo. El referido enfoque se extiende a políticas de apoyo a empresas y centros de investigación tanto público como privados creadores de soluciones TICs y a decisiones para aumentar los montos de inversión estatales en investigación.

En lo que a la gestión internacional de Internet se refiere deberá operarse de una forma multilateral, transparente y democrática con la plena participación de los Estados, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Ella deberá asegurar una distribución equitativa de los recursos, facilitar el acceso de todos y garantizar el funcionamiento estable y seguro de Internet respetando al mismo tiempo el multilinguismo. Resulta oportuno destacar que, respecto a las cuestiones de interés público que se relacionan con Internet, el poder de decisión cae dentro del marco de la soberanía de los Estados, quienes detentan los derechos y las responsabilidades en la materia.

El Plan de Acción de Túnez pone de relieve el importante papel que cumple el sector privado y la sociedad civil en el desarrollo de Internet, tanto a nivel técnico como económico y hace un llamado a fortalecer el papel de las instituciones regionales especializadas en la gestión de los recursos de Internet. Por ello Uruguay sostiene que la OEA tiene un papel asignado en esta materia.
Además se promueve la elaboración de programas y de estrategias de gobiernos digitales nacionales (e-gobierno) con el fin de transformar la brecha digital en “oportunidades digitales”, favoreciendo el multilinguismo en un marco de desarrollo de Internet y promoviendo su introducción en sectores como los nombres de dominio, las direcciones de correo electrónico, la búsqueda de palabras clave. En este sentido, Uruguay ha incorporado normas de este tipo en su legislación interna durante esta última legislatura.
Uno de los puntos más importantes de la Cumbre se refiere a la creación de un Foro sobre Gobernanza de Internet, en cuyo marco se iniciará un proceso de diálogo en el cual participarán todas las partes interesadas sobre las cuestiones relacionadas con este tema. Se solicitó también a todos los gobiernos que desempeñaran plenamente su papel en este nivel y que compartieran la responsabilidad de Gobernanza de Internet para elaborar las políticas públicas de manera concertada, con todas las demás partes interesadas en este novedoso Foro.
A nuestro entender se deben adoptar políticas activas en el ámbito del Plan de Acción de Túnez y de eLAC 2007, para garantizar la diversidad cultural y promover el potencial presente en nuestros países y no solo limitarse al consumo de contenidos y tecnologías externas. Estas políticas deben fomentar la creación de contenidos locales y soluciones tecnológicas adecuadas a nuestras necesidades y realidades, mediante el desarrollo de fondos estatales y otros estímulos positivos. También se deben adoptar medidas eficaces que impidan la concentración de las TICs.
Durante el 2º trimestre de 2006 se convocó el primero de estos Foros de Gobernanza, estando actualmente en evaluación los resultados del mismo.

Se entiende que resultan positivos todos los procesos de integración, así como la necesidad de convergencia a nivel de marcos regulatorios. Los compromisos a ser asumidos deben enmarcarse, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por las disposiciones regulatorias y legales de cada país.

Por otra parte, la reducción de la brecha digital exige inversiones apropiadas y duraderas en el sector de la infraestructura y de los servicios, así como el fortalecimiento de las capacidades científicas y de la cooperación entre los países del Sur. Por eso Uruguay hace un llamado a la comunidad internacional para que se adopten las políticas y programas, buscando orientar el apoyo a los Países en Desarrollo, a fin de promover las infraestructuras TIC que sean viables y competitivas a escala nacional e internacional y a aprovechar convenientemente estas tecnologías en su búsqueda del desarrollo, en el marco de la cooperación técnica y del fortalecimiento de las capacidades científicas y técnicas. Todo esto debe contribuir a alcanzar los objetivos fijados internacionalmente y, en particular, los de la declaración del Milenio. Se recomienda, asimismo, el mejoramiento de los mecanismos de financiación ya existentes, a través del fortalecimiento de la cooperación regional, la creación de redes troncales regionales, la reducción de los costos de interconexión, la ampliación del acceso a la red, además de incentivar a la UIT a continuar el análisis urgente de las cuestiones de la conectividad de Internet Internacional.

Nos congratulamos por la creación de un Fondo para la Solidaridad Digital como mecanismo financiero innovador y voluntario que debería permitir transformar la brecha digital en oportunidades digitales para el mundo en desarrollo y que se sumará a los mecanismos existentes para la financiación de la Sociedad de la Información. Tal vez sería bueno considerar algún tipo de solución similar en el marco de la OEA.Uruguay entiende que, en este sentido, sería importante examinar las experiencias de otros países de la región donde se han instrumentado fondos de financiamiento de acceso universal para la posibilidad de implementar mecanismos similares a nivel nacional.

Otro tema entre los que trataremos en esta Asamblea y al cual Uruguay adjudica una importancia fundamental es el relacionado con el derecho a la verdad. Con la constitución de la Comisión para la Paz en el año 2000, nuestro país comienza una política diferente en relación con este tema, ya que por primera vez se alcanza una nómina de detenidos-desaparecidos uruguayos en Uruguay y la región. Se trata de la primera vez que un Presidente de la República recibe a familiares de detenidos-desaparecidos, lo cual demuestra un cambio de sensibilidad a nivel nacional. A partir de la asunción del actual gobierno se opera un cambio sustancial en relación con el Derecho a la Verdad, que se manifiesta en diversas acciones tales como el ingreso a unidades militares en la búsqueda de restos de desaparecidos, exigencia a los Comandantes de las Fuerzas Armadas de asumir responsabilidad en la elaboración de informes en relación con los hechos políticos y la desaparición de personas durante la Dictadura Militar, interpretación de los casos y excepciones comprendidas en la llamada Ley de Caducidad, reconocimiento público de operaciones ilegales perpetradas por militares que culminaran con la desaparición de personas uruguayas detenidas-desaparecidas en la región, desclasificación de los archivos de la dictadura sobre los exiliados, hallazgos de los restos de las víctimas. Estas acciones encaradas por el gobierno en el sentido de entender el Derecho a la Verdad junto al reconocimiento de la memoria, se enmarca dentro de un política pública de recordar, reconstruir y profundizar el conocimiento de nuestro pasado próximo. El derecho a la verdad se concibe así como un derecho colectivo puesto que las violaciones de los derechos humanos trascienden a las víctimas y afectan a la familia y a la sociedad en su conjunto.

La política asumida por el actual gobierno en materia de Derecho a la Verdad está en un todo de acuerdo con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (Ley 15.798), así como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 16.724). Uruguay es asimismo, copatrocinador inicial del Proyecto que Argentina presenta sobre el mismo tema en la CDH y ha apoyado la consagración de este derecho como tal en la Convención de Naciones unidas sobre Desaparición Forzada.

Otro tema que desearíamos mencionar brevemente es el tema del agua como derecho fundamental de los pueblos. El artículo 47 de la Constitución de la República, estipula que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales. Consistentes con este principio, Uruguay suscribió la Declaración Ministerial del IV Foro del Agua, el pasado mes de marzo en Ciudad de México, y la Declaración complementaria en el marco del IV Foro mundial del agua, firmada el 22 de marzo por Bolivia, Venezuela, Cuba y nuestro país. En este sentido entendemos que los Estados deben con la participación de las comunidades, realizar esfuerzos en todos los niveles, a fin de hacer efectivo este derecho para sus habitantes y reafirmamos el derecho soberano de cada uno a regular el agua en todos sus usos y servicios.

Finalmente, deseo destacar la relevancia que reviste para el Uruguay el tema de la gobernabilidad democrática. América Latina enfrenta hoy el desafío de combatir la pobreza, lo cual resulta ineludible a fin de consolidar la democracia. Más del 40% de la población latinoamericana vive en la indigencia. La pobreza es, sin lugar a dudas, una de las mayores amenazas que se cierne sobre la democracia en el Hemisferio. Resulta evidente que no puede existir democracia ni libertades individuales ni justicia social cuando los flagelos del hambre y la pobreza se ciernen sobre nuestras sociedades.

A nivel interno Uruguay creó en el año 2005 el Ministerio de Desarrollo Social, el cual se inserta dentro de un proceso integral de modernización del Estado. Dicho Ministerio tiene por cometido coordinar acciones sociales que permitan superar la indigencia y la pobreza y proponer políticas nacionales en materia social. Asimismo se encarga de coordinar acciones, planes y programas intersectoriales implementados por el gobierno, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación, mediante la cobertura de las necesidades básicas de quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza, buscando de este modo el mejoramiento de sus condiciones de vida y su integración a la sociedad.

Pero a nuestro entender, las iniciativas a nivel nacional no resultan suficientes. Resulta necesario identificar iniciativas a nivel regional que promuevan el avance de programas comunes e impulsen el desarrollo económico y social, la justicia social y la erradicación de la pobreza y de la exclusión en todas sus formas, asegurando así la paz y la democracia en la región. En este sentido compartimos la idea de que es necesario dotar al continente de una Carta Social de las Américas, por medio de la cual se promueva la defensa del derecho fundamental a la vida, y se fomenten los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la protección social, a la vivienda, a la identidad cultural, a la información, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos indígenas. La Carta Social de las Américas permitirá así colocar los temas sociales en un lugar prioritario de la agenda hemisférica. Entendemos además, que resulta fundamental formular un Plan de Acción que haga realidad la aspiración de alcanzar las metas del Milenio. A través de ambos documentos lograrán reforzarse los instrumentos jurídicos democráticos ya existentes en la OEA, y alcanzar los presupuestos básicos que permitan afianzar la estabilidad democrática en la región.

Muchas gracias,