Señor Presidente, Señor Secretario General, Secretario General Adjunto, Colegas:

El Presidente Fernández dijo ayer que el Conocimiento es poder. Construyendo sobre esa idea, yo les digo hoy que “Las Tecnologías de la Información y de la Conectividad empoderan la nueva Gobernabilidad”

La Tecnología de la Información contribuye a la transparencia y a la lucha contra la corrupción.

En primer lugar, la detección por medios electrónicos de transferencias ilegales destinadas o provenientes del lavado de dinero, de las actividades terroristas, del tráfico de personas y otras manifestaciones del crimen organizado posibilitan reacciones oportunas por parte de nuestros gobiernos para combatir esas amenazas a la democracia.

En segundo lugar, la Tecnología de la Información posibilita, y de esto podemos dar testimonio en Nicaragua, presentar en tiempo real todas las operaciones del presupuesto, tanto del que resulta de nuestros propios esfuerzos, como de las actividades que llevamos a cabo con fondos de la Cooperación Internacional de forma que la rendición de cuentas a nuestra población y a los cooperantes extranjeros sea instantánea, ágil y relacionada tanto con el mapa de pobreza, (buscando cómo apoyar más a los más pobres cuando se trata de programas y proyectos sociales) pero que también permite medir nuestra eficiencia en la asignación de recursos, cuando se trata de proyectos y programas productivos en apoyo a los clústers que buscan cómo mejorar la competitividad de nuestras pequeñas y medianas industrias.


En tercer lugar, la Tecnología de la Información facilita y estimula la participación ciudadana. En Nicaragua miles de cybercafés se extienden a casi todo el territorio nacional y permiten a relativamente bajo costo el acceso al internet y por tanto, a los medios de comunicación, a sus secciones de opinión y a las autoridades.

Debemos hacer más, hasta que todos los nicaragüenses y los ciudadanos del continente compartan este acceso y puedan hacernos llegar sus puntos de vista para enriquecer el debate de las políticas nacionales.

En muchos casos las bandas criminales se han beneficiado más que los Estados, de la revolución en las comunicaciones y la globalización. En otras palabras, la delincuencia se ha integrado más rápidamente que la civilidad y el desarrollo.

Si a ese cuadro agregamos que la corrupción recorre la región y que la inseguridad dificulta el desarrollo de bienes públicos esenciales y refuerza las dificultades de la gobernabilidad y de combate a los problemas estructurales de los Estados, no podemos menos que concluir que hoy enfrentamos un desafío inédito.

La democracia que es una condición indispensable para la estabilidad, la paz, la seguridad y el desarrollo, se ve gravemente afectada, pues al no poder destinar todos sus recursos al desarrollo socioeconómico, un desarrollo lento e inequitativo entorpece y deslegitima el desarrollo democrático.

En ese mismo contexto, el populismo, entendido como un síndrome político de carácter demagógico-totalizante, que emerge especialmente durante procesos de transición y movilización social, puede ser un gran detonador de inestabilidad.

El Estado clientelar que genera, ahonda los problemas de injusticia, destruye la expresión democrática, atrasa el desarrollo de las instituciones, inhibe el ejercicio de los derechos e impide el acceso de las grandes mayorías a los bienes públicos básicos.

Para nosotros, la Carta Democrática Interamericana de la OEA, principal instrumento para afianzar los sistemas políticos democráticos, requiere que los países de la región la transformemos juntos en un bien público internacional reconocido y con capacidades efectivas de acción.

En Nicaragua, donde estamos poniendo a prueba la Carta Democrática Interamericana, verificamos que a la luz de nuestra experiencia, ésta debe ser reformada para que pueda encarar los nuevos desafíos lanzados contra la democracia y la libertad, nuevas modalidades de golpes de Estado que aprovechándose de los espacios que al final de la guerra fría se abrieron, socavan el libre funcionamiento del sistema de separación y equilibro de los poderes para, perversamente, instrumentalizarlos en beneficio propio y en detrimento del Estado de Derecho y los derechos ciudadanos.

A la luz del “El Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano” se estableció un mecanismo de acción colectiva en caso que se produjera una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados Miembros de la Organización. De esa manera se llevó a la realidad una antigua aspiración del hemisferio de responder rápida y colectivamente en defensa de la democracia.

Asimismo en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo los Estados Miembros expresaron su convencimiento de que la democracia, la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad americana, y que la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la Organización de contribuir a preservar y fortalecer las estructuras democráticas en el hemisferio;

En la misma Declaración de Managua los Estados Miembros expresaron su convicción de que la misión de la Organización no se limita a la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios fundamentales sino que requiere además una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así como un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que afectan el sistema democrático de gobierno.

Dos elementos soportan el andamiaje de nuestro sistema jurídico-político interamericano: la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. Tal y como preceptúa el Artículo 3 de la Carta Democrática: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”

Siendo que nuestro sistema es un todo armónico e inter-conectado, el Gobierno de Nicaragua ha sido respetuoso de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las considera como instituciones de máxima importancia para la protección de los Derechos Humanos de las Américas.

Prueba de ello es que después de firmar la Convención Americana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969, aceptamos la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Nuestro país ha sido demandado en tres ocasiones ante la Honorable Corte. En cada caso hemos aceptado las responsa-bilidades impuestas por este importante Organismo de Justicia Internacional. Hemos interpretado el celo de la Comisión y de la Corte como signo de su devoción a los derechos humanos.

Con fe en la ecuanimidad de nuestro sistema de Derechos Humanos, nos vimos obligados a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de febrero del 2006, por incumplimiento en el deber de brindar las debidas garantías en la protección de derechos humanos, contenidos en la Convención y en otros compromisos internacionales, en perjuicio de ciudadanos nicaragüenses que viven en un país hermano.

Pero con absoluta sinceridad debo manifestar a esta magna Asamblea General que no se ha cumplido con lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se prorrogó el plazo concedido al gobierno demandado para la presentación del informe de rigor, hecho que ocurrió nueve días después de su vencimiento.

En este caso, se prorrogó por consiguiente por treinta días un plazo ya caduco; y, Señores Ministros, señores Embajadores, señores Delegados, no existe una doctrina jurídica que admita la posibilidad de prorrogar un plazo fenecido, pues solo se prorroga lo que todavía existe, menos aun cuando la no presentación del informe tiene serias consecuencias jurídicas, incluida la aceptación de los extremos de la demanda presentada por Nicaragua.
Oportunamente mis representados y yo solicitamos que se dejara sin efecto la prórroga ilegal de referencia y no obtuvimos respuesta a nuestro reclamo, ignorandose el conocido adagio: “No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se venza”.

Esta utilización ilegal del Reglamento permite que los términos nunca concluyan y que los plazos sean indeterminados, propiciando la inestabilidad en los procedimientos ante la Comisión.

No debemos confundir la autonomía y la independencia de la Comisión con un comportamiento ilegal nacido del ejercicio arbitrario de sus propias reglas. Los miembros de la Comisión deben no solo ser electos democrática y legalmente sino que deben comportarse legalmente una vez electos, aplicando una frase utilizada por el Secretario General.

Señores, aún con obstáculos legales como los mencionados, mi gobierno proseguirá con la gestión para culminar con la demanda ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos donde esperamos conseguir lo que ellos siempre han concedido: justicia cumplida e imparcialidad.

Muchas Gracias.