Desde mediados de los años ochenta, Guatemala ha venido construyendo un proceso político que tiene como propósito principal superar las formas de gobierno autoritarias que han dominado en el país prácticamente desde la declaración de independencia en 1821. La democratización política ha traído importantes avances en cuanto al ejercicio de derechos políticos y libertades fundamentales, y esto a su vez ha provocado la consolidación de instituciones como medios de comunicación independientes del gobierno, el tribunal electoral, la corte de constitucionalidad y la procuraduría de derechos humanos.

Los Acuerdos de Paz han contribuido a ese proceso gradual de democratización política del país, incorporando temas tales como la necesidad de un desarrollo económico social equitativo (elevando en particular el nivel de vida de las poblaciones pobres rurales), el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y la redefinición del papel del ejército y las fuerzas de seguridad en una sociedad democrática.

A pesar de estos importantes avances, Guatemala entra en el siglo XXI con la necesidad de definir una Visión de Nación que contribuya a crear una sociedad incluyente, plural y equitativa, y un estado democrático, concertador y con visión estratégica capaz de enfilar al país hacia nuevos derroteros de progreso, justicia y libertad. Esa Visión de Nación tiene necesariamente que partir de los logros de las últimas dos décadas (particularmente los Acuerdos de Paz), profundizándolos y dándoles una base más sólida para adecuarla a un mundo globalizado lleno de retos y amenazas, pero también de oportunidades.

El desafío de construir colectivamente una Visión de Nación tiene un carácter político, aunque con implicaciones culturales, sociales y económicas. Esto significa que es en la arena de la institucionalidad política que debe debatirse y hacer realidad la Visión de Nación: en el seno los poderes del estado, de los poderes locales, de los partidos y movimientos políticos, y de las organizaciones de la sociedad civil que buscan incidir de manera diversa en las decisiones de política pública. Hay que reconocer en este sentido que no es posible reorientar a la Nación, sin una redefinición desde el Estado. Un nuevo tipo de Estado es el motor principal del cual depende la construcción de un nuevo tipo de Nación.

Quizás uno de los mayores avances en este sentido ha sido la vinculación entre el desarrollo humano, la libertad y la equidad. En esta línea, la construcción de las capacidades de la Nación, ha sido vista como un proceso que le permite a los seres humanos:

- Liberarse de todo tipo de discriminación (raza, origen nacional o étnico, género, religión)

- Liberarse de las carencias materiales y disfrutar de un nivel decente de vida;

- Asumir plenamente su libertad para desarrollarse y para hacer realidad la potencialidad humana de cada uno;

- Liberarse del temor, de las amenazas contra la seguridad personal, de la tortura, de la detención arbitraria y de otros actos violentos;

- Liberarse de la injusticia y de las violaciones al imperio de la ley;

- Asumir plenamente su libertad para participar en la toma de decisiones, para expresar sus opiniones y para organizarse;

- Asumir plenamente la libertad de tener un trabajo decente, sin explotación ni abuso.

Guatemala es un país de contrastes sociales y diversidad cultural, con una población que rebasa los 11.2 millones de habitantes en el 2002, distribuidos en un territorio de 108,889 kilómetros cuadrados. La mayoría de su población el 60.6% vive en el área rural, mientras que el 39.4% vive en el área urbana. El 50 % de la población es de sexo femenino. Más de la mitad de la población es menor de 18 años.

Guatemala se caracteriza por su diversidad étnica, multilingüe y pluricultural, con cuatro pueblos: maya, ladino, garífuna y xinka. Los mayas y ladinos son los grupos mayoritarios. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida del año 2000 (ENCOVI 2000), un 40.5% de la población se identifica como indígena, mientras que un 59.5% se identifica como no indígena. Históricamente el país se ha caracterizado por grandes desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales, que han provocado niveles de exclusión de amplios sectores de la población que no han tenido acceso a oportunidades de desarrollo.

Según los datos de la ENCOVI 2000, el 56.19% del total de la población vive en condiciones de pobreza, alrededor de 6 millones 400 mil personas son pobres y un 15.69% de los guatemaltecos subsisten en condiciones de pobreza extrema, alrededor de 1 millón 800 mil personas son extremadamente pobres. Estas condiciones de pobreza y exclusión social constituyen uno de los mayores obstáculos para poder avanzar en el desarrollo del país.

Las familias afectadas por la pobreza no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, lo cual se refleja en los niveles de desnutrición que afecta principalmente a los niños, niñas y mujeres; tampoco pueden satisfacer otras necesidades básicas como vivienda, vestuario y recreación, ni tienen acceso a servicios básicos de salud y educación. La población rural y los pueblos indígenas han sido excluidas del acceso a la salud, educación y a las posibilidades de desarrollo en general. La desnutrición, las enfermedades diarreicas y respiratorias, la falta de vivienda adecuada y de servicios básicos afecta a miles de familias pobres, tanto rurales como urbanas. El nivel promedio de escolaridad del país no supera los 4.3 años de educación, el analfabetismo afecta al 31.7% de la población mayor de 14 años, principalmente a las mujeres indígenas. Las posibilidades de recreación, deporte y esparcimiento cultural son mínimas para la gran mayoría de la población; son muy pocas las instalaciones, infraestructura, programas y recursos disponibles por el Estado para su fomento y apoyo.

La sociedad guatemalteca transita por situaciones difíciles y complejas de violencia, autoritarismo, intolerancia y exclusión social, que para ser superadas se requiere de un esfuerzo concertado entre los sectores con poder económico y político, para que se de prioridad a la problemática social y el interés común; así como de una activa y positiva participación ciudadana para avanzar en la construcción de una nación intercultural y democrática, que en la construcción de la paz busque su propio desarrollo, reconozca su diversidad y promueva una cultura de respeto a los derechos humanos de todas y todos los guatemaltecos.

EL ESTADO DE GUATEMALA Y LA LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: MAYAS, GARIFUNAS Y XINKAS.

ACCIONES Y LOGROS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Las actitudes discriminatorias constituyen ingredientes de la vida cotidiana y conforman, en su conjunto, una conducta colectiva tenaz, invisible a la vigilancia policíaca, pero que golpea y lacera a la víctima discriminada, por cuanto se refieren al origen étnico o social, la posición económica, lugar de residencia (campo o medio rural y urbano marginal), condición de la mujer en el desempeño de profesión, oficio, ocupación ó negocio, edades; asimismo, al no estar en las esferas gubernativas o burocracia pública, el aspecto salarial, la práctica de usos, costumbres, formas de organización social, sistema normativo, forma de hablar, expresión no castellana o española del lenguaje y dicción, etc.

Es en las esferas anteriores en las que la discriminación oral, actitudinal o social se manifiesta cotidianamente en la calle, mercados, estadios, servicio urbano o extraurbano de transporte, fiestas o uso de servicios públicos, especialmente espacios de recreación o administración, (restaurantes, comedores, discotecas, etc.).

En consecuencia, esta práctica usual y diaria es lo que podríamos denominar la COTIDIANIDAD del RACISMO y DISCRIMINACIÓN en Guatemala.

Ante la situación anterior (DE HECHO…OBJETIVAMENTE O EN LA REALIDAD SOCIAL) se aclara que el Sistema Jurídico Nacional no permite menoscabar los derechos de ningún guatemalteco, salvo las excepciones que la misma ley establece.

Es evidente, socialmente, que las diferencias estructurales entre sectores, grupos o personas en Guatemala, es un hecho innegable. Ante esta situación todas las Constituciones establecen o han establecido el PRINCIPIO DE IGUALDAD que en el caso de la Constitución Política actual está contenido en el artículo 4º.

El Estado de Guatemala y el gobierno de la República relacionando su función con los otros organismos de estado a partir del año 2002 y con mayor énfasis en el último año han trazado una estrategia para combatir la DISCRIMINACIÓN y el RACISMO con diversas medidas institucionales, legislativas y gubernamentales traducidos en mecanismos efectivos que pretenden y buscan combatir la DISCRIMINACIÓN que se da contra los pueblos indígenas en Guatemala, los más importantes son las siguientes:

1. Difundir por todos los medios el contenido de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL; documento que en los discursos oficiales se ha tenido presente y se ha privilegiado su aplicación.

2. Se emitió, a instancias del Organismo Ejecutivo, la Reforma al CODIGO PENAL (Decreto Legislativo número 57 –2002 del Congreso de la República) para tipificar la DISCRIMINACIÓN como delito; el cual se encuentra vigente.

3. Búsqueda de consenso entre las organizaciones indígenas representativas para el nombramiento de la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS que se concreta, por acuerdo gubernativo, en el 2002.

4. Elaboración de una política pública contra la DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO que tiende a incidir en todas las acciones estatales y gubernamentales.

5. En la reforma al Código Penal (Decreto 57–2002) incluir o abarcar la temática de la DISCRIMINACIÓN Y RACISMO en los ámbitos sociales de GÉNERO, CULTURA Y DERECHOS HUMANOS.

6. Emisión del Decreto Legislativo 81–2002, LEY DE PROMOCION EDUCATIVA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.

7. Apoyo del erario nacional, a través del Ministerio de Finanzas, para la COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA.

8. Emisión de la LEY DE IDIOMAS por el Congreso de la República (Decreto Legislativo 19 –2003), en congruencia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e impulso y reconocimiento de las Lenguas Mayas e Indígenas de Guatemala.

9. Proporcionar amplia libertad y facilidades al Relator especial de NACIONES UNIDAS sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Doctor Rodolfo Stavenhagen; y al Relator especial sobre Racismo, Discriminación y formas conexas de intolerancia, Dr. Doudou Diene, en sus respectivas visitas a Guatemala y aceptación de sus recomendaciones.

10. A la fecha, tres sentencias y resoluciones administrativas sancionando actos de discriminación contra personas indígenas.


LA COMISIÓN PRESIDENCIAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS EN GUATEMALA.

Acuerdo Gubernativo 390-2002
08 de octubre de 2002

Integrantes con base a un aspecto de pluralidad y pluriculturalidad:

Ricardo Cajas Mejía. Coord. (Maya)
Blanca Estela Alvarado de Saloj (Maya)
José Francisco Calí Tzay (Maya)
Mario Gerardo Ellington Lambe (Garífuna)
Ramiro López Ramírez (Xinka)

Fecha de toma de posesión: 13 de enero de 2003.

Funciones

a) Asesorar y acompañar a las distintas instituciones y funcionarios del Estado, así como a las instituciones privadas, para desarrollar mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo que se da contra los pueblos indígenas en Guatemala.

b) Formular políticas públicas que garanticen la no discriminación y el racismo contra los indígenas y dar seguimiento a su ejecución.

c) Monitorear las políticas de las instituciones privadas y sugerir criterios a adoptar para afrontar positivamente el problema de la discriminación.

d) Actuar como enlace entre las organizaciones de los pueblos indígenas y el Organismo Ejecutivo en materia de discriminación y racismo.

e) Llevar registro de denuncias de casos de racismo y discriminación, y canalizarlos a las instituciones competentes.

f) Presentar al Presidente de la República informes semestrales sobre el avance del respeto y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales serán públicos.

g) Elaborar informes que el Estado de Guatemala deba presentar en materia indígena ante organismos internacionales.

h) Impulsar campañas de sensibilización ciudadana en contra de los actos de discriminación.

i) Gestionar y administrar la cooperación nacional e internacional para el cumplimiento de sus funciones.

j) Coordinar acciones a nivel nacional con organizaciones de los pueblos indígenas interesadas en la temática de la Comisión para definir políticas y acciones de Gobierno de la República en el ámbito internacional referente a los derechos de los pueblos indígenas.

k) Otras que le determine el Presidente de la República.


PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA EN MENCIÓN:

Debe ser:
Inclusiva
Concisa
Clara
Operativa

Además, debe reconocer y respetar las conquistas mínimas logradas en instrumentos internaciones; por lo tanto esta convención tiene que superar y aportar en aspectos que no han sido abordados.

Que reconozca y se fundamente en la diversidad de investigaciones, estudios, estadísticas, datos, aportes científicos, teóricos, que en la historia y en los últimos años se han realizado y se realizan con relación al fenómeno social del racismo y la discriminación, debiendo estimular el seguimiento de los mismos.

Sumamente inclusiva; debe darle participación a todos los sujetos que perciben y sienten ser víctimas de racismo y discriminación, respetando todas las formas de auto identificación, por lo tanto, para futuras discusiones las representaciones de los grupos o pueblos afectados debe ponérsele énfasis.

Matice todas las formas, manifestaciones, percepciones y aristas del racismo y la discriminación (discriminación estructural, institucional, legal, interpersonal, social, económica, entre otros.).

Llame a la responsabilidad de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra el racismo y la discriminación: gobiernos, empresarios, sociedad civil, organizaciones de afrodescendientes, organizaciones indígenas, iglesias, universidades, organizaciones de trabajadores, de consumidores, etc.


Debe ser una convención operativa:

Establezca que los Estados deben formular políticas públicas, leyes, programas y acciones; y crear instituciones con asignación presupuestaria para atención de la problemática del racismo y discriminación; además que se soliciten planes operativos para el cumplimiento.

Debe ordenar el cumplimiento de las leyes vigentes relacionadas a la lucha contra la discriminación (perceptivas y proscriptitas).

Que contribuya a la creación o ampliación de espacios concretos de participación Política en toma de decisiones a nivel de los Estados para Afrodescendientes, Pueblos Indígenas y grupos vulnerables.


II. Modelos internacionales – Fuente de una Convención Interamericana

II. International Models – Source of an Inter-American Convention