Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
Señor Secretario General de la Organización,
Señor Secretario General Adjunto,
Señores Representantes Permanentes,
Señores Observadores Permanentes,
Señoras y señores:

Es para mí realmente un gran honor dirigirme a ustedes en este foro que constituye el principal espacio de diálogo y concertación entre todas las naciones democráticas del continente americano.

Ante todo quisiera señalar que mi presencia en este recinto de la hermandad hemisférica me genera un emotivo recuerdo de carácter familiar. Permítanme dispensarme esta breve licencia. En efecto, uno de mis ancestros, el internacionalista peruano Víctor M. Maúrtua en la segunda década del siglo pasado, tuvo el privilegio de representar al Perú en la Comisión Internacional de Jurisconsultos Americanos y en las Conferencias Internacionales Americanas. Desde ahí abogó por el fortalecimiento del derecho internacional americano como una expresión de la solidaridad y de la cooperación entre los pueblos del continente.

Nos encontramos, qué duda cabe, en una etapa de transición en el sistema internacional en general, y en el sistema interamericano en particular. En ese marco, el desafío de la OEA es dar respuestas a las demandas de la globalización desigual, con la finalidad de afirmar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, coadyuvar el desarrollo económico y social con equidad, fomentar la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno, y afirmar la vigencia de los derechos humanos incluyendo la realización de los derechos económicos y sociales. El Perú, creyente en el multilateralismo y en el respecto al derecho internacional, comparte todos esos retos y está comprometido a coadyuvar en su solución.

Con 10 elecciones presidenciales programadas en América Latina en los próximos 12 meses, incluyendo las del Perú, nos encontramos en un momento crucial para la consolidación de la democracia en nuestro hemisferio. En esa perspectiva, resulta oportuno reflexionar sobre aquellos aspectos de nuestro régimen jurídico regional, en particular, la Carta Democrática Interamericana, que requiere de un esfuerzo de seguimiento por parte de nuestros Estados, a fin de fortalecer sus principios y sus alcances.

El seguimiento de la Carta Democrática

Con la Carta Democrática nuestro hemisferio logró un avance político y jurídico sustantivo: se elevó el nivel de compromiso de nuestros Estados con la democracia, a la que se otorgó una dimensión integral, no sólo política sino también social y económica, bajo la perspectiva de los derechos humanos. Se trata ahora de afianzar sus mecanismos y de reforzar los compromisos asumidos por nuestros Estados al momento de su aprobación, por iniciativa modestamente del Perú, el 11 de Septiembre de 2001.

Esto requiere de una doble tarea: la primera es definir y poner en práctica instrumentos comunes para enfrentar y prevenir las alteraciones del orden constitucional en nuestros países. Con la Carta, en la línea de la Declaración de Florida, nos hemos impuesto el mandato de responder y, si es posible, ejercer una diplomacia activa frente a los riesgos a la gobernabilidad en nuestros países.

Sobre la base de la Declaración de Florida, es posible y necesario establecer instrumentos de acción común que pueden cobrar la forma de instancias permanentes de observación y consulta, mejor aún con el concurso de la sociedad civil. Por cierto, debemos explorar, al menos en una primera etapa, la posibilidad de que dichos instrumentos de acción común sean establecidos sobre una base consensual. No se trata de imponer posiciones sino de agregar esfuerzos para afianzar la solidaridad democrática respetando los principios de soberanía y de no intervención.

La segunda tarea que se deriva del desarrollo de la Carta Democrática Interamericana es la de mejorar las condiciones de ejercicio de la buena gestión y de la calidad de nuestros gobiernos. Ello tiene que ver con el grado de transparencia, eficiencia, probidad y responsabilidad de nuestras instituciones y con el respeto a los derechos de los ciudadanos, tanto los políticos, como económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta la estrecha relación que la Carta establece entre la democracia y el desarrollo económico y social.

Quiero afirmar muy claramente que para el Perú, la Organización de los Estados Americanos tiene ante sí un importante desafío en el cumplimiento de estas tareas, y estamos seguros de que todos los Estados miembros harán su parte en afrontarlo con éxito.

Las elecciones en el Perú

Otro tema que deseo compartir con ustedes es el referido a las elecciones en el Perú. Hace pocos días se realizó la convocatoria oficial a las elecciones generales del 9 de abril del 2006 en el Perú. Quiero reiterar en este importantísimo foro la voluntad del Gobierno del Presidente Alejandro Toledo de llevar adelante un proceso electoral claro, transparente y justo que, en buena cuenta, significará la etapa final de la agenda de consolidación democrática iniciada hace cinco años con el apoyo solidario de la OEA, nuestra OEA.

Hoy deseo anunciar que el Perú ha solicitado a la OEA la organización y envío de una Misión de Observación Electoral al Perú. Me ha sido muy honroso y grato suscribir hace unos minutos con el señor Secretario General, don José Miguel Insulza, el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades que facilitará la importante labor de los observadores que se designen por la organización.

Quiero aprovechar esta oportunidad igualmente, para expresar la gratitud del pueblo y gobierno peruanos por la generosidad y amplia cooperación ofrecida por los Gobiernos del Brasil, Canadá y de los Estados Unidos de América, cuyos aportes posibilitarán en gran medida la conformación de la misión de observación electoral. Confiamos en que, oportunamente, otros países amigos sumarán sus esfuerzos para garantizar el éxito de la misión electoral de la OEA al Perú.

Democracia, pobreza y crecimiento

El Perú vivirá este proceso electoral con la confianza de que la democracia está avanzando no sólo en el plano institucional, sino también en el social. Si el fin de la democracia es el bienestar de todos, entonces la democracia real es la que puede producir desarrollo económico con justicia. La democracia peruana es un reflejo de ello puesto que también avanza en el plano humano.

Desde el 2001, la política económica y social del Gobierno peruano ha creado condiciones para un crecimiento sostenido y descentralizado, con efectos en el aumento del gasto, el consumo y los ingresos. Según los últimos datos estadísticos publicados recientemente por la CEPAL, entre el 2001 y 2004 el porcentaje de pobres extremos disminuyó de 24,1 a 19,2 por ciento. Las cifras son aún más satisfactorias en la zona rural, donde la pobreza extrema bajó de 49,8 a 40,3 por ciento. Alrededor de un millón de mujeres y hombres del Perú han salido de la pobreza extrema en ese período y la pobreza en general ha disminuido de 54,3 a 51,6 por ciento, especialmente en la zona rural, donde ha descendido de 77,1 a 72,5 por ciento.

La disminución sustancial de la pobreza es un requisito indispensable para la estabilidad de la democracia en nuestro hemisferio. El reclamo popular de mayor democracia es asimismo una parte sustancial del mejoramiento de la calidad de vida de los sectores sociales hasta ahora excluidos. En suma, a mayor democracia, mayor posibilidad de que las políticas públicas respondan a intereses sociales más amplios.

Pero la democracia también tiene una legitimidad económica. El buen funcionamiento de la democracia es una condición para la eficiencia de la relación entre Estado y mercado. A mayor democracia, es menor la posibilidad de que las políticas públicas sean capturadas por intereses particulares. Ello a su vez brinda el contexto apropiado para que la gestión del Estado responda verdaderamente al interés general y sea más eficiente.

Es una buena noticia para el continente que el Perú democrático haya cumplido en noviembre el 53º mes consecutivo de crecimiento económico y 41º mes de crecimiento del empleo formal. Si bien esta evolución positiva no basta para eliminar la pobreza que sufre mi país desde hace décadas, el crecimiento sostenido de la economía y la expansión del empleo contribuyen significativamente a mantener la estabilidad del sistema democrático.

El desarrollo del Perú en los últimos años demuestra la necesidad de un enfoque integral del buen gobierno que tenga en cuenta la legitimidad política, social y económica de la democracia.

Política integracionista

El Perú aprecia en su justo valor los principios y medidas que hemos acordado en la IV Cumbre de las Américas para promover el empleo decente. Creemos que la Declaración y el Plan de Acción abarcan las principales prioridades de nuestros países aunque lamentamos la falta de consenso sobre el comercio hemisférico. El Perú continúa creyendo que el establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio en las Américas es posible y deseable para crear crecimiento y trabajo, sobre todo si tal acuerdo es negociado con atención a nuestras necesidades de desarrollo social, que es también lo que esperamos de la Ronda de Doha.

El apoyo al ALCA se inserta en la vocación integracionista que anima el gobierno constitucional del Presidente Toledo, como una opción estratégica de política exterior. Esta integración se ejecuta en armonía con la visión de un regionalismo abierto, en la que pueden coexistir diversos procesos de integración, tales como la Comunidad Andina, El MERCOSUR y la Comunidad Sudamericana de Naciones, como cabal convergencia de ambos esquemas subregionales.

Democracia y lucha contra la corrupción

Señoras y señores,

La legitimidad de la democracia se ve minada por la injusticia y la desigualdad que persisten en nuestras sociedades. Sin duda, un vector central de esos males es la corrupción en el Estado.

Quien conoce la historia reciente del Perú sabe que el restablecimiento de la democracia ha pasado centralmente por la lucha contra la corrupción. Las instituciones peruanas tienen que superar la permanente prueba de la legalidad y de la justicia para afianzar su legitimidad democrática.

En las Américas hemos avanzado en la lucha contra la corrupción y hemos declarado el año 2006 como el “Año Interamericano contra la Corrupción”. A nivel interno, son mayores y mejores los instrumentos que regulan la transparencia y el control por la sociedad de los actos del Estado. A nivel hemisférico, la Convención Interamericana contra la Corrupción y su mecanismo de seguimiento (MESICIC) expresan el alto nivel de compromiso de los Estados del hemisferio en realizar una evaluación objetiva del grado de aplicación de dicha Convención. Por eso el Perú continuará apoyando las labores del MESICIC. Asimismo, exploraremos con los demás Estados miembros las medidas que contempla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción a fin de reforzar la cooperación hemisférica en esta importante y delicada materia.

La OEA ha expresado su apoyo a los esfuerzos que realiza el gobierno peruano en su lucha contra la corrupción, como quedó reflejado en la Declaración 33 adoptada en la Asamblea General de la OEA de Santiago de Chile, en la que los Estados miembros se comprometieron a brindar a mi país la más amplia cooperación y asistencia para la investigación y juzgamiento por delitos de corrupción y otros graves crímenes a fin de combatir la impunidad.

En el marco de la Convención, la Resolución 2022 aprobada por la Asamblea General en Quito en 2004, hizo un llamado para que los Estados asuman con eficiencia la obligación de cooperación con el propósito de asegurar que aquellos funcionarios que hayan ejercido el poder político - incluso en los niveles más altos - y que hayan cometido actos de corrupción sean puestos a disposición de las autoridades de los países donde se cometieron esos delitos para ser juzgados por sus tribunales nacionales.

Como todos sabemos, la extradición es un principio de antigua raíz americana. A la luz de ello conviene examinar la llegada a Chile de Alberto Fujimori. Quiero recalcar aquí que el señor Fujimori está legalmente imposibilitado de postular a la Presidencia del Perú. Así lo ha confirmado recientemente el Jurado Nacional de Elecciones en cumplimiento de las decisiones del Congreso de la República y del Tribunal Constitucional. Deseo informar que el Perú, en pleno respeto de las normas internas e internacionales que garantizan el debido proceso, pero a la vez fiel a su compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad y consciente del amplio consenso hemisférico existente en ésta materia, está preparando los expedientes destinados a solicitar formalmente su extradición. El Gobierno del Perú confía en que las instituciones correspondientes del Estado chileno examinarán y decidirán sobre el asunto, de manera objetiva y oportuna, de conformidad con las normas aplicables y en el marco del Tratado de Extradición vigente entre los dos países del año 1932, teniendo en cuenta que este caso involucra actos de corrupción y actos violatorios de los derechos humanos en el ejercicio del gobierno.

Democracia y derechos humanos

El ejercicio pleno de la democracia, significa también garantizar la plena vigencia y protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos y asimismo mejorar el funcionamiento del sistema interamericano sobre esta materia. En este campo, existe un amplio consenso hemisférico.

El Estado peruano atribuye gran importancia al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mi país mantiene un fluido canal de interlocución tanto con la Comisión como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar los numerosos casos que ha heredado de los acontecimientos vividos en el país en las décadas anteriores. El Perú busca resolver muchos de estos casos con soluciones consensuadas en estrecho diálogo con las instancias interamericanas.

Respecto a la Corte Interamericana, el Estado peruano, luego de declarar nulo el retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa de dicho tribunal decidido en 1999, está cumpliendo con el pago de las indemnizaciones establecidas por la Corte y se ha allanado a las demandas donde se evidencian elementos de responsabilidad del Estado.

Finalmente, como parte del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, el Perú ha dejado sin efecto las leyes de amnistía y ha reabierto numerosos procesos por violaciones a derechos humanos que habían sido concluidos en base a dichas leyes. Asimismo, se han vuelto a revisar en el fuero ordinario y dentro de un estricto cumplimiento del derecho al debido proceso, cientos de casos por terrorismo y traición a la patria que habían sido inicialmente sometidos al fuero militar. Estamos comprometidos con el imperio de la ley, con la legalidad y contra la impunidad.

A pesar de los compromisos asumidos en el hemisferio, es indudable que queda mucho por hacer para fortalecer el sistema. La prioridad ineludible es un mayor financiamiento que permita el funcionamiento permanente de la Comisión y de la Corte y el mayor acceso a estos órganos por parte de nuestros ciudadanos.

Conclusión

Señor Secretario General,

En suma, deseo compartir el convencimiento del Perú de que este es un momento crucial para la democracia en nuestra región. La OEA demostrará su relevancia histórica si es capaz de contribuir a sostener la legitimidad política, social y económica de la democracia mediante acuerdos consistentes y acciones concretas y oportunas. Estamos seguros que así será. He venido ante ustedes a reafirmar que el Gobierno del Perú está decidido a colaborar para que nuestra Organización se eleve a la altura de esta histórica exigencia.

Finalmente, quiero reiterar el compromiso del Gobierno del Presidente Alejandro Toledo de llevar a cabo un proceso electoral inobjetable que concluya con la entrega del poder a quien el pueblo peruano decida escoger.

Muchas gracias.