En el contexto de la Resolución sobre “Defensores y defensoras de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos y Organizaciones de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los derechos humanos en las ameritas”, aprobada el 7 de junio de 2005 por la Asamblea General de la OEA, quisiera hacer algunas observaciones con respecto a la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en las Américas. Esa resolución reconoce y condena situaciones que impiden o dificultan las tareas de personas, grupos u organizaciones que trabajan en la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y reitera el respaldo de la OEA a la tarea que desarrollan los defensores y defensoras de los derechos humanos. Reconocemos y agradecemos este respaldo y el esfuerzo de los Estados por apoyar y proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. No obstante, nos permitimos poner de presente ante esta distinguida Comisión algunas preocupaciones sobre la situación actual de los defensores y defensoras.


El movimiento regional de defensores y defensoras de derechos humanos

En el último año ha habido dos encuentros de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel regional: la Tercera Consulta Latinoamericana de defensores y defensoras de derechos humanos en agosto de 2004, y el primer Encuentro Centroamericano de Defensoras y Defensores y defensoras de Derechos Humanos a principios de septiembre de 2005. De las conclusiones y recomendaciones que surgieron de estas reuniones importantes, se puede llegar a una comprensión básica de las preocupaciones y esperanzas del movimiento de defensores y defensoras a nivel regional. Me gustaría valerme de esta oportunidad para comentar algunas de ellas.

Entre las conclusiones de la Tercera Consulta Latinoamericana de Defensores y defensoras, realizada en Sao Paulo, Brasil, con representación de 18 países, se encuentra primero la necesidad de que los Estados garanticen tanto la implementación de los derechos humanos como la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y asuman así sus deberes de respetar la labor de los defensores y defensoras y de prevenir acciones que la inhiben. Las conclusiones de la Consulta reconocieron también que las mujeres defensoras sufren violaciones específicas que merecen atención particular. Destacaron, asimismo, la importancia y las dificultades específicas que enfrenta la defensa de derechos humanos en el campo de derechos económicos, sociales y culturales, y reafirmaron su estrecha relación con los derechos civiles y políticos, no sólo en la teoría, sino en las causas y métodos que se aplican en la práctica para violar estos derechos. Finalmente, señalaron la existencia de un patrón preocupante consistente en criminalizar la protesta social y deslegitimar el activismo social y la defensa de los derechos humanos.

Frente a la OEA, los participantes de la Tercera Consulta Latinoamericana de Defensores y Defensoras emitieron las siguientes recomendaciones. Primero, aumentar el presupuesto y mejorar la estructura de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, hacer un llamado a los Estados Miembros de la OEA a respetar y apoyar a los defensores y defensoras de derechos humanos en sus países, y a respetar e implementar las recomendaciones de la CIDH, las medidas cautelares y las medidas provisionales.

El Primer Encuentro Centroamericano de Defensoras y Defensores y defensoras de Derechos Humanos tuvo lugar hace un mes en (Antigua Guatemala), con representación de los siete países centroamericanos. Entre las conclusiones de este encuentro, se encuentra la identificación de unos patrones en Centroamérica orientados a criminalizar y penalizar la manifestación y la movilización social, y el aumento sistemático de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. También se concluyó que la impunidad se está manifestando y profundizando en la región centroamericana; la mayoría de las violaciones de los derechos humanos del pasado y el presente, así como los asesinatos y los actos de corrupción, no tienen investigaciones serias. Esta impunidad impide la construcción de la paz y el desarrollo de un Estado democrático de derecho.

Además de estas conclusiones y otras, se emitieron unas recomendaciones muy puntuales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Primero, que se cree una relatoría sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Segundo, mientras se crea esta relatoría, que la CIDH realice informes temáticos sobre la situación de defensores y defensoras en la región. Tercero, que la CIDH realice informes sobre la práctica de difamación contra los defensores y defensoras de derechos humanos. Y finalmente, que la CIDH exhorte a los Estados a investigar eficazmente las violaciones a los derechos de los defensores y defensoras, en la aplicación de las medidas cautelares ordenadas en favor de estos.

Situaciones Particulares

La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos es sin duda mejorable en todos los países del hemisferio. Sin embargo, hay situaciones que particularmente llaman la atención y que fueron puestas de presente en la Consulta de Río y en el Encuentro de Antigua. Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de ellas, queremos señalar algunas de estas situaciones para llegar a entender con más profundidad la variedad de dificultades que enfrentan los defensores y defensoras. La primera de estas situaciones es la de Guatemala, la segunda es la de Venezuela y la tercera es la de mi propio país, Colombia.

Guatemala

La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala había mejorado luego de la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Sin embargo, según nuestros compañeros en Guatemala, en el 2000 empezó un nuevo ciclo de violencia contra los defensores y defensoras en ese país. En el período del 2000 – 2003 se registraron 382 ataques a defensores y defensoras. En el período del 1 de enero de 2004 al 25 de agosto del 2005 se han registrado 302 ataques (en el 2004 se registraron 122 ataques y en este año se llevan registrados 180 ataques).

Los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos provienen de distintos grupos y al momento se mantienen en la más completa impunidad, con solamente 6 casos investigados y llevados a juicio. Los victimarios de estos hechos fueron diversos. Durante este período más de la tercera parte de los ataques han sido cometidos por estructuras clandestinas que funcionan utilizando criterios de inteligencia contrainsurgente. Otra tercera parte de los ataques ha sido cometida por cuerpos ilegales usualmente en connivencia o bajo orden de alcaldes o poderes locales relacionados con intereses económicos nacionales o internacionales. A partir del 2004 empezamos a ver funcionarios de Estado, como gobernadores, alcaldes e instituciones estatales, utilizando acusaciones penales para desmovilizar o desarticular las acciones de defensa de grupos organizados. Particularmente grave es la tendencia a criminalizar las manifestaciones y las reuniones públicas.

Venezuela

Las agresiones y actos de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela son también preocupantes. Existen procesos penales, amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos como resultado de la labor que realizan en defensa de la democracia y el pleno respeto por los derechos humanos en Venezuela. La gravedad de algunas de estas agresiones ha llevado a la CIDH y a la Corte a solicitar que se adopten medidas de protección para estas personas.

Colombia

La grave situación de los defensores y defensoras de derechos humanos se pone en evidencia con una simple mirada a las estadísticas sobre violaciones al derecho de la vida de estas personas. Entre el 1 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2004, un total de 116 defensores y defensoras fueron asesinados o desaparecidos. Entre julio de 2002 y junio de 2003, 19 defensores y defensoras fueron asesinados o desaparecidos, y en el año siguiente, 17. A esta suma hay que agregar el número de sindicalistas asesinados: entre julio de 2002 y junio de 2003, un promedio de diez sindicalistas por mes fueron asesinados o desaparecidos, y en el año siguiente un promedio de más de 6 por mes.

Si bien nos llaman la atención estas cifras sobre defensores y defensoras de derechos humanos que han perdido la vida como resultado de sus labores durante los últimos años, me gustaría enfocarme muy puntualmente sobre la situación actual. La política de lucha contra el terrorismo y seguridad democrática del presente gobierno ha resultado en una hostilidad pública hacía los defensores y defensoras de derechos humanos y un patrón de detenciones arbitrarias que no pocas veces han tocado a defensores y defensoras de derechos humanos. Frente a esta política del gobierno, los defensores y defensoras de derechos humanos hemos identificado tres obstáculos serios para el cumplimiento de nuestras labores.

Primero, la estigmatización de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y la movilización de la opinión pública en su contra. Aquí, señalamos con particular preocupación las declaraciones del Presidente de la República contra las organizaciones de derechos humanos y los defensores y defensoras de derechos humanos. Segundo, la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos por medio del uso arbitrario del poder del Estado. Menciono aquí los casos del Profesor Alfredo Correa de Andreis y Teresa Yarce, ambos defensor y defensora de derechos humanos que fueron detenidos, después liberados por falta de evidencia, y finalmente asesinados por grupos paramilitares. Por último, la consolidación del paramilitarismo, como producto de la política de impunidad que el Gobierno está promoviendo a su favor, consolidación que constituye una amenaza grave para los derechos humanos. En los casos de asesinatos de defensores y defensoras entre julio de 1996 y diciembre de 2004 de los cuales se conoce el autor genérico, el 83.56% se atribuyen a paramilitares. Entre los fallecidos se encuentra Freddy Arias, líder indígena y defensor de derechos humanos, que fue asesinado el 3 de agosto por un grupo paramilitar liderado por “Jorge 40”, miembro del equipo de negociación de los paramilitares ubicado en Santa Fe de Ralito.

El proceso de desmovilización que ha adelantado el Estado colombiano con los paramilitares mediante el Decreto 128 de 2003 y la Ley 975 de 2005 (la llamada “Ley de Justicia y Paz”) garantiza la casi completa impunidad de los crímenes de los paramilitares no solo contra los defensores y defensoras de derechos humanos, sino contra la totalidad de sus aproximadamente 15.000 víctimas.


Recomendaciones

Con base en las observaciones ya hechas, me permito muy respetuosamente y agradeciendo la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy, proponer algunas recomendaciones a esta Comisión y a la OEA en general:

• Fortalecer la implementación de la resolución sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del 7 de junio de 2005, dando seguimiento a su aplicación por los Estados Miembros y desarrollando mecanismos de implementación y seguimiento.

• Aumentar el presupuesto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para apoyar de mejor forma sus valiosas labores.

• A la CIDH: Crear una relatoría sobre defensoras y defensores de derechos humanos.

• A la CIDH: Realizar informes temáticos sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en la región.

• Fortalecer la lucha contra la impunidad, haciendo valer así el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y protegiéndoles en la realización de sus labores

Muchas gracias.