Señor Embajador Roberto Alvarez, Presidente del Consejo Permanente
Señor José Miguel Insulza, Secretario General
Señor Albert Ramdin, Secretario General Adjunto,
Señores Representantes Permanentes y Alternos
Señores Observadores Permanentes
Señoras y Señores

Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los logros y retos que enfrenta nuestro país en estos cruciales momentos de su vida democrática; lo hago con el respeto y el cariño que Colombia siente por nuestros hermanos del continente que han sido solidarios en todos los momentos con mi patria.

Sin lugar a dudas el principal reto para fortalecer la democracia colombiana es la superación de la violencia. Los grupos armados ilegales, que cuentan con ingresos provenientes del narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el saqueo superiores al presupuesto de varios países de nuestro continente, crecieron en las últimas décadas, se convirtieron en una amenaza para la democracia colombiana y han actuado con total desconocimiento de todos los derechos de nuestros compatriotas.

Homicidios, masacres, secuestro, desplazamiento forzado, ataques indiscriminados con explosivos en contra de la población civil, bloqueo de alimentos, impedimento del libre tránsito, asesinato de autoridades elegidas democráticamente, extorsión, saqueo, reclutamiento forzoso, y actos contra la población indígena y afro-colombiana, siembra, procesamiento y tráfico de narcóticos, son algunas de sus prácticas.

Los colombianos tenemos una democracia con instituciones legítimas, sólidas y respetadas. A pesar de las dificultades en Colombia hay un estado de derecho. Contamos con un Gobierno transparente y existe la más amplia libertad de expresión. Los partidos políticos de oposición han gozado de todas las garantías para el debate político. Colombia es hoy una sociedad más pluralista.

Mientras la sociedad colombiana hace ingentes esfuerzos para perfeccionar su democracia pasando por reformas constitucionales, ampliación del pluralismo político, descentralización administrativa, participación ciudadana, reconocimiento de derechos de las minorías, políticas de equidad de género, ampliación de presupuesto y cobertura en salud y educación; los grupos armados ilegales persisten en el uso de la violencia contra ciudadanos y ciudadanas y contra las instituciones; sin respaldo popular, sin razones válidas y sin posibilidades de triunfar.

Las puertas del diálogo han estado siempre abiertas; varios grupos las atravesaron y hoy juegan un importante rol en la política colombiana. En el caso de las FARC, con el acompañamiento de la comunidad internacional se estableció por tres años un área de 42.000 kilómetros cuadrados para sostener diálogos de paz; a la generosidad de la sociedad y el Estado se respondió con la falacia: la zona fue utilizada para fortalecerse, refugiarse y el diálogo fue manipulado para eludir cualquier compromiso con la paz reclamada por el país.

En esas condiciones el pueblo impuso un mandato al Presidente Álvaro Uribe Vélez para recuperar la seguridad como condición para el ejercicio pleno de la democracia y para lograr el desarrollo solidario. Esta política de seguridad democrática tiene como objetivo garantizar el ejercicio de todos los derechos a todos los colombianos. La política de seguridad democrática tiene como propósito proteger a todos los ciudadanos sin ninguna distinción: al empresario y al trabajador; a los afectos al gobierno y a los opositores; a los habitantes de la ciudad y a los pobladores del campo.

Los resultados son conocidos por todos ustedes: Los homicidios se han reducido a niveles como no se veía hace 20 años. Las masacres, el desplazamiento, el secuestro y los efectos de la violencia sobre la población se han reducido considerablemente. Las autoridades se han restablecido en sus sitios de trabajo; la economía se ha reactivado por la recuperación de la seguridad en las vías; los grupos armados ilegales han sentido el peso de la autoridad legítima y resuelta del Estado. 7.000 personas han abandonado voluntaria e individualmente a estos grupos y se han acogido a programas de reinserción del gobierno, más del 80% se han presentado ante la fuerza pública demostrando la confianza que hoy inspiran nuestras autoridades.

No hay duda que falta mucho por hacer pero los resultados y el respaldo de la población demuestran que vamos en la senda correcta.

El Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez recibió de su antecesor unos contactos realizados por la iglesia católica colombiana con los grupos de autodefensa con miras a buscar una salida para ellos. Como ustedes saben, ante los excesos de la guerrilla estos grupos se conformaron y crecieron con recursos del narcotráfico, el hurto de combustibles, el tráfico de armas y la extorsión. Estos grupos protagonizaron graves violaciones de los derechos humanos.

La política del Gobierno de Colombia ha sido transparente: trato por igual a los grupos armados ilegales; exigencia del cese de hostilidades para dialogar y combate frontal con quienes no deseen el diálogo. Con posterioridad a la declaratoria del cese de hostilidades por parte de los grupos de autodefensas se iniciaron exploraciones con ellos por parte del Alto Comisionado para la Paz.

Puede ser cierto que estos grupos no han cumplido cabalmente con el cese de hostilidades; pero no es menos cierto que el Gobierno los ha combatido como nunca antes. 43 jefes de estos grupos se encuentran en prisión, miles de sus hombres también y otros han sido abatidos.

Este proceso de diálogo ha producido resultados: 12 bloques de las autodefensas han dejado de existir desmovilizando a 5.879 miembros que los componían. Esperamos que a 31 de diciembre del 2005 todos los grupos de autodefensa se hayan desmovilizado. Nosotros creemos que este gobierno pasará a la historia como el gobierno que más ha combatido a las autodefensas y como el gobierno que logró la desmovilización total de estos grupos.

Las preocupaciones expresadas por algunas entidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales, respecto del marco jurídico previsto para aplicar a los procesos de desmovilización que se presenten en Colombia, me obligan a tomar unos minutos de su tiempo para explicarles los aspectos más relevantes de la Ley de Justicia y Paz recientemente aprobada y pendiente de la sanción presidencial.

La ley fue producto de un debate público durante dos años; en este debate participaron todos los sectores de la sociedad colombiana y algunos sectores de la comunidad internacional interesados en la ley. El Congreso de la República enriqueció sus discusiones con esta participación. Esta ley es fruto de la decisión de nuestras instituciones y la sociedad y no producto de la negociación con ningún grupo ilegal.

La ley tiene como objetivos facilitar los procesos de paz y desmovilización, garantizar los derechos de las víctimas y proveer herramientas para eventuales acuerdos humanitarios. Es un instrumento universal que será aplicado a todos los grupos ilegales que se comprometan en un proceso de paz. Vale la pena preguntar a quienes creen que la ley es muy laxa con las autodefensas si tendrían la misma consideración en el evento de que llegase a ser aplicable a los grupos guerrilleros.

La ley trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las aspiraciones, igualmente legítimas, de quienes quieren transitar por el camino de la paz y las demandas de justicia de las víctimas.

Para el efecto se han establecido varios mecanismos:

Las personas que se desmovilicen deberán hacer una exposición de los hechos en los cuales participaron; la Unidad de la Fiscalía General de la Nación creada para evacuar estos casos contará con la información existente sobre los procesos en que las personas o el grupo se hallen involucrados. Las víctimas tienen garantías para hacer demandas, presentar casos y hacer imputaciones.

Está previsto que los casos que no sean confesados o esclarecidos sigan siendo investigando por los órganos judiciales.

Si surgen nuevas acusaciones y no son aceptadas por el imputado, el caso pasara a tramitarse por los tribunales ordinarios y en caso de encontrarse responsabilidad, la pena será la contemplada en los códigos vigentes.

La ley solo podrá ser aplicada a delitos cometidos con ocasión a la pertenencia al grupo armado ilegal. Quedan excluidos los delitos cometidos antes de pertenecer al grupo, los delitos cometidos que no tengan relación con el objeto del grupo y los delitos cometidos después de la vigencia de la ley.

La pena alternativa que figura en la ley consiste en prisión por un periodo de entre 5 y 8 años. Es importante aclarar que los tribunales encargados de la aplicación de esta ley deberán imponer a los procesados la pena ordinaria que figura en el Código Penal, pero, si la persona cumple los requisitos de elegibilidad previsto en la ley, se aplica la pena alternativa. Estos requisitos son:

• Desmovilizarse y cesar toda acción ilícita;
• Cooperar con la justicia;
• Que el objeto del grupo no sea el narcotráfico;
• Entregar bienes para la reparación;
• No interferir en la vida política y social de la comunidad.

Esta pena alternativa no es susceptible de descuentos, excepto por la permanencia en una zona de ubicación acordada con el gobierno hasta por 18 meses y se pagará en un sitio de reclusión que cumpla unas condiciones mínimas de seguridad y austeridad.

Las personas condenadas reciben en Colombia penas accesorias como la inhabilitación para acceder a cargos públicos o de elección popular. Una vez se cumpla la pena alternativa fijada por los tribunales se entra en un período de libertad vigilada hasta por la mitad de la pena alternativa.

La ley tuvo especial cuidado con los derechos de las víctimas y consagró entre otros: el derecho a la intimidad y a la seguridad; el derecho a la verdad; el derecho a la justicia; el derecho a la reparación integral y pronta; a ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; a recibir asistencia integral para su recuperación; a ser asistidas por un abogado de confianza o por la Procuraduría General de la Nación; a recibir trato especial cuando se trate de personas especialmente vulnerables.

La ley crea un Fondo para la Reparación de las víctimas y contiene criterios de restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición; establece reparaciones colectivas y simbólicas. Las autoridades judiciales y la Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación establecerán criterios y definirán el alcance de las reparaciones. También se contempla la creación de comisiones regionales para la restitución de bienes.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en la cual participan delegados de las víctimas tiene el encargo de verificar que se cumpla el proceso de desmovilización y la actividad de las instituciones estatales en esos territorios.

Esta Comisión tiene el encargo de hacer un informe público sobre las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales. De esta manera se promueve el derecho de las víctimas y de todos los colombianos a la verdad histórica. Igualmente, se contemplan medidas para preservar la memoria y los archivos y facilitar el acceso a ellos.

Expresamente se define que esta ley debe ser interpretada en concordancia con las normas constitucionales y los tratados internacionales suscritos por Colombia.

Los invito a analizar la ley de manera desprevenida y apelo a su comprensión para entender las circunstancias que atravesamos. Tenemos la conciencia tranquila por haber actuado de manera pública, transparente y responsable. Deseamos que quienes tengan genuino interés en la paz de Colombia y los derechos de nuestros ciudadanos revisen el contenido de la ley y colaboren para lograr una aplicación cabal que conduzca a la realización de los objetivos propuestos.

En la senda de la desmovilización, el desarme y la reinsersión total de los grupos de autodefensas, el Estado colombiano ha contado con la invaluable cooperación y verificación de la OEA, a través de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz y de las decisiones del Consejo Permanente y la Asamblea General. En esta nueva etapa, mi Gobierno entiende esta colaboración solidaria como una muestra de confianza en Colombia y en su capacidad para afrontar con seriedad y responsabilidad los desafíos de los cuales he hablado en el día de hoy.

Quisiera reiterar el agradecimiento del gobierno colombiano a la Organización y al Secretario General Insulza por su apoyo decidido a este esfuerzo que hacemos los colombianos diariamente en búsqueda de la paz y la convivencia. De igual manera, deseo expresar nuestra especial gratitud hacia aquellos países que han apoyado financieramente la Misión de la OEA en Colombia.

Para ello esperamos seguir contando con la presencia, acompañamiento y participación de todos los países del hemisferio a través de la OEA.

Ruego a ustedes comprender los inmensos desafíos que tenemos para garantizar la seguridad en todo el territorio y la plena vigencia de la democracia, la convivencia y los derechos humanos. Día y noche estamos trabajando intensamente para lograrlo pero requerimos de su comprensión y su generosidad para conseguirlo.

Un país en paz, próspero, sin narcotráfico, con plena vigencia de los derechos humanos, con un Estado transparente y efectivo, solidario y equitativo, con una democracia fortalecida es el sueño que queremos construir para las próximas generaciones de colombianos y colombianas y ese sueño que cada día estamos tejiendo será realidad con su apoyo.