Señor Presidente,
Distinguidos Embajadores,
Representantes Alternos,
Observadores,

Desde el 2002 esta Misión ha venido informando sobre las amenazas al Gobierno constitucional del Presidente Bolaños por parte de los caudillos de acabar con la institucionalidad y la democracia en Nicaragua y volver al pasado a través de golpes de Estado y de violaciones a importantes normas de la Constitución Política de Nicaragua, del Derecho Comunitario de la Región Centroamericana y del Derecho Internacional Americano.

Como es del conocimiento de este Consejo, el 7 de octubre del año pasado, la Contraloría General de la República de Nicaragua emitió una insólita resolución determinando responsabilidad administrativa a cargo del Señor Presidente de la República, Ingeniero Enrique Bolaños Geyer y solicitó imponerle una sanción de dos meses de salario más la destitución de su cargo.

En respuesta a esto, los Presidentes de los Estados Miembros del Sistema de Integración Centroamericano, emitieron una Resolución en apoyo al Presidente Bolaños, a la democracia en Nicaragua y a sus Instituciones e instruyeron a los Representantes Permanentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana ante la OEA, para que de manera inmediata se convocara una reunión del Consejo Permanente para considerar la situación de riesgo del proceso político democrático y del legítimo ejercicio del poder en Nicaragua; se solicitara asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática en este país, y se dispusiera el envío urgente de una Misión a Nicaragua.

Gracias a la respuesta inmediata de este Consejo Permanente que aprobó el envío de la Misión de Alto Nivel de la OEA, las aguas calmaron y nuestro Gobierno hizo un llamado para el diálogo.

Pero solo unas semanas después, el 25 de noviembre de 2004, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con 74 votos, un paquete de reformas a la Constitución de la República, violentando los pilares fundamentales de la democracia, quebrantando el equilibrio entre los poderes del Estado y quitándole al Poder Ejecutivo algunas de sus atribuciones, entre ellas el derecho al veto a leyes emitidas por la Asamblea Nacional. Con esta reforma, la Asamblea Nacional puede rechazar el veto parcial o total del Poder Ejecutivo y publicar la Ley.

Dichas reformas, tal y como he venido informado en este Consejo, menoscaban profundamente los principios democráticos más elementales y cercenan al Poder Ejecutivo las funciones inherentes al legítimo ejercicio del poder democrático, privándolo incluso, de su condición real de Poder del Estado en igualdad de condiciones que los otros Poderes Establecidos en la Constitución Política.

Tales reformas pretenden un cambio de naturaleza del sistema presidencial de Gobierno a un sistema seudo-parlamentario, pero sin la legalidad. Sin los contrapesos y balances que exige la verdadera democracia parlamentaria, y sin seguir los procedimientos legales para que una reforma de tal magnitud y profundidad sea realizada dentro de un marco verdaderamente democrático y respetuoso del Estado de Derecho.

La misma exposición de motivos del proyecto de reformas, refleja esta ruptura del balance democrático al evidenciar, según sus propias palabras, que “… la Asamblea Nacional queda como el único órgano … legitimado como representante de la Nación y, por tanto, investido de superioridad jerárquica frente al órgano gubernamental” y, más adelante, al señalar que “este predominio jurídico y político del Parlamento se traduce en una función de control sobre el Gobierno, lo que reafirma la superioridad jerárquica del primero”. Es decir, desaparece la coordinación entre los Poderes del Estado y se reemplaza por la subordinación del Ejecutivo, menoscabando su existencia como Poder independiente.

Nuevamente el 15 de diciembre de 2004, los Jefes de Estados del SICA emitieron la “Declaración Especial sobre Nicaragua”, que formula un llamado urgente para que no se altere aún con reformas legislativas, el principio de la separación, balance e independencia de los Poderes del Estado, elemento esencial de la Democracia Representativa y de los valores que sustentan el SICA y apoyar la invocación de la Carta Democrática Interamericana en el momento que el Presidente Enrique Bolaños lo estime pertinente para evitar una ruptura del orden institucional democrático en Nicaragua.

Ante la evidente ruptura del balance democrático que presentan las reformas a la Constitución aprobadas, El Ingeniero Enrique Bolaños Geyer, en su carácter de Presidente de la República de Nicaragua, y con la clara voluntad de preservar la democracia y la institucionalidad del país, interpuso ante la Corte Centroamericana de Justicia, una demanda en contra de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, por “violación a la normativa jurídica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)…”.

En este sentido, el 6 de enero de 2005, la Corte Centroamericana de Justicia emitió una resolución admitiendo la demanda interpuesta por el Presidente. La Resolución de la Corte considera que se trata de un conflicto entre Poderes de un Estado Miembro del SICA, así como la posible violación de normas comunitarias. Asimismo, la Corte considera que por tratarse de una situación de urgencia, de perjuicio grave e irreparable, se hace necesario decretar medidas cautelares.

Al respecto, la Corte resuelve que la Asamblea Nacional de Nicaragua suspenda los procedimientos de ratificación de las reformas aprobadas a la Constitución Política de la República de Nicaragua.

Sin embargo, un día después de la Resolución de la Corte, los caudillos anunciaron que suscribieron en la prisión domiciliar de Arnoldo Alemán, una insólita declaración conjunta en nombre de la Asamblea Nacional, rechazando las medidas cautelares de la Corte Centroamericana de Justicia.

Así, las medidas cautelares de la Corte no fueron aplicadas y las reformas aprobadas a la Constitución Política fueron ratificadas en Segunda Legislatura el 13 de enero de 2005.

El Presidente Bolaños, con el ánimo de buscar el consenso a favor de la gobernabilidad y estabilidad del país y siguiendo las recomendaciones emanadas del informe final presentado por la Misión de Alto Nivel del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que viajó a Nicaragua en el mes de octubre de 2004, y otras recomendaciones de la comunidad internacional, acordó el 12 de enero de 2005, un diálogo nacional con las principales fuerzas políticas mayoritarias del país. Lamentablemente los acuerdos emanados del diálogo no han sido cumplidos por las partes involucradas.

El 29 de marzo de 2005, la Corte Centroamericana de Justicia, emitió una Resolución definitiva a favor del Presidente Bolaños.

En esta resolución la CCJ, declara inaplicables las reformas constitucionales aprobadas en Primera Legislatura el 25 de noviembre de 2004, y ratificadas en Segunda Legislatura el 13 de enero de 2005.

La Corte declara con lugar la demanda entablada por el Poder Ejecutivo del Estado de Nicaragua en contra del Poder Legislativo – la Asamblea Nacional – por estar debidamente fundadas en derecho las pretensiones deducidas en este proceso.

Como consecuencia, se declara que se violenta el Derecho Público y el Estado de Derecho en Nicaragua al ejecutar la Asamblea Nacional actos consistentes en: 1) haber aprobado en segunda legislatura la denominada Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que afecta y debilita la independencia del Poder Ejecutivo; y 2) al haber dado trámite a la resolución del Consejo Superior de la Contraloría General de la República del siete de octubre del año dos mil cuatro.

La Corte reitera que los actos antes mencionados atentan contra la independencia del Poder Ejecutivo y contra el equilibrio de los Poderes del Estado que consagra la Constitución Política de la República de Nicaragua, siendo por ello, actos de injerencia de la Asamblea Nacional en las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo que sólo pueden ser reformadas por una Asamblea Nacional Constituyente convocada al efecto.

En este sentido, la Corte continúa exponiendo que estos actos son jurídicamente inaplicables y su ejecución hace incurrir en responsabilidad.

Está de más decir que Nicaragua es parte de la Corte Centroamericana de Justicia y que por ende ha aceptado que sus resoluciones son jurídicamente vinculantes. No obstante esto y pese a los fundamentos de la Corte Centroamericana, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua emitió, el 30 de marzo de 2005, una cédula judicial en donde declara que “son inaplicables y sin ningún valor las resoluciones emitidas por la CCJ”.

La Corte Suprema de Justicia pretende ahora, desconocer la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia aduciendo que contradice en parte nuestra Constitución Política.

Posteriormente, la Asamblea Nacional empezó la discusión en el plenario de las iniciativas de reformas a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep). Esta ley hace desaparecer a las Empresas Estatales de Telecomunicaciones y Correos, de Acueductos y Alcantarillados y de Energía, que actualmente están bajo el mando del Poder Ejecutivo.

Señores, estas reformas a la Ley son ilegales por cuanto contradicen el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia.

Sin embargo, una vez más la Asamblea Nacional, manejada por los caudillos, desconoce el fallo de la CCJ, amparados en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua —que es controlada también por los partidos de los caudillos — que declaró inconstitucional el fallo del tribunal regional.

El día de ayer, se dio la ilegal aprobación por parte de la Asamblea Nacional, de las reformas a la Ley Creadora de la Superintendencia de Servicios Públicos; a esto se suma el condicionamiento por parte de la Comunidad Europea de no desembolsar los 120 millones de dólares que se destinan a Nicaragua anualmente; la congelación de parte del FMI de 17 millones de dólares de apoyo presupuestario; la congelación de 35 millones de dólares por parte del BID de apoyo a las reservas internacionales; hasta que exista “un clima de tranquilidad y buena gobernabilidad” en el país.

Paralelamente, por el alza del petróleo y por la crisis energética actual, los precios del transporte urbano e interurbano en mi país han aumentado. Como una manera de desestabilizar el país, una vez más los caudillos han unificado sus fuerzas para manipular este problema, del cual muchos otros países de la región también son víctimas, y han organizado huelgas desde el 18 de abril, que han convertido a la capital de Nicaragua en un campo de asonadas de parte de estudiantes universitarios.

Hace dos dias, la Asociación de Municipios de Nicaragua, encabezada por un Alcalde que obedece al caudillismo ha lanzado un turbio pronunciamiento que no goza con el consenso de todos los alcaldes y alcaldesas, donde solicitan entre otras cosas, la renuncia del Presidente.

Señor Presidente, Señores Embajadores, Señores Representantes Alternos y Observadores, el Presidente Bolaños ha convocado en cinco ocasiones a los líderes de las manifestaciones, representantes de las Alcaldías y otros interesados para reunirse con ellos, dialogar y econtrar una solucion a los problemas del país, sin embargo, estas cinco convocatorias no han sido atendidas. En la tarde de ayer, el Presidente Enrique Bolaños acompañado de su gabinete, en un nuevo intento de dialogar con los líderes de la marcha para trabajar juntos por la paz en la búsqueda de soluciones al problema del transporte, se presentó ante una manifestación que solicitaba su presencia y en un hecho sin precedentes, fue recibido con una lluvia de pedradas, insultos y morterazos. Su hijo Enrique fue atacado y herido en la cabeza.

Todo este clima de inestabilidad, violencia y zozobra en el país es provocado por la mala voluntad de un caudillo opositor que cree que la única manera de trabajar es utilizando la violencia, los insultos y la alteración del orden público y cívico; creando caos, crisis y dañando la economía y el bienestar del pueblo.

El Presidente condenó los actos de violencia que han hecho que los vándalos delincuentes pongan en peligro a niños en las escuelas, hieran a miembros del cuerpo policial, destruyan bienes de la propiedad estatal y agredan a miembros de la población y de los medios de comunicación.

No obstante este ataque, el Presidente de la República, invitó una vez más al Alcalde de Managua, y al Rector de la Universidad Nacional Agraria para que se unan a la mesa multisectorial de diálogo para buscar en conjunto soluciones para contrarrestar la crisis que a nivel mundial se está sintiendo como consecuencia de la gigantesca alza del precio internacional del petróleo.

Desde anoche el Presidente ha girado instrucciones a la Policía Nacional, para actúe con prudencia pero utlizando todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, su libre movilidad y el orden en todo el territorio nacional. Asimismo, se ha instruido al Ministro de Defensa y al Ejército de Nicaragua a mantener permanente atención para contribuir a la tranquilidad y al orden nacional.

Señores, el problema del alza de los precios internacionales del petróleo no se va a acabar o desaparecer con violencia, con morteros, ni con derramamiento de sangre; a como dijo el Presidente en su mensaje a la nación, estos problemas solo se pueden intentar arreglar con el diálogo y el entendimiento entre seres humanos pero no detrás del interés de crear un caos nacional artificial.

Hechos como los que se están produciendo en nuestro hemisferio nos indican que el Sistema Interamericano debe actuar colectivamente contra cualquier indicio que atente en contra de la Democracia.

En este sentido, renuevo la solicitud de mi Gobierno para que el Consejo Permanente, obedeciendo los principios de la Carta de la OEA en materia de democracia representativa y en plena aplicación y subordinación de la Carta Democrática Interamericana, continúe respaldando a Nicaragua para que cese cualquier intento de afectar el orden democrático en el país, en respaldo a la vigencia de la institucionalidad democrática.