12 de mayo de 2004 - Managua, Nicaragua
Señor Presidente de la República de Nicaragua, Ing. Enrique Bolaños Geyer,
Señor Presidente del Consejo Supremo Electoral, Dr. Roberto Rivas,
Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Norman Caldera,
Señor Ministro de Defensa, Dr. Adán Guerra,
Señor Ministro de Gobernación, Dr. Julio Vega,
Señor Primer Comisionado de la Policía Nacional, Edwin Cordero,
Señor Inspector General del Ejército, General Manuel Salvatierra,
Señor Embajador Luis Enrique Chase Plate, Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA,
Señora Embajadora Carmen Marina Salazar de Gutiérrez, Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA,
Señora Embajadora de Colombia en Nicaragua, Melba Martínez López, en representación de la Presidencia Pro Tempore del Comité Consultivo del CIFTA,
Mayor General Carl Freeman, Presidente de la JID y del Colegio Interamericano de Defensa,
Señoras y señores Expertos en el Control de Armas de Fuego,
Señor Director de la Oficina de la OEA en Nicaragua, Sr. Pedro Vuskovic, Autoridades, Secretaría, Amigos y Amigas
Este es para mí un momento muy especial. Considero el tema de este seminario vital para la gobernabilidad y el bienestar de la familia americana. Sé que es un tema descuidado o mal enfocado por mucha opinión pública e incluso muchos gobiernos que lo consideran un problema aislado, local, o de interés “meramente” policial.
“La guerra termina, pero quedan las armas” se esta convirtiendo en un dicho popular a escala mundial. La realidad hoy es peor. Hoy las armas llegan sin guerra. Las armas se reciclan, se venden, se transforman en herramientas de sobre vivencia política o económica. Dejan malestar, conflicto y miedo cuando no, una estela de muerte y destrucción.
No es que el tema haya pasado totalmente desapercibido. Han sobrado las palabras. En julio de 2001, las Naciones Unidas celebró una conferencia sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. La conferencia aprobó un programa de acción para combatir la proliferación de armas. Sólo dos meses después, los ataques del 11 de septiembre captaron la atención del mundo y la lucha mundial contra el terrorismo desplazó el problema aparentemente menor y menos urgente de las armas pequeñas.
Fue y es un error garrafal. Las armas pequeñas son sólo parte de un tráfico más amplio de armamento más pesado y más letal, pero a menudo las armas ligeras son particularmente destructivas porque abundan, cuestan poco, son fáciles de transportar y pueden ser usadas sin entrenamiento e incluso por niños.
El tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras tiene una notoria influencia sobre los factores esenciales para el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades. En varios países, las armas pequeñas y ligeras están a punto de desgarrar el tejido social. La violencia y la muerte afectan lo más íntimo y sagrado de la familia y las comunidades locales. Con el tráfico ilícito de drogas y la corrupción amenazan a la gobernabilidad democrática.
Permítanme referirme a unos casos concretos actúales de países miembros afectados seriamente por este flagelo. Las miles de armas pequeñas en Haití constituyen una verdadera amenaza para la gobernabilidad, la democracia, y la población en su totalidad. Son fáciles de conseguir. Todos están armados. Políticos y delincuentes, empresarios y pobres, milicias legales e ilegales. Ni hablar de los narcotraficantes y ex militares. Todos están armados menos el Estado que no tiene ejército y si no me equivoco dos o tres mil policías en un país de ocho millones. La Ciudad de Nueva York con ocho millones de ciudadanos tiene sesenta mil policías. En Haití la fuerza internacional multinacional ha pacificado la capital, pero no las provincias ni empezado un programa de desarme.
Se suele decir que Haití es un caso único, y esto es cierto. Pero estoy seguro que los representantes de la oficina regional de CARICOM nos dirán que el Caribe de habla inglesa no desconoce ni el crimen organizado ni los gangs políticos.
Dejando de lado solo a Nicaragua, a la cual regresaré en un instante, la disponibilidad y acceso a las armas de fuego pequeñas y ligeras se ha proliferado seriamente en Centroamérica después de la finalización de los conflictos armados de la década de los 80. Junto con la creciente amenaza del fenómeno de las pandillas, o maras, esto ha generado un incremento en los índices de violencia, obstaculizando el desarrollo económico y social y dificultando el alcance de la paz social.
Colombia tiene ahora la proporción más alta de asesinatos en el mundo – 77,5 muertes por cada 100.000 habitantes. Es casi cinco veces el promedio de otros países latinoamericanos y desplaza de lejos los promedios de El Salvador y de la Ciudad de Los Ángeles en California que hace veinte años se disputaban esta triste primacía. Según la Policía Nacional de Colombia, el 85% de los asesinatos se comete con armas pequeñas, muchas de las cuales entran al país de contrabando en manos de traficantes de drogas, insurgentes de izquierda y paramilitares de derecha. Un gran número de estas armas pasan por Centroamérica aún cuando su origen está en el mundo industrializado, el antiguo bloque soviético o China.
Si las armas no conocen fronteras, la verdad es que los esfuerzos internacionales encaminados a poner fin a su proliferación están en su infancia y carecen de coordinación.
La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) se destaca entre los acuerdos subregionales y regionales existentes. Propuesta inicialmente por México en el Grupo de Río, fue consensuada a nivel interamericano en la OEA, firmada en noviembre de 1997 y entró en vigor en 1 de julio de 1998.
El 8 y 9 de marzo pasados, los Estados Parte del CIFTA se reunieron en Bogotá, Colombia, para examinar el funcionamiento y la aplicación de la Convención, a los cinco años de su entrada en vigor. Los Estados Parte acordaron:
• Completar la identificación del punto de contacto para la cooperación e intercambio de información;
• Fortalecer la cooperación mutua
• Incrementar la cooperación técnica
• Promover y adoptar las medidas legislativas para garantizar la aplicación del CIFTA.
• Prestar la más amplia asistencia jurídica que faciliten la investigación, procesamiento y sanción de las actividades ilícitas descritas en la CIFTA;
• Tomar las medidas necesarias para el marcaje de las armas de fuego y para garantizar la seguridad de las armas de fuego.
Durante la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México el pasado mes de octubre, los Cancilleres del Hemisferio se comprometieron a combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego mediante la destrucción de los excedentes de armas de fuego; la protección y el control nacional de los arsenales; y la reglamentación de la intermediación de armas de fuego, entre otras acciones.
Este seminario técnico sobre la Identificación, Recolección, Administración de Arsenales, y Destrucción de Armas Pequeñas y Ligeras es parte integral de esta estrategia hemisférica de control de armas. Fue organizado por la Secretaría General de la OEA en cooperación con el Gobierno de Nicaragua y con el Colegio Interamericano de Defensa, con asistencia financiera de los Gobiernos del Brasil, Canadá y los Estados Unidos, y con el objetivo de compartir experiencias y contribuir a la formación de consensos nacionales y hemisféricos mediante deliberaciones abiertas entre expertos y participantes.
Los expertos que participan representan a UN-LiREC de las Naciones Unidas, la OSCE, la CICAD, organismo anti-droga de la OEA, y la CARICOM, así como expertos del Brasil, Canadá, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América y Nicaragua, Harán presentaciones sobre las diversas facetas del control de armas. Hemos buscado organizar el seminario de tal manera que podamos tener un intercambio franco de opiniones después de cada presentación, reservando la discusión global sobre la problemática de las armas para la sesión de discusión, conclusiones y recomendaciones, al final del seminario.
Quiero rendir homenaje a nuestro país anfitrión. Nicaragua es a la vez excepción y ejemplo. Entre 1991 y 1993, con la desmovilización de las fuerzas involucradas en los conflictos de los 80, Nicaragua recuperó y destruyó decenas de miles de armas. La decisión fue política y el esfuerzo fue nacional pero facilitado importantemente por la Comunidad Internacional a través de la OEA-CIAV, precursora de la actual Oficina de la OEA en Nicaragua.
Hoy, el Estado de Nicaragua está participando activamente en un esfuerzo integral centroamericano, impulsando la integración económica a favor de su pueblo y redimensionando y modernizando del régimen de seguridad subregional. El contexto nicaragüense y centroamericano esta enmarcado por el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. El 10 de enero del presente año, el Presidente Bolaños presentó el proyecto de ley “Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos, y Otros Materiales Relacionados”, a la Asamblea Nacional de la República. Dicha ley, cuyo propósito es fortalecer los controles dentro de Nicaragua, esta siendo examinada por la Comisión de Defensa y Gobernación de la Asamblea. Asimismo, hace exactamente una semana y en base a un decreto del Presidente Bolaños, el Ejército de Nicaragua destruyó 333 cohetes tierra-aire SAM-7 en un polígono de tiro. Confío que, más allá de dar un buen ejemplo, esta acción ayudará a estimular acciones recíprocas que conducirán a un balance razonable de armas en Centroamérica.
Espero que en este seminario se generen ideas que mejoren y faciliten acciones comunes en materia de control de armas, y muy especialmente las armas ilegales. Necesitamos entender mejor las dinámicas de la proliferación, desde los centros urbanos hasta las ya no tan distantes zonas fronterizas. Necesitamos clarificar los métodos de inventario y control. Necesitamos definir mejor las respectivas responsabilidades de gobiernos y de la sociedad civil, de las instituciones estatales, la justicia, la policía, las fuerzas armadas.
No estoy sugiriendo que las respuestas a estas preguntas serán idénticas en todos los países. Me parece incluso que no pueden serlo dadas nuestras idiosincrasias nacionales e intereses distintos. Pero creo que si hay lecciones a aprender y cooperación a mejorar. Necesitamos inventar como ayudarnos mutuamente. El problema abarca a más de un país, todos estamos involucrados. Y no es un problema que se pueda atacar aisladamente, unilateral o bilateralmente. Se necesita un esfuerzo regional, o por lo menos subregional. Se me ocurre por ejemplo que se podría crear un fondo especial en la OEA que serviría para recaudar y canalizar recursos financieros a aquellos estados que más los necesiten para ejecutar proyectos de recolección, administración, y destrucción de armas. Un fondo de esta naturaleza podría crearse siguiendo el modelo del Fondo de Paz, que actualmente está beneficiando a varios países Centroamericanos.
Algunas recomendaciones podrían ser presentadas a la Asamblea General de la OEA el próximo mes de junio en Ecuador para su consideración y pertinente seguimiento. Otras se podrán desarrollar en las semanas y meses que vienen. El primer paso es que se forjen confianza mutua y amistades entre expertos y entre expertos y políticos y entre ellos y las autoridades nacionales e internacionales aquí presentes. Mi más ferviente deseo es que se forje una nueva conciencia que este problema es auténticamente transnacional y que debe y puede ser combatido con éxito mediante una fortalecida cooperación regional.
Muchas gracias.