SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
SEÑOR SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
SEÑORES REPRESENTANTES PERMANENTES
SEÑORES REPRESENTANTES DE LOS PAÍSES OBSERVADORES DE LA ORGANIZACIÓN
SEÑORAS Y SEÑORES

El mundo y las Américas viven una etapa de cambios y transformaciones profundas que afectan la vida cotidiana de la gente. Los medios periodísticos, con acierto, califican esta situación como la era global.

La velocidad del cambio tecnológico en el ámbito de las comunicaciones y la transmisión de la información han puesto la globalización al alcance de todas las personas, aún de los sectores más pobres y marginados tradicionalmente. Las tecnologías del Internet, el bajo costo de las líneas telefónicas y la difusión masiva de los teléfonos celulares han acortado los espacios y reducido los tiempos.

La información vía Internet permite saber lo que pasa en cualquier rincón del planeta en tiempo real. La globalización es un hecho, cuyas características especiales son la liberación de los flujos financieros, el aumento masivo de la inversión extranjera directa, la liberalización del comercio y la regulación de disciplinas macro económicas que reducen el margen de acción de la toma de decisiones de los estados nacionales, especialmente de los países en desarrollo, sin una base convencional.

¿Pero, son los resultados de la globalización similares para todos? Esta pregunta tiene diversas respuestas, desde quienes hacen el panegírico del proceso global pensando que los mercados han sustituido a los Estados y que la liberación en si misma producirá riqueza y equidad social, hasta los movimientos anti globalizadores, que ven en la globalización una conjura de todos los males y perjuicios.

Estas apreciaciones extremas no reflejan la realidad por tener, ambas, una base ideológica. Una evaluación más objetiva de los resultados de la globalización la encontramos en los estudios empíricos. La Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización nos brinda algunos indicadores. El comercio mundial se ha incrementado en tasas históricas, lo mismo las inversiones extranjeras directas y el financiamiento internacional.

Pero tan cierto como lo anterior, es el hecho que los resultados y beneficios de la globalización son desiguales. Como señala el informe de la Comisión Mundial, los beneficiarios de la globalización son, esencialmente, los países industrializados y un número reducido de países en desarrollo, la gran mayoría situados en el Asia. Para el resto de los países en desarrollo, no obstante los costos del ajuste estructural, su situación económica no ha mejorado y su situación social se ha deteriorado. En el caso de los países menos avanzados, se ha producido una tendencia grave al decrecimiento.

Como resultado general la pobreza y el desempleo han crecido en las Américas. Y la era global no ha podido afirmar aun un estado de paz y seguridad internacional. Los focos de conflicto continúan y la violencia asimétrica del terrorismo internacional genera una zozobra mundial.

El desafío de la OEA es dar respuestas a las demandas de la globalización desigual, con la finalidad de afirmar la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, coadyuvar el desarrollo económico y social con equidad, fomentar la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno, y afirmar la vigencia de los derechos humanos incluyendo la realización de los derechos económicos y sociales.

Sin embargo, la globalización, como fenómeno histórico, tiene una orientación positiva desde la perspectiva de los beneficios de la innovación tecnológica, la transformación productiva, la expansión general del comercio y las inversiones, la difusión masiva de la información y la expansión universal de los valores de la democracia y los derechos humanos.

Entonces, el problema de la globalización no está en su naturaleza. Esta en su direccionalidad. En las decisiones políticas que orientan su evolución. En la gobernanza global. Por ello, es indispensable tener en cuenta y reconocer que la globalización está generando más desigualdades y que ello no es compatible ni con el crecimiento económico a largo plazo, ni con la cohesión social, ni con la paz y la seguridad internacional. Es indispensable un “ajuste estructural” en la gobernanza de la globalización, a nivel mundial y en el ámbito regional. En la gobernanza económica, política y de seguridad. La agenda futura de la OEA debe responder a este desafío.

¿Qué hacer en las Américas para que la globalización se exprese en nuestra región con más justicia e igualdad? Con mayor crecimiento económico sostenido y menos crisis cíclicas financieras. Con mayor riqueza, mejor distribuida, y menor pobreza. Con mayor seguridad y menos inestabilidad. Con mayor legitimidad de la democracia y menos crisis de la institucionalidad democrática. Con mayores consensos en nuestros valores comunes, evitando el resurgimiento de antiguos y caducos antagonismos.

La respuesta a esta interrogante histórica respecto al presente y futuro de la OEA es una tarea de todos nuestros pueblos, empresarios y gobiernos. Es, a la vez, ciertamente la agenda de la globalización en la región. Y es la agenda del conjunto del sistema interamericano.

En los últimos años se han hecho avances de gran trascendencia en la construcción de esta agenda para la gobernanza regional. Y el Secretario General, César Gaviria, ha tenido un papel relevante. La Carta Democrática Interamericana ha perfeccionado la institucionalidad jurídica y política de la democracia y el estado de derecho en la región.

Hoy, sin dudas en el sistema interamericano la democracia no sólo es un bien protegido sino que constituye una obligación vinculante para todos los Estados que forman parte de la OEA. Y se ha proyectado además para que en otros continentes se avance en el mismo sentido, expandiéndose la aprobación de cláusulas democráticas. Ha propiciado, asimismo, que las Naciones Unidas, por primera vez, avancen en la búsqueda de un consenso sobre lo elementos que definen o concurren a la existencia de un régimen democrático.

Pero, en la región, aún no logramos un consenso sobre la utilidad y conveniencia de aplicar la Carta en las situaciones de crisis de la institucionalidad democrática. El caso de Haití es representativo, si se hubiese aplicado la Carta oportunamente quizás la evolución de la crisis hubiese sido menos lesiva a la institucionalidad democrática. Tenemos un déficit de sentido práctico en la defensa de la institucionalidad democrática.

Son avances también importantes la Convención contra la Corrupción, las decisiones adoptadas con ocasión del 11 de septiembre en relación al combate al terrorismo, la experiencia de la aplicación del Mecanismo de Evaluación Multilateral en el ámbito de la lucha contra las drogas, los resultados de la Cumbre Extraordinaria de las Américas contenidos en la Declaración de Nueva León sobre las cuestiones económicas, sociales y financieras, los consensos sobre una visión de la seguridad continental pluralista y democráticas que se aprobaron en la Conferencia Ministerial de México, así como el fortalecimiento del sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos.

Pero todo esto aún es insuficiente, y lo es también el hecho que mantengamos una visión de compartimientos estancos donde los temas de paz y seguridad no se vinculan, en la práctica, con los de mantenimiento de la democracia, o los de la lucha contra el narcotráfico con la agenda social.

Mi gobierno quiere contribuir a este proceso. Un sistema interamericano actualizado, moderno, basado en la igualdad jurídica de los Estados, con respuestas a los problemas reales que afrontan nuestros ciudadanos, especialmente los más pobres y excluidos. Para ello hay que perfeccionar una agenda de la gobernanza interamericana, centrada en los temas y prioridades que inciden en la vía cotidiana de la gente:

a. Defensa y preservación de la institucionalidad democrática. Es necesario una voluntad política definida para aplicar la Carta Democrática Interamericana, especialmente en sus aspectos preventivos, y asumir que la democracia en la región se juega su futuro en su capacidad o incapacidad de resolver las legítimas demandas de trabajo digno para la mayoría de la población

b. Medios y arbitrios para asegurar una gobernabilidad que no exponga a la democracia a cuestionamientos sociales por la imposibilidad o limitaciones para resolver los problemas que afectan a una gran cantidad de gente que sufre a diario, porque no tiene trabajo, porque tiene un salario que no le permite vivir decentemente, porque tiene una enfermedad que no puede curarse o porque ve a sus hijos desertar de la escuela primaria o secundaria por falta de medios económicos. Esta es la agenda real, cotidiana, de la gobernabilidad democrática.

c. Las cuestiones relativas al crecimiento económico con equidad, las tareas del desarrollo y las cuestiones sociales. Esta es la agenda social y económica que no puede seguir minimizándose o soslayándose. Es urgente revalorizarla, otorgando al Consejo Permanente la facultad de asumir el debate económico y del desarrollo regional.

d. Debemos asumir, también, los asuntos de la paz y la seguridad regional con un enfoque pro activo, que busque aplicar las conclusiones de la Conferencia de México. Es indispensable que la Organización se implique más en tareas urgentes: institucionalizar una visión democrática y cooperativa de la seguridad, desalentar cualquier posibilidad de carreras de armamento que sólo comprometería la viabilidad del crecimiento económico y podría reactivar tensiones nacionales felizmente ya superadas. Se debe dar sentido práctico al registro regional de adquisición de armas, como una medida de fomento a la confianza que prevenga el armamentismo y los desequilibrios subregionales. Y la Organización debiera comprometerse más con la eliminación de las minas antipersonal. A nombre de mi gobierno, planteo la iniciativa de iniciar consultas y negociaciones para negociar y suscribir un tratado que declare la región zona libre de armas químicas y de armas biológicas.

e. La cuestión del narcotráfico y el terrorismo. Debemos avanzar con más decisión en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que tienden cada vez más a interrelacionarse. Es necesario generalizar un enfoque integral contra el narcotráfico que ataque simultáneamente la demanda y la oferta. Son relevantes, en ese sentido, los buenos resultados de la aplicación del Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre los avances en la sustitución o erradicación de cultivos. Pero es necesario, también, introducir en las evaluaciones del mecanismo los avances que se puedan identificar en los países afectados mayormente por el consumo respecto de las acciones adoptadas para reducir la demanda.

f. La lucha contra la corrupción. La corrupción corroe la institucionalidad democrática y abre las puertas al narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de armas. La corrupción es antinómica con el buen gobierno. Debemos reforzar los mecanismos anticorrupción y crear mecanismos de solidaridad y cooperación judicial que permitan la extradición de los altos funcionarios de gobierno responsables de actos corruptos.

g. Perfeccionar el sistema interamericano de derechos humanos, abriendo la posibilidad de que las personas individuales puedan actuar directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otra tarea indispensable, así como la de dotar a la Corte de funciones permanentes.

El Gobierno del Perú considera que es indispensable realizar algunos cambios en la estructura institucional de la Organización para adecuarla a las demandas de la agenda de la gobernanza regional. La diplomacia preventiva es una necesidad urgente, especialmente en torno a las situaciones que pueden provocar una crisis de la institucionalidad democrática. Ello demanda la existencia de una unidad responsable directamente de la función de los asuntos políticos de la Organización. De igual manera, las cuestiones relativas a la paz y la seguridad, especialmente las vinculadas a la prevención de carreras de armamento, la efectividad del registro de la adquisición de armas, la aplicación de medidas de fomento a la confianza, y una política proactiva para concretar una visión compartida de la seguridad democrática y compartida, requieren de una instancia de gestión institucional específica.

Estas ideas, en opinión de mi gobierno, pueden contribuir a acercar más a la OEA a las demandas y aspiraciones de los pueblos, a la gente que espera soluciones concretas a sus problemas que no pueden esperar el mañana. Las pongo a disposición de ustedes con la intención de contribuir a sincerar la relación de la OEA con nuestros gobiernos y especialmente con los ciudadanos, con la sociedad civil, con los empresarios, con los trabajadores, con los intelectuales y con la juventud del continente, que ya no espera promesas sino realizaciones.

El latinobarométro y el reciente estudio presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la democracia en América Latina muestran algunos indicadores inquietantes. Un amplio porcentaje de la población se siente defraudado por los resultados de la democracia, y un porcentaje importante señala que podría optar por un régimen autoritario si éste le resuelve sus problemas de subsistencia. Esto es un llamado de atención a todas las conciencias democráticas del hemisferio. Pero creo que no es un indicador real de la voluntad democrática de nuestros pueblos. Si alguna encuesta preguntase a la población si estarían de acuerdo con una democracia que les dé libertad, que asegure sus derechos y que les otorgue trabajo digno y que satisfaga sus necesidades mínimas de trabajo, salud y vivienda, no tengo la menor duda que la encuesta tendría un 90 por ciento o más de adhesión.

Hacer realidad esta encuesta es el desafío de la OEA y de todos los gobiernos. Seamos consecuentes con nuestros ideales y valores. No defraudemos a nuestros pueblos.