Constituye para mi un honor dar la bienvenida a los Ministros de Justicia y Procuradores Generales a esta Casa de las Américas.

El hecho de que esta última REMJA dentro de mi período como Secretario General se realicé aquí, en el mismo lugar donde nació este proceso, es una afortunada coincidencia para hacer un breve balance de sus positivos resultados y reafirmar su utilidad e importancia para la cooperación hemisférica en las áreas de su competencia.

Cuando llegué a la Secretaría General de la OEA, me sorprendió el hecho de que, a diferencia de los ministros y altos funcionarios en otras áreas, los Ministros de Justicia y Procuradores Generales no se reunieran en el marco del Sistema Interamericano.

Por eso, entonces, me permití sugerir a la Organización que considerara la conveniencia de convocar a los Ministros de Justicia y Procuradores Generales. Esa idea fue generosamente acogida por los Estados Miembros, en el marco de la Asamblea General de la OEA en 1997. Como resultado de ello, a finales de ese mismo año, se llevo a cabo la primera REMJA en Buenos Aires, Argentina.

Ese primer encuentro hizo evidente la importancia de continuar realizando periódicamente estas reuniones. Así lo reconocieron y solicitaron inmediatamente después los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Santiago de Chile, y así lo han continuado reiterando tanto en la Cumbre de Québec, Canadá, como en la reciente Cumbre Extraordinaria, celebrada en México en enero de este año.

En la Declaración sobre la Seguridad en las Américas, aprobada en México en octubre del 2003, los Estados del Hemisferio también reafirmaron que las REMJA constituyen un foro importante y eficaz para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad.

Con posterioridad a la cita de Buenos Aires, se han celebrado tres REMJA: en Perú, Costa Rica y Trinidad y Tobago.

Los resultados producidos por estas reuniones han sido tan importantes y de tanta envergadura que, sin lugar a dudas, han superado las expectativas que se tenían cuando se formuló la propuesta original de promover este tipo de encuentros. Por eso, las REMJA se han constituido en el foro hemisférico de mayor importancia en materia de cooperación jurídica y judicial. Es también el centro de intercambio de experiencias, depositario de sistemas de información hemisféricos y el origen de acciones para hacerle frente a distintos fenómenos que puedan poner en peligro la paz y la seguridad del Continente y el Caribe. Constituye sin duda el principal instrumento de cooperación entre nuestros Sistemas de justicia.

Entre los múltiples desarrollos dados en el ámbito de estos encuentros, conviene destacar la creación y puesta en marcha del Centro de Estudios de Justicia de las Américas; el establecimiento de una Red de Intercambio de Información a través de “Internet” para la Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal; las recomendaciones adoptadas por las autoridades centrales y otros expertos gubernamentales para el mejoramiento de la asistencia judicial mutua en el campo penal; los avances dados en la cooperación para el combate contra el Delito Cibernético en el marco del Grupo de Expertos Gubernamentales creado para el efecto; el proceso de cooperación iniciado en materia de políticas penitenciarias y carcelarias por intermedio de las reuniones de las autoridades responsables de las mismas; y los desarrollos en materia de métodos alternos de solución de controversias.

Los resultados que han producido estos encuentros, en tan poco tiempo, han confirmado que, como en su momento lo expresé, el hecho de que los Ministros de Justicia y Procuradores no se reunieran en el marco de la OEA, más que un gran vacío, representaba una inmensa y muy costosa falla.

Señores Ministros y Procuradores Generales:

Quisiera referirme a algunos de los temas de los cuales se van a ocupar ustedes en esta reunión y, en particular, a los avances dados desde su último encuentro y hasta el presente.

En Trinidad y Tobago, ustedes decidieron iniciar un proceso tendiente a fortalecer la cooperación jurídica y judicial mutua, para combatir conjuntamente las diversas expresiones de la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo.

Esta, sin lugar a dudas, fue una decisión acertada pues dicho tema hace parte tanto de los asuntos que se encuentran dentro de las competencias propias de los Ministros de Justicia y Procuradores Generales, como dentro del marco de prioridades hemisféricas definidas por los Jefes de Estado y de Gobierno y del tipo de materias en las cuales la OEA constituye el escenario natural y apropiado para fortalecer la cooperación hemisférica.

Asimismo, deseo realzar que es acertado considerar el tema de la cooperación jurídica y judicial tanto en relación con el terrorismo como con respecto a otras manifestaciones de la criminalidad transnacional organizada. Esto tiene sentido, en primer lugar, porque con frecuencia diversas manifestaciones de la criminalidad transnacional organizada están interrelacionados, se conjugan, confunden o complementan entre ellas. Así ocurre, en muchos casos, con el terrorismo, la corrupción, el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas de fuego, para solo mencionar algunas de las modalidades de la criminalidad internacional organizada.

En segundo lugar, porque todas las manifestaciones de la criminalidad transnacional organizada no respetan fronteras. Por el contrario, buscan aprovecharse de ellas para evadir la acción de la justicia o conseguir que sus actos queden en la impunidad. Estas formas de criminalidad pretenden aprovecharse de nuestras libertades, de nuestros sistemas políticos, de nuestro Estado de Derecho y también, hay que decirlo, de nuestras limitaciones o debilidades institucionales.

Y, finalmente, porque instrumentos como los relacionados con la extradición, el decomiso de activos, el intercambio de pruebas y muchos otros en materia de asistencia jurídica y judicial mutua, son de utilidad tanto para el combate contra el terrorismo como contra otras modalidades de criminalidad transnacional organizada.

En el marco de la OEA se han negociado veinticinco tratados que tienen que ver con materias de cooperación jurídica y judicial mutua. Este, sin lugar a dudas, es nuestro principal patrimonio y aporte al fortalecimiento y consolidación de la cooperación jurídica y judicial en el hemisferio. Ellos se refieren a asuntos fundamentales en este campo como extradición, asistencia mutua en materia penal, exhortos o cartas rogatorias, recepción de pruebas en el extranjero, cumplimiento de medidas cautelares y eficacia extraterritorial de las sentencias.

Algunos de esos tratados contienen disposiciones de gran importancia en materia de cooperación jurídica y judicial para el combate contra determinadas modalidades de criminalidad transnacional organizada como el terrorismo, la corrupción o la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego.

Para fortalecer la cooperación en la lucha contra algunas de estas formas de criminalidad transnacional organizada, hemos creado órganos o mecanismos de cooperación y seguimiento como ocurre, por ejemplo, con el Comité Consultivo de la Convención contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, o el Mecanismo de Seguimiento de la Convención contra la Corrupción.

Los últimos actos terroristas y los avances de la criminalidad transnacional organizada, lo que han puesto en evidencia es que tenemos que acelerar el paso para fortalecer y consolidar la cooperación internacional para combatirlos en forma más eficaz y efectiva.

Por eso, tenemos que avanzar rápidamente en evitar que los delincuentes internacionales se aprovechen de nuestras fronteras para eludir la acción de la justicia. Tenemos que atacar y eliminar la impunidad de la cual aún gozan muchos responsables de crímenes verdaderamente aberrantes y para ello tenemos que hacer más efectivos nuestros instrumentos de asistencia jurídica y judicial mutua.

En el marco de las REMJA estamos dando pasos sólidos y concretos en esta dirección. Los resultados de la reunión de las autoridades centrales y otros expertos en asistencia judicial mutua en materia penal, realizada por encargo de ustedes en Ottawa, Canadá, el año pasado, constituyen un aporte fundamental para la consecución de este objetivo. Sea esta la oportunidad, para agradecer, en nombre de la OEA, al Gobierno de Canadá y, en particular, a su Ministerio de Justicia, por el liderazgo que han mostrado en este campo en el ámbito hemisférico.

Las recomendaciones adoptadas en Ottawa tienen la virtud de ser prácticas, realistas y concretas y su plena implementación, sin lugar a dudas, representará un inmenso salto cualitativo para asegurar que la asistencia judicial mutua en materia penal sea efectiva, eficiente y expedita.

Para conseguir este mismo objetivo, también es de particular utilidad e importancia la red de intercambio de información sobre asistencia judicial mutua en materia penal, creada por mandato de ustedes y que también recibió el respaldo expreso de la Cumbre de Quebec y de nuestra Asamblea General. Hoy esta red es una realidad hemisférica y en constante perfeccionamiento como ustedes tendrán oportunidad de confirmarlo de nuevo en este encuentro. Nuestro reconocimiento, en especial, al grupo que ha liderado esa iniciativa, integrado por Canadá, Argentina, Bahamas y El Salvador y la Subsecretaría Jurídica de la OEA.

Una de las grandes ventajas de los pasos dados hasta ahora en este campo en el marco de las REMJA consiste en que ellos no han sido concebidos como hechos aislados o inconexos. Por el contrario, desde un comienzo, se entendió que todos ellos hacen parte de un proceso integral y permanente que debe ser continuado con desarrollos complementarios para fortalecer la cooperación jurídica y judicial entre nuestros Estados.

El combate contra el delito cibernético es otro de los temas en los cuales se han dado avances de gran importancia en el marco de la REMJA y del cual se van a ocupar ustedes en esta ocasión. Las nuevas tecnologías y los progresos en las telecomunicaciones han permitido maravillosos y, hasta hace poco, inimaginables desarrollos. Sin embargo, como todos sabemos, estas nuevas tecnologías también pueden ser utilizadas o ser objeto de acciones criminales. La experiencia nos ha mostrado que así como el teclado de un computador puede ser una herramienta muy útil para el progreso de la humanidad, también se puede convertir en una poderosa arma capaz de producir enormes daños económicos, contra la infraestructura de servicios de un Estado o una empresa, o aún contra la integridad y la vida de las personas.

Los hechos de vandalismo a través de "internet" que registran con frecuencia los medios de comunicación, muestran claramente la gravedad y las potencialidades de daño que engendran estas modalidades delictivas. La experiencia también ha mostrado que los nuevos desarrollos tecnológicos han venido siendo utilizados por las diversas formas de criminalidad organizada con alcance transnacional. El uso de estos instrumentos para la explotación de los niños es uno de los ejemplos más aberrantes de esta modalidad criminal. Los sistemas de información también se están usando cada vez más por otras formas delictivas transnacionales como las asociadas con el narcotráfico y el terrorismo.

Los delitos cibernéticos han mostrado que estamos frente a modalidades delictivas de características singulares e insospechadas. Como resultado, ellos plantean nuevos y desafiantes problemas. Para su comisión no existen ni importan las fronteras, las aduanas o los puestos de control. No se requiere pasaporte ni visa. De hecho, no se necesita que los autores materiales o intelectuales de los delitos se encuentren en el país donde se cometen. Son, en realidad, una nueva generación de delitos, producto de la era de la información y la tecnología. Por eso, en diversos aspectos, no pueden ser tratados como los delitos tradicionales. Son por esencia delitos internacionales que plantean grandes retos legales, tecnológicos, de especialización, capacitación, asistencia y cooperación entre los Estados.

Por esa naturaleza internacional, la cooperación y asistencia judicial mutua son esenciales para su prevención, persecución y castigo. No son suficientes las acciones aisladas de unos Estados. En realidad, frente a ellos, la vulnerabilidad de un Estado puede terminar afectando a cualquier otro con el que esté conectado. Por eso, es indispensable la acción colectiva de todos. Sin temor a exagerar, me atrevería a afirmar que estas nuevas formas criminales constituyen uno de los mayores retos para la asistencia judicial internacional.

En el marco de las REMJA y gracias a la iniciativa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha venido avanzando en el fortalecimiento de la cooperación hemisférica contra el Delito Cibernético. La última reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales creado por ustedes permitió realizar un completo análisis de los avances dados hasta entonces y de los pasos que aún tenemos que dar en este campo. Como resultado de ello, se formularon recomendaciones concretas, prácticas y efectivas que ya están siendo implementadas, por medio de acciones como los talleres de capacitación en la materia. Ellas, sin duda, son una buena carta de navegación para nuestra acción colectiva, para enfrentar estas nuevas manifestaciones criminales y para evitar que los grandes avances tecnológicos sean aprovechados por los delincuentes.

Otro tema en el cual hemos iniciado un proceso de cooperación en el marco de las REMJA y que hace parte de su agenda, tiene que ver con las políticas penitenciarias y carcelarias.

Esta es un área en la que todos tenemos problemas, de muy variada naturaleza o con diferentes alcances. Algunas de las dificultades en este campo tienen que ver con aspectos estructurales asociados con las restricciones presupuestales. En un contexto de estrechez financiera, los Gobiernos y Congresos prefieren dedicar los muy limitados recursos existentes a atender las necesidades en salud, educación o en otros servicios o infraestructura básica para la población en general. Es evidente que los ciudadanos prefieren que se construyan escuelas u hospitales, en lugar de cárceles. Esa es una limitación que, de una u otra manera, todos tenemos, pero que en algunos casos hace que tengamos verdaderas crisis penitenciarias y carcelarias con alcances muy graves y profundos.

Las políticas en esta materia merecen una especial atención tanto por razones humanitarias como por consideraciones de eficacia y eficiencia en la lucha contra el delito. Numerosos estudios muestran el alto peso de la reincidencia de delincuentes y el creciente fenómeno de la delincuencia organizada en el interior de las cárceles. Esto indica de por sí fallas en los mecanismos de resocialización y rehabilitación de los reclusos, así como en los de vigilancia y control de los mismos.

De otro parte, los recursos que las sociedades y los Estados invierten en combatir la delincuencia están representados, en parte, en los delincuentes aprehendidos, en proceso o condenados. No invertir lo suficiente en este campo puede significar para las sociedades dilapidar los recursos, siempre escasos, que se gastan para llevar los delincuentes a las cárceles.

Otras de las dificultades que se presentan en este campo tienen que ver con problemas estructurales de los sistemas de justicia. De hecho, como ustedes saben, las políticas penitenciarias y carcelarias son un componente muy importante pero, en todo caso, apenas una parte de un conjunto más amplio constituido por los sistemas de justicia.

En este sentido, en la mayoría de los casos, los sistemas penitenciarios y carcelarios han corrido la suerte de la justicia en general, la cual durante muchos años estuvo olvidada y reducida a una suerte de cenicienta de las instituciones públicas. Los sistemas penitenciarios y carcelarios, a su vez, la más de las veces, han sido uno de los eslabones ignorados de los procesos de reforma a la justicia. Esto los ha convertido, por su parte, en la cenicienta de la justicia.

La ausencia, con frecuencia, de una concepción sistémica de los problemas de la justicia y el carácter fragmentario de algunos de los cambios realizados en países del hemisferio, ha llevado, en algunos casos, a que se produzcan resultados no esperados o francamente contrarios a los buscados. En algunos, inclusive, los avances dados como consecuencia de determinados cambios terminan, por ejemplo, por crear presiones o demandas inusitadas de servicios de los sistemas penitenciarios y carcelarios que éstos no pueden atender o no lo pueden hacer, en forma adecuada, con los limitados recursos que poseen.

Los anteriores son algunas de las fallas estructurales que afectan a los sistemas penitenciarios y carcelarios. Sin embargo, más allá de ellas, hay numerosos problemas que se presentan en la administración y manejo cotidiano de estos sistemas, para cuya solución puede contribuir el intercambio de información y de experiencias entre las autoridades directamente responsables de ellas.

Los problemas que se presentan en nuestras cárceles son tantos, tan frecuentes y de magnitudes tan significativas, que no parece tener sentido que ellos se busquen afrontar de manera solitaria, sin conocer las soluciones que otros han encontrado para dificultades similares; las señales de alerta que conviene tener en cuenta para su puesta en marcha o ejecución; o los errores o fracasos en que otros han incurrido en la aplicación de formulas o alternativas que en un momento dado se conciben o se piensan aplicar para hacer frente a determinados problemas.

Así lo ha confirmado la primera reunión de autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias, realizada por encargo de ustedes, la cual formuló recomendaciones precisas para continuar y consolidar el proceso de cooperación entre nuestros Estados en este campo. Estas incluyen la creación de un sistema para el intercambio de información a través de “Internet”. Quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a la Presidenta de dicha reunión y representante de Panamá en la misma, por la forma acertada como condujo la iniciación de este proceso y por el informe que nos presentará en esta ocasión al respecto.

Señores Ministros y Procuradores Generales:

Nos reunimos en tiempos particularmente difíciles y desafiantes para la comunidad hemisférica de naciones y para toda la humanidad. Las acciones de los terroristas y de la criminalidad transnacional organizada nos han confirmado, con toda su barbarie y horror, que los criminales internacionales cada vez están más organizados. Sin embargo, aquí no estamos por un accidente histórico sino porque nos guían los mismos valores, nos unen los mismos principios, nos hermanan las mismas causas. Los terroristas y los criminales internacionales de todo orden constituyen un gran desafío para nuestras democracias. Sin embargo, tenemos la certeza de que ellos no prevalecerán.

Se requiere que todos los que, de una u otra manera, somos victimas de ellos, también nos organicemos para hacerles frente en forma eficaz y efectiva. Es allí donde estriba la importancia de las REMJA como escenario e instrumento para aunar esfuerzos y fortalecer nuestra cooperación y asistencia mutua en áreas cruciales para la consolidación de nuestras democracias y el bienestar de nuestros pueblos. Estoy seguro que así lo confirmarán, una vez más, los resultados de esta cita de ustedes en Washington.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.