(Sesión del Consejo Permanente, tema 2 del orden del día )


El SECRETARIO GENERAL ADJUNTO: Señor Presidente, usted me había advertido, ayer, que este sería un debate interesante, pero no preveía lo fértil que serían estas deliberaciones.

En mi intervención inicial, intenté señalar que no siempre somos capaces de prever todo y las condiciones que imperan en cada situación y, ciertamente, ese es el caso de la situación de Haití. Desearía aplicar los tres puntos que el Embajador de Colombia, en forma muy práctica pero –creo- intelectualmente correcta, nos presentó. En esencia, que deberíamos admitir el fracaso, ser claros sobre lo que sucede y no detenernos en tecnicismos. No podría estar más de acuerdo. He descrito públicamente, y consta en la prensa, que entendía que lo que pasó en Haití era un desastre. Obviamente, esta Organización no procuró el resultado que se produjo en Haití. E iría más lejos: hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, empezando, en realidad, inclusive antes de las elecciones de mayo de 2000, pero a ritmo creciente, tratando de evitar este resultado, inclusive llegando a crear una Misión Especial en la primavera de 2002, luego de que un estallido de violencia en el país dejara en claro que era necesario hacer algo más que las negociaciones y los sermones en que nos habíamos empeñado hasta ese momento.

Por supuesto que actuamos colectivamente. En realidad, dudo que exista otro caso en los anales de la OEA en que el Consejo haya estado más cabalmente y continuamente informado, y puede irse al sitio de la OEA en Internet, donde están las constancias documentales. Sabíamos que las cosas no andaban bien. En efecto, el 28 de febrero, ante el inminente incremento de la violencia y de la pérdida de vidas en Haití, el Secretario General emitió la siguiente declaración

El Secretario General de la OEA, César Gaviria, reiteró hoy su preocupación por la situación de Haití, condenando la violencia, la ilegalidad y la falta de respeto por los derechos humanos en el país. Temiendo que el costo de la anarquía imperante en Haití fuese incalculable, Gaviria apeló a todos los protagonistas haitianos con influencia –el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil, los líderes eclesiásticos– y al pueblo haitiano en su conjunto, para que pusieran en vigor una tregua como primer paso en el desarrollo de un proceso democrático plenamente inclusivo, en aras del interés común.

Podrá decirse que son sólo palabras, pero ciertamente fueron palabras que yo defendería en un cien por ciento, de acuerdo con los mandatos de esos órganos políticos.

Lamentablemente, el llamamiento no fue escuchado, como no lo fue, de hecho –podría agregar– mi pedido de una tregua, formulado el 8 de diciembre de 2001, sólo para subrayar el hecho de que nos preocupaba esto desde hace mucho.

Ahora, fuimos sorprendidos. Todavía tengo registrada en mi teléfono celular la llamada, un minuto después de las siete de la mañana del día 29, de David Lee, diciendo que acababa de enterarse de que algo había ocurrido, de lo que yo debía ser informado de inmediato. Creo, con toda franqueza, que nadie en la Misión, sin duda, no yo y, ciertamente, no el Secretario General y –creo que, probablemente, hasta principios de esa semana– ni siquiera el Presidente Aristide podría pensar que su sistema de seguridad y control se iba a derrumbar tan rápidamente.

El hecho es que ni yo, ni nadie en la OEA sabe exactamente qué pasó. Esa es una de las razones por las que tampoco pasamos la segunda prueba que propuso el Embajador Serpa.

Ahora, sin embargo, no estamos, como cuestión práctica y viva, en debates teóricos. La vida política, en particular, la vida política en un momento de crisis, es algo que requiere decisiones y acciones. Y aquí llegamos, en parte –pero sólo en parte– al tercer punto del Embajador Serpa, el “contentillo” del Artículo 28, página 25. Quisiera decir que, en este caso, se trata de los Artículos 148 y 149 de la Constitución de Haití de 1987. Esa Constitución dice que “si el Presidente halla que es transitoriamente imposible (este es el Artículo 148) descargar su responsabilidad, la autoridad ejecutiva pasa al Consejo de Ministros, bajo la presidencia del Primer Ministro”. La primera parte del Artículo 149 establece: “Si el cargo de Presidente de la República quedara vacante por alguna razón, el Presidente de la Suprema Corte de la República o, en su ausencia … será investido temporariamente con las responsabilidades del Presidente de la República …”.

En la mañana del 29, que empezó, para mí, un minuto después de las siete de la mañana, la cuestión era: ¿qué sucedería a partir de ese momento? E, implícitamente también, ahora que se había producido el desastre, ¿cuál era el papel que debía desempeñar la OEA en esa situación?

Ahora bien, algunos de ustedes tal vez no lo recuerde, pero la principal agrupación de oposición, Plataforma Democrática, había emitido una declaración, ya el 31 de diciembre –en realidad, tenía fecha 31 de diciembre, pero fue emitida el 2 de enero– en la que constaba un procedimiento que no seguía la Constitución de la República de Haití y que sugería a otros magistrados de la Suprema Corte más de su agrado para sustituir al Presidente Aristide, quien, se insistía como recordarán en que se alejara, para luego convenir desempeñar un papel político positivo en el país. Estábamos ante una situación de incipiente derramamiento de sangre. Lo digo con firmeza, porque ya había considerable violencia y muchas muertes, y, obviamente, la pérdida de todo lo que tuviera visos de orden y control en la República, lo cual se había extendido inclusive a la capital, Port-au-Prince, en los días anteriores, por lo cual, el día 28, el Secretario General lanzó el llamamiento que mencionamos.

Nuestra primera medida, “contentillo,” era averiguar qué estaba ocurriendo, dónde estaba el Primer Ministro, dónde estaba el Presidente de la Suprema Corte. Resulta que el Primer Ministro estaba disponible y tenía en la mano la carta de renuncia del Presidente Aristide. Uno puede discutir, y desde ese momento hemos discutido, qué significa eso, si era realmente una carta de renuncia, si estaba correctamente traducida. Afortunadamente, sólo dije dos cosas sobre esa carta, que las puedo repetir a ustedes, ahora mismo.

Primero, era claramente el estilo de Jean-Bertrand Aristide; nadie más podría haber escrito esa carta. Y, segundo, estaba firmada por él con toda claridad. A esa altura, yo no había visto la carta. Todo lo que supe fue que Yvon Neptune, Primer Ministro de Haití, había aceptado esa carta como auténtica y la leyó por la radiofonía del Estado. Para mí, desde Washington, D.C., no parecía haber problemas respecto de la renuncia. Difícilmente podría decirse que Yvon Neptune pertenecía a la oposición. Antes de ser Primer Ministro, había sido Presidente del Senado y Presidente de Fanmi Lavalas. Sin embargo, esperamos, porque nos preocupaba la posibilidad de que alguien, fuera del Presidente de la Suprema Corte, pudiera ser investido, como, en realidad, había sugerido Plataforma Democrática en un documento oficial emitido el 2 de enero. En los hechos, el Presidente de la Suprema Corte, como lo exige el Artículo 149, compareció y prestó el debido juramento.

A esa altura, acordamos que el Secretario General debía emitir una declaración, la declaración a la que se hizo referencia hoy. Pero, inclusive para nosotros, aún en un momento de crisis, la cuestión de poner los puntos sobre las íes de los Artículos 148 y 149, por importante que fuera, no era la cuestión central.

Hay un antiguo proverbio haitiano según el cual el acero corta papel, y la cuestión era el acero. La cuestión no era la Constitución y las leyes, sino lo que pasaría en Haití, ahora que se había producido este hecho extraordinario, para el cual, en verdad, creo que nadie estaba preparado, y entonces la cuestión era: ¿tenía sentido que la Misión Especial de la OEA se fuera o que esperare por este Consejo? Y les diré, con total franqueza, que no dudé ni un minuto. Con la amenaza de la violencia armada y de las bandas armadas, en verdad, con gran riesgo, aún no totalmente eliminado, del saldo de un revés político de la suerte, entendí, y estoy seguro que el Secretario General también entendió, como sin duda lo entendió nuestra Misión en el terreno, que era esencial que la Misión estuviera presente y se empeñara denodadamente en tratar de canalizar los eventos en la medida en que nos fuera posible. Creo que nosotros, como representantes de la comunidad internacional, teníamos la responsabilidad de actuar de manera que no sólo fuera correcta técnicamente, sino sustantiva y políticamente correcta.

¿Qué quiero decir con esto? Habíamos trabajado durante tres años y medio en Haití, activamente esta vez, dos años con la presencia de la Misión Especial. Habíamos elaborado una serie de criterios y principios que, en verdad, habían sido ratificados y encarecidamente sugeridos por este Consejo. Y uno de ellos era el principio de la inclusión, que adoptó la forma, en la mayoría de nuestras resoluciones, de “todos los partidos políticos” que participan en el proceso y que fueran oficialmente reconocidos en la fórmula acordada para un Consejo Electoral que fue negociada por el propio Secretario General y un servidor, en Port-au-Prince, en julio de 2001. De manera que sabíamos cuáles eran nuestros principios. Necesitábamos un proceso en el cual, como lo había dicho el Secretario General el día 28 y como lo reiteró en su declaración del 29, en las partes que hoy no se han citado, una solución a los problemas socioeconómicos de hace siglos sólo puede lograrse mediante un contexto democrático de diálogo, negociación y un modus vivendi en que se tengan en cuenta los intereses y los derechos humanos de todos los haitianos.

La declaración del Secretario General no fue emitida la mañana del 29; fue emitida en la tarde del 29, después de hechas todas las comprobaciones, después de que tuviéramos oportunidad de pensar en algo, que es precisamente esto, que no estaríamos satisfechos con las palabras escritas. Teníamos que preocuparnos por el acero –y quisiera decirles por qué teníamos que preocuparnos por el acero– porque en el instante en que el Presidente Aristide abandonó abruptamente el país –y eso es todo lo que dijimos, porque eso era todo lo que podíamos atestiguar a la sazón, y ese sigue siendo el hecho político básico en el terreno, no en términos de teoría y debate ideológico, sino práctico- porque a esa altura, las bandas de asesinos salieron a cazar seguidores de Aristide. Y se hizo esencial proteger a las personas que ocupaban cargos de responsabilidad en el gobierno y en el partido Lavalas. Y –no tengo una certeza más exacta que lo que decimos en el informe- como lo dirán las personas que vivieron ese período, la fuerza multilateral emplazó cuatro camiones blindados en el jardín del edificio del Primer Ministro, para protegerlo, porque lo buscaban algunas de estas bandas de criminales. Pero no sólo estábamos interesados en los derechos humanos; estábamos interesados en impulsar, precisamente, el espíritu de un proceso inclusivo.

Ahora bien, es verdad –y nunca argumenté que estaba respaldando un plan de la CARICOM, cuando no existe un plan de la CARICOM– pero había algo absolutamente importante sobre el Plan de la CARICOM: era un plan profundamente democrático, basado en la historia política interna de la CARICOM y en su Carta de la Sociedad Civil. Y básicamente decía, por un lado, el Presidente Aristide debe cumplir su mandato legal y, a cambio de ello, la oposición debe tener un papel político importante.

Pero una vez que el Presidente Aristide abandonó el país, obviamente el Plan de la CARICOM, como tal, ya no existía, aunque su espíritu era el único elemento sólido de orientación política disponible en Haití. Y lo que hizo la Misión Especial de la OEA en las horas que siguieron a la partida del Presidente Aristide fue insistir en que era necesario aplicar ese espíritu del Plan, que el Consejo de Notables que preveía debía seguir el plan prenegociado, en el que todos participarían, inclusive Fanmi Lavalas. La nominación del nuevo Primer Ministro –y esto no era en absoluto ortodoxa, pero les dirá que cuando uno actúa en las arenas movedizas de la vida política, no tiene tiempo para pensar o discutir “ “debemos aplicar un plan que la OEA haya elaborado”. Habíamos elaborado ese plan en el otoño de 2003, cuando tratábamos de vencer el veto de algunos grupos y asegurar la plena participación de todos. Y el plan era una comisión tripartita compuesta por un miembro en representación del Gobierno o de Lavalas; uno en representación de la oposición; y, para garantizar de alguna manera lo que el Secretario General en su declaración denominaba “el respeto por el bien común”, y no el bien partidista, un miembro en representación de la comunidad internacional. Y esa comisión tripartita fue formada. Impulsamos al jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Haití para que fuera el representante de la comunidad internacional, y teníamos un representante, un ex ministro del Gobierno de Aristide, que se incorporaría, junto con un representante de la oposición. Y es ese grupo que nominaba el Consejo de Notables, el cual, a su vez, elegía el Primer Ministro.

Ahora bien, desde esa fecha, al nivelarse las aguas, el papel de la Misión Especial se ha debilitado. Estamos a la espera de las Naciones Unidas; estamos a la espera de las definiciones de los países miembros. Y las nuevas autoridades haitianas, como corresponde, están también tomando decisiones sobre cuál será su rumbo futuro. En la Secretaría, estamos totalmente dispuestos a aceptar la orientación de este órgano, pero me enorgullece la posición de la Misión Especial y las decisiones que adoptamos y adoptó el Secretario General en medio de la crisis. No se trataba sólo de “contentillo”. Sé, Embajador Serpa, que usted no sugirió eso, pero me apoyo en su contexto, que a todos nos aporta elementos positivos para pensar.

Muchas gracias, señor Presidente.