Es tarea casi imposible describir en sólo diez minutos el sistema de relaciones laborales y la situación del mercado de trabajo en los cuatro países fundadores del Mercosur, más Chile y Bolivia. Existen múltiples diferencias que hacen imposible la tarea.

Pero hay en los países de la región una coincidencia neta en la prioridad de la lucha para mejorar la situación del empleo y voy a poner énfasis en ese aspecto. No sólo se busca en todas partes disminuir los niveles actuales en las tasas de desocupación sino también tender a que se generen empleos de calidad.

¿Cómo se logra?
Sin duda con economías florecientes: el crecimiento económico con equidad social. En muchos países será punta de lanza el sector exportador pero no debe descuidarse en ningún sitio el mercado interno, donde el comercio y los servicios, grandes generadores de mano de obra, vuelcan su actividad.

En materia de empleo voy a tocar tres temas:
a) las Políticas de intervención en el mercado de trabajo
b) la necesidad de un Dialogo social y modernización de la legislación laboral
c) la importancia de Políticas económicas que consideren además de los grandes equilibrios fiscales unas sanas líneas de promoción de abundantes empresas autosustentables y como corolario lógico de empleos decentes.

I) Políticas de intervención en el mercado de trabajo
En este campo se han implementado en la región diversas opciones. La creación de empleo directo, por una parte, como el Plan jefes y jefas de hogar en Argentina, que alcanza a 2.200.000 personas. La evaluación de tales planes puede tener reparos importantes pero explica en buena parte que la tasa de desempleo esté allí en el 15.6%, porcentaje que no revela la entidad del problema social.

En Brasil se está incorporando una política agresiva de Empleo juvenil ciertamente uno de los principales sectores castigados por los problemas de empleo. La experiencia uruguaya en ese campo, consistió en admitir contratos de duración determinada y exoneraciones fiscales pero ambas medidas no tuvieron la repercusión deseada para afrontar el problema y la emigración de gente jóven es una sangría grave que aqueja al Uruguay, donde buena parte de la población puede acceder a pasaportes europeos por su procedencia.

Más adecuado que la creación directa de empleo parece el establecimiento de incentivos en la contratación por parte del sector privado. En Chile se está estudiando un plan en esa línea que permitirá la creación de 55.000 puestos de trabajo. Argentina ya tuvo una experiencia en el sector de la construcción, tradicionalmente considerado impulsor de la economía. En Argentina también se anuncia un enorme plan de construcción de obras públicas que tirará en la misma dirección.

Es sabido que el incentivo a la contratación o subsidio al empleo, tiene efectos no deseados y la creación neta de puestos de trabajo resulta cuestionable porque en buen número de casos se trata de empleos que se hubieran creado de todos modos si los incentivos no existieran. Tiene también el problema de la modificación de la competencia generada entre las empresas que reciben el incentivo y las que no, en materia de costos salariales. Sin perjuicio de ello parece que se trata de una vía más lógica sobre todo en momento de comienzo de la reactivación, para acentuar el impulso de la creación de empleos nuevos. En Uruguay estamos estudiando un proyecto de esta índole con el apoyo financiero del BID y el diseño de la oficina regional de la OIT con sede en Chile, cuya colaboración apreciamos.

La gran clave para la creación de empleo aunque se diga que no existan recetas infalibles resulta ser la difusión de un ambiente general de empresarialidad en los países, con el cambio cultural que significa adaptarse a un nuevo tipo de trabajo que, como en el caso de mi país, Uruguay, ya no será en el sector público, y que siendo en el área privada no gozará de la estabilidad de un empleo por toda la vida.

Para ello sigue resultando relevante todo el apoyo firme y sostenido a la MyPyMEs Micro y Pequeña Empresa.

La creación del autoempleo, el fomento de emprendedores, sigue siendo indispensable el cuidado de la Capacitación y formación de la gente.
Tema tradicional como auxilio que ha sido en Uruguay la política más usada en la década del 90 pero no fue suficiente para detener el enorme problema de empleo que se produjo en el tercer trimestre del año pasado. No ha de abandonarse, sin duda. Hay que seguir apostando a la formación profesional en la que yo destacaría dos cosas: la importancia de involucrar a los actores sociales y sea contenido de la negociación colectiva y de que se trate de una capacitación en el terreno con un sistema de acreditación que deje de lado la base curricular tradicional.

Quiero mencionar aquí en el Alfabetización digital como se le llama en Chile o informática como estamos llamándola en Uruguay.

Quiero mencionar también la importancia de la orientación vocacional para hacer saber al individuo sus propias habilidades y las posibilidades que le brinda el mercado. Los talleres de orientación psicológica han estado dando excelentes resultados en esa dirección.

Hasta aquí, algunas políticas activas.
Políticas pasivas
También en Chile se ha comenzado recientemente con el seguro de cesantía que se financia con un aporte patronal. Será porque se tiene en cuenta que es una forma de asegurar un daño que está provocado la empresa.

II) Dialogo social y modernización de la legislación laboral
El ejemplo de algunas naciones que han decidido en conjunto, hacia donde ir, a que sectores específicos dedicarse, muestran que se trata de un camino. Allí tenemos en el Mercosur el Foro Económico y Social, gran oportunidad de lanzar este tipo de consensos nacionales para determinar hacia donde queremos ir como proceso de integración. Pero eso mismo a nivel nacional se llama el Diálogo Social.
El ejemplo del Foro Nacional de Trabajo que se ha lanzado recientemente en Brasil, es un camino a tener especialmente en cuenta como antecedentes. Se trata de un espacio privilegiado para la actualización de la legislación sindical brasileña. El Ministro Wagner recordó que en Brasil coexisten alrededor de 17.000 organizaciones sectoriales, 12.500 sindicales y 4.500 empresariales, muchas de ellas con representatividad cuestionable. Es un extremo que conlleva a una “Pulverización” institucional. La voluntad del gobierno es contribir al fortalecimiento de las entidades, propiciando condiciones para que entre los interlocutores sociales pueda generarse confianza mutua que favorezca entendimientos.

Los problemas son diversos en uno y otro país, pero los instrumentos pueden ser los mismos.

La libertad sindical está en la base del diálogo social pero más concretamente de la participación y de la negociación colectiva. Efectivamente, como ayer decía Juan Somavía, razones políticas e historia de las instituciones, hace que muchas veces se vea todavía en ella más un obstáculo que un instrumento para la correcta gestión y el cumplimiento con la responsabilidad social del empresario.

Modernización de la legislación laboral.

Veamos ahora la llamada Reforma Laboral en Mercosur.
María Luz Vega Ruiz –hoy entre nosotros- puede decir en palabras que compartimos plenamente que “No pareciera que las normas laborales puedan ser incluidas entre las variables que realmente frenan el empleo en América Latina, o por lo menos no al mismo nivel que elementos tales como la insuficiente inversión, la deuda externa, los desajustes de la moneda, los problemas políticos, la violencia, la pobreza y la desigualdad: o bien las limitaciones para la generación de tecnología y de empresas modernas, así como las deficiencias de formación profesional.” Sólo nos permitimos agregar nosotros las inequidades en materia de comercio internacional, donde el fracaso reciente de la reunión de Cancún es otro golpe.

Argentina es el país de la región que más profundizó en una reforma laboral y no parece que ello haya tenido eficacia en la mejora sustentable del empleo.

De todas maneras cabe distinguir Reforma laboral como desarticulación de un sistema de protección social de esquema clásico, con Modernización de normas laborales. Se debe mencionar que por seguridad jurídica, por certeza para las partes, y por lógica en las necesidades de la producción, existen campos en los cuales una puesta al día de normas que se hicieron para otros momentos históricos y otras exigencias en la fabricación de bienes y prestación de servicios. Uno de ellos sin duda es el referente a la Distribución del tiempo de trabajo como ciertamente hicieron bien los europeos. Pues bien En Chile se está llevando adelante un proyecto para hacer posible las jornadas pactadas: como adaptación para las necesidades de la empresa pero también como determinación de una protección social necesaria y que formó parte de la fundación del Derecho Laboral

III) Políticas económicas.
Pero a nuestro juicio, sin bien es cierto que no existen recetas infalibles para la generación de empleo hoy van quedando algunos temas que no pueden soslayarse. ¿Esto es sólo un tema de Comercio y Economía, de los ministerios de producción? Por las intervenciones de ayer surge que va habiendo consenso en que no puede ser así.
Nos gustaría incluso que formaran parte de nuestra Declaración esa necesidad de cooperación de los Ministerios de Trabajo en la elaboración de las líneas económicas con los Ministerios de Comercio.

Otro de las ideas madres para el diseño de políticas económica pro empleo es la importancia que tienen algunas reformas estructurales en la forma de organizar el gasto de los países. En Uruguay el 60 % del total del gasto público total son gastos en seguro y bienestar social. Es decir, 6 de cada 10 pesos que ha gastado el gobierno central lo ha hecho en conceptos vinculados a la seguridad social, ya sea para pasivos o activos. La pregunta que cabe hacerse es ¿lo ha hecho bien? ¿no existen superposiciones? ¿La acción estatal está bien coordinada y focalizada?

En Brasil recientemente se llevó a buen tiempo en esa dirección una reforma previdencial y una reforma tributaria que son parte lógica de tales exigencias pero que también son posibles por liderazgos políticos sólidos y muestran la importancia de que marchen juntos sistema político, sociedad civil, y mundo empresarial.

Quizás hemos tenido poco en cuenta la importancia de la forma en que se obtienen los recursos del Estado. Parece que todo sistema tributario debe ser lo más neutro posible pero parece también exigido por la justicia social, que grave con equidad las diferentes fuentes de riqueza y tenga en cuenta la capacidad contributiva.

Si bien la tributación indirecta –el impuesto al valor agregado- se ha convertido muchas veces en principal fuente de ingresos públicos, es necesario para atender a la reactivación del mercado interno que las tasas sean suficientes para no gravar el consumo, mejorar la recaudación y aumentar el dinero de bolsillo del trabajador y del pasivo.

Quiero hacer mención también a la importancia de que los ministros de trabajo atendamos a la tributación previsional, los aportes que financia la seguridad social, no sólo porque muchas veces opera como grave descincentivo al empleo sino también porque casi siempre genera efectos de informalidad.

El control y fiscalización de los impuestos y aportes de seguridad social con inspecciones transparentes, justas y eficaces, están en primer lugar dentro de la necesidad de asegurar la recaudación y hacer posible la baja de la presión tributaria en general, señalada en forma coincidente como un desestímulo a la inversión y el crecimiento.

La informalidad es un problema importante en los seis países abarcados. Se plantea un gran desafío: donde establecer la línea entre el individuo que frente a la adversidad en materia de empleo genera su propio trabajo, y aquella otra situación en donde la informalidad es lisa y llana delincuencia ? El primero no cumple con la registración legalmente requerida, porque no tiene posibilidad de cumplirla. En el segundo existe el ánimo de evadir, de mantenerse en negro, para mejorar costos pero no como resultado de una necesidad imperiosa de subsistencia.
Este problema de algún modo se vincula con la posibilidad de normas específicas, laborales, tributarias y previsionales, para las microempresas. A nuestro juicio es también este uno de los desafíos existentes.


Finalmente en Paraguay tenemos una administración reciente que como tal viene acompañada de grandes esperanzas en la lucha contra los males a los cuales esa nación tampoco es ajena. Lo mismo se puede decir de Bolivia, donde existe un flamante ministro de trabajo. Por el poco tiempo de conocidos, ya nos hacemos una idea acabada de sus excelentes cualidades y sus acertados objetivos para las respectivas carteras.
Para concluir,

Existen desafíos, pero existen esperanzas.
En la región estamos observando el comienzo de una reactivación.
Puede ser la oportunidad de dar un gran paso adelante.
Se puede.