Senor Presidente de la Décimotercera Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
Senora Ministra de Trabajo de Canadá, senoras y senores Ministros, apreciados representantes de los sectores de los trabajadores y empresarios, representantes de Organismos Internacionales y observadores, senoras, senores

Las exigencias históricas particulares que obedecen a una decisión política, para lograr la interdependencia entre estados y alcanzar equilibrios políticos y económicos entre sí, así como frente a otros, para promover su desarrollo nacional mediante un proyecto compartido, deben superar la esfera meramente economicista, y trascender a hacer visibles indicadores de logros y desempeño que permitan percibir a las colectividades nacionales la validez del esfuerzo que realiza.

En este contexto una agenda social visible y percibible para los comunitarios, no debe considerarse como una inflexión en la construcción del proyecto comunitario, sino que su valoración se indexa y refuerza paralelamente dentro de una sociedad plural que discierne sobre un debate constructivo, de participación efectiva en el proceso de intercambio de factores productivos, considerando a la mano de obra como factor de significativa importancia.

En el proceso de integración hemisférica el espacio continental será heterogéneo, y sus focos de atracción en temas convergentes se harán cada vez más evidentes. La Comunidad Andina por su ubicación geopolítica, es un grupo de economías de relevancia en el intercambio de bienes, con identidad propia y herencia social y cultural común, que se integran dinámicamente en un flujo de intercambio e integración física y comercial generadora de bienestar social.

Se ha concebido además a la integración andina, como un proceso que busca alcanzar objetivos comunes no sólo en las áreas económica y comercial, sino también en la social y la política, buscando aportar bienestar a la población y propendiendo al uso eficiente de los recursos existentes. El proceso de integración no se entiende como un fin en sí mismo, sino como un instrumento coadyuvante y complementario con los objetivos de desarrollo económico, político y social de cada país participante.

Con el fin de que los pobladores de los países miembros de la Comunidad Andina participen de los beneficios de la integración, el Consejo Presidencial Andino, el Parlamento Andino y el Protocolo de Sucre han propuesto una agenda social que consiste en desarrollar programas educativos dirigidos a renovar y mejorar la calidad de la educación básica, fundamentalmente para reforzar los programas de alfabetización, educación extraescolar y educación rural, así como los programas orientados a los niveles preescolar y básico, bajo los principios de gratuidad, universalidad y calidad de la enseñanza. Estos programas persiguen diversificar y elevar el nivel técnico y la cobertura de los sistemas de formación profesional y capacitación para el trabajo, así como buscar el reconocimiento de los títulos de educación superior en el ámbito andino, con el fin de facilitar la prestación de servicios profesionales en la Subregión, de diseñar e implementar políticas en materia de recreación y tiempo libre y de propiciar el desarrollo de políticas orientadas al intercambio juvenil andino en aspectos educativos, científicos, culturales y deportivos, bajo la premisa de que ensenaremos a generar riqeuzas,porque la pobreza no se reparte.

En el ámbito laboral se integran desafíos más singulares; nos referiremos a la movilización e intercambio de la mano de obra en el espacio comunitario, debiendo existir mecanismos conjuntos de regularización y permanencia del flujo migratorio, siendo éste un procedimiento válido en función de suplir las falencias de mano de obra técnica o altamente calificada, para cuyo fin se ha adoptado la respectiva norma comunitaria, que en la actualidad está siendo reglamentada para que entre en ejercicio el derecho emanado de la norma comunitaria, respetando los compromisos preestablecidos de liberalización de la circulación de personas en la Comunidad Andina, labor que fue apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones.

Es menester que el trabajador comunitario sea efectivamente protegido dentro del espacio comunitario, en cuanto a su necesidad de afiliación a un sistema de seguridad social, que le garantice prestaciones mínimas y universales, y que la movilización a otro país diferente al de origen no genere la pérdida de las aportaciones e inversión realizada en el sistema de seguridad social del país de origen, sino que exista un intercambio institucional comunitario de recursos y políticas, por medio de las cuales se garanticen las seguridad social del trabajador migrante y su familia, en cuyo contexto actualmente se trabaja en la reglamentación y acuerdos multilaterales, para garantizar la seguridad de la inversión y protección, trabajos que se llevan adelante con el apoyo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social .

De la misma forma, la seguridad y salud laboral se inserta como un principio necesario para garantizar la salud del trabajador, siendo la seguridad y salud laboral un derecho prioritario que se inserta junto a los derechos fundamentales, por lo que se ha adoptado una norma comunitaria con criterios de protección efectiva de los trabajadores, la misma que por su claridad no necesita reglamentación, debiendo sólo adoptarse mecanismos de aplicación nacionales, dejando constancia de que en este proceso ha participado la Organización Internacional del Trabajo con cooperación técnica desde su génesis.

El fomento del empleo, es una tarea principal propuesta a los Ministerios de Trabajo, como entes que determinan las políticas de fomento y generación de empleo, debiendo trabajar conexamente sobre todo con los organismos nacionales que manejan la inversión y gasto público, para lo cual el diseño de políticas desde el marco del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, con el apoyo del Consejo Consultivo laboral y empresarial andino, han sido de particular interés. Así, se ha deducido que las medidas que deben tomarse para lograr resultados a corto, mediano y lago plazo, entre otras se cuenta las siguientes:

• Promoción de la capacitación de los trabajadores en función de las necesidades y requerimientos del sector productivo;
• Promoción de la formalización de las empresas del sector económico no estructurado, a fin de evitar que las economías se informalicen, o se dediquen a la oferta de bienes y servicios, apartándose del sector productivo;
• Desarrollo de proyectos de fomento de las microempresas, a través de programas asistencia técnica y por sobre todo crediticia;
• Promoción de la participación solidaria en los ámbitos rural y urbano;
• Incentivo de la concertación social para el desarrollo de programas de empleo y el aumento de la productividad;
• Suministro de la información adecuada sobre la situación laboral a los agentes del mercado (trabajadores, empleadores, gremios profesionales, etc.)

La formación y capacitación laboral propone a los Ministerios de Trabajo el diseño de las siguientes acciones:

• Desarrollo de los programas continuos y orientados a las demandas del sistema productivo, de manera descentralizada, y guardando semejanzas entre los países en términos de metodología, contenido, sistemas de evaluación y certificación;
• Intercambio de experiencias exitosas en formación y capacitación laboral entre los países comunitarios;
• Realización de un diagnóstico de las legislaciones y programas nacionales de capacitación y formación profesional;
• Implementación y trabajo en el Observatorio Laboral Andino, de cuyas fuentes se pueda contar a primera mano de información estadística, , normativa y la relativa a a los programas de empleo en la subregión;
• Formulación y desarrollo de proyectos concretos en cuanto a capacitación y formación en los pasos o zonas de frontera;
• Propiciar la incorporación más activa de los Consejos laborales y empresariales en el diseño de políticas y propuestas que se realicen a nivel subregional sobre los programas de formación y capacitación laboral.

Es menester senalar el importante apoyo económico que el Consejo Económico y Social de Espana, ha brindado a los procesos antes aludidos, con énfasis de apoyo al sector laboral y a la futura preparación e implementación del Observatorio Laboral Andino.

Con el compromiso de crear y conformar un Mercado Común al 31 de diciembre del 2005, la urgencia de impulsar una agenda con dimensión social se torna más evidente. Asimismo, la situación de pobreza, exclusión y desigualdad social que impera en los Países Miembros, lleva a la conclusión ineludible; de que un proceso de integración que no preste atención a su dimensión social será insostenible en el largo e, inclusive el mediano plazo.

Se vuelve imperativo garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores comunitarios, para evitar la precarización de sus condiciones de vida y de sus familias, en cuya circunstancia, el Plan Integrado de Desarrollo Social, PIDS, para los países comunitarios debe converger en la optimización de esfuerzos e inversión social, por medio de la gradualidad, integralidad subsidiareidad y focalización, que permitan aprovechar los escasos recursos disponibles, y que las líneas de acción persistan a pesar de la movilidad de los gobiernos o la inestabilidad política.

Se ha podido determinar que en los países de la Comunidad Andina, las repercusiones de la liberalización del comercio y la inversión, puede generar a corto plazo empleo de calidad y volumen precario y desregulado, vislumbrándose trabajadores informales en situaciones de empleo diferente, trabajadores/productores informales en sectores de actividad económica diferentes; y, trabajadores/productores informales en regiones diferentes.

La desregularización e informalización de las economías y las relaciones laborales particulares de los Países Miembros de la CAN, hace concluir que para que los productores y trabajadores informales tengan la posibilidad de responder a las nuevas oportunidades que ofrece la liberalización del comercio y de la inversión y sus consecuencias negativas en el mercado de trabajo y el trabajo decente y de calidad, será necesario trabajar en cuatro estrategias: a saber, programas de acción directos, investigaciones y estadísticas específicas; organización local e internacional de los trabajadores que han recalado en la informalidad; y consultas pertinentes en el ámbito de las políticas. Por esto, queremos solicitar que en la elaboración de los estudios, se incluya o adecúe dos temas que nos parecen relevantes, el uno: sobre la incidencia de la informalización de las economía en el mercado de trabajo, y sobre las relaciones de trabajo y su evolución a la desregularización del sistema laboral y relaciones contractuales.

Para finalizar, es importante señalar que sin paz social amparada por el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, no se puede garantizar la democracia ni el desarrollo sostenible y sustentable de los pueblos en cuyo contexto la Presidencia del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo, se encuentra firmemente empeñada en posicionar y dimensionar una agenda sociolaboral básica, proteja al trabajador comunitario, en el intercambio de mano de obra regional y subregional, así como en la adopción de políticas de empleo, capacitación laboral, formación profesional y educación en todos los niveles, y seguridad y salud para los trabajadores.