Señor Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Embajador Salvador E. Rodezno Fuentes, señor Sub-Secretario de Asuntos Jurídicos y representante del Secretario General, Dr. Enrique Lagos, distinguidos Representantes de los Estados miembros de la Organización y Observadores. Estimados colegas, señoras y señores:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta ceremonia inaugural de nuestro 118º período ordinario de sesiones. Es un gusto contar en esta oportunidad con la presencia de mis colegas; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; los Comisionados Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo, y Susana Villarán. Nos acompañan igualmente el Dr. Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y profesionales de la Secretaría Ejecutiva.

Como ustedes saben, este año la Asamblea General de la OEA eligió a cuatro nuevos integrantes de la Comisión. En este sentido, quisiera felicitar y dar anticipadamente la bienvenida a los señores Evelio Fernández de Paraguay, Freddy Gutiérrez de Venezuela, Florentín Meléndez de El Salvador y Paulo Sergio Pinheiro de Brasil, quienes asumirán sus mandatos el 1 de enero de 2004.

Lamento anunciar que, como hemos comunicado a la Secretaría General, nuestros apreciados colegas Marta Altolaguirre y Juan E. Méndez renunciaron recientemente a sus cargos como Comisionados, debido a cuestiones sobrevivientes de incompatibilidad. Quiero extenderles a nombre de la Comisión un fraterno agradecimiento por su excelente labor durante estos años.

La Comisión tiene previsto un intenso programa de actividades para las sesiones ordinarias que se inician en la fecha. Como es habitual, dedicaremos la mayor parte de nuestro trabajo al estudio y consideración de informes sobre peticiones y casos individuales respecto a distintos países del hemisferio que se hallan en las etapas de admisibilidad, solución amistosa, fondo o decisión de envío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la segunda de las tres semanas de sesiones, la Comisión ha convocado a más de 50 audiencias sobre casos y peticiones en las etapas mencionadas. Asimismo, recibiremos en audiencia a distintas personas, organizaciones, y representantes de los Estados miembros que presentarán información sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio, ya sea con carácter general o sobre algún derecho o tema específico de la competencia de la Comisión.

La Comisión Interamericana ha seguido con especial atención la evolución de la vigencia de las instituciones democráticas en el Hemisferio, reconociendo avances y marcando insuficiencias. En este sentido, los temas de especial preocupación han sido y son el respeto al Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática, debido principalmente a los indicios de retrocesos en la consolidación del Estado de Derecho en algunos Estados de la región. En efecto, y como hemos planteado en reiteradas oportunidades, si bien existen elecciones periódicas en nuestro hemisferio, todavía muchas democracias presentan debilidades institucionales y los intentos de golpes de Estado o alteraciones del orden constitucional no han desaparecido completamente. Afortunadamente, la conciencia alcanzada dentro de la OEA ha permitido crear mecanismos, primero con la resolución 1080 y especialmente con la Carta Democrática Interamericana, que contrarresten colectivamente los ataques graves a las instituciones democráticas.

Entre los avances importantes están la celebración de elecciones periódicas, sociedades más abiertas y libres, con multiplicidad de actores privados y organizaciones que se entrelazan en el ámbito internacional, fortaleciendo la legitimidad de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, como señalaba anteriormente, subsisten serios problemas: instituciones insuficientemente desarrolladas (como es el caso del Poder Judicial en numerosos países); fuerzas de seguridad mal entrenadas (que no han logrado articular adecuadamente la relación inherente entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana); grupos vulnerables, mujeres, pueblos indígenas, comunidades afro descendientes, niños, discapacitados, (que aún no logran una igualdad de hecho para desarrollarse plena y libremente, e incluso, en algunos países, aún no alcanzan una igualdad de derecho). Nuestra región es la más desigual del mundo en términos económicos y sociales. La aspiración a que se reconozcan los derechos económicos, sociales y culturales continúa siendo un sueño lejano para grandes sectores de nuestra sociedad.

Dentro de este panorama podemos establecer claramente y como punto de partida que el sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos. La democracia y el Estado de Derecho constituyen condiciones necesarias para lograr la vigencia y el respeto a los derechos humanos en una sociedad. Según la Carta Democrática Interamericana, son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos. Asimismo, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. (Carta Democrática Interamericana, artículos 4 y 5).

Con base en estos principios, podemos establecer que ejes centrales al momento de enfrentar los desafíos que presenta el fortalecimiento de la democracia, son el Estado de Derecho, la seguridad hemisférica y la pobreza que afecta a grandes sectores de los habitantes de nuestro hemisferio, temas que por lo demás se encuentran entrelazados.

Continúa siendo una de las principales preocupaciones de la Comisión la necesidad de crear mecanismos para una lucha efectiva contra el terrorismo dentro del marco del absoluto respeto a los derechos humanos. La larga experiencia de la Comisión como órgano principal de protección de los derechos humanos en la región durante más de 40 años demuestra que la única seguridad efectiva y duradera es la que se aplica con pleno respeto los derechos humanos, sin discriminación alguna. Como se señaló ante la Comisión sobre Seguridad Hemisférica, la Comisión Interamericana reconoce la relación de interdependencia entre el mantenimiento de la seguridad del Estado y la protección del Estado de Derecho y de los derechos humanos fundamentales. Sin las necesarias garantías de seguridad contra el terrorismo y otras amenazas a la población de la región, el Estado de Derecho y los derechos humanos fundamentales no pueden garantizarse efectivamente. Al mismo tiempo, según la experiencia de la Comisión, cuando los Estados han sacrificado los derechos humanos fundamentales en nombre de la lucha contra el terrorismo, el Estado de Derecho y las libertades democráticas se erosionan y, en última instancia, en lugar de limitarse los efectos objetivos del terrorismo, ellos se ven acrecentados. Así, el mantenimiento de la seguridad y la protección de los derechos humanos son responsabilidades complementarias: una no puede lograrse sin la otra.

La Comisión Interamericana se ha pronunciado de manera clara e invariable sobre la compatibilidad e interdependencia entre los derechos humanos y la lucha efectiva contra el terrorismo en el marco del Estado de Derecho a través de su Informe sobre Terrorismo, uno de los más completos estudios que se han hecho. En efecto, el propósito de cualquier medida efectiva contra dicho flagelo debe contemplar la preservación de los derechos fundamentales y las instituciones democráticas que las acciones terroristas buscan debilitar y eventualmente destruir. La Comisión confía que su Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos asista a los Estados miembros y otros actores interesados del sistema interamericano en la preparación y aplicación de iniciativas antiterroristas que cumplan plenamente con los derechos y libertades fundamentales. Indudablemente, tales elementos resultan cruciales en una campaña efectiva contra la violencia terrorista.

Sin embargo, tal y como se ha señalado, la estrecha relación entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad no se limita a contrarrestar las amenazas de violencia terrorista. En este sentido, para los esfuerzos destinados a aumentar la cooperación multilateral en campos tales como el de combatir el crimen organizado puede aprovecharse la jurisprudencia relativa al imperio de la ley y la administración de justicia. El juzgamiento de los responsables de crímenes que socavan la seguridad y los derechos humanos de una población es crucial para evitar la impunidad.

De la misma forma, la Comisión ha enfatizado el hecho de que los Estados tienen el deber de utilizar todos los medios legales de que dispongan para combatir esas situaciones, puesto que la impunidad ampara la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y constituye también uno de los factores más importantes que contribuyen a la violencia criminal y social. En este sentido, la Comisión observa con interés los procesos que se desarrollan en diversos países en relación con la necesidad de buscar mecanismos que permitan poner fin a la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos que existieron en numerosos países de la región. La Comisión también ha hecho hincapié en que la legislación destinada a perseguir y castigar crímenes debe respetar los principios de legalidad y de no retroactividad, y que los procedimientos criminales deben estar sujetos al control judicial.

Durante la inauguración del período de sesiones de esta Comisión hace un año se señalaba que no cabe duda que el mundo ha cambiado radicalmente desde el 11 de septiembre y que sin embargo muchas cosas permanecen inalteradas, como la exclusión de grandes mayorías de la población del hemisferio del disfrute efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. En la mayor parte de los países que conforman la Organización de los Estados Americanos, la exclusión de los beneficios del progreso, así como la falta de acceso a las necesidades básicas y a la educación, coloca a grandes sectores sociales en una situación de especial vulnerabilidad ante los ajustes estructurales y los desajustes de la economía. La Comisión Interamericana nota en tal sentido que las crisis económico-sociales afectan especialmente a los sectores más vulnerables y arrasan con los niveles de vida en muchos de nuestros países, en algunos casos con preocupante impacto sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado y el imperio de la ley.

Al mismo tiempo, el deterioro en las condiciones económico-sociales se refleja en una creciente inseguridad ciudadana por las alzas en los índices de criminalidad. Lamentablemente, la respuesta institucional a la inseguridad ciudadana a menudo consiste en represión y las llamadas políticas de “mano dura” sin la debida atención a las propuestas de reconstrucción de la convivencia y de control comunitario de la policía. Esta situación lleva a retrocesos lamentables que nos recuerdan un pasado no muy lejano, cuando las autoridades respondían a la protesta social y el aumento de la delincuencia con violencia, represión y violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Las instituciones concebidas conforme al Estado de Derecho son inseparables de la concepción de la democracia, base fundamental para la vigencia y protección de los derechos humanos en nuestro hemisferio. Por ello, la Comisión Interamericana insistirá siempre en preservar la democracia, pero también en profundizarla. Nuestras decisiones sobre casos individuales e informes temáticos y por países apuntan precisamente a acompañar a los Estados en la tarea de mejorar la calidad de la democracia. Aunque nuestro hemisferio sigue dando muestras de vocación democrática y de rechazo a las aventuras golpistas y autoritarias, tenemos que hacer mucho más por la calidad de este sistema si aspiramos a que todos los habitantes de América se sientan representados y protegidos por el ideal democrático.

En tal sentido, observamos que sigue el deterioro de las instituciones democráticas y la debilidad del imperio de la ley en numerosos países de la región. A pesar de los avances en materia de celebración de elecciones libres en casi todos los Estados miembros, el funcionamiento institucional de una parte importante de los países del Hemisferio continúa sufriendo debilidades que impiden la vigencia plena del Estado de Derecho. Se afecta de esta manera la vigencia de los derechos fundamentales de los habitantes y a la vez se genera un clima apto para las crisis sociales. Asimismo, sigue postergándose la estabilidad necesaria para un desarrollo social, económico y cultural sostenido en la región.

La Comisión sigue con detenimiento la situación especialmente crítica de algunos Estados de la región, y hará públicas algunas consideraciones al finalizar este período de sesiones.

La Comisión ha estado en contacto con la Corte Interamericana para el examen de aspectos esenciales del funcionamiento del Sistema Interamericano de protección en su conjunto, entre ellos, cómo responder más adecuada y prontamente a nuevas exigencias como el aumento de casos o cambiantes circunstancias. Esto supone tanto mayores recursos, que se están buscando -por vía de emergencia- ya que es un tema que deberán enfrentar los Estados miembros de la OEA, como el examen de cómo mejorar nuestro sistema de trabajo y nuestras relaciones recíprocas como órganos de protección.

En estas circunstancias, la Secretaría de la Comisión Interamericana ha continuado perfeccionando su gestión y todo su personal trabajando con máxima dedicación. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer el excelente desempeño y profesionalismo tanto del Secretario Ejecutivo como de todo el personal que trabaja incansablemente por fortalecer la protección de los derechos humanos de los habitantes de las Américas.

Quisiéramos extender como Comisión nuestro reconocimiento y gratitud a la Secretaría General por su constante apoyo y, como la ha destacado en su discurso el señor Enrique Lagos, su respeto a la debida autonomía de la CIDH, siempre dentro del Sistema de la OEA al cual pertenece.

Señor Presidente, señor Representante del Secretario General Adjunto, señoras y señores representantes, estimados colegas, compañeras y compañeros de trabajo:

Los desafíos que se nos presentan requieren de nuevos enfoques y de creatividad al momento de encontrar mecanismos para fortalecer el respeto al Estado de Derecho en nuestros Estados. Sin embargo, debemos resistirnos a la tentación de ver en cada desafío una excepción que nos incite a descartar las conquistas que hemos logrado en materia de derechos humanos a lo largo de muchos años. Quisiera destacar en tal sentido que no se ha alterado ni debe alterarse el compromiso de los Estados de respetar el orden jurídico internacional. En efecto, las respuestas a los problemas que enfrentamos deben ser halladas en estos mecanismos internacionales y no fuera de ellos, ya que los mismos contienen las herramientas necesarias para responder a las necesidades de la seguridad y también a las de la justicia. El Estado de Derecho y la democracia son los pilares básicos de sociedades justas que reconocen en la superación de la pobreza y el pleno respeto a los derechos humanos la esencia de la dignidad de las personas, centro de nuestro actuar.

Declaro, por tanto, abierto el 118º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.