Es para mí un gran honor asistir a esta ceremonia en la cual la Señora Embajadora de Argentina, Alicia Martínez Ríos, deposita en nombre de su Gobierno el instrumento de ratificación a la Convención Interamericana contra la Corrupción.

En el escenario interamericano la corrupción ha adquirido una connotación colectiva. En la Cumbre de las Américas, celebrada en diciembre de 1994 en Miami, por primera vez los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron de manera enfática que éste es un problema que debe ser objeto de un tratamiento multilateral y se comprometieron a negociar, en el marco de la OEA, un acuerdo hemisférico para la cooperación internacional en la lucha contra este mal.

Apenas un poco más de un año después de esta cita histórica, los países miembros de la OEA adoptaron, en Caracas, la Convención interamericana contra la corrupción. Por su naturaleza, contenido y alcances, la Convención es el primer instrumento internacional mediante el cual un grupo de países asumen compromisos vinculantes para enfrentar la corrupción tanto desde el punto de vista político como jurídico.

La Convención es el tratado más importante en el ámbito interamericano para la extradición de personas, la cooperación judicial, el intercambio de pruebas y la adopción de medidas sobre bienes, en relación con delitos de corrupción.

En lo que se refiere a la investigación o suministro de información por parte de entidades bancarias o financieras, la Convención representa un gran avance dentro del propósito de evitar que el secreto bancario pueda ser utilizado para encubrir a los corruptos.

En relación con el tema del derecho de asilo, la Convención logra un adecuado compromiso entre los valores protegidos con el asilo y los que son propios del combate contra la corrupción.

Sin desconocer los esfuerzos que se han dado y se están dando en otras latitudes, quisiera destacar que el hemisferio americano es tal vez la región del mundo donde se están tomando decisiones de manera más rápida y con alcances más amplios y profundos para afrontar colectivamente este fenómeno.

Los avances que hemos logrado con la Convención Interamericana contra la corrupción y los que se están dando en otras regiones del mundo a través de la negociación de instrumentos jurídicos en esta materia, son fundamentales. Sin embargo, ellos apenas deben ser considerados como los primeros pasos en la batalla contra este mal. De hecho, los países americanos, en el marco de la última Asamblea General, adaptaron un programa de cooperación para continuar los esfuerzos iniciados con la Convención.

La corrupción debe entenderse como un problema de sistemas y no simplemente de personas corruptas. No basta con poner en la cárcel a algunos corruptos sin solucionar las causas estructurales que generan la corrupción. La lucha contra este flagelo requiere acciones tanto en el frente represivo o sancionatorio como en el campo de la modernización institucional, tanto en el orden nacional como en el internacional.

El combate contra la corrupción debe concebirse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales. Así como no se puede precisar un solo instante o acción en que la corrupción haya surgido o se haya consolidado, tampoco es posible creer que ella se va a suprimir con un solo acto o decisión. Por el contrario, se requieren muchas decisiones en diferentes niveles y con diferentes orientaciones.

La lucha contra la corrupción debe entenderse como un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: los Estados, el sector privado, la sociedad civil en sentido amplio y la comunidad internacional. Cada uno a su nivel y con diferentes orientaciones y alcances, pero todos respondiendo al mismo propósito y estrategia de acabar con la corrupción.



Esta Convención sin duda recoge todos estos aspectos y se constituye en un arma eficaz para defender nuestras democracias de este mal que socava la legitimidad de las instituciones públicas.

Señora Embajadora:

Al depositar este instrumento Argentina se convierte en el octavo país que la ratifica. Esta ceremonia es un acto de fe en esta Convención y significa un nuevo e importante impulso a los esfuerzos que viene desplegando la Organización en su lucha contra la corrupción. Acepte por ello mi testimonio de reconocimiento y mi gratitud por esta decisión que una vez más demuestra el inquebrantable compromiso del Gobierno del Presidente Menem con la causa interamericana.

Muchas gracias.