Constituye para mi un honor dar la bienvenida a los expertos gubernamentales y representantes de los Estados en esta reunión del Grupo en materia de Delito Cibernético.

Este encuentro, junto con las reuniones de autoridades centrales en materia de asistencia judicial mutua que tuvimos hace un poco más de un mes, a comienzos de mayo, en Ottawa, Canadá, y la de autoridades penitenciarias y carcelarias que se llevará a cabo a en el mes de octubre del presente año, hace parte de las reuniones técnicas que nos encargaron realizar los Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas en Trinidad y Tobago, y sobre los cuales tendremos que informarles en el marco de la próxima REMJA.

El tema que hoy nos convoca es de la mayor importancia para todos nuestros Estados. Las nuevas tecnologías y los progresos en las telecomunicaciones han permitido maravillosos y, hasta hace poco, inimaginables desarrollos. Sin lugar a dudas, ellas se han constituido en las más poderosas herramientas para el mejoramiento de la calidad de vida de millones de personas en el mundo, para la educación, para el comercio y el desarrollo industrial, para la investigación y el progreso en las ciencias, para la difusión de los avances en todas las áreas del conocimiento y la creación de redes de intercambio de información, para el mejoramiento de la productividad laboral, para la comunicación con los amigos y los seres queridos.

Sin embargo, como todos sabemos, estas nuevas tecnologías también pueden ser utilizadas o ser objeto de acciones criminales. La experiencia nos ha mostrado que así como el teclado de un computador puede ser una herramienta muy útil para el progreso de la humanidad, también se puede convertir en una poderosa arma capaz de producir enormes daños económicos, contra la infraestructura de servicios de un Estado o una empresa, o aún contra la integridad y la vida de las personas.

Los hechos de vandalismo a través de "internet" que registran con frecuencia los medios de comunicación y de los cuales son víctimas por igual páginas gubernamentales y del sector privado en todos nuestros países, muestran claramente la gravedad y las potencialidades de daño que engendran estas modalidades delictivas.

Algunos de esos actos de vandalismo, por el alcance y gravedad que tuvieron, son frecuentemente citados como ejemplos del tipo de daños que pueden ocasionar. Así ocurre con el incidente que se denominó “amanecer solar” y que afecto algunos sistemas militares estadounidenses en 1998 y con los virus “melissa”, “denegación de servicio” y “te amo” que afectaron computadores en todo el mundo y causaron daños estimados, respectivamente, en ochenta, mil y trece mil millones de dólares.

La experiencia también ha mostrado que los nuevos desarrollos tecnológicos y de las telecomunicaciones han venido siendo utilizados por las diversas formas de criminalidad organizada con alcance transnacional. El uso de estos instrumentos para la explotación de los niños es, por ejemplo, uno de los más aberrantes. Casos como las investigaciones de pornografía infantil conocida como “gato Cheshire” que involucró a 14 países o la “operación catedral” que involucró a 21 países y más de 100 miembros de una red de pedofilia, son muestras de este tipo de uso criminal.

Los sistemas de información también están siendo usados cada vez más por otras formas delictivas transnacionales como las asociadas con el narcotráfico, según lo ha expresado Naciones Unidas, o como el terrorismo. De acuerdo con un informe del Gobierno de los Estados Unidos, se sabe, “gracias a computadores decomisadas en Afganistán, que Al Qaida estaba, por lo menos, investigando métodos de ataque cibernético”. En este mismo frente, es inaceptable que grupos ilegales armados como los que cometen actos terroristas en Colombia puedan abusar de instrumentos como el “Internet” para hacer apología de sus acciones criminales.

Los delitos cibernéticos han mostrado que estamos frente a modalidades delictivas de características singulares e insospechadas. Como resultado, ellos plantean nuevos y desafiantes problemas. Para su comisión no existen ni importan las fronteras, las aduanas o los puestos de control. No se requiere pasaporte ni visa. De hecho, no se necesita que los autores materiales o intelectuales de los delitos se encuentren en el país donde se cometen. Son, en realidad, una nueva generación de delitos, producto de la era de la información y la tecnología. Por eso, en diversos aspectos, no pueden ser tratados como los delitos tradicionales. Son por esencia delitos internacionales que plantean grandes retos legales, tecnológico, de especialización, capacitación, asistencia y cooperación entre los Estados.

Por esa naturaleza internacional, la cooperación y asistencia judicial mutua son esenciales para su prevención, persecución y castigo. No son suficientes las acciones aisladas de unos Estados. En realidad, frente a ellos, la vulnerabilidad de un Estado puede terminar afectando a cualquier otro con el que esté conectado. Por eso, es indispensable la acción colectiva de todos. Sin temor a exagerar, me atrevería a afirmar que estas nuevas formas criminales constituyen uno de los mayores retos para la asistencia judicial internacional.

En el marco de las reuniones de ministros de justicia y procuradores generales de las Américas y gracias a la iniciativa de los Estados Unidos de América y, en especial, de su Departamento de Justicia, desde 1999, se ha venido avanzando en la consideración de los problemas relacionados con los delitos cibernéticos.

Los análisis realizados en el marco de las dos reuniones anteriores de este grupo y las recomendaciones respaldadas por la tercera reunión de ministros de justicia, han buscado ser una primera guía sobre el tipo de acciones que se deben promover y ejecutar para enfrentar y castigar estas nuevas manifestaciones criminales y para evitar que los grandes avances tecnológicos y de las telecomunicaciones sean aprovechados en forma ilegal e indebida por los delincuentes.

Esta convocatoria de nuevo del grupo de expertos gubernamentales en materia de delito cibernético, por disposición de los ministros de justicia y procuradores generales y de nuestra Asamblea General, tiene como propósito analizar los avances realizados en la implementación y aplicación de las recomendaciones formuladas por el Grupo y determinar nuevas acciones que se deban emprender para consolidar o fortalecer la cooperación entre los Estados en este campo.

Los actos terroristas del 11 de septiembre y los avances de la criminalidad transnacional organizada, sin lugar a dudas, han puesto en evidencia que tenemos que acelerar el paso para fortalecer y consolidar la cooperación internacional para combatir, en forma más eficaz y efectiva, las diversas modalidades de delincuencia internacional. Estas nuevas realidades nos han confirmado, con toda su barbarie y horror, que los criminales internacionales cada vez están más organizados y que por eso también se requiere que todos los que, de una u otra manera, somos victimas de ellos, también nos organicemos para hacerles frente en forma eficaz y efectiva.

En lo que tiene que ver con el combate a los delitos cibernéticos, hay áreas a las que se referían las recomendaciones inicialmente formuladas por este Grupo en las que evidentemente se requieren mayores avances. Permítanme mencionar algunas de ellas.

La primera tiene que ver con el desarrollo de acciones para facilitar la elaboración y aplicación de legislaciones substantivas, procesales y sobre asistencia judicial mutua, así como de instrumentos jurídicos internacionales, si fuere necesario, que permitan y aseguren la efectiva persecución de los delitos cibernéticos. Diversos casos han mostrado que la ausencia de legislación en este campo o las deficiencias de la existente, han conducido a la impunidad. En relación con éste como con los demás delitos, debemos asegurar que nuestra política colectiva sea de cero tolerancia. Sin lugar a dudas, la OEA nos ofrece un escenario privilegiado para avanzar en acuerdos sobre desarrollos jurídicos específicos en este campo.

La segunda se refiere a la necesidad de que los Estados que aún no lo han hecho, adopten las decisiones que se requieran para identificar o fortalecer las unidades especializadas en la investigación y persecución de los delitos cibernéticos.

La tercera está relacionada con la necesidad de consolidar las redes y modalidades de intercambio de información entre las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos. La información oportuna es un recurso esencial para la efectividad en este campo.

La cuarta tiene que ver con la importancia de desarrollar programas de capacitación y cooperación técnica orientados en especial hacía las autoridades con responsabilidades directas en la investigación y persecución de estos delitos. Esta es un área en la que sería fundamental contar con la experiencia y asistencia técnica de aquellos Estados con mayores avances en este campo.

Finalmente, tenemos que consolidar nuestras relaciones de cooperación con otros organismos e instancias internacionales que están trabajando en este mismo frente como el Consejo de Europa, la OCDE, el G-8, la “INTERPOL” y las Naciones Unidas.

Estoy seguro que los resultados de este encuentro nos van a permitir avanzar en la adopción de decisiones concretas, prácticas y efectivas para mejorar y consolidar la cooperación y asistencia entre los Estados de las Américas en el combate contra las diversas modalidades de delitos cibernéticos.

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.