Señora Presidenta
Señoras y señores Cancilleres y Jefes de Delegación
Señor Secretario General
Señor Secretario General Adjunto
Señoras y señores delegados
Señoras y señores Observadores Permanentes
Invitados Especiales
Señoras y señores:

En nombre del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, quiero agradecer al gobierno del presidente Ricardo Lagos y a su distinguida canciller, María Soledad Alvear, que nos hayan invitado a esta tierra hospitalaria y amiga, para celebrar el trigésimo tercer período ordinario de sesiones de la asamblea general de nuestra organización.
Igualmente, les agradecemos que nos hayan propuesto reflexionar colectivamente sobre la “Gobernabilidad democrática en las Américas”.
Esta iniciativa se agrega, a una cimentada tradición de aportes de Chile a la consolidación de la democracia en nuestro continente, entre los que destacan “El Compromiso de Santiago con la Democracia” y la histórica “Resolución 1080”, adoptados en 1991, durante el vigésimo primer período ordinario de sesiones de la asamblea general, que se realizó en esta bella ciudad, y que además fueron hitos pioneros del proceso que felizmente culminó con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001.
El continente americano y nuestra organización de estados soberanos disfruta hoy de una situación envidiable: todos los países que lo conformamos y que hoy compartimos esta mesa, somos democracias nacidas de la voluntad de nuestros pueblos, expresada en procesos electorales.
Pero al destacar ese hecho, que nos llena de justificada satisfacción, también debemos evaluar si nuestras democracias son efectivas; si responden a los anhelos de nuestros pueblos; si podrán superar lo que ya se percibe como un “desencanto con la democracia”, debido a la incapacidad de resolver, con la urgencia que exigen los sectores marginados de nuestras sociedades, sus necesidades más apremiantes, y que puede ser terreno fértil para la reaparición de experimentos populistas, demagógicos y que sin duda están destinados al fracaso.
De allí la pertinencia y también la oportunidad del tema que nos ha propuesto Chile, para que sea el eje central de nuestras deliberaciones.
Panamá, por haber sufrido los estragos de una larga dictadura, sabe valorar los avances que hemos logrado en democracia.
Hemos dejado atrás esa cruel etapa de nuestra historia y hoy disfrutamos de estabilidad política, con procesos electorales que registran una alta participación de la ciudadanía.
Por ello, entendemos la importancia de la gobernabilidad como requisito esencial para la consolidación de nuestra democracia.
Es oportuno preguntarnos: ¿Porqué en muchos de nuestros países la democracia no logra generar el clima de confianza necesario para renovar la esperanza de nuestros sectores más agobiados por la pobreza? O, ¿porqué, a pesar de tener procesos electorales transparentes y gobiernos legítimos, producto de elecciones libres, muchos de ellos enfrentan crecientes retos a su autoridad para gobernar o no logran una colaboración efectiva de los otros sectores de la sociedad? En síntesis, debemos preguntarnos: ¿Porqué no existen niveles adecuados de gobernabilidad?
Aquí quiero destacar dos hechos que deben preocuparnos: una participación decreciente en los procesos electorales y la reducción del espacio de maniobra de los gobiernos democráticamente elegidos, motivada por la demanda de soluciones inmediatas que en muchos casos no estamos en capacidad de dar y además por el reto de otros sectores de la sociedad que pretenden compartir el poder político legítimamente alcanzado. Uno y otro son factores que comprometen la gobernabilidad.
La gobernabilidad existe cuando todos y cada uno de los sectores políticos y sociales puede, en su esfera de competencia, cumplir efectivamente las responsabilidades que le son propias. Ello conlleva, que los órganos del Estado, los partidos políticos, los sectores empresariales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, los medios de comunicación responsables, cada uno en su esfera de competencia, pueda cumplir adecuadamente sus funciones. Este equilibrio que resulta del respeto a las respectivas competencias es factor esencial para que exista la gobernabilidad; pero cuando éste se rompe, se afecta nuestra anhelada gobernabilidad.
Aquí, es imperativo preguntarnos: ¿Qué falta en nuestras democracias para que logremos la plena gobernabilidad? O quizás, ¿Cuáles son los factores que impiden que exista o se mantenga?
Nuestros estados están basados en el modelo de la democracia representativa, cuya carta de naturaleza son los procesos electorales cristalinos, de los cuales surgen los gobiernos a los que se confía la conducción de los destinos nacionales. Pero ese modelo es cada día más cuestionado por otros sectores de la sociedad que reclaman cuotas de poder sin conocer lo que es la responsabilidad de gobernar.
Los elementos esenciales y las condiciones fundamentales de la democracia representativa están recogidos en la Carta Democrática Interamericana, convirtiéndose en el compromiso político de mayor envergadura que hemos adoptado en el ámbito interamericano en las últimas décadas. En principio, todos nuestros estados democráticos cumplen o están en proceso de ceñirse a esos criterios rectores, sin embargo, la realidad nos demuestra que no son suficientes para asegurar la gobernabilidad.
La razón debemos buscarla en otros elementos que nos faltan para completar la ecuación. Por ello, proponemos centrar nuestra atención en dos que consideramos de importancia fundamental: Uno, la falta de una auténtica cultura democrática; el otro, la incapacidad de nuestras democracias para responder a las necesidades populares insatisfechas con la urgencia que nos exigen nuestros pueblos.
Para atacar el primero de esos aspectos se requiere un esfuerzo conjunto, de responsabilidades compartidas, principalmente a lo interno de nuestros países. Los gobiernos, los partidos y todos los otros sectores de la sociedad, debemos fomentar la educación cívica, para crear confianza en la democracia.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación deben tener un papel en la tarea conjunta de promover e impulsar una cultura democrática. Esto cobra mayor vigencia si tenemos en cuenta que la gobernabilidad depende también de los valores, las actitudes y los modelos prevalecientes en la sociedad, es decir, el capital social o la cultura de los individuos y las organizaciones que la integran.
Nosotros estamos convencidos de que la democracia es el único sistema que asegura las condiciones para superar el subdesarrollo, pero esa convicción también tiene que ser el credo de nuestras sociedades, y especialmente de sus sectores más marginados.
El fomento y la promoción de la cultura democrática es esencial para devolver esperanza en el sistema, pero sólo producirá los efectos buscados si, a la par, es complementada con acciones efectivas sobre el otro gran reto para la estabilidad democrática: el aumento de la pobreza y la ausencia de soluciones inmediatas.
La OEA, como nuestro principal foro político, debe ser el marco adecuado para desarrollar programas, de aplicación viable en nuestros países, encaminados a fortalecer la cultura democrática y para revisar lo que hemos hecho en el campo del desarrollo económico y social, en cumplimiento de los planes de acción de las Cumbres de las Américas y de los diferentes mandatos aprobados por nuestra Asamblea General.
Por ello es cada día más urgente encarar, mediante nuestra acción individual y colectiva, el gran reto pendiente de la agenda interamericana: la lucha contra la pobreza y, especialmente, la pobreza crítica.
De esta asamblea podemos esperar lineamientos para promover la cultura democrática y también el compromiso de actuar con decisión y a corto plazo para asumir como una responsabilidad común y compartida la superación de la marginalidad y la pobreza. La realidad presente de nuestro continente así nos lo demanda