PRIMERA SESION PLENARIA


Agradezco vuestra presencia en Chile. Para mí es un honor presidir la Trigésima Tercera Asamblea General de esta Organización, en la cual se encuentran representadas las Américas en su amplia diversidad.

Felicito a la Ministra de Relaciones Exteriores de Barbados por el excelente trabajo desarrollado en la Asamblea General celebrada en Bridgetown, en junio del año pasado.

Chile está comprometido activamente con el esfuerzo de los países de las Américas por mejorar la calidad de nuestras democracias.

Trabajamos para incorporar el valor de la equidad en un modelo de desarrollo sustentable, con miras a hacer de nuestro continente un espacio donde la libertad esté asociada a la consolidación de la paz, la justicia y al bienestar de su gente.

Esta es la aspiración de millones de personas que anhelan vivir con pleno reconocimiento a su dignidad y derechos en un marco democrático.

El Siglo XXI nos abre oportunidades reales para el desarrollo económico y el progreso social de nuestros pueblos. No obstante, hay que reconocer que la distribución de estas oportunidades, el lado amable de la globalización, no sigue un patrón equitativo en el hemisferio. Vastos sectores no acceden a sus beneficios y están expuestos a sus riesgos e incertidumbres.

Nuestro desafío es asegurar una gobernabilidad sobre los procesos de globalización que, a partir de un conjunto de valores éticos, maximice las oportunidades y los beneficios y, a la vez, reduzca sus efectos adversos. Una gobernabilidad que asuma las transformaciones sociales, en un marco de estabilidad y sustento institucional.



Para lograrlo, es indispensable una democracia efectiva y sólida que permita espacios de participación activa en los procesos económicos, sociales y culturales. Debemos trabajar por un acceso sin exclusiones, de todos y para todos.

Gobernabilidad Democrática

En esta ciudad, hace doce años suscribimos el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano.

Asimismo, aprobamos la Resolución 1080 sobre Democracia Representativa, iniciándose un proceso en que colectivamente hemos ido afianzando los valores y principios que organizan la convivencia política.

La adopción en Lima, de la Carta Democrática Interamericana el 2001, representó un hito de ese proceso, marcando un antes y un después, en la historia de las Américas.

La democracia es el factor articulador ético y político de nuestro sistema interamericano. Este sello de identidad de las Américas nos proyecta en el mundo. Es por ello que vemos con interés todos los esfuerzos que favorezcan la universalización de estos valores.

En estos días, en el ámbito de la Comunidad de las Democracias, se efectuó en Miami la reunión “Diálogo sobre la Democracia”, entre países de América Latina, el Caribe y Africa que abordó las mejores prácticas regionales para proteger y promover la democracia y consolidar sus instituciones.

Asimismo, la presencia de observadores en esta Asamblea es también una oportunidad para el trabajo conjunto con otras regiones. Con Europa, debemos profundizar principios y valores compartidos. Con Asia y África, debemos promover una interacción más activa entre los sistemas regionales para avanzar en la protección de valores universales en beneficio de nuestros pueblos.

Desde el reconocimiento de la democracia en la historia de las Américas, pasando por los proyectos y luchas por su realización, hemos llegado a consagrarla como una norma vinculante para la vida política y social del Hemisferio.


La existencia de una gran mayoría de países americanos que se rigen por el principio de la democracia representativa implica que debe darse una adecuada protección a la diversidad y a la tolerancia como fundamento del debate público, así como a las instituciones que lo promueven. Evidentemente, esta situación es positiva y ha permitido una expansión de los mecanismos e instituciones destinados a la realización de derechos y libertades para la ciudadanía en las Américas.

Los obstáculos

No obstante, hoy nos enfrentamos a obstáculos que nuestros regímenes democráticos deben superar si aspiramos a una mejor calidad para nuestras instituciones.

Esta situación se ve reflejada por un hecho significativo: Si bien en América Latina más de la mitad de la población apoya la democracia, el grado de satisfacción con ella sólo alcanza a un tercio de ésta.
Entre esos obstáculos, cabe poner de relieve los altos grados de exclusión social prevalecientes en la región, la brecha entre la realidad financiera transnacional y las demandas sociales internas, así como la persistencia de rasgos del sistema político y de la cultura política que impiden la flexibilidad necesaria para integrar y procesar de manera equilibrada las demandas de grupos sociales emergentes.

Los valores democráticos se deben reafirmar para responder a los urgentes desafíos y nuevas vallas que enfrentamos en el Hemisferio.

Hoy, el camino para asegurar una gobernabilidad democrática debe asumirse desde tres dimensiones: la del desarrollo y modernizacion institucional; la de la equidad en el modelo económico; y la de una integración social participativa.

No seguir este camino nos dejaría sin herramientas para prevenir la frustración ciudadana y superar el peligro que representa la indiferencia frente a la política, frente a la tarea pública, frente a la democracia misma. Como dijo el Presidente Lagos debemos observar la realidad de nuestras sociedades desde los ojos de los ciudadanos, porque éstos sólo son plenos cuando, además de votar y opinar libremente, sienten que en su sociedad hay un lugar para sus sueños, para sus esfuerzos y sus ganas de ser.

La tarea específica de la OEA en este diseño de superación de los desafíos y obstáculos es la de fortalecer los mecanismos que permitan que sus mandatos contribuyan a poner en práctica las prioridades políticas de los Estados, en áreas directamente vinculadas a la generación de mejores condiciones de gobernabilidad. El documento preparado por la Unidad para la Promoción de la Democracia sobre esta materia apunta precisamente hacia ese objetivo.

El Gobierno de Chile tiene la convicción de que el compromiso democrático debe ser reafirmado en el contexto de una nueva etapa en la evolución política y del progreso social de la región, en que la gobernabilidad democrática y la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones sociales y políticas adquieren una dimensión central.

Recientemente, en el Consenso del Cusco, los Presidentes del Grupo de Río, junto con reconocer que nuestros países experimentaban el proceso de democratización más extenso y profundo de su historia, señalaron que sólo democracias con altos niveles de gobernabilidad pueden atender las legítimas demandas que los pueblos reclaman del sistema democrático.

Es evidente, entonces, que uno de nuestros principales desafíos es el de desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en el establecimiento de mejores condiciones de gobernabilidad democrática.

Para ello es menester modernizar el Estado, consolidar los valores democráticos en nuestra sociedad e incentivar la participación ciudadana e incrementar los niveles de cohesión social de nuestros países.

Modernización del Estado

Existen demandas que exigen al Estado mayores niveles de eficiencia, responsabilidad y transparencia, así como también probidad en la gestión y una apertura a la incorporación de nuevas tecnologías. Más allá de los intereses políticos asociados a estas demandas, lo que es necesario debatir es el sentido mismo de la modernización del Estado y de las instituciones políticas, en la perspectiva de asegurar mayores niveles de gobernabilidad democrática en cada país.
Modernizar la gestión pública significa Bentre otros aspectos- hacerla más flexible y abierta para continuar la inserción de los Estados en los flujos políticos, económicos, tecnológicos y culturales globales, junto con atender las crecientes demandas de participación de la sociedad civil, y reconocer su fundamental contribución a la gobernabilidad hemisférica.
Temas tales como la reforma y modernización de la justicia; la reforma policial; la relación entre servicio público y usuario; la modernización de los sistemas electorales, el financiamiento de la actividad política, entre otros, constituyen desafíos relevantes en el campo de la modernización del Estado que tenemos por delante. El Centro de Justicia de las Américas es un testimonio de cómo el Sistema Interamericano puede contribuir a mejorar en el Hemisferio la calidad de la justicia y sus valores. En el seminario sobre Justicia y Gobernabilidad Democrática, celebrado con ocasión de esta Asamblea, se abordó el proceso regional de reforma judicial.

Es necesario, en consecuencia, promover un modelo de gobernabilidad en que el Estado asegure los mayores niveles de comunicación, tanto en el ámbito externo como en el interno, y entre la economía mundial y la vida cotidiana.

Participación civil y de partidos políticos.

Existe una preocupación creciente por un fenómeno de desconfianza de la ciudadanía respecto de los partidos políticos. Ello es grave para quienes entendemos que los partidos políticos deben tener un papel central en la democracia.

No obstante, este problema de credibilidad no expresa necesariamente un rechazo de la ciudadanía hacia la vida política. Al contrario, en la sociedad civil han emergido nuevos grupos y movimientos con nuevas formas de acción colectiva, que son capaces de gestionar demandas públicas a nivel estatal.

En este sentido, nos encontramos con dos formas de hacer política: la primera, que se refiere a los partidos y las elecciones; y la segunda, a los intereses de la sociedad civil organizada. La apuesta por la gobernabilidad se centra en articular estos dos ámbitos de la política, ya que los partidos no pueden existir separados de los legítimos intereses de la sociedad; y ésta, por su parte, debe ser capaz de organizar sus propias demandas de un modo democrático y pacífico. Los partidos políticos, en un contexto de gobernabilidad, serán los legítimos portadores de los intereses civiles, promoviendo la participación ciudadana, y poniendo en contacto al Estado con las realidades sociales.

Los partidos políticos constituyen un vehículo de comunicación entre lo social y lo político, una bisagra entre el individuo y el Estado.



En consecuencia, en una agenda prospectiva de gobernabilidad democrática se debe reconstruir el papel de los partidos en su apertura hacia nuevas y crecientes formas de participación civil, de autogestión de intereses y del tratamiento de las demandas a partir de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

Junto a lo anterior, también debe ocupar un lugar relevante entre nuestras preocupaciones, el reto de mejorar la calidad del debate público; promover una amplia participación social y política de mujeres y jóvenes y otros sectores tradicionalmente marginados de los asuntos públicos, fomentando sistemas políticos inclusivos y cooperativos que fuercen los principios y valores democráticos como base de nuestra convivencia civilizada.

Cultura democrática y ciudadanía

Una de las condiciones para mejorar la gobernabilidad democrática es la existencia efectiva de una conciencia social centrada en la igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad como base del debate público. Podemos afirmar que es posible acceder a una convivencia más madura y racional en una sociedad donde estos valores sean respetados. Sin embargo, la diversidad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos deben darse en el marco de un proyecto colectivo libre de exclusiones y participativo.

Gobernabilidad y equidad económica y social

En la concepción moderna del desarrollo, la gobernabilidad se ha convertido en un factor central para lograr avances en los ámbitos económicos y sociales. Por ello, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas se ha erigido como elemento consustancial para la eficacia de los esfuerzos destinados a promover el crecimiento y la equidad.

Al mismo tiempo, un buen desempeño económico de nuestros países es un elemento que refuerza la gobernabilidad.

De ahí que el reto que enfrentamos es avanzar de manera decidida por el camino del bienestar y progreso social para nuestros ciudadanos. Un camino que abra oportunidades para todos y que genere condiciones para el pleno despliegue de las potencialidades de nuestros pueblos.


La suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, el viernes último, está inspirada en esos nobles objetivos. Buscamos mejorar la calidad de vida de chilenos y chilenas y aspiramos a que el Área de Libre Comercio de las Américas sea una concreción hemisférica de estos valores.

El crecimiento económico, el acceso equitativo a los mercados, la inversión en educación, la superación de la brecha tecnológica y el analfabetismo informático son tópicos que deben estar presente en una reflexión sobre la dimensión social y económica del reto de la gobernabilidad en este hemisferio.

Conclusiones

La OEA constituye un espacio privilegiado de cooperación para que los Estados del Sistema Interamericano construyan estrategias que les permitan avanzar hacia una mejor gobernabilidad democrática.

De esa manera estamos reafirmando, con medidas operativas, nuestro compromiso con el propósito fundamental de la puesta en práctica de los valores y objetivos que promueve la Carta Democrática Interamericana.

Ella nos obliga a impulsar la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y a fortalecer la institucionalidad política y de la sociedad civil organizada.

En ese contexto, hemos propuesto aprobar una “Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana: Un Nuevo Compromiso con la Gobernabilidad para las Américas”, cuyo objetivo político es instalar en la OEA un punto focal de cooperación para facilitar la gestión de programas que permitan ayudar a los Estados y a las sociedades a fortalecer la gobernabilidad.

Queremos proponer la elaboración de un “Informe de Gobernabilidad Democrática”, que contenga sugerencias concretas que ayuden a promover y avanzar en los procesos de modernización del Estado y de la reforma judicial como su eje central; a impulsar la plena participación de la ciudadanía en el sistema político y a fortalecer el papel central de los partidos políticos como intermediarios de las demandas de la ciudadanía en una democracia representativa, así como a apoyar los esfuerzos que requiere la superación de la exclusión social y el crecimiento con equidad.


Dicho documento serviría de base para el establecimiento de un “Programa de Gobernabilidad Democrática”, que estructure las prioridades e interrelaciones de los desafíos políticos, sociales y económicos. Asimismo, un documento de esta naturaleza constituiría un aporte para la próxima Cumbre Hemisférica y apoyaría a los Gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de la democracia.

En suma, estamos frente a una nueva etapa en la que debe renovarse el compromiso con el significado que impone este régimen político. Con ese propósito, una Agenda de Gobernabilidad Democrática deberá proponer caminos de cooperación que impulsen la inclusión y la eficiencia en la gestión.

Chile los invita a que en esta Asamblea sigamos construyendo un hemisferio donde la libertad, los derechos de las personas y el desarrollo, estén asociados a la justicia, a la seguridad y a la paz. Un lugar donde las esperanzas de los pueblos de las Américas inspiren un trabajo conjunto que reciba un pleno reconocimiento de las personas y de las comunidades que aquí habitan, y que contribuya a hacer realidad la igualdad de oportunidades y la plena garantía de sus derechos.


Muchas gracias.