"No creo que la corrupción sea un camino sin regreso. Contrario a quienes creen que nada se puede hacer y estamos condenados a convivir con la corrupción, o a aquellos que piensan que este es un problema de idiosincrasia, estoy convencido de que la corrupción se puede derrotar. El estudio y eventual adopción de una Convención Interamericana contra la Corrupción es la primera y más importante responsabilidad de nuestra Organización en este campo."

El Seminario que hoy nos reune tiene que ver con uno de los males que más debilitan y amenazan el sistema democrático. Por eso es especialmente significativo que sea Uruguay el país sede de este encuentro. El ideario democrático tiene aquí sus sus primeros logros en la lucha emancipadora de Artigas, se consolida con la formación de los partidos políticos, principalmente en este siglo bajo la dirección de José Batlle y Ordoñez y de Luis Alberto Herrera, y se sustenta en una continua busqueda del mejor sistema político.

La impronta que en la sociedad uruguaya ha dejado la obra de tantos eminentes juristas; un sistema educativo que, desde José Pedro Varela, ha permitido el acceso a la enseñanza a toda la población; una clase política que, aún en los momentos más difíciles, no dudó en defender la causa de la democracia, son razones más que suficientes para que sea aquí donde nos reunamos.

Quiero agradecer a Usted, Señor Presidente Sanguinetti, a su Gobierno y a su país por el generoso ofrecimiento para que este Seminario tuviera lugar en Montevideo. También deseo agradecer al Grupo de Probidad y Etica Cívica de la OEA y, en especial, a los señores Embajadores Jaureguy de Uruguay y Vargas de Chile, a los funcionarios de la Cancillería Uruguaya, de la OEA y de las misiones acreditadas en Washinton que han laborado para la realización del Seminario. De igual forma, a nombre de la OEA quiero extender nuestro agradecimiento a los ponentes, al Señor Presidente de Venezuela, Rafael Caldera, quien se desplazará hasta aquí para la sesión de clausura, así como a todos los asistentes por su presencia y participación.

Estoy seguro de que a quienes estamos aquí nos une la intención de aunar todos los esfuerzos que sean necesarios para detener y acabar con la corrupción. Como lo han demostrado recientes experiencias, la corrupción constituye una de las más serias amenazas para todos los Estados, en todas las latitudes y regiones, en países desarrollados y en vía de desarrollo, grandes, medianos o pequeños. Desafortunadamente, con diferentes orientaciones o énfasis, todos tenemos problemas en este frente. Aquí, como en el pasaje bíblico, no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Por esto justamente, por tratarse de un enemigo que trasciende las fronteras nacionales, es que debemos actuar colectivamente.

En pasadas ocasiones he dicho, y hoy quiero repetirlo ante ustedes, que no creo que la corrupción sea un camino sin regreso. Contrario a quienes asumen la actitud de los perdedores, que pasean su derrota mientras gimen porque, según ellos, nada se puede hacer y estamos condenados a convivir con la corrupción; o de aquellos otros que piensan que este es un problema de idiosincrasia, de forma de ser y actuar, de algo que no saben explicar pero que hace que las personas provenientes de ciertas regiones o países tengan la tendencia a ser corruptas porque sí; estoy convencido y pienso que todos los que hemos concurrido a esta reunión están de acuerdo conmigo en que la corrupción se puede derrotar. A partir de mi propia experiencia como Expresidente de Colombia, puedo afirmar que hay muchas cosas que se pueden hacer para atacar y eliminar la corrupción, en todos los niveles, con diferentes orientaciones, y que todas ellas son útiles, convenientes y necesarias.

La Organización de los Estados Americanos es consciente de la gravedad del problema de la corrupción y por ello, desde hace varios años, emprendió acciones concretas. Baste citar que el Comité Jurídico Interamericano había incorporado el tema dentro de su agenda desde 1992 y que en la Asamblea de Belém do Pará se había dispuesto la creación de un Grupo de Trabajo sobre "Probidad y Etica Cívica".

La Cumbre de las Américas, sin lugar a dudas, constituye un momento histórico. Por primera vez los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron de manera enfática que la corrupción es un problema que debe ser objeto de un tratamiento multilateral. En este nuevo contexto, el papel de la OEA es fundamental y así lo reconocen la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la Cumbre.

Precisamente uno de los compromisos asumidos en la Cumbre fué el de desarrollar en la OEA un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional.

La OEA ha asumido este encargo con la mayor diligencia y responsabilidad. A partir de un proyecto presentado por el Gobierno de Venezuela, la Organización ha iniciado el proceso de estudio de una Convención que ya ha incluido la participación de los países, el Comité Jurídico Interamericano y el Grupo de Probidad y Etica Cívica. De acuerdo con lo decidido en la Asamblea General de Haití, este proceso continuará con la realización de un período extraordinario de sesiones de este Grupo, incluida la participación de expertos, y debe concluir con una Conferencia Especializada para considerar y, en su caso, adoptar una Convención.

Sin desconocer las connotaciones morales que encierra la corrupción, desde el punto de vista de los Estados ella debe ser estudiada y combatida como un problema de sistemas. Con esta concepción, en el documento sobre la "Nueva Visión de la OEA" que presenté a consideración del Consejo Permanente y que fue objeto de generoso reconocimiento en la Asamblea de Montrouis, sugerí que la OEA tiene un papel fundamental que cumplir, tanto en el fortalecimiento de los instrumentos para la sanción efectiva de los actos corruptos, como en las acciones orientadas a apoyar a los Estados en la modernización de sus instituciones.

Este Seminario, en buena hora convocado por decisión de la Asamblea General de nuestra Organización, debe permitirnos avanzar en ese enfoque e identificar acciones específicas para eliminar este flagelo. Para conseguir este propósito se requiere actuar en las tres grandes áreas temáticas en que ha sido dividido este encuentro: a nivel nacional, en relación con el sector privado y la sociedad civil, y en el campo de la cooperación internacional. Permítanme al respecto, compartir algunas reflexiones con ustedes.

En cuanto a las acciones que se pueden emprender a nivel nacional, algunos analistas, voluntaria o involuntariamente, han pretendido establecer una suerte de dicotomía irreconciliable entre instituciones y sociedad civil, para decir que todo lo que se puede hacer en este campo debe realizarse a nivel de la sociedad civil, pues parten del supuesto de que la corrupción es algo inherente a los funcionarios y las instituciones públicas.

Yo quiero decir aquí que esa es una falsa dicotomía. Quiero afirmar que nunca se podrá derrotar la corrupción sin las instituciones o en contra de ellas; de igual forma, ninguna acción o programa en este frente será exitoso ni permanente, sin la sociedad civil o en contra de ella. La acción conjunta en ambos frentes es absolutamente necesaria.

Un Estado moderno es la mejor barrera contra la corrupción. Me refiero a un Estado con un ejecutivo gobernante y una administración pública eficaz, eficiente y transparente; un órgano legislativo deliberativo y fortalecido en sus capacidades de control político; y una justicia capaz de investigar oportuna y eficazmente los delitos y castigar ejemplarmente a los delincuentes. En este sentido, la separación y el adecuado equilibrio entre los poderes públicos, la existencia de pesos y contrapesos, es esencial para acabar con la corrupción. Por eso, desde el punto de vista institucional, se requiere emprender acciones en relación con cada una de las ramas del poder público.

Desde el punto de vista de la acción que debe desarrollar o promover el Ejecutivo, se requiere precisar el papel del Estado. En la medida en que la línea divisoria entre lo público y lo privado sea más nítida, los particulares y los agentes estatales podrán y deberán diferenciar más fácilmente el interés público del particular y obrar consecuentemente.

Unida a ello está la necesidad de que exista una ética colectiva, entendida como un conjunto de normas aceptadas por la sociedad que den a todos claridad y certeza sobre sus derechos y deberes. La acción del Estado a través de programas educativos y la promoción de una cultura democrática, es esencial para conseguir este propósito.

La promoción de la competencia, la supresión de monopolios siempre que ello sea posible y la introducción de sistemas de control para evitar los abusos por parte de ellos, es fundamental. En este sentido, la privatización puede ser un instrumento de utilidad pero siempre deben tomarse las previsiones necesarias para no terminar reemplazando un monopolio público por uno privado.

De igual forma, es indispensable garantizar la transparencia de la administración pública a través de instrumentos como el reconocimiento efectivo de los derechos a la información y de petición, así como de la motivación y publicidad de los actos y decisiones públicas. Junto a estas reformas, se precisa introducir el concepto de "accountability" en la gestión pública. También se deben suprimir regulaciones y trámites innecesarios pues ellos constituyen el caldo de cultivo más favorable para el soborno y otras modalidades criminales.

El régimen de los servidores públicos en algunos de nuestros países todavía presenta deficiencias. En muchos casos los funcionarios son nombrados o removidos sólo por presiones políticas. La lucha contra la corrupción necesariamente pasa por la modernización de la función pública, incluida la existencia de un sistema adecuado de selección de los empleados públicos basado en el principio del "mérito", el reconocimiento de salarios competitivos y estímulos a la productividad.

Con la misma orientación es importante contar con regímenes disciplinarios que incluyan normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades, así como procedimientos expeditos para la sanción de las conductas ilícitas por parte de los servidores públicos.

La actividad contractual del Estado constituye el principal instrumento para la inversión pública, el desarrollo económico y social y la eficiente prestación de los servicios públicos. Desafortunadamente, en ella se ha evidenciado de manera significativa la corrupción. Por esto es fundamental rodear de mayor transparencia a los procesos contractuales.

En el Estado moderno, además de la función legislativa, la atribución más importante que tienen los Parlamentos es la de control político. El ejercicio adecuado de estas responsabilidades, constituye un mecanismo esencial para frenar la corrupción. Para ello, dentro de un adecuado equilibrio de poderes, se requiere dotar a los Congresos de los instrumentos que les permitan citar a funcionarios y particulares, solicitar informes, realizar debates, emprender investigaciones y, dentro del respeto a los derechos y garantías fundamentales, tomar o promover las medidas que el ordenamiento constitucional les permita.

Por supuesto, para esto también es esencial que el Parlamento sea legitimo, que cuente con rigurosos sistemas de control sobre la ética de sus miembros, que respete los principios y garantías de la esencia de una democracia y que, en fin, no desvirtue los instrumentos de control y los convierta en simples herramientas de persecución política.

Un tema estrechamente ligado con los sistemas de control político, es el que tiene que ver con los partidos políticos. Sin unos partidos políticos modernos, legitimos y transparentes no puede haber democracia. Experiencias recientes, no sólo en este hemisferio, sino aún en Europa y Asia, muestran claramente que su mal funcionamiento no sólo hace propicia sino, en muchos casos, constituye la causa misma de la corrupción. Por eso es fundamental que los partidos esten sometidos a un ré imen que asegure no sólo su adecuado funcionamiento, sino también un severo escrutinio sobre sus finanzas y sobre las de las campañas electorales.

Un sistema judicial y unos sistemas de control eficaces y eficientes son esenciales para acabar con la corrupción. La impunidad es el mayor enemigo de la democracia. Por eso es indispensable que se castigue de manera efectiva, severa y ejemplar a los corruptos, sin consideraciones ni miramientos de ninguna índole. En este campo, son muchas también las decisiones que se pueden y se deben promover y adoptar.

Entre ellas conviene mencionar la necesidad de contar con un régimen penal que tipifique todos los delitos en materia de corrupción y prevea medidas cautelares sobre bienes mal adquiridos, así como unas etapas procesales que faciliten el esclarecimiento rápido de los hechos y posibiliten la colaboración tanto de la ciudadanía y aún de los propios participes para allegar pruebas que aseguren la detención o sanción de otros delincuentes o la recuperación de bienes o, en todo caso, para evitar la impunidad en este tipo de delitos.

No menos importantes son los mecanismos de control en relación con las entidades bancarias y financieras que pueden ser utilizadas como instrumento para ocultar o para aprovechar en cualquier forma activos provenientes de delitos contra la administración pública. Es necesario imponer a dichas entidades deberes especiales y un marco preciso de responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de los mismos. La reserva bancaria no puede constituir un mecanismo de encubrimiento o protección de los corruptos. Las instituciones financieras tienen que saber que deben ser más leales con la comunidad que con el cliente.

De igual forma, es indispensable la existencia de eficientes sistemas de investigación de los delitos que aseguren la sanción de los delincuentes. En este sentido, las fiscalías o las instituciones que hagan sus veces deben estar caracterizadas por tres condiciones básicas: legitimidad, independencia y eficacia. Estos principios también son válidos para otras organismos de control como las procuradurías, contralorías o tribunales de cuentas.

La segunda gran área temática de la cual se van a ocupar Ustedes durante este encuentro es la que tiene que ver con la participación del sector privado. El sector privado es parte del problema y también tiene que ser parte de la solución. Su colaboración no sólo en la denuncia de las actos y funcionarios corruptos, sino también en la necesaria lealtad frente al Estado y a la competencia, es absolutamente indispensable en la lucha contra la corrupción.

También es fundamental la participación más amplia de la llamada sociedad civil. Sin el pueblo, ningún programa contra la corrupción puede ser exitoso. Para ello es fundamental dotar a los ciudadanos de instrumentos efectivos de control sobre la gestión pública como el derecho de petición, las audiencias públicas y las acciones populares. Así mismo se debe fortalecer la presencia activa de la comunidad organizada.

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este campo. Además de su deber de cumplir una función pedagógica frente a la comunidad, el ejercicio de un periodismo responsable de investigación y denuncia es esencial en la lucha contra la corrupción.

La tercera área que se busca analizar en este Seminario es la que tiene que ver con la Cooperación Internacional. Este es el espacio natural de la OEA. Teniendo en cuenta los avances ya logrados, quisiera aprovechar esta ocasión para formular algunas propuestas concretas sobre lo que, a mi juicio, debe ser la agenda de la OEA en esta materia y sobre las cuales quisiera invitar a los participantes a enriquecerlas con sus observaciones y sugerencias. Esas ideas se refieren principalmente a la cooperación judicial, servir de foro para la coordinación de políticas entre los Estados, la coordinación con otros organismos internacionales e intituciones nacionales, y la cooperación técnica.

En relación con la cooperación judicial, sin lugar a dudas el paso más importantes que se está dando en el Hemisferio es el que tiene que ver con el estudio y eventual aprobación de una Convención interamericana contra la corrupción. El proceso que se ha venido cumpliendo de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea General de la OEA de Haití, muestra con toda claridad la riqueza y las inmensas potencialidades que tiene esta Organización para crear y perfeccionar instrumentos de carácter jurídico en todos los temas de intéres colectivo.

Deseo relevar de manera especial el trabajo cumplido por el Comité Jurídico Interamericano. Sus observaciones y su propuesta de articulado alternativo, a mi jucio, definen con claridad la orientación y el alcance que una Convención en esta materia debe tener.

El estudio y eventual adopción de una Convención es la primera y más importante responsabilidad de nuestra Organización en este campo. Para apoyar el buen suceso de este propósito, la Secretaría General está elaborando unos documentos y análisis que esperamos sean de utilidad durante la próxima reunión del Grupo de Probidad y Etica Cívica con expertos en la materia.

Sin perjuicio de formular comentarios más detallados durante el proceso de discusión del proyecto de Convención, quisiera destacar la importancia de que algunos temas sean analizados con detenimiento y regulados adecuadamente, de manera que logremos avanzar significativamente en estos frentes.

En primer lugar, en lo que se refiere a la investigación o suministro de información por parte de entidades bancarias y financieras. Sin perjucio de que se tomen todas las previsiones que garanticen la seguridad jurídica, en esta área debemos avanzar si no queremos que se burle la acción de la justicia y que los actos corruptos queden en la impunidad.

Así mismo y como lo reiteraron varios Estados en la última reunión de seguimiento de la Cumbre de las Américas, sería conveniente examinar las previsiones que se deben adoptar, en el marco del proyecto de Convención, en contra del lavado del dinero proveniente de actos de corrupción.

De igual forma, quisiera relevar la importancia de estudiar y llegar a un adecuado equilibrio entre el derecho de asilo y la lucha contra la corrupción. La razón de ser y la esencia del asilo no pueden ser en ninguna forma vulneradas. Sin embargo, él tampoco puede servir para encubrir o facilitar que eludan la acción de la justicia quienes han cometido actos de corrupción. Por eso es importante lograr un adecuado compromiso entre los valores protegidos con el asilo y los que son propios del combate contra la corrupción.

Con la misma orientación, deseo destacar la importancia de examinar con detenimiento las previsiones contenidas en el proyecto en relación con la defensa de la democracia y de los derechos humanos. En ambos casos debemos asegurar que medidas como las propuestas no vayan a servir como pretexto para la impunidad o el encubrimiento de los corruptos.

Con estos comentarios sólo deseo llamar la atención sobre el hecho de que la proyectada Convención, debiera servirnos para solucionar todos los problemas de carácter jurídico que hoy existen para asegurar la necesaria cooperación judicial en la lucha contra la corrupción.

Quisiera aquí destacar que si los países hacen el esfuerzo de adoptar una Convención en esta materia, también deberían comprometerse a promover su ratificación en el menor tiempo posible. La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal que fue adoptada en mayo de 1992 y constituye un avance muy importante dentro del mismo propósito de combatir el delito, hasta ahora sólo ha sido ratificada por un Estado. Pienso que no tiene sentido seguir repitiendo el proceso de adoptar convenciones para luego no impulsar su ratificación.

Este debería ser el primer paso en la intensificación de la Cooperación Judicial esencial en la lucha contra los delitos que tienen una clara dimensión internacional tales como el terrorismo, la lucha contra la corrupcióny el narcotráfico.

El trámite de la Convención también releva otra de las ventajas comparativas de la OEA: la de ser el foro por excelencia para examinar problemas colectivos y coordinar políticas. En particular, en lo que tiene que ver en la lucha contra la corrupción ésta es la segunda área en la que debieramos trabajar y en la cual tienen un papel de especial importancia la Asamblea General, el Consejo Permanente y las reuniones de Ministros.

La tercera área en que debemos avanzar es en la coordinación de nuestra acción con otros organismos internacionales y con instituciones nacionales con responsabilidades en materia de lucha contra la corrupción. Desde el punto de vista internacional, diversos organismos desarrollan acciones en en este campo, como el Banco Mundial, El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de Naciones Unidas, el BID y agencias bilaterales de cooperación como la AID. A nivel nacional, los países también han avanzado en la definición de responsables en la coordinación de programas en este frente como Ministerios, Consejerías Presidenciales o Comisiones.

La Secretaría General ha venido recogiendo información de base sobre las acciones que se están desarrollando en ambos niveles, a partir de la cual debemos hacer un esfuerzo de coordinación que nos permita no sólo maximizar recursos y asegurar la necesaria complementariedad, sino ser más eficaces. Por eso, como un primer paso para conseguir este propósito, quisiera proponerles, como una de las conclusiones de este Seminario, crear una red interamericana de instituciones con responsabilidades en la lucha contra la corrupción, para lo cual desde ya ofrezco la colaboración y el apoyo de la Secretaría General de la OEA.

En la Cumbre de las Américas se invitó a la OEA a establecer vínculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el soborno en las transacciones comerciales internacionales, teniendo en cuenta las recomendaciones adoptadas por dicha Organización en mayo de 1994. Ya se han realizado las primeras aproximaciones entre las dos organizaciones y esta constituye una cuarta área en la que debemos continuar trabajando.

La quinta área de acción que debe hacer parte de la agenda de nuestra Organización es la definición y ejecución, en unión del BID y otros organismos internacionales, de un programa integral de cooperación técnica en este campo, orientado por las siguientes ideas:

En primer término, si los países deciden aprobar una Convención, además de promover su ratificación, debemos definir un proyecto de cooperación que busque su difusión, conocimiento y aplicación especialmente por parte de las autoridades judiciales.

En segundo lugar, creo que la lucha contra la corrupción es uno de los campos en que la cooperación horizontal y el intercambio de experiencias pueden ser más fructíferos y convenientes. Los países le han reconocido a la OEA ventajas comparativas en este frente y pienso que, en el inmediato futuro, debemos definir e iniciar proyectos de cooperación con esa orientación.

Un tercer frente en el que podemos actuar es el de la elaboración de "leyes modelo" y en la prestación de asistencia técnica, a solicitud de los países, en el mejoramiento de áreas fundamentales para prevenir la corrupción.

En cuarto lugar, es conveniente avanzar en el apoyo a programas de investigación aplicada tendiente a detectar las causas de corrupción en sectores específicos tales como la recaudación de impuestos, las aduanas y las compras oficiales, así como determinar líneas de política que conduzcan a su eliminación.

En quinto lugar, debemos avanzar en el desarrollo de proyectos dirigidos al mejoramiento y consolidación de los sistemas de control de la sociedad civil sobre la gestión pública.

Estas son algunas ideas básicas sobre lo que puede contituir la agenda de la OEA en el futuro inmediato y sobre lo cual sería muy conveniente avanzar en este encuentro.

La corrupción no es, no puede ser un camino sin regreso. Son muchas, muchísimas las acciones que se pueden emprender para combatirla. Por supuesto, la responsabilidad de acabarla es de todos: de los gobiernos, del sector privado, de la sociedad civil, de la comunidad internacional. Por ser un problema colectivo, ésta tiene que ser, también, una causa común.

Un interesante libro que leí hace unos días sobre el Uruguay y su gente, dice que este país "es un buen lugar para sentarse a meditar". Estoy seguro de que este Seminario nos servirá para reflexionar en conjunto, encontrar nuevas vías y definir nuevos caminos, que nos permitan suprimir de una vez por todas la corrupción de nuestros países.