Me complace mucho estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores de este importante evento que hayan tenido la amabilidad de invitarme a participar en esta Conferencia Hemisférica, y en particular, a la Cancillería y al Ministerio de Planeación y Cooperación de la República de Chile.

Quisiera también hacer un reconocimiento al gobierno Chileno por el gran impulso internacional que le han dado a la erradicación de la pobreza y a la política social. Es bien sabido que sin Chile, que en 1990 propuso que las Naciones Unidas se abocaran al tema de la pobreza, la Cumbre de Copenhague que se llevó a cabo en marzo de 1994, muy probablemente no hubiese ocurrido.

Pues bien, la Cumbre de Copenhague ocurrió: congregó a 170 países y, entre sus representantes, a 120 Jefes de Estado o de Gobierno; mismos que aprobaron una importante Declaración y Programa de Acción.

De los diez compromisos adquiridos por los países concurrentes a la Cumbre, todos destinados a encarar los problemas de la pobreza, el desempleo y la marginación social, tres de ellos se refieren específicamente a la cooperación internacional. Particularmente, el décimo compromiso dice: "Mejorar y fortalecer, con espíritu de co-participación, el marco de la cooperación internacional, regional y subregional para el desarrollo social por medio de las Naciones Unidas y de otras instituciones multilaterales".

De esto último es que quisiera hablarles y aprovechar esta ocasión para comentarles, auque sea brevemente, lo que ocurre en la OEA en materia de cooperación, y la reestructuración interna que atraviesa la Organización para ser más eficiente y responder mejor a las necesidades de los países de la región.

La OEA lleva años adelantando trabajos en de combate a la pobreza y desarrollo social. El Centro Interamericano de Desarrollo Social nació en 1969 con el objetivo de promover el desarrollo de recursos humanos en instituciones del área social. Asimismo, el Centro Interamericano de Estadística lleva tres décadas capacitando especialistas en estadística, así como trabajando en la investigación y puesta en práctica de nuevos y mejores métodos de medición e indicadores sociales.

En 1989 la OEA puso en marcha un programa con la CEPAL llamado PROPOSAL cuyo principal objetivo ha sido contribuir a elevar la racionalidad en el diseño y la implementación de las políticas sociales en América Latina y el Caribe. Más recientemente la OEA ha apoyado el trabajo que realizan los fondos de inversión social de 24 países del hemisferio agrupados en lo que se conoce como RED SOCIAL, fomentando la cooperación horizontal, el intercambio de experiencias y la realización de seminarios y estudios específicos a solicitud de los fondos miembros de la RED. Además, a través del Consejo Interamericano Económico y Social la Organización ha realizado innumerables proyectos de cooperación sobre combate a la pobreza, capacitación laboral y migración, entre otros temas, en todos los Estados miembros. Estos son solo algunos de los programas y proyectos que la OEA venía haciendo desde antes de que yo asumiera la Secretaría General, hace apenas poco más de un año.

El cúmulo de actividades en esta área no es producto del azar. Los países miembros de la OEA, es decir los países aquí reunidos, han definido el combate a la pobreza como uno de sus principales objetivos y han encomendado a la Secretaría General fortalecer sus trabajo en dicha área. El Protocolo de Washington de 1992, el Protocolo de Managua de 1993, la Asamblea General Extraordinaria que se realizó en México en febrero de 1994, la Cumbre de las Américas en Miami, en diciembre de ese año, y la Declaración de Montrouis, fruto de la Asamblea General de la OEA en Haití, en junio de 1995, han reiterado la necesidad de que la OEA adquiera un papel más relevante en la lucha contra la pobreza y el desarrollo integral del hemisferio.

En otras palabras, Washington, Managua, México, Miami y Montrouis son los eslabones del proceso de cambio que vive la Organización. La OEA atraviesa un proceso de reestructuración interna que le permitirá trabajar de manera más eficiente y responder mejor a las necesidades de las Américas y a la nueva agenda del hemisferio. 1996 será el año en que se consolide la nueva estructura institucional de la OEA.

En estos días entrará en vigor el Protocolo de Managua, con lo cual queda constituido el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, CIDI, y desaparecen el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano de Educación Ciencia y Cultura.

El CIDI no es simplemente la sumatoria de dos consejos. Con el CIDI la OEA promoverá lo que para la Organización es un nuevo método de cooperación. Asimismo, a partir del nacimiento del CIDI la Secretaría General tendrá cuatro Unidades Especializadas a través de las cuales podré darle seguimiento de manera cercana a los temas más relevantes de la agenda hemisférica.

Estas cuatro unidades son: la Unidad para la Promoción de la Democracia y la Unidad de Comercio, que ya están en operación; y, la Unidad de Medio Ambiente y la Unidad de Desarrollo Social, que serán creadas en el primer semestre de este año.

Durante décadas la OEA ha jugado un importante papel como organismo de cooperación internacional. Particularmente, a raíz de la Alianza para el Progreso, la Organización adquirió mayor relevancia fruto de los recursos que se canalizaban a los países miembros de la OEA. Sin embargo, las necesidades de los países de las Américas y el tipo de cooperación que se requiere a escasos años del siglo XXI, ha dejado mucho que ver con el tipo de cooperación que históricamente proveía la Organización.

Asimismo, los recursos financieros con los que cuenta la Organización para promover actividades de cooperación han disminuido de manera importante. En otras palabras, ante este nuevo escenario llegó el momento de que la OEA redefiniera su papel en el campo de la cooperación.

En la Asamblea General Extraordinaria de 1994, los países miembros acordaron en la necesidad de renovar el carácter y práctica de las actividades vinculadas con la cooperación. Al concebir el desarrollo integral como un proceso que se nutre de las dimensiones política, económica, social y cultural, dependiente de los esfuerzos endógenos de cada país, en la Asamblea de México se acuñó el término de cooperación solidaria para el desarrollo.

En la OEA estamos ampliando el concepto convencional de asistencia o cooperación técnica con el que se trabajaba, para considerar ahora el concepto más general e incluyente de la cooperación solidaria para el desarrollo. Este importante cambio de concepción señala la necesidad de vincular el papel de la OEA como instrumento para promover la cooperación entre los Estados miembros y su revitalización como foro de diálogo hemisférico. Un foro capaz de promover iniciativas y compromisos de carácter político en relación con los problemas más urgentes y relevantes para superar los obstáculos del desarrollo enfrentados por los países de la región.

En particular, estamos convencidos de que la OEA debe actuar, fundamentalmente, como un agente catalizador y articulador de la acción cooperativa entre los Estados miembros, incrementando su capacidad para promover la concertación de la voluntad política y la movilización de recursos, a fin de contribuir a la superación de los obstáculos del desarrollo, especialmente los derivados de la pobreza.

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva del CIDI tendrá una infraestructura de servicios, con énfasis en la planeación, evaluación, coordinación y consulta de las actividades de cooperación. En otras palabras, la Secretaría Ejecutiva deberá actuar como mecanismo de estimulo y apoyo, al servicio de los países, para incrementar las posibilidades de cooperación mutua y con la OEA. Tanto el CIDI como su estructura estarán trabajando plenamente a partir del verano, tras la Asamblea General de la OEA que este año celebraremos en Panamá.

En base a estos principios, durante mi gestión hemos comenzado a promover actividades de cooperación con la participación de nuevos actores institucionales, abarcando un espectro amplio de sectores sociales.

Cada vez más, las nuevas acciones de cooperación de la OEA contemplarán la participación activa de las agencias y programas de cooperación de los Estados miembros y observadores permanentes, de instituciones académicas, del sector privado, así como de los organismos regionales e internacionales que contribuyen a la cooperación para el desarrollo en las Américas, incluidos los de carácter financiero.

En síntesis, la OEA esta renovando sus prácticas y métodos de cooperación, fundamentada en el fortalecimiento de la voluntad política de los Estados miembros para actuar de manera colectiva ante los desafíos que enfrenta su desarrollo integral e implica una participación más amplia de actores tanto nacionales como internacionales.

En ese sentido, quisiera destacar que el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias y un servidor firmamos un Convenio de Cooperación en junio de 1995. En dicho Convenio ambas instituciones nos comprometimos, entre otras cosas, a determinar objetivos comunes, intercambiar información y definir estrategias de acción, así como a cofinanciar proyectos de asistencia técnica a los países del hemisferio. Para realizar dichos objetivos se estableció un Grupo de Enlace que actualmente esta redactando el primer plan de trabajo conjunto y que en el futuro sostendrá reuniones periódicas para darle seguimiento a las actividades en curso.

De igual forma, el Presidente del BID, el Presidente del Banco Mundial y un servidor hemos sostenido reuniones de trabajo con el objeto de coordinar nuestros esfuerzos en el hemisferio y definir una agenda común, para que los proyectos y programas que las tres instituciones desarrollan en la región tengan mayor impacto y alcance.

Lo anterior ha sido posible gracias a que en la región se vive un renovado interés por la acción multilateral. Vivimos tiempos propicios para la acción colectiva, que debemos capitalizar.

Las Américas y el Caribe conforman la mayor comunidad de naciones del mundo que vive en democracia. El fin de la Guerra Fría, la interdependencia como realidad inescapable y un mundo que se agrupa en bloques económicos, políticos y sociales, hace inminente que pongamos mayor énfasis y empeño en generar un ambiente de cooperación, imprescindible para la resolución de los problemas que nos aquejan.

En las Américas llegó la hora de apostarle a un verdadero multilateralismo gracias a que en nuestras naciones se ha difundido un gran denominador común: la fe en la democracia y en las libertades individuales y colectivas que la alimentan, y la convicción de que es necesario seguir adelante con la profundización de las reformas económicas, políticas y sociales.

Los problemas más acuciantes de los países de las Américas -la pobreza, la marginalidad, la falta de libertades y de oportunidades, la violación de los derechos humanos, la inseguridad pública en las grandes ciudades del hemisferios, el deterioro del medio ambiente, el flagelo de las drogas, y el terrorismo- requieren de soluciones comunes. Para alcanzarlas se necesita promover la confianza, compartir información, fortalecer el diálogo y fomentar el intercambio de experiencias.

Señoras y señores: no hay tema donde sea más fácil promover mayor confianza y un más ágil y dinámico intercambio de información y experiencias, que el combate a la pobreza y el desarrollo social.

En otras palabras, ya que las agendas nacionales y la del hemisferio convergen en una sola, la acción multilateral efectiva es impostergable. Es por ello que en la OEA estamos satisfechos y alentados por el hecho de que en la región entera se viven procesos tendientes a fortalecer las instituciones económicas y políticas de las naciones.

En ese contexto hemos decidido crear una Unidad Especializada para el tema de las políticas sociales y la erradicación de la pobreza: la Unidad de Desarrollo Social.

La Unidad será el brazo de la Secretaría General en materia de política social. Así pues, el Director de la Unidad, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del CIDI, propondrá a los países miembros de la OEA la agenda en lo que se refiere a los programas y proyectos de cooperación de la Organización en este tema.

En la OEA consideramos que uno de los mayores retos que la gran parte de los países del hemisferio enfrentan en sus esfuerzos por lograr un desarrollo social integral y equitativo, es de carácter institucional y de recursos humanos. Muchos de nuestros países carecen de instituciones sociales modernas, eficaces y eficientes, y al mismo tiempo, desafortunadamente contamos con pocos recursos humanos bien formados y entrenados en el diseño de políticas sociales, en la formulación de proyectos sociales, en su administración y evaluación. La OEA debe, en ese sentido, hacer todos los esfuerzos posibles por trabajar en la parte cualitativa del proceso político-institucional del desarrollo social y de los recursos humanos que su realización demanda.

En este orden de ideas, uno de los elementos más interesantes en este debate durante los últimos años ha sido la creciente interacción entre las discusiones de política social con las discusiones de política económica. Estas interacciones han generado cambios en los consensos alrededor del rol de la política social. En América Latina y el Caribe, durante mucho tiempo, el consenso que predominó fue uno que le concedió a la política social un rol secundario en las políticas de desarrollo. De otra parte, en el ambiente intelectual internacional ha surgido en los últimos diez años una creciente convergencia sobre el carácter central que las políticas sociales juegan en el proceso de desarrollo, pero que en general, apenas comienza a permear en las políticas públicas de los gobiernos de la región.

Durante los años que las economías del hemisferio llevan implementando programas de ajuste macroeconómico y modernizando sus economías, la política social apenas ha tenido un papel marginal, limitadas a aminorar las inevitables consecuencias de dichas medidas. Esto se debió, en gran parte, a que hasta hace unos años los gobiernos de los países, así como los organismos financieros internacionales se preocupaban poco por las instituciones de gestión social.

Más aún, las dificultades de crecimiento económico de los últimos quince años, en la mayoría de los países del hemisferio, a pesar de las innumerables reformas económicas emprendidas, generaron un argumento adicional para el diseño de políticas sociales con un rol residual. Ante este drama de corto plazo, se generalizó la idea de que la pobreza podría enfrentarse eficazmente si a los programas de ajuste se les acompañaba con programas de acolchonamiento que amortiguaran los efectos inmediatos de los ajustes sobre la población más pobre.

Dichos programas sociales, que han captado grandes recursos nacionales e internacionales, en un primer momento se concentraron en la generación de empleo temporal para la construcción de pequeñas obras de infraestructura en las zonas y municipios más pobres de los distintos países. Como tales, cuando nacieron los primeros Fondos de Inversión Social, por ejemplo, estuvieron disconexos de las tareas normales de las instituciones sociales o de preocupaciones más generales sobre la distribución del ingreso.

Más recientemente hemos visto que algunos de estos Fondos han diversificado enormemente sus tareas y juegan un papel cada vez más importante en apoyo a la micro y pequeña empresa, en la capacitación de jóvenes y en la agricultura, por mencionar solo algunas áreas.

Pues bien, el consenso implícito en América Latina y el Caribe que miraba la política social "desde afuera", y le concedía un rol residual en los procesos de desarrollo, parece estar frente al reto de un nuevo consenso que mira a la política social "hacia afuera", concediéndole un rol central, en donde la política y la inversión social, la calidad de vida, participación ciudadana y el crecimiento económico son los elementos necesarios para generar el círculo virtuoso de desarrollo.

Basados en estas premisas, hemos definido que la política de desarrollo social que promueva la Unidad de Desarrollo Social de la OEA tendrá los siguientes objetivos principales:

Primero: Trabajar con los gobiernos de las Américas para cooperar en el desarrollo de las políticas sociales, buscando que el desarrollo social integral sea parte central de las políticas públicas del Estado y que la política social deje de concentrarse en un conjunto de medidas paliativas a los programas de ajuste económico. En particular, la Unidad deberá colaborar con los Estados miembros en su esfuerzos por llevar a fondo las reformas legales e institucionales necesarias para que la nueva política social adquiera un lugar prioritario en la gestión del Estado.

Segundo: Convertirse en un importante foro regional en materia de política social y desarrollo integral donde se construya el consenso necesario para que los gobiernos de los países miembros adopten compromisos y metas concretas en la reducción de la pobreza y otras áreas de la política social. Posteriormente, la Unidad debe jugar un papel importante en el monitoreo de los compromisos adquiridos y metas establecidas.

Tercero: Participar activamente en la coordinación de los esfuerzos que llevan a cabo los organismos e instituciones, nacionales e internacionales, en materia de política social en la región. Sería de gran utilidad que la Unidad pudiese ayudar a incrementar el diálogo y la comunicación entre quienes hoy trabajan en esta área con el objeto de hacer más eficiente su trabajo, evitar duplicaciones y sumar esfuerzos y recursos, tanto humanos como financieros.

Cuarto: Establecerse como un importante punto de referencia para buscar información sobre política social: experiencias nacionales exitosas, expertos en materia social, proyectos de cooperación horizontal y publicaciones, entre otras. Actualmente varias instituciones, como el PNUD, la CEPAL y RED SOCIAL, se encuentran en el proceso de crear sus propias bases de datos sobre asuntos de política social. En la OEA consideramos importante que se busque la manera de coordinar dichos esfuerzos para obtener más con los recursos invertidos en ello.

Y, quinto: Trabajar por homogeneizar metodologías y criterios de evaluación y medición en materia de programas e indicadores sociales.

Estimados Representantes de los Países:

Señoras y Señores:

Como podrán apreciar, los temas que se abordarán en las cuatro comisiones de trabajo de esta Conferencia Hemisférica son áreas en las que esperamos que la Unidad de Desarrollo Social se sume al diálogo ya existente y pueda enriquecerlo.

He descrito el nuevo espíritu de cooperación que promoveremos en la OEA. En ese marco es que la Unidad de Desarrollo Social trabajará para poner en marcha los proyectos y programas necesarios para ofrecer los servicios que ustedes, como actores principales en la erradicación de la pobreza y política social en general, consideren necesarios. En otras palabras, la Unidad nace para que la Secretaría General de la OEA trabaje más de cerca con cada una de sus instituciones.

Estoy seguros de que los trabajos que realizarán hoy y mañana serán de gran utilidad para todos los países reunidos en Santiago y para el hemisferio en su conjunto, y que los resultados de las mesas de trabajo y las conclusiones generales de esta Conferencia Hemisférica habrán de servir como un indicador fundamental de lo que deberá de ser la carta de navegación inicial de nuestra nueva Unidad en la Secretaría General. Muchas Gracias.