Quiero en primer lugar agradecerle a Enrique Iglesias la amable invitación que me ha hecho para dirigirme a todos ustedes. Han pasado ya diez años desde cuando en 1987, como Ministro de Hacienda de mi país, tuve la oportunidad de asistir a la reunión del Banco Interamericano, que tuvo lugar en Miami. Aún en ese entonces era todavía difícil imaginar la apasionante y rápida sucesión de cambios que han transformado al hemisferio de una manera tan profunda, como pocas veces en su historia. Para esa época la región apenas empezaba a mostrar tímidos signos de recuperación, tras un lustro de haber explotado la crisis de la deuda.

La historia de hoy es bien diferente. Si bien es cierto que América Latina y el Caribe enfrentan todavía viejos y complejos desafíos, las perspectivas del hemisferio son más amplias que nunca. La vertiginosa integración de nuestras naciones, las privatizaciones, el nuevo rol del mercado, el resurgimiento de las responsabilidades sociales del Estado y, por supuesto, la consolidación de la democracia y la preservación de los derechos individuales, son hoy la fuerza motora del debate público. No hemos llegado al fin del milenio, y el continente comenzó ya una nueva era.

Toda esta vertiginosa sucesión de eventos apenas nos ha dado tiempo a las entidades internacionales de actualizar nuestra agenda. De manera simultánea se nos reclama que ayudemos a interpretar las nuevas realidades. Sabemos bien que nuestras naciones han dejado atrás la época del autoritarismo y el pasado cruel de la dictadura y de las conflagraciones internas. Sabemos igualmente que en todas las latitudes del continente americano se han emprendido profundas reformas que han derribado viejas barreras y abierto nuevas oportunidades.

Por unos pocos años, después de la primera oleada de cambios, vivimos una especie de euforia desbordante que terminó abruptamente con la crisis mexicana, la cual nos hizo tambalear la certidumbre sobre el curso que debían seguir nuestros países. Superada ésta de manera exitosa, por obra de su gobierno y de su pueblo, existe ahora un mayor realismo sobre nuestras posibilidades. Hemos aprendido que no hay milagros, ni existen utopías sin tropiezos.

Recientemente, han surgido nuevos llamados de alerta sobre el desencanto que en otras naciones ha producido el proceso de reforma económica. Más que un movimiento masivo coherente contra los cambios, este ha tomado la forma de un escepticismo colectivo que en ocasiones ha estimulado la aparición de propuestas populistas y de protestas populares.

Sin embargo, a pesar de esos brotes, yo no he visto que en país alguno la gente quiera volver al pasado. No es marcha atrás lo que se está pidiendo. Pero tenemos que aceptar que en muchos países americanos los ciudadanos empiezan a cansarse de la discusión económica, como si se tratara casi del único tema de debate público, cuando hay otros problemas acuciantes. No nos debe sorprender que nuestras gentes denoten agotamiento al oír hablar de privatizaciones, coyunturas fiscales, políticas comerciales, nivel de reservas internacionales o crecimiento de la oferta monetaria. Su cansancio no es rechazo. No podemos enjuiciar o menospreciar a quienes de una u otra forma reclaman resultados en la lucha contra la pobreza, en una mejor distribución del ingreso, en el crecimiento de los salarios reales de los trabajadores, en menores cifras de desempleo o en un sistema educativo acorde con los requerimientos de la globalización y la revolución de las comunicaciones.

Y es por estas razones que el continente requiere más atención y seguimiento que nunca. Al análisis que de él hacemos es necesario incorporar nuevos elementos institucionales y políticos. Quizás la principal razón de que eso sea así recae sencillamente en que hoy las libertades económicas y las libertades políticas en América estén más entrelazadas que nunca. Me explico. Todos hemos sido sorprendidos por la fuerza del Mercosur y la manera en que ha cambiado las relaciones entre los socios que lo componen. Si se mira lo sucedido, yo no tengo ninguna duda de que lo alcanzado se debe a la consolidación de la democracia en el sur del continente. Puesto de otra manera, jamás se habría producido la integración que hemosvisto, dentro del esquema de regímenes autoritarios que tantos de nuestros conciudadanos conocieron por muchos años.

Estas reflexiones me sirven para explicar el motivo de mi presencia aquí. Porque más allá del natural interés que despierta el tema político, la buena marcha de las instituciones en las naciones del continente es definitiva para analizar el clima de los negocios y las perspectivas económicas de todos nuestros países. Ningún análisis sobre una operación de crédito o sobre la oportunidad de invertir en tal o cual sector estar completo, si las consideraciones políticas no se incluyen en él. Es más, no creo equivocarme al afirmar que ellas juegan, en América, un papel creciente en el peso de los análisis de riesgo. Debemos tener presente que la estabilidad institucional y las perspectivas de largo plazo van de la mano en todo el hemisferio.

Por esa razón es necesario insistir en que la democracia es la columna vertebral de la renovación estructural de la región y que sus males o debilidades son tan dañinos para el clima de inversión como el deterioro de los indicadores económicos. Es relativamente cierto que atrás han quedado las épocas oscuras de los regímenes militares y el recuerdo amargo de la guerra sucia. No obstante, todavía siguen presentes fenómenos como el terrorismo, conatos de alzamientos militares y abusos de poder presidencial. Todos estos requieren atención y trabajo tanto a nivel local, como por parte de las instituciones internacionales.

Lo cierto es que la democracia en muchos de los países del área enfrenta diversas amenazas y para fortalecerla y defenderla es necesario confrontar esas amenazas con el mismo vigor con que lo hicimos con respecto a los más acuciantes problemas de nuestras economías. Quizás los peligros resulten menos obvios que en el pasado, y en la mayoría de los países no sea necesario prepararse para interrupciones abruptas. Pero en todas las latitudes se dan procesos que le quitan su legitimidad y credibilidad como la mejor forma de gobierno y, por ende, le restan eficacia para el logro de objetivos que son esenciales para la creación de instituciones sólidas y duraderas.

La primera gran amenaza que es necesario identificar, como lo señalara esta mañana Enrique Iglesias, es la persistencia de la pobreza. Existe un inmenso contraste entre los éxitos en el plano económico, frente la sensación que se ha creado de que hay un incremento de la pobreza y un deterioro del nivel de vida entre amplios sectores de nuestros pueblos.

Es bueno señalar que tal sensación de retroceso es la consecuencia de situaciones muy disímiles que van desde la dificultad para algunos países de recuperar los niveles de ingreso por habitante que tenían a comienzos de la década pasada, hasta la cada vez más clara conclusión de que el simple ajuste económico y el subsecuente crecimiento que de él se ha derivado no son, ni un eficaz antídoto, ni contra la pobreza ni contra el desempleo. Aún con altos niveles de crecimiento y hasta de disminución de la pobreza, incluso algunos países sufren de un deterioro de la distribución del ingreso o de una desmejora en las condiciones del empleo.

Dadas las dificultades de usar para este último propósito nuestro sistema impositivo, solo un vigorosa inversión social nos puede asegurar que de manera simultánea reduzcamos los niveles de pobreza y logremos mejoras en la distribución de la riqueza. Y una inversión social de esas características sólo será posible en el marco que permita una vigorosa inversión privada en proyectos de infraestructura pública, acompañada de una radical transformación de las instituciones del sector social, que tal vez son las más deterioradas del sector público en cada una de nuestras naciones.

También como lo indicó Enrique Iglesias, el tema de la educación está adquiriendo características angustiosas y merece una mención particular. En América Latina, por ejemplo, se destina una proporción mayor del Producto Interno hacia el sector, que la que asignan las naciones del sudeste asiático. Y, sin embargo, nuestros estudiantes ocupan lugares muy bajos en las diferentes mediciones internacionales. Esa circunstancia es grave para una región cuya ventaja comparativa es cada vez menos la mano de obra barata y la explotación de sus recursos naturales.

Frente a tantas frustraciones, no es de extrañar que el tema social ocupe hoy tan alto lugar en las agendas nacionales. A nivel multilateral el BID viene realizando un gran esfuerzo que se refleja en

que cerca de la mitad de su cartera de préstamos se concentra en este frente. La OEA por su parte está trabajando para convertirse en el principal foro regional en materia de política educativa y social. La suma de los esfuerzos y preocupaciones descritas es, sin embargo, tan solo el comienzo. La lista de cosas por hacer en el continente en esta materia sigue siendo larga y compleja, además de tener un sentido de urgencia inminente. Muy pocos de nuestros países pueden decir que han encontrado el camino de concebir y ejecutar una política educativa exitosa.

El segundo punto que hay que mirar con preocupación es aquel fenómeno que algunos especialistas han denominado como la erupción de la corrupción.

El crecimiento de este multifacático fenómeno, o su mayor visibilidad, afecta profundamente la credibilidad en el sistema democrático, y a la vez exige que las instituciones se adecuen para combatir este problema. La reducción del tamaño del Estado y de algunas de sus funciones en el campo de la conducción de la economía, dejaron vacíos de regulación o de presencia estatal que se convirtieron en nichos propicios para la corrupción. La democratización también ha significado un notable avance en la realización de procesos electorales a todo nivel. Estos, sin reglas claras para su financiación, paradójicamente, han propiciado una necesidad creciente de recursos financieros para campañas, resultando en muchos casos, en abierta corrupción.

Lo sucedido en los últimos tiempos en algunos de nuestros países en los cuales el pueblo mismo ha presionado cambios en los más altos cargos públicos, es un campanazo al que no se le deben hacer oídos sordos. Las naciones de América Latina en particular han soportado con admirable estoicismo planes de austeridad y programas de ajuste, pero esa paciencia tiene sus límites, sobre todo si los escándalos que afectan a funcionarios públicos o a partidos políticos, empiezan a verse como una especie de crimen sin castigo.

La democracia se ve afectada entonces con el crecimiento de este conjunto de delitos, pero a la vez es la mejor cura para combatir la corrupción. El mayor equilibrio entre los poderes del estado, el fortalecimiento de la justicia, el mayor escrutinio público, el papel de la prensa libre, el control político del Congreso, son las maneras de enfrentar este fenómeno.

Las que mencionamos son acciones en la dirección correcta. El BID ha promovido la transparencia en la contratación pública, la modernización en la administración y la disminución de trámites y papeleos corruptores. En el seno de la OEA a su vez, se llegó a la firma de una Convención Interamericana Contra la Corrupción con el apoyo de todos nuestros países miembros. En ésta por primera vez se hace posible la cooperación jurídica internacional sin que puedan oponerse para tal efecto, ni el secreto bancario, ni el derecho de asilo.

El tercer factor de riesgo en contra de la democracia en el continente es el ascenso vertiginoso de la criminalidad y la inseguridad ciudadana. No hay duda de que en muchos países del hemisferio existe una creciente preocupación por el aumento de la delincuencia que se ha observado en los últimos años.

Según las estadísticas disponibles, la violencia ha tenido en los últimos años una tendencia creciente y generalizada, tanto en el continente como en el Caribe. Los niveles de asesinatos para América Latina, que se habían mantenido en un rango relativamente estable por varias décadas, se elevaron drásticamente. En 1992 las cifras agregadas para la región en su conjunto se duplicaron frente a la década de los ochenta, hasta alcanzar la suma de 30.7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esa misma cifra había sido de 12.5 en 1960, de 10 en 1979, de 14 en 1980 y de 16.9 en 1985. Este es el indicador de violencia más simple: es más del doble que el de cualquier otra región del mundo y es seis veces mayor que el promedio mundial.

No hay duda pues de que se trata de un problema que tiene un costo humano, político y económico en toda la región; afecta la calidad de vida de amplios sectores de la población; impide los procesos de desarrollo económico y es un factor negativo para la inversión; erosiona la capacidad del gobierno y la credibilidad pública de las instituciones; produce un efecto negativo en la preservación de los derechos humanos; y afecta el desempeño de la administración de justicia y de los organismos policiales, al perpetuar el círculo ilegal de la violencia e impedir la realización plena de los principios democráticos.

La preocupación de autoridades nacionales y locales frente a este tema ha ido en aumento. El BID, el Banco Mundial y la OEA, hemos comenzado a trabajar en este frente, con la intención de crear un sistema de información regional y una metodología para hacer un análisis sistemático e integral del problema, tal como fue reiterado en Rio de Janeiro a comienzos de este mes. Y conseguir mejores resultados en este campo demandará el diseño de estrategias que contemplen acciones en una multitud de frentes, así como la movilización de algunos de nuestros mejores recursos humanos.

Como cuarto elemento es necesario considerar el crecimiento en la impunidad y los obstáculos en materia de administración de justicia.

La impunidad y la sensación de poca efectividad de la justicia son unos de los principales elementos de descrédito del sistema democrático. Las gentes, en los casos de abierta impunidad o de percepción de alta ineficacia, no encuentran en el Estado al ente regulador de conflictos y de controversias que esperan, con lo cual sufre la democracia y el clima de inversión.

El campo de las reformas judiciales de tipo estructural es aún muy poco transitado en muchos países y los esfuerzos de mejoramiento del sistema han comprendido en primer lugar la modernización y énfasis en la eficiencia de la administración de justicia, que el BID ha cubierto en un esfuerzo que debo calificar de pionero; y en segundo término la reforma sustantiva del sector y de sus fundamentos conceptuales más propia del intercambio de experiencias, en órganos políticos como la OEA.

En quinto y último lugar yo mencionaría el crecimiento continuo en el tráfico de estupefacientes y sus actividades derivadas.

Desde hace ya casi 30 años el problema del consumo y del tráfico de drogas ha afectado, en diverso grado, a varios países del hemisferio. En algunas naciones este fenómeno ha significado agravar problemas de salubridad pública por el creciente consumo entre sectores de la población; en otros el consumo, además ha elevado los índices de criminalidad; en otros el influjo, violento y corruptor, de las organizaciones ilegales dedicadas al tráfico ha elevado las amenazas a la seguridad nacional. Países pequeños, como los del Caribe, encuentran en el tráfico de drogas tal vez la peor amenaza a la estabilidad de sus sistemas democráticos.

Las naciones del hemisferio han venido trabajando en el marco de la OEA en el diseño de una estrategia común con miras al próximo siglo, la cual fue firmada en diciembre pasado en Montevideo. La estrategia en cuestión tiene la relevancia de ser un instrumento multilateral que representa un mayor compromiso político de todas las partes para enfrentar las diferentes facetas y manifestaciones del problema de las drogas en las Américas.

Por esa razón, no puedo dejar de manifestar mi preocupación al constatar que este tema se está convirtiendo en la principal fuente de los desacuerdos entre distintos países del hemisferio. Las acciones unilaterales en este campo pueden erosionar la confianza entre naciones que necesitan la acción conjunta para enfrentar un desafío global y creciente.

Señor Presidente de la Asamblea, señores gobernadores, señor Presidente del BID, señoras y señores:

La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo se caracteriza por examinar con realismo las posibilidades y los obstáculos que enfrenta el hemisferio. Y si algún elemento común tienen estos análisis, es que no existen las añoranzas del pasado que venimos de dejar atrás.

Vemos en el futuro un hemisferio con mayores libertades y oportunidades en materia económica y política. Así lo ilustra el proceso de Cumbre de las Américas, que comenzó en Miami en 1994, y debe congregar de nuevo a los jefes de estado y de gobierno del continente dentro de un año en Santiago de Chile.

Quizás la rama más visible de ese proceso, aunque no la única, es la que congrega a los ministerios de Comercio en torno a la creación del Area de Libre Comercio de las Américas. Durante la más reciente reunión que tuvo lugar a nivel de Vice Ministros en Recife, Brasil, fue evidente que estamos por culminar la etapa de preparación y que es clara la voluntad de los 34 países allá representados de avanzar hacia una etapa de negociación formal que debería anunciarse el próximo año. Aunque como es obvio se perciben algunas diferencias sobre el ritmo de la negociación, creo que puede afirmarse que hay bastante convergencia en la estructura y alcance de esta. Así mismo, existe coincidencia en que se trata de una iniciativa a la que se llegaría con la firma de un acuerdo nuevo que permitiría que subsistan los acuerdos regionales. Esta sería comprensiva de derechos y obligaciones para todos por igual. Hay que destacar que las convergencias se extienden a las disciplinas a ser tratadas y al respeto a las normas de la OMC.

No hay duda de que el capítulo que sigue en el llamado ALCA va a ser complejo y difícil de escribir. Pero la renovada disposición política seguramente nos llevará al objetivo de la zona de libre Comercio hacia el año 2005.

En este camino, entidades como el BID y la OEA, tienen un importante papel que cumplir dando continuidad a sus esfuerzos de cooperación técnica. El hecho de que esta sea la primera vez en muchos años en que un Secretario General de la Organización tenga la oportunidad de dirigirse a los gobernadores del Banco es consecuencia de un intenso trabajo de cooperación en áreas de política social, comercio, fortalecimiento de las instituciones democráticas y desarrollo sostenible.

No me queda por lo tanto más que finalizar reiterando mi agradecimiento al BID y a su presidente, ese gran americano, guía de nuestro progreso en todos los tiempos, don Enrique Iglesias. Con el mismo espíritu de la Barcelona de los Juegos Olímpicos, los países americanos cuentan hoy con los medios y la determinación de ir más alto, de ser más fuertes y de avanzar en la construcción de una sociedad hemisférica en la que prevalezcan todas las libertades y sea justa, prospera y pacifica.

Muchas gracias.