Cuando sugerí a la Organización de los Estados Americanos considerar la conveniencia de convocar a los Ministros de Justicia, no alcanzaba a imaginar que esa idea pudiera concretarse con la celeridad y el alcance que, en hora buena, los países le han dado a este encuentro.

Por eso, permítanme comenzar por reconocer que el hecho de que hoy estemos reunidos, por primera vez bajo el alero de la OEA, con los ministros de justicia o los ministros o procuradores generales con competencia en este tema, ha sido posible gracias a la acogida que brindaron a esta idea los Estados miembros y a la muy diligente labor cumplida por sus representantes, en especial en el marco del Grupo de Trabajo sobre Perfeccionamiento de la Administración de Justicia y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.

En nombre de todos los presentes, deseo agradecer al Gobierno de Argentina por el generoso ofrecimiento de sede para este encuentro y, en especial, al Canciller Guido Di-Tella, el Ministro de Justicia, Raúl Granillo, y la Embajadora de Argentina ante nuestra Organización, Alicia Martínez Ríos, por el gran liderazgo que han mostrado para la realización de este evento.

Que los Ministros de justicia no se reunieran en el marco del sistema interamericano como ocurre con los ministros y altos funcionarios de otras áreas, más que un descuido, parecía un error imperdonable que, en hora buena, ahora comenzamos a subsanar.

Tal vez como nunca antes en la historia, vivimos tiempos en que el aislacionismo carece de sentido y en los cuales la acción colectiva, además de conveniente, se ha vuelto inevitable. Esta afirmación es absolutamente contundente en relación con el fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial y, en general, de las instituciones de justicia. Permítanme destacar algunas de las razones que fundamentan esta aseveración.

La primera tiene que ver con la importancia que tienen las instituciones de justicia para los procesos de integración económica y, en general, para el crecimiento y el desarrollo económico de los países del Hemisferio. El intercambio comercial, que ha aumentado considerablemente durante los últimos años en el Hemisferio, puede verse seriamente afectados si no logramos consolidar los procesos de modernización del Estado. Diversos estudios, entre los que se cuentan los realizados por el Premio Nobel en Economía Douglas North, han demostrado la importancia del papel de las instituciones públicas en el desarrollo económico y social de los países.

Algunos de estos trabajos han probado que la inversión es altamente sensible a factores no económicos tales como la fiabilidad en las instituciones de justicia. Según la encuesta realizada por el Banco Mundial para su último Informe sobre el Desarrollo Mundial, en los países en desarrollo más del 70% de los empresarios afirmó que la imprevisibilidad de los jueces era un problema importante en sus operaciones comerciales. Los países de América Latina y el Caribe, lamentablemente aparecen como una de las regiones de menor fiabilidad del estamento judicial, apenas seguida por los países de Africa al sur del Sahara y la Comunidad de Estados Independientes. Todo lo anterior muestra que el fortalecimiento de las instituciones de justicia es fundamental para el libre comercio, el crecimiento y el desarrollo económico de los países del Hemisferio.

Siendo esto cierto, quisiera destacar que en el marco de la OEA nos preocupa la justicia y le damos la más alta importancia no sólo por lo que ésta pueda representar para los negocios y el crecimiento económico sino, sobre todo, por los valores que ella representa en sí misma como pivote fundamental de la democracia y del Estado de derecho.

En muchos países americanos, los ciudadanos empiezan a cansarse de que la discusión económica cope la totalidad de sus preocupaciones. Ese desencanto ha tomado en algunos casos la forma de un escepticismo colectivo que, en ocasiones, ha estimulado la aparición de propuestas populistas y de protestas populares. Sin embargo, ningún país quiere volver a las épocas oscuras de la dictadura y la arbitrariedad. Por el contrario, lo que los habitantes del Hemisferio quieren es que las reformas lleguen a las políticas públicas que tienen que ver con sus preocupaciones cotidianas.

Por eso, la defensa y consolidación de la democracia debe ser el centro de nuestras preocupaciones y la piedra angular de nuestra acción colectiva en la región. Y, como todos lo sabemos, sin justicia no hay democracia. Es indispensable contar con una administración de justicia accesible, eficaz, eficiente, independiente, dignificada, fuerte y sensible a los valores democráticos, así como fortalecer los mecanismos de cooperación jurídica y judicial en las Américas.

Lo anterior es fundamental tanto para defender la democracia de amenazas como las que surgen de las diversas modalidades de la criminalidad transnacional organizada, como para asegurar la defensa y protección de los derechos humanos, en especial los de los grupos vulnerables, y garantizar la preservación del medio ambiente.

Como se ha reconocido en numerosas oportunidades, la OEA es el único escenario en que se encuentran los países de las Américas, en condiciones de igualdad, para dialogar, buscar soluciones a sus problemas comunes y afianzar su solidaridad. Por eso, nuestra Organización es también el foro político y técnico para el desarrollo del derecho internacional en el Hemisferio y para la adopción de las decisiones necesarias para la cooperación jurídica y judicial en las Américas.

Esta circunstancia confiere gran trascendencia a la presente reunión, pues la Asamblea General definió que ese fuera el objeto central de este encuentro y los países, en el marco del Consejo Permanente, aprobaron cinco temas para su consideración. Quisiera referirme a cada uno de ellos y formular algunas reflexiones o sugerencias sobre el tipo de desarrollos que, a mi juicio, se podrían promover o adoptar con respecto a ellos.

En relación con el Estado de Derecho que es el primer punto de su agenda, entre los muchos pasos que debemos dar para avanzar en su consolidación, quisiera relevar ente Ustedes dos temas que considero fundamentales y que podrían ser objeto de una reflexión colectiva más sistemática como producto de las decisiones de los ministros de justicia.

El primero tiene que ver con la necesidad de fortalecer la justicia constitucional como un elemento esencial para la garantía de los derechos fundamentales, la sujeción de todas las personas al ordenamiento jurídico de cada Estado y el efectivo control al ejercicio del poder por las autoridades públicas.

El segundo tema se refiere a la importancia de modernizar el derecho para adecuarlo a los grandes cambios políticos, económicos y sociales que ha vivido y continua experimentando el mundo y el Hemisferio, los cuales exigen actualizar y en muchos casos armonizar de manera ordenada nuestras leyes.

Un tema no menos importante es el que tiene que ver con la importancia de racionalizar e introducir mayor transparencia en nuestros sistemas jurídicos. No me refiero al debido proceso o a las formas esenciales para tutelar los valores que debe proteger el derecho, sino a los formalismos y trabas innecesarias que, además de ser caldo de cultivo favorable para la corrupción, encarecen los costos de las transacciones económicas, limitan o impiden la protección de derechos fundamentales y desprestigian el Estado de Derecho. La ventaja que tenemos de que en el hemisferio convivan dos tradiciones jurídicas diferentes, nos ofrece una gran oportunidad para propiciar un intercambio de ideas y experiencias sobre este tema que, sin lugar a dudas, redundaría en beneficio de todos.

En lo que tiene que ver con la modernización y el fortalecimiento de la administración de justicia que es el segundo punto de la agenda, quisiera destacar que durante la última década en numerosos países de América Latina y el Caribe se han puesto en marcha reformas judiciales. Algunas de ellas han contado con el apoyo del BID, el Banco Mundial, la AID y otras agencias de cooperación internacional, en un esfuerzo pionero que merece todo el reconocimiento de la comunidad internacional.

Sin embargo, por haber olvidado durante tantos años la justicia y haberla reducido a una suerte de cenicienta de las instituciones públicas, las reformas emprendidas todavía tienen un alcance limitado y son aún muchos los pasos que se deben dar hacia adelante. Por esto uno de los más serios problemas que tenemos en este frente es que el ritmo de los resultados de esas reformas no está relacionado con el de las expectativas o la demanda de justicia.

Seguramente por el crecimiento de la criminalidad que según estudios, por ejemplo, en América Latina es más del doble que en cualquier otra región del mundo, así como de la violencia y la impunidad en muchos casos, los ciudadanos cada vez demuestran una mayor inconformidad y, con frecuencia desespero, ante los muy limitados o, todavía, prácticamente inexistentes resultados de las reformas emprendidas en algunos países.

Ante esta circunstancia, pienso que, en primer lugar, es preciso hacer un mayor esfuerzo pedagógico para explicar que, después de tantos años de olvido, no son suficientes la expedición de algunas normas para asumir que, como por encanto, se modernizan los sistemas de justicia. Por el contrario, es necesario concebir la reforma judicial como un proceso que ya se ha iniciado en numerosos países, se está continuando y en el cual se debe avanzar aún mucho más en el futuro.

No menos importante es, en segundo lugar, que quienes impulsan las reformas judiciales entiendan que ese proceso debe permitir y asegurar la evaluación periódica de los avances y resultados. En la hora actual, cada vez es más evidente que sin lo que se define en inglés como Aaccountability@, que algunos traducen como rendición de cuentas, va a ser muy difícil exigir mayores esfuerzos fiscales o congregar un gran respaldo ciudadano en torno a las reformas.

En tercer lugar, se requiere formular la reforma judicial como una política integral que abarque tanto las diferentes áreas sustantivas y procesales, como todas las instituciones relacionadas con el tema ya sean cortes y juzgados, organismos de policía judicial, ministerios de justicia, procuradurías, fiscalías o sistemas penitenciarios y carcelarios.

Finalmente, es preciso concebir la reforma judicial como un proceso político en el mejor sentido de la palabra que, por lo tanto, interesa a toda la colectividad y en el que deberían participar tanto los jueces, los gobiernos y los legisladores, como el sector privado, los centros de investigación y capacitación, los medios de comunicación y la sociedad civil en general.

Teniendo en cuenta esta concepción de fondo y sin el ánimo de ser exhaustivo, quisiera mencionar algunas de las áreas que considero especialmente importantes para el avance en los procesos de reforma judicial y que podrían ser objeto del debate y el intercambio de experiencias en el marco del sistema interamericano.

En este sentido, tal vez en lo primero que debemos avanzar es en el análisis y discusión de los aspectos conceptuales y estructurales de los procesos de reforma judicial. Con frecuencia se escucha que lo que se ha hecho en este campo es Amás de lo mismo@: reformas procesales, incrementos salariales, aumento del número de jueces y, en general, más gasto público en el sector, sin que los resultados sean aún muy claros. Estas críticas, seguramente injustas en algunos casos, tienen calado en la opinión pública y más que incentivar un ánimo contestatario, nos deberían llevar a profundizar en la evaluación de las políticas emprendidas, en el estudio de los problemas de la justicia y en la conceptualización de los programas o proyectos que se promuevan hacia el futuro.

De igual forma, es indispensable progresar en los aspectos preventivos de los conflictos y, en especial, de los que tienen que ver con los delitos. En este caso, cada vez es más evidente que el simple tratamiento represivo, además de costoso, está condenado al fracaso.

Asimismo, como está previsto en la agenda, es necesario fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos en aquellas causas en que ello es posible, de manera que los jueces se puedan concentrar en la solución de las controversias que por su trascendencia jurídica y social así lo exijan.

De la misma manera, es indispensable repensar los temas de la gestión judicial, incluidos aspectos críticos como los relacionados con la administración de la rama judicial y la introducción en muchos países de los llamados Consejos de la Magistratura o similares, de manera que, sin detrimento de la independencia y autonomía de la rama judicial, se asegure eficacia y eficiencia en la administración de los recursos. En este campo, también es conveniente profundizar en el estudio de los pasos dados para introducir la Aoralidad@ en procesos judiciales en algunos países de América Latina.

Finalmente, el tema de la educación es fundamental, tanto en lo que tiene que ver con los ciudadanos, como de los abogados, jueces y demás servidores judiciales. Quizás como en ninguna otra, el elemento humano es el insumo fundamental para el éxito de las políticas de reforma judicial. Por eso quisiera relevar la importancia de considerar de la manera más atenta la propuesta que se ha venido ventilando sobre la eventual creación de un Centro de Capacitación Judicial en Latinoamérica.

El tercer tema de la agenda tiene que ver con algo que es de la esencia de la OEA. En el marco de la Organización, los países han adoptado más de sesenta tratados, de los cuales más de la mitad están relacionados con la cooperación judicial. En conjunto, estos tratados constituyen el mayor aporte de nuestra Organización a la cooperación jurídica y judicial en las Américas. Sin embargo, en este campo también deberíamos avanzar mucho más.

Según un estudio de la Secretaría General realizado en octubre de 1997, de los treinta tratados relacionados hasta entonces con la cooperación judicial, cuatro no han entrado en vigor a pesar de que dos de ellos fueron adoptados hace más de cuatro años y los otros dos, hace nueve y once años, respectivamente. Del mismo estudio se infiere que el 40% de los países que firmaron estas convenciones no las han ratificado y que sólo alrededor del 27% del conjunto de estos tratados está en vigor, si se asume que para su completa vigencia se requeriría que todos los Estados miembros hubieran ratificado los treinta tratados referidos.

Quisiera destacar que si los países hacen el esfuerzo de adoptar una Convención, también deberían comprometerse a promover su ratificación en el menor tiempo posible. No parece tener ningún sentido adoptar convenciones para luego siquiera no impulsar su ratificación. Por eso, pienso que la ratificación y aplicación efectiva de estos instrumentos jurídicos, constituye tal vez el primero y más importante desafío que tenemos en materia de cooperación jurídica y judicial.

La Secretaría General de la OEA puede apoyar este proceso a través de actividades de difusión y capacitación y, a solicitud de los países, también podría prestar asistencia técnica durante el proceso que va desde la firma hasta la ratificación de los acuerdos.

El segundo desafío que tenemos en este frente es el de promover un proceso más sistemático de reflexión colectiva sobre los mecanismos para fortalecer la cooperación judicial. La realización periódica de Conferencias interamericanas ha demostrado ser un mecanismo eficaz para la consideración y definición de instrumentos jurídicos en materia de derecho internacional privado. De hecho, el 60% de los tratados relacionados con la cooperación judicial han sido adoptados en el marco de ellas.

Por eso, quisiera sugerir a los ministros y a la Organización considerar la posibilidad de adoptar como sistema de trabajo la realización periódica de Conferencias interamericanas en materia de cooperación judicial, en las cuales, entre otras, se pueda evaluar periódicamente los avances alcanzados, intercambiar experiencias, coordinar acciones y, eventualmente, discutir y adoptar instrumentos jurídicos interamericanos.

En cuanto a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, durante los últimos años se han realizado avances de gran importancia en el marco de la OEA. Entre ellos, desearía relevar la Convención interamericana contra la corrupción; la declaración y el plan de acción para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo; la estrategia antidrogas del Hemisferio; y la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Como todos sabemos, la organizaciones transnacionales del crimen cada vez extienden más sus tentáculos y se han vuelto más sofisticadas. Ya no es sólo el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción o el lavado de dinero sino, también, por ejemplo el tráfico internacional de vehículos robados; el tráfico ilícito de residuos peligrosos, de especies animales o de bienes culturales; los fraudes internacionales a través de computadoras y otras tecnologías o las violaciones a la propiedad intelectual.

Cómo vamos a avanzar en nuestro hemisferio para combatir nuevas o futuras modalidades de criminalidad organizada? Sin perjuicio de la ratificación y aplicación efectiva de las convenciones interamericanas adoptadas, quisiera sugerir la idea de que, en el marco de la OEA, examinemos la conveniencia de discutir y aprobar una convención que defina instrumentos de cooperación judicial entre nuestros países en la lucha contra nuevas y futuras modalidades de la criminalidad transnacional organizada. Sería una forma de anticiparnos a los delincuentes internacionales y de evitar que ellos se aprovechen de la ausencia de instrumentos jurídicos internacionales específicos para cada uno de sus actos delictivos.

Durante los últimos dos años, con la adopción de las Convenciones contra la Corrupción y la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, la OEA ha demostrado estar a la vanguardía en la adopción de instrumentos jurídicos internacionales contra modalidades específicas de criminalidad organizada. De hecho, siguiendo los pasos dados por los países en nuestra Organización, los Estados miembros de la OCDE y los del Consejo de Europa, respectivamente, están negociando convenciones contra la corrupción.

La idea de contar con una Convención más comprehensiva contra las modalidades de delincuencia transnacional organizada no previstas en los tratados ya adoptados no es exótica. En alguna medida, como Ustedes saben, este tema ha sido considerado, a nivel universal, en las Naciones Unidas y, en un plano regional, en el Consejo de Europa. Lo que sugiero es que, dada la identidad de valores que existe en el Hemisferio y que nos ha permitido ir a la avanzada en la adopción de instrumentos contra la criminalidad organizada, continuemos abriendo camino con un instrumento más comprehensivo que regule los mecanismos de cooperación judicial en los casos de las modalidades de criminalidad transnacional organizada no previstos en los tratados interamericanos existentes.

En cuanto al quinto tema de su agenda, es una realidad que los sistemas carcelarios y penitenciarios son cada vez objeto de mayores preocupaciones a nivel internacional. Las políticas en esta materia merecen una especial atención tanto por consideraciones humanitarias, como de eficacia y eficiencia. Diversos estudios muestran el alto peso de la reincidencia de delincuentes. De otro lado, no invertir lo suficiente en este sector puede significar para la sociedad dilapidar esfuerzos y recursos.

En este campo, en el marco de la OEA, podríamos avanzar, entre otros, a través de programas de intercambio de experiencias y de cooperación horizontal. Un aporte adicional a este proceso sería el código modelo sobre normas mínimas de detención, acorde con el derecho internacional, en el cual ha venido trabajando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Señores Ministros y Procuradores:

La presente reunión se realiza apenas alrededor de cuatro meses antes de la Cumbre de Presidentes en Santiago de Chile. Ese hecho confiere aún mayor importancia a este encuentro pues, pienso, que ésta es una gran oportunidad para que los Ministros y Procuradores puedan aportar ideas y recomendaciones para ser consideradas por los presidentes en el marco de las decisiones que van a adoptar en Santiago.

Durante los últimos años hemos realizado avances de gran importancia en materia de fortalecimiento de la administración de justicia y de la cooperación jurídica y judicial en las Américas. Pero, igualmente, es mucho aún lo que tenemos por hacer. Por eso, considero que esta es una buena ocasión para que los Ministros y Procuradores convengan una agenda y una metodología de trabajo hacia el futuro que, además, podría contar muy pronto con el respaldo de los jefes de Estado y de gobierno.

La OEA, como espacio de encuentro de los países del hemisferio, podría apoyar en el desarrollo de acciones como las que he mencionado antes, y no me cabe la menor duda que el BID y los demás organismos financieros y agencias de cooperación, están en la mejor disponibilidad de continuar apoyando los esfuerzos tendientes a la modernización de las instituciones de justicia.

Estoy seguro que los resultados de esta primera reunión de ministros de justicia o de ministros o procuradores generales de las Américas en el marco de la OEA, será recordada como un encuentro de singular trascendencia para el fortalecimiento de las instituciones de justicia, la cooperación jurídica y judicial, y el Estado de Derecho en las Américas.

Muchas gracias.