Quisiera comenzar por agradecer al Gobierno de Venezuela y en especial al Canciller Miguel Angel Burelli Rivas por haber tomado la iniciativa para que esta reunión de expertos gubernamentales sobre contribuciones en campañas electorales tuviera lugar en Caracas.

Venezuela nos ha acostumbrado a ser la sede de importantes eventos internacionales para la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en las Américas. Aquí se reunieron los países del Hemisferio, hace menos de dos años, para sellar su compromiso en la lucha contra una de las más graves amenazas al sistema democrático, a través de la adopción de la primera Convención en el mundo contra la Corrupción, que los países americanos aprobaron a propuesta de Venezuela. Aquí estuvimos en julio del año pasado en el foro sobre Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos. Aquí también se reunieron, en la isla de Margarita, los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica para reflexionar y definir líneas de acción sobre un tema de la mayor trascendencia propuesto por el Presidente Caldera, el de los valores éticos en la democracia. Y aquí vendrán los cancilleres de todas las Américas a la Asamblea General de la OEA de este año, la cual desde ya se anticipa tomará decisiones de gran importancia para rediseñar la institucionalidad interamericana en función de las trascendentales decisiones que los presidentes y primeros ministros tomarán en Santiago el próximo mes de abril.

Ese liderazgo de Venezuela, además de ratificar el profundo compromiso de su pueblo y su gobierno con la democracia, ha sido posible gracias a la autoridad moral y el valor político que la comunidad hemisférica le reconoce a Usted, Señor Presidente Rafael Caldera.

Esta reunión es importante, no sólo por ser la primera que se realiza en torno a este tema en el marco de la OEA, sino porque nos pone en perspectiva sobre cuánto hemos avanzado en el proceso de democratización en las Américas y también, por qué no decirlo, porque nos permite detectar algunas de las áreas en que debemos dar nuevos pasos adelante.

Hace apenas pocos años era imposible siquiera imaginar una reunión de esta naturaleza. En unos casos porque persistían regímenes autoritarios, cuyo origen había sido ajeno a la manifestación libre y espontánea de los ciudadanos en las urnas. Y en otros casos, porque convivíamos con esa suerte de ansiedad inexpresable que nos llevaba a negarnos a cualquier tipo de encuentro como éste, ante el temor por la indebida interferencia ajena en nuestros asuntos internos.

Sin lugar a dudas, los tiempos han cambiado. Después de la noche oscura de las dictaduras, la democracia llegó al Hemisferio. Hoy todos los miembros activos de la OEA tienen gobiernos elegidos democráticamente, y las libertades públicas y los derechos civiles se han ampliado substancialmente. Somos una comunidad de naciones cuya unidad y fortaleza reside en la existencia de unos valores y principios compartidos.

Por eso, poco a poco, hemos ido aprendiendo que el aislacionismo ya no es una opción viable y que la soberanía y la cooperación entre nuestros pueblos no son incompatibles. Por el contrario, cada vez más nos damos cuenta que para consolidar esos valores compartidos, la acción colectiva, la asistencia mutua y el intercambio de experiencias, además de convenientes, se han vuelto inevitables.

Y es en este contexto en el que hemos avanzado en estos años no solo para defender la democracia de los males que la asechan, sino para entender nuestra labor como una dirigida al fortalecimiento de los valores democráticos.

Y en el cumplimiento de este propósito esencial debemos garantizar la celebración de elecciones libres, transparentes y periódicas, en las que los candidatos compitan, en condiciones de igualdad, por el respaldo de los electores, y en las que a éstos se les ofrezcan las garantías necesarias para ejercer el derecho a votar.

La presencia de dinero indebido en las campañas electorales es una preocupación creciente en todas las latitudes en las Américas. Infortunadamente, en mayor o menor grado, este es un problema en el que, como en el pasaje bíblico, pareciera que no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Esa preocupación es legítima pues si el dinero es capaz de distorsionar en forma significativa los procesos electorales, no tendremos elecciones libres y transparentes y, en consecuencia, comprometeremos seriamente la legitimidad de los sistemas democráticos.

En algunos países del hemisferio la transición hacia la democracia ha implicado la realización de elecciones con frecuencia, no sólo a nivel central sino también en las regiones y localidades. Esa suerte de avalancha de elecciones no siempre ha estado acompañada de normas claras para garantizar, entre otras, la transparencia en la financiación de las campañas y, en algunos casos, ha generado corrupción. En otros casos, los crecientes costos de las campañas electorales han llevado a que se pretenda negociar apoyos económicos por actuales o futuras decisiones de las autoridades.

Sin embargo la experiencia muestra que construir ese dique es una tarea muy difícil. Se han ensayado numerosas aproximaciones. Sin desconocer la diversidad de los arreglos institucionales en esta materia, estas se pueden agrupar en tres grandes enfoques.

El primero es el de confiar en la responsabilidad política, lo que los anglosajones llaman accountability. Fue ese el enfoque que prevaleció antes de que estallaran los primeros escándalos en relación con las campanas electorales hace cerca de dos décadas. Para que funcione se requiere de partidos sólidos, con arraigo en el electorado, que se presenten como alternativa el uno del otro, y, en especial, que la oposición sea tan vigorosa como leal con el fin de asegurar transparencia y control político efectivo. Sobra decir que aun en las pocas democracias donde se cumplen tan exigentes condiciones, se ha empezado a mostrar que el simple ejercicio de la responsabilidad no alcanza a impedir la influencia indebida del dinero en la política, y por lo tanto no alcanza a evitar el gran daño que se le causa a la democracia cuando estalla un escándalo de corrupción, fruto de la financiación indebida en las campanas electorales.

El segundo enfoque es el que ha sido acogido con diversas variantes por democracias igualmente consolidadas. Se trata de lo que podría denominarse el enfoque mixto, con limites tanto a las contribuciones que las personas pueden realizar a una campaña, como a los gastos que se pueden realizar en desarrollo de las actividades de proselitismo político y, por supuesto, con apoyo de recursos estatales. Este ultimo puede ser previo, es decir, anterior a la fecha de las elecciones, o posterior, es decir, un sistema de reposición de los gastos electorales en razón, en la mayor parte de los casos, del numero de los votos obtenidos.

Para que el sistema funcione es indispensable que los organismos de control que velan por el cumplimiento de los topes tanto a las contribuciones como a los gastos operen de manera efectiva. Por tratarse de un tema tan delicado políticamente es excepcional que esto ultimo suceda, aunque hay algunos ejemplos de países donde ha funcionado satisfactoriamente.

A este factor político se une una complicación jurídica: los interesados en eludir los topes o en adquirir por vía del dinero una influencia privilegiada en la toma de decisiones, siempre encuentran alguna rendija en la ley a través de la cual pasar el dinero. Y el sistema puede volverse algo perverso cuando no hay limites a las contribuciones o estos no son eficaces y, por lo tanto, las campañas electorales solicitan y reciben cuantiosas sumas de dinero que luego, si el resultado electoral es suficiente, es reembolsado total o parcialmente por el Estado.

Los países que están en esta situación se encuentran en el peor de los mundos. El espacio para la influencia excesiva e indebida del dinero en la política queda abierto y por otro lado el Estado asume un costo que termina en algunos casos siendo absolutamente inútil desde el punto de vista de evitar la corrupción. No está de mas enfatizar el papel crucial que en este enfoque juega una organización electoral independiente y adecuadamente dotada con las herramientas de investigación y sanción, inclusive con instrumentos tan drásticos como la perdida de la investidura adquirida mediante procedimientos que desconocen las reglas de juego básicas y que violan la ley.

El tercer enfoque, aunque en cierto sentido puede ser mixto, le otorga mucha mayor importancia a la financiación estatal de las campañas electorales. Como los costos para el Estado pueden ser grandes, aunque la importancia de la inversión en la democracia puede justificarlos, son pocos los países que han seguido por esta vía. Para que funcione es indispensable asegurar la transparencia del ingreso y la destinación de los recursos públicos, no solo mediante procedimientos formales sino ante todo asegurando un contexto político competitivo y abierto.

Obviamente el gran problema que presenta es el del entrelazamiento muy estrecho entre el aparato estatal y los partidos políticos, los cuales tienden a ser fuertes dentro de este enfoque y se convierten en los promotores fundamentales de las campañas electorales. Por eso cuando crecen las olas de críticas a los políticos y a los partidos por abusos en las prácticas de financiación, la vulnerabilidad de este sistema es grande porque puede convertirse en blanco o aun en símbolo de la corrupción.

Quizás el mayor desafío en la materia esta en ser creativos. Los tres enfoques han mostrado sus fallas y sus peligros. Sus vulnerabilidades han llevado a que continuemos reflexionando sobre cuáles son los arreglos institucionales en la materia que se adecuan mejor no solo a las características del problema y del sistema político de cada pais, sino también a los cuatro objetivos que en esta materia deben tenerse presentes.

El primero es evitar la corrupción. Esta puede consistir simplemente en el quid pro quo, es decir en el intercambio de favores legales a cambio de dinero legal, donde el problema es la ilegitimidad del beneficio recibido, ya no por el amigo político, sino por el amigo económico. Pero el problema de corrupción puede ser mucho mayor cuando el dinero no es legitimo sino proveniente de actividades delictivas, y el favor esperado por esa razón es aun más ilegitimo.

El segundo objetivo es la igualdad política. Ya no basta con que cada ciudadano tenga un voto para que la igualdad política sea plena. Es indispensable evitar desequilibrios grandes en el acceso al poder fruto del dinero. De lo contrario estaremos en la senda de la plutocracia.

Y hay un tercer aspecto que es el de como reducir el costo de las campañas electorales. Este puede conllevar el acceso gratuito a medios de comunicación, especialmente los que son propiedad del Estado, así como el limite en la duración de las campañas. En todo caso por mas ingeniosos que sean los aspectos institucionales, la probabilidad de éxito será menor sino se logra salir de la espiral alcista de los costos de las campañas electorales.

El cuarto consiste en preservar la credibilidad y la integridad del sistema político y claro esta de la política, no solo entendida en el sentido primigenio, sino inclusive en el sentido más pragmático. Se trata no solo de la depuración de la política sino de la recuperación de la política para devolverle su majestad, cuando se la utiliza para transformar la realidad. En este sentido el manejo de la financiación de las campanas tiene una enorme importancia para nuestra vida social.

Como ya lo hemos visto son muchos los interrogantes que surgen al repasar la agenda presentada a consideración de Ustedes. Cómo asegurar que la financiación de las campañas electorales no afecte la transparencia, libertad y equidad en las elecciones? Cómo garantizar un severo escrutinio sobre esa financiación? Cuáles debieran ser los principios rectores en cuanto a los límites, el origen y la equidad en las contribuciones? Cuáles debieran ser los criterios a seguir para asegurar el efectivo control y vigilancia de las mismas? Cómo garantizar que los resultados de las elecciones no sean determinados únicamente por el hecho de tener más dinero? En fin, para utilizar la expresión de un libro clásico sobre las elecciones presidenciales, cómo asegurar que quien pague el flautista no defina la melodía?

Por supuesto, no esperamos que estas y otras muchas preguntas encuentren una respuesta definitiva en esta reunión, pero sí que las respuestas parciales en contextos diferentes sean el comienzo de un enriquecedor proceso de intercambio de experiencias y de cooperación en un tema crucial para el presente y el futuro de nuestras democracias.

Yo estoy convencido que el proceso de democratización en las Américas no tiene camino de regreso. La democracia ha llegado a nuestros países para quedarse para siempre. Pero tampoco podemos echar al rincón del olvido la sentencia de Huntington: “Cuando la memoria de los defectos del autoritarismo se marchita, es posible que aumente la irritación con los defectos de la democracia”.

Es por ello que estamos aquí para aprender a recorrer un camino que ya hemos visto es empinado y tiene mas de un obstáculo.

En nombre de la OEA, quiero agradecer a todos los expertos por haber aceptado nuestra invitación.

Les deseo éxito en sus deliberaciones.

Muchas gracias.