Quisiera comenzar por agradecer al Gobierno del Perú y, en particular, a usted señor Presidente Fujimori, por el generoso ofrecimiento que nos hicieran para que esta segunda reunión de Ministros de Justicia o Procuradores Generales de las Américas tuviera lugar en Lima. Permítanme destacar el liderazgo, compromiso y dedicación que han mostrado en la organización de este encuentro el Canciller, Fernando De Trazegnies, la Ministra de Justicia, María Carlota Valenzuela de Puelles, y la muy dedicada y eficiente Representante de Perú ante la OEA, Embajadora Beatriz Ramacciotti.

Y antes de entrar en tema quisiera referirme al servicio que ustedes Presidente Fujimori, como cabeza del Estado Peruano y el Presidente Mahuad como cabeza del Estado Ecuatoriano le han rendido a la vigencia del Estado de Derecho, al imperio de la Justicia en las Américas. Mucho hemos hablado de los significativos logros que ustedes nos han ofrecido a todos los Americanos con su coraje para tomar decisiones difíciles, riesgosas controvertidas. Para recorrer caminos que parecerían inexplorables, para ceder en lo que parecían posiciones innegociables. También hemos hablado que al final de la jornada nos espera por ventura restañar las heridas, y tener unos pueblos mas hermanados, más solidarios y también por contera una América mas unida, una América mas esperanzada.

Hemos hablado de como con su determinación ustedes encarnan hoy los ideales de todos nuestros pueblos de vivir en paz y en armonía, de usar nuestros recursos para buscar la prosperidad la igualdad, la justicia social y de usarlos para fortalecer nuestras democracia y defenderla de los peligros que la acechan.

La firma del Tratado de Paz entre Ecuador y Perú representa mejor que cualquier otro acto después del fin de la guerra el nuevo espíritu que reina en América de integración, de búsqueda colectiva de valores que nos son comunes. Con él vamos dejando atrás décadas de la confrontación, de desconfianza, de ese pesimismo atávico con el que hemos enfrentado la vida colectiva de América que nos llevo en varias oportunidades a aceptar la inevitabilidad de la guerra.

Pero tal vez en lo que quisiéramos hacer énfasis en esta mañana es como esta histórica decisión han logrado darle sentido a los principios consagrados en nuestra Carta y que representaron en nuestro medio conquistas jurídico políticas de la mayor trascendencia, fruto de décadas de enconadas luchas para crear un derecho interamericano basado en principios jurídicos, no en hechos bélicos, para que en América las divergencias se resolvieran no a la fuerza sino apelando al derecho internacional, al arreglo directo, al arbitraje, a la mediación, a los buenos oficios. Ustedes, señores Presidentes, han demostrado la vigencia de un principio esencial de nuestra Carta Constitutiva: la solución pacífica de las controversias. Ecuador y Perú nos han devuelto la fe en las reglas que rigen nuestras relaciones comunes, y que ante todo rechazan el uso de la fuerza como fuente de derechos en favor de los Estados. Que mejor servicio a la Justicia y a la vigencia del Estado de Derecho en las Américas.

Y regresando a la materia que aquí nos congrega quisiera en primer lugar señalar que en buena hora Argentina tomo la iniciativa de realizar la primera reunión regional de Ministros de Justicia y Fiscales Generales en Diciembre del 97. Sus conclusiones y recomendaciones, así como las de la reunión posterior de expertos gubernamentales, constituyeron aportes substanciales para las decisiones que adoptaron los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de las Américas de Santiago de Chile. Por lo demás los mandatarios ordenaron la celebración de reuniones periódicas de Ministros y Procuradores Generales del Hemisferio en el marco de la Organización de los Estados Americanos.

Este nuevo encuentro corresponde pues al cumplimiento de ese mandato y a la convocatoria y generosa hospitalidad del Gobierno del Presidente Fujimori. Para Lima hemos edificado sobre los avances dados desde nuestra cita en Buenos Aires y aquí todos venimos con un espíritu abierto a intercambiar ideas, a aprender los unos de los otros y aunar esfuerzos para hacer que nuestra acción colectiva sea cada vez más eficaz para hacerle frente a los desafíos y problemas que ustedes han ido identificando para la conformación de una agenda hemisférica.

Por eso sin desconocer la importancia de otros temas, este diálogo será más fructífero, en la medida en que se concentre sobre cuatro áreas de gran importancia para la modernización y El fortalecimiento de los sistemas de justicia en las Américas: el acceso a la justicia; la formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales; la política carcelaria y penitenciaria, y el fortalecimiento y desarrollo de la cooperación judicial y jurídica interamericanas.

Desde los inicios de la década de los ochenta, la reforma de los sistemas de justicia se ha ido convirtiendo en una prioridad en la agenda de nuestros gobiernos y de nuestros países.. Hoy nadie discute que para consolidar la democracia y hacerle frente a los peligros que la asechan: narcotrafico, terrorismo, corrupción; para fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos, para asegurar el crecimiento económico es indispensable contar con una administración de justicia accesible, eficaz, eficiente, independiente, dignificada, fuerte y sensible a los valores democráticos, así como fortalecer los mecanismos de cooperación jurídica y judicial en las Américas.

Pero esta es una tarea bastante compleja no solo por los significativos problemas substantivos sino, además, por la consecuente percepción tan negativa que tenemos en las Américas de nuestros sistemas judiciales Muchos sondeos muestran que la América Latina y el Caribe es una de las regiones de menor fiabilidad del estamento judicial. Estas circunstancias deslegitiman los procedimientos democráticos, estimulan la justicia por mano propia y la violencia y afectan gravemente la competitividad de nuestras empresas en términos internacionales.

Para hacerle frente a tan graves males claramente percibidos por los ciudadanos de todas las latitudes hemisféricas durante la última década en numerosos países de América Latina y el Caribe se ha puesto en marcha reformas judiciales con el apoyo en especial del BID, pero también del Banco Mundial y la AID, en un esfuerzo pionero que merece todo el reconocimiento de la comunidad internacional.

Aún cuando pareciera muy temprano para evaluar el impacto total de esas reformas, ya es hora de comenzar a analizar algunos de los resultados que se han venido produciendo y de aprender lecciones de la experiencia que se han tenido con algunas de estas reformas.

Una mirada sobre el camino que hemos recorrido hasta ahora, nos permite comprobar que las reformas emprendidas todavía tienen un alcance limitado, que en algunos casos se han generado efectos no previstos o no deseados y que, en definitiva, aún son muchos las acciones que, entre todos, tenemos que adelantar para asegurar que en realidad se modernicen nuestros sistemas de justicia. Haber olvidado durante tantos años la justicia y haberla reducido a una especie de cenicienta de las instituciones publicas representa una carga difícil de llevar para cualquier esfuerzo de reforma

Tal vez el principal factor que esta pesando sobre las bondades o beneficios de las Reformas Judiciales está relacionado con el de las altas expectativas o las significativas demandas de respuesta que los ciudadanos esperan de nuestros Sistemas Judiciales. Seguramente esa relativa impaciencia de nuestros ciudadanos se origina en que a pesar de los esfuerzos realizados se ha producido un dramático crecimiento de la de la criminalidad. Según estudios recientes, por ejemplo, en el caso de los homicidios, en América Latina la tasa promedio es más del doble que en cualquier otra región del mundo y seis veces el promedio mundial, para no mencionar otros modalidades de violencia o de impunidad que han terminado por generar sentimientos generalizados de inconformidad y, con frecuencia desespero, y que nos llevan a señalar aun los muy limitados resultados de las reformas emprendidas.

¿Qué podemos hacer para afrontar esta realidad? En primer lugar, pienso que es necesario realizar un mayor esfuerzo pedagógico para explicar que la reforma judicial es un proceso y no un hecho estático o aislado en el tiempo y que, en consecuencia, después de tantos años de olvido y ostracismo, no son suficientes la expedición de algunas normas o la realización de algunos cambios, para asumir que, como por encanto, se modernizan los sistemas de justicia.

Los pasos que hemos dado hasta ahora han mostrado que, como ocurre con relación a todas las demás políticas públicas, no existen milagros o soluciones mágicas o simples para las fallas de la justicia. De hecho, parte de lo que hemos aprendido es que los problemas en este caso son sistémicos y exigen, por lo tanto, soluciones continuadas de la misma naturaleza, en la esferas constitucional, legal, administrativas, presupuestales, de apoyo logístico, de los Sistemas educativos del Derecho, de los de la capacitación, etcétera.

En segundo lugar y por eso la importancia de reuniones como esta, tenemos que aprovechar mucho más el conocimiento acumulado y las lecciones aprendidas. La experiencia de estos años nos comprueba que todavía existe un espacio inmenso para mejorar el diseño y la ejecución de las reformas en curso y de consiguiente de las que se deben acometer en el futuro. Para conseguir este propósito, entre otros, se requiere promover y facilitar el intercambio de información y de experiencias. No tiene sentido volver a repetir errores en que otros han incurrido, con frecuencia con inmensos costos para los países.

En tercer lugar, es preciso que todos entendamos que las reformas judiciales deben permitir y asegurar la evaluación periódica de los avances y resultados. Nuestros pueblos no están dispuestos a seguir girando cheques en blanco. Cada vez es más evidente que sin una adecuada rendición de cuentas, va a ser muy difícil, o en muchos casos imposibles, exigir mayores esfuerzos fiscales o congregar un gran respaldo ciudadano en torno a los procesos de transformación de los sistemas de justicia.

En cuarto lugar, se requiere formular la reforma judicial como una política integral que abarque tanto las diferentes áreas sustantivas y procesales, como todas las instituciones relacionadas con el tema ya sean cortes y juzgados, organismos de policía judicial, ministerios de justicia, procuradurías, fiscalías o sistemas penitenciarios y carcelarios.

En quinto lugar, es necesario concebir la reforma judicial como un proceso político en el mejor sentido de la palabra que, por lo tanto, interesa a toda la ciudadanía y en el que deberían participar tanto los jueces, los gobiernos y los legisladores, como el sector privado, los centros de investigación y capacitación, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Sr. Presidente Señores Ministros y Procuradores:

Quisiera compartir algunas reflexiones sobre los cuatro grandes temas de los cuales se van a ocupar ustedes, con el único ánimo de contribuir a este diálogo que no dudo será muy enriquecedor y constructivo.

En cuanto al tema del acceso a la justicia, pienso que para corregir algunas de las fallas que se presentan en este frente, tenemos que avanzar aún más en la creación de condiciones que faciliten a las personas, cuando esto sea posible, resolver sus controversias sin necesidad de acudir a los jueces y de reservar la intervención de éstos para la resolución de aquellos conflictos que por su importancia social y jurídica verdaderamente lo demanden. Permítanme sólo citar dos ejemplos.

El crecimiento del comercio internacional y la necesidad que tienen nuestros países de una significativa contribución de la inversión extranjera a sus procesos productivos, hacen imperativo desarrollar los instrumentos que garanticen seguridad jurídica y celeridad en la solución de las diferencias que se puedan presentar. Como resultado del abuso de la protección diplomática por parte de los estados de origen de los inversionistas extranjeros, en Latinoamérica se desarrolló una estructura legal que buscaba someter a los inversionistas extranjeros a la jurisdicción exclusiva del Estado anfitrión. Yo me pregunto si no conviene que avancemos mucho más en la promoción y aplicación del arbitraje y otros medios alternativos para la solución de este tipo de conflictos.

De hecho, para avanzar en esta dirección, la Secretaría General de la OEA, en unión de las Cámaras de Comercio, durante promovió la realización de programas de cooperación en materia de arbitraje internacional

En el otro extremo, creo que debiéramos dar nuevos pasos que faciliten y hagan expedito la resolución de conflictos cotidianos de los pobladores de menores recursos económicos y en el interior de grupos étnicos y organizaciones sociales que tienen una vida institucional activa. Estoy seguro que en este campo tenemos un amplio terreno para aprender los unos de los otros. Sin desconocer la singularidad y características de cada caso, tengo la certeza que sería muy ilustrativo para todos conocer mucho más, para sólo citar algunos ejemplos, de la experiencia peruana de la justicia de paz y de los sistemas de solución de controversias en el seno de las comunidades campesinas y nativas; de los desarrollos dados en el Brasil con la creación de los juzgados especiales para la conciliación, juicio y ejecución de causas civiles de menor complejidad, e infracciones penales de menor potencial ofensivo; o de los resultados que han tenido en Colombia las llamadas casas de justicia.

En cuanto al tema de la formación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, sin perjuicio de la descripción de los programas y escuelas que se han creado en varios países, pienso que sería de gran utilidad intercambiar ideas sobre cómo definir el tipo de capacitación que se necesita en cada caso, cómo evaluar el impacto real de los programas que se desarrollan y cómo vincular la capacitación con los sistemas de carrera y promoción laboral.

En desarrollo de los mandatos de la Cumbre de las Américas de Santiago, ustedes también se van a ocupar de la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Allí va a ser necesario avanzar en la definición de líneas de política fundamentales. ¿Cuál va a ser el nicho de acción de este centro? ¿En qué áreas se debiera concentrar? ¿Cómo debiera ser su organización y funcionamiento? ¿Cómo debiera coordinar sus acciones con las instituciones nacionales y con los organismos del sistema interamericano? ¿Cómo debiera rendir cuentas periódicas sobre sus actividades y resultados? Todas estas son preguntas básicas si en verdad queremos asegurar que esta nueva institución genere un valor agregado en el desarrollo de los temas de la justicia en la región.

En cuanto al tercer tema de su agenda, es una realidad que los sistemas carcelarios y penitenciarios son cada vez objeto de mayores preocupaciones. Las políticas en esta materia merecen una atención especial tanto por consideraciones humanitarias, como de eficacia y eficiencia. En el informe de progreso sobre las condiciones de detención en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo muna primera identificación de las áreas que necesitan ser tratadas, y cuyo análisis mas detallado haría pertinente el convocar una primera reunión de las autoridades judiciales para hablar de política penitenciaria y carcelaria y de las autoridades carcelarias o penitenciarias de los países del hemisferio que nos permita intercambiar experiencias e información práctica sobre problemas comunes y definir programas y proyectos específicos de cooperación en este campo.

El último tema de la agenda tiene que ver con algo que es de la esencia de nuestra organización él referente a la cooperación judicial. Durante los últimos años se han realizado avances de gran importancia en el marco de la OEA que ha demostrado estar a la vanguardia en la adopción de instrumentos jurídicos internacionales contra modalidades específicas de criminalidad organizada. Entre ellos, quisiera relevar la Convención interamericana contra la corrupción, instrumento pionero que ha inducido importantes desarrollos entre los piases de la OCDE y en el Continente Europeo; la declaración y el plan de acción para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo; la estrategia antidrogas del Hemisferio; la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos

Todos ellos hacen parte de los veinticuatro tratados que hacen relación con la cooperación judicial. De entre ellos dos no han entrado en vigor a pesar de que uno de ellos fue adoptado hace más de 15 años y el otro hace cerca de seis años. Del mismo estudio se infiere que el 48% de los países que firmaron estas convenciones aún no las han ratificado. Por eso, pienso que la ratificación y aplicación efectiva de estos instrumentos jurídicos, constituye tal vez el primero y más importante desafío que tenemos en materia de cooperación jurídica y judicial.

La Secretaría General, tomando como caso piloto la Convención contra la Corrupción, realizó el año pasado seminarios en varios países miembros para apoyar la ratificación e implementación de este tratado y durante el año en curso, en unión del BID, vamos a desarrollar actividades de cooperación en otros doce países del hemisferio con el mismo propósito. Podríamos apoyar procesos similares en relación con otros instrumentos interamericanos de cooperación jurídica y judicial, definidos por los SS Ministros y Procuradores Generales.

Permítanme, por último, destacar la importancia de la iniciativa, promovida por la señora Procuradora Janet Reno de los Estados Unidos, en el sentido de incluir como parte de las deliberaciones de esta reunión, los temas relacionados con el combate a los llamados delitos cibernéticos.

Señor Presidente Fujimori, Srs Ministros Y Procuradores Generales

Los avances que hemos dado en apenas un poco más de un año desde nuestra reunión en Buenos Aires, sólo nos permiten ser optimistas tanto sobre los resultados de este encuentro como sobre los desarrollos del mismo. Estoy seguro que a partir de este dialogo entre ustedes podremos definir una nueva carta de navegación para la modernización y el perfeccionamiento de los sistemas de justicia y para el fortalecimiento cooperación jurídica y judicial en las Américas que este a la altura de lo que nos demandan nuestros pueblos y nuestras instituciones en el marco de la creciente integración hemisférica.

Gracias Sr. Presidente Fujimori por su siempre generosa hospitalidad para convocarnos a todos los americanos a esta patria generosa y en transito continuado hacia nuevas instituciones que le ayuden a consolidar su democracia.