Para mí es un gran honor asistir a esta ceremonia en la que el Gobierno de República Dominicana deposita el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Interamericana fue establecida como consecuencia de haber entrado en vigor, el 18 de julio de 1978, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ella y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son hoy por hoy los más importantes pilares en los que se sustenta la protección de los derechos humanos en nuestro continente.

De acuerdo con la Convención, la Corte ejerce función jurisdiccional, referida a la resolución de casos en que se ha alegado que uno de los Estados parte ha violado la Convención; y consultiva, referida a la facultad que tienen los Estados miembros de la Organización de consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.

El artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que todo Estado parte en dicha Convención puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior declarar que reconoce como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

Y ese es el trascendental paso que da hoy el Gobierno del Presidente Fernández, Embajador Espinal, sumada a las recientes de México y Brasil, no solo se fortalece el sistema de una manera extraordinaria, sino que le damos a nuestros instrumentos interamericanos una universalidad y un alcance cada vez mayor.

Acabamos de celebrar el año anterior no sólo el cincuentenario de la OEA, sino también el de los instrumentos de protección de los derechos humanos: la Declaración Universal que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

Desde entonces han transcurrido cincuenta años de un largo y tortuoso camino en el que por un largo periodo los valores democráticos y la protección de los derechos humanos se sacrificaron, en muchos países, a los imperativos de la guerra fría. Pero en esta década hemos avanzado considerablemente hacia la identificación de unos valores comunes en lo político, económico y social con el respeto a los principios de nuestra Carta. Así le hemos dado a la defensa de la democracia y los derechos humanos una primacía fundamental a la hora de establecer las funciones del sistema interamericano de instituciones.

Hemos, sin duda, recorrido un importante camino en la protección de los derechos humanos en nuestro continente. Sin embargo, un aspecto crítico de la problemática de nuestro sistema de protección de los derechos humanos es el hecho de que no todos los Estados Miembros se adhieren a él. Este punto quedó plasmado con claridad en el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago, en el cual los mandatarios del continente hicieron un llamado para promover la firma, ratificación y adhesión a los instrumentos de derechos humanos internacionales.

En esa histórica cita en Santiago los Presidentes y Jefes de Gobierno abocaron directamente el tema de los derechos humanos y formularon objetivos específicos, sustentados en medidas concretas de ejecución a corto y mediano plazo. Se comprometieron a fortalecer aún más la Comisión y la Corte Interamericana. Expresaron su voluntad de trabajar mano a mano con la sociedad civil y diseñar políticas integradas para la promoción y protección de los derechos a nivel de las naciones. Se comprometieron a garantizar los derechos de los trabajadores migrantes, asegurar la participación de la mujer en todos los ámbitos del quehacer de los países, respetar las expresiones culturales de los pueblos indígenas.

También acordaron garantizar a todos los individuos el derecho a un proceso sin dilaciones, ajustado a la ley y a los procedimientos penales, así como asegurar la presunción de inocencia. Decidieron revisar las legislaciones nacionales vigentes para eliminar de ellas cualquier tipo de discriminación y, en especial, para que en el año 2002 no persista ningún tipo de desigualdad legal entre hombres y mujeres. Expresaron su voluntad de trabajar por el mejoramiento del sistema carcelario y las condiciones de vida de los reclusos, y enfatizaron la necesidad de combatir la explotación infantil en todas sus formas, acordando implementar un sistema regional de información sobre los niños.

Todas estas acciones y decisiones respaldadas también por nuestra Asamblea General persiguen el mismo fin: fortalecer nuestro sistema de protección y promoción de los derechos del hombre en todos su ámbitos y hacerlo dentro de ese espíritu de modernización y respuesta a las necesidades de la nueva época.

Todos hoy en el hemisferio reconocen que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sus investigaciones, sus informes y sus fallos, y actuando con autonomía, respeto a los gobiernos y a las distintas instancias de nuestra Organización, han demostrado que son capaces de defender las libertades y los derechos fundamentales de todos los americanos, sin importar quiénes sean los responsables de los abusos.

Señor Embajador, Señoras y Señores:

República Dominicana acepta hoy la competencia de una nueva y revitalizada Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya cuenta desde este momento con 22 naciones adherentes. El Gobierno del Presidente Leonel Fernández, Embajador Espinal, merece el reconocimiento de todas las naciones del hemisferio por esta decisión que demuestra su fe en el sistema interamericano, y que una vez más confirma la viabilidad de la acción colectiva en relación con la protección de los derechos humanos.

Muchas gracias