Quiero iniciar agradeciendo al Gobierno de Colombia, al pueblo y al Alcalde de Medellín, doctor Juan Gómez Martínez, por haber ofrecido esta bella y pujante ciudad para servir de sede para la primera reunión de expertos gubernamentales sobre la prevención del delito y lucha contra la delincuencia. Este ofrecimiento hace honor a su conocida tradición de hospitalidad. No podía haberse escogido sitio más apropiado: Esta ciudad aprendió, de la manera más dura, las consecuencias de una terrible oleada de violencia la cual ha venido superando gracias a la entereza de esta raza antioqueña que no se doblegó frente a los violentos y que ha actuado con valor y solidaridad.

No puedo dejar de mencionar y agradecer la labor adelantada por el Embajador Luis Alfredo Ramos en el seno de la Organización de los Estados Americanos. Sus capacidades intelectuales, su dedicación y trabajo le han permitido representar a Colombia con sinigual decoro y contribuir enormemente a hacer realidad esta reunión.

Quiero en nombre de todos los presentes agradecer la presencia del Señor Canciller de Colombia, Don Guillermo Fernández de Soto, quien con inteligencia y seriedad está desarrollando la política internacional de mi país y quien nos ha dado todo su concurso para el éxito de esta reunión. Igualmente quiero saludar la presencia del Señor Ministro de Justicia de Colombia, Don Parmenio Cuéllar.

Para mí, como colombiano, es un gran placer y motivo de orgullo volver nuevamente a Medellín. Estoy ligado a Antioquia por lazos indelebles. De aquí vienen mis ancestros, de aquí son los mitos y tradiciones que recibí en mi infancia, y cuando ejercí funciones publicas aquí aprendí la honestidad en la que se cultivaron mis valores. Aquí nació la pujanza de la que se han derivado los saltos de prosperidad que han forjado a Colombia. He tenido la oportunidad de trabajar con los dirigentes y el pueblo antioqueño en muchas empresas de progreso.

El tema que nos convoca hoy es fundamental para todos los americanos. La criminalidad y la violencia han golpeado con dureza la tranquilidad de nuestros pueblos y se han convertido en los últimos años en una preocupación de altísima prioridad para los ciudadanos de la gran mayoría de los países de nuestro hemisferio. Estudios académicos, estadísticas criminales, investigaciones periodísticas, encuestas de opinión muestran que la población percibe el ascenso de la criminalidad común, de la violencia y de la inseguridad como uno de los problemas más agudos.

Según estadísticas mas o menos confiables, la violencia ha tenido en los últimos años una tendencia creciente y generalizada, tanto en el continente como en el Caribe. Los niveles de homicidio para América Latina, que se habían mantenido en un rango relativamente estable por varias décadas, se han elevado drásticamente en la última década. Los datos recolectados nos muestran que las cifras agregadas para la región se duplican frente a la década anterior hasta alcanzar 30.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa misma cifra era de 12.6 en 1960, de 10 en 1979, de 14 en 1980 y de 16.9 en 1985. Este, que es el indicador de violencia más simple, es más del doble que el de cualquier otra región del mundo y es seis veces mayor que el promedio mundial. Otras fuentes, citadas en un muy cuidadoso estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, señalan que esa tasa para América Latina y el Caribe era de 28.4 por cien mil, con un incremento de más de 44% en tan sólo diez años. Aunque no todas las cifras son equivalentes y hay problemas de sistematización y metodología en la producción de estas, hay claramente una tendencia y unas magnitudes que nos indican que estamos frente a un creciente problema de violencia y criminalidad.

Me he referido hasta ahora principalmente a los homicidios pues se trata de una de las pocas estadísticas relativamente homogéneas y que presenta menores problemas de subregistro. Sin embargo, como es obvio, las estadísticas de otro tipo de delitos y violencia muestran tendencias similares.

No hay duda entonces de que se trata de un problema que tiene un enorme costo humano, político y social en toda la región. Afecta la calidad de vida de amplios sectores de la población; impide los procesos de desarrollo económico y es un factor negativo para la inversión; erosiona la capacidad del gobierno y de las instituciones; produce un efecto negativo en la preservación de los derechos humanos; y limita el desempeño de la administración de justicia y de los organismos policiales, perpetuando el ciclo ilegal de la violencia y por ende impidiendo realizar plenamente los principios democráticos.

En cuanto al costo económico, el investigador colombiano Juan Luis Londoño, en uno de sus más recientes trabajo para el BID, ha tratado de desentrañar el costo de la violencia en términos económicos, en seis países (Brasil, Colombia, El Salvador, México, Perú y Venezuela). El estudio desagregó los costos en cuatro categorías: impacto en salud, costos relacionados con policía, seguridad y justicia, intangibles y transferencias. El estimado por país fluctúa entre 5.1 y 24.9 por ciento, con un promedio de 14.2 % del PIB.

Pero todas estas formas de violencia tienen un efecto adicional que puede ser, en el largo plazo, el más grave. Se trata de la degradación del tejido social que implica la persistencia de niveles elevados de criminalidad. En efecto, el temor y la agresividad que alimenta la delincuencia afectan la capacidad de la sociedad para progresar. La criminalidad conlleva aislamiento y desconfianza, minando las bases mismas de la vida en sociedad. La sensación de impotencia y de desprotección frente al crimen también afecta la legitimidad y credibilidad del Estado. Estos diferentes elementos amenazan la viabilidad misma de nuestras sociedades de cara al próximo siglo.

En la OEA otorgamos gran importancia a los trabajos y estudios que vienen realizando las autoridades e investigadores, a través de los cuales se busca volver sobre estas causas y los efectos vinculados a los fenómenos de violencia y de criminalidad, al igual que sobre el resultado de diversas medidas dispuestas para enfrentarlos. En nuestros trabajos en la OEA hemos identificado esos conjuntos de razones así:

Una primera corriente relaciona la criminalidad con una incapacidad del sector productivo para absorber la población en edad de trabajar. La segunda relaciona crimen con pobreza. La tercera resalta la importancia de las motivaciones de carácter social que incentivan una acción criminal específica.

Deseo hacer algunas consideraciones acerca de las posibles causas que he mencionado ya que de su análisis más detallado pueden surgir propuestas especifica para encarar este problema. La violencia se acentúa entre los jóvenes, especialmente entre quienes no han tenido experiencia laboral previa. En lo que hace relación con la pobreza las investigaciones comparadas no muestran de manera concluyente una correlación entre índices de violencia y zonas de mayor pobreza. En América Latina, esto parece relacionarse más con los crecientes niveles de desigualdad. Ciertos aspectos culturales, como la aceptación directa o indirecta al uso de la violencia, el validar y tolerar conductas como el consumo incontrolado de alcohol, el uso permisivo de drogas psicoactivas o el porte de armas mas o menos indiscriminado por civiles, indudablemente inciden en la mayor violencia.

La impunidad, la ilegitimidad del estado, o incluso la abierta injusticia de la acción judicial y la falta de sanción a conductas criminales, pueden alimentar una cierta aceptación a comportamientos delicuenciales. Fenómenos extendidos de corrupción a alto nivel pueden crear la sensación entre sectores socialmente desfavorecidos de una aguda ilegitimidad de las normas vigentes, y usualmente escándalos sobre delitos de cuello blanco o de corrupción de altos funcionarios del estado, van asociados a olas de delincuencia común. El sentimiento de que los poderosos y los privilegiados delinquen y que la impunidad es rampante, por lo general validan una cierta aceptación social hacia el delito en los sectores más pobres.

Mas allá de las estadísticas, mas allá de las explicaciones y de las dimensiones exactas del crecimiento del crimen y la violencia en cada país, las consecuencias de esta situación se reflejan en una percepción de la gente respecto del Estado. Se trata de un sentimiento generalizado en el cual los ciudadanos perciben que las instituciones que en general respetan y no confrontan, no les están dando protección a su vida, ni garantías a sus actividades diarias, ni seguridad a sus bienes. Este, diría yo, es el problema de inseguridad al que está orientado esta reunión.

Los casos citados anteriormente nos permiten tener una idea de la compleja gama de factores que pueden entrar en juego a la hora de fijar políticas y de emprender acciones en este campo. La multiplicidad y diversidad de eventuales acciones obedecen a que la elaboración del tema es aun incipiente, lo que a su vez ha impedido integrar, bajo un mismo cuerpo, las diferentes iniciativas y programas desarrollados así como los logros obtenidos. Esta misma dispersión sin duda alguna ha impedido a las autoridades y a los gobiernos de los diferentes países elaborar un sistema y una metodología que les permitan compartir los conocimientos alcanzados y los resultados obtenidos, así como analizar de manera comparativa las variaciones que puedan presentarse por diversos conceptos.

Debemos complementarlos con instrumentos de medición tales como las encuestas de victimización que permitan disminuir la tasa de subregistro y den mayores luces sobre las circunstancias de ocurrencia del delito, de manera que puedan definirse con mayor precisión las prioridades para la acción. En este sentido, una aproximación inspirada de la epidemiología, que permita avanzar en la identificación de circunstancias, ocurrencias y factores de riesgo, sería de gran utilidad para el diseño de intervenciones efectivas.

También debemos hacer diversas consideraciones sobre el procedimiento utilizado para la elaboración de las informaciones estadísticas relacionadas con la materia y en especial sobre la toma y el procesamiento de los datos. Hemos concluido que no solo existen diferentes criterios para la clasificación de los hechos que se deben estudiar, sino que en la recolección de la información participan diversas autoridades y organismos que carecen de orientación y coordinación adecuadas. Se han encontrado diferencias no solo de país a país, sino incluso al interior de los mismos.

Un programa especial de seguridad debería dedicarse a cuatro áreas de trabajo: prevención, legislación penal, estructura de aplicación de la ley y sistema penitenciario.

Las políticas preventivas pueden clasificarse en dos clases: aquellas encaminadas a actuar sobre los factores generales que se consideran asociados al delito, como puede ser la desigualdad económica, la inestabilidad familiar, la educación o formación para modificar actitudes individuales y para prevenir conductas desviadas y las políticas que enfatizan su acción en la reducción de oportunidades para cometer delitos.

El énfasis de las medidas de carácter preventivo se ha centrado en el control de armas por civiles, control a organismos de fuerza pública y control a sistemas de vigilancia privada, la adopción de mecanismos orientados a atender los conflictos que surgen en comunidades, en programas de rehabilitación y resocialización, y en el tratamiento brindado a sectores particularmente vulnerables de la población, en especial menores y jóvenes.

También se han adoptado medidas encauzadas a fortalecer las respuestas en el campo educativo, en la preservación del núcleo familiar, en la protección de los derechos humanos, en el mejoramiento de las condiciones sociales, en la mayor participación de los ciudadanos en la adopción de políticas y en la fiscalización de las acciones emprendidas. La educación, por ejemplo, es un elemento clave dentro de la prevención. Y no me refiero hoy a la necesaria elevación del nivel educativo general de la población. Estoy pensando en campañas específicas para educar y prevenir la violencia familiar, el abuso, incluido sexual, de los niños. Construir relaciones de confianza y respeto en el seno de la sociedad, y entre ésta y las autoridades, es una condición indispensable para devolverle la seguridad a los hogares, calles y parques de nuestras ciudades.

La estructura legal y el marco penal son de manera frecuente objeto de iniciativas que buscan atacar la delincuencia. Con frecuencia se definen nuevas conductas delictivas, se agravan las sanciones de orden penal, se aplican penas más severas a determinadas formas delincuenciales y se fijan nuevos procedimientos investigativos y sancionatorios.

Sobre la estructura y aplicación de la ley tendríamos que señalar que en los sistemas de investigación, de administración de justicia y en los cuerpos judiciales y de seguridad recae tanto el poder preventivo como el punitivo de una sociedad. La comparación de experiencias exitosas de aplicación de la ley y la formación de personal son terreno fértil para la cooperación internacional.

Como lo señalé en el reciente encuentro de Ministros de Justicia del Hemisferio en Lima, un elemento importante del mejoramiento de los sistemas de justicia es la creación de condiciones que faciliten a las personas, cuando esto sea posible, resolver sus controversias sin necesidad de acudir a los jueces.

Un especial énfasis merece él capitulo relacionado con autoridades de policía: La calidad, la preparación, la idoneidad de quienes tienen como función principal hacer respetar la ley y asegurar los derechos y garantíais ciudadanas. Podemos señalar sin caer en innecesarias generalizaciones que el desarrollo institucional de la función de policía y de los cuerpos de policía ha sido precario. Se deja a un lado a veces que la misión de un policía además de ser guardián del orden en una comunidad es la de ser agente de paz y convivencia. Sin poner en duda que policías organizadas bajo parámetros militares pueden ser respetadas y eficaces, es indispensable para garantizar su idoneidad que se encuentren bajo el control de autoridades civiles y que esté claramente establecida tanto la responsabilidad judicial como la política.

Un elemento que debe alentarnos es el éxito que están teniendo las autoridades en diversos países del hemisferio en materia de reducción de los niveles de criminalidad. Casos como los de Estados Unidos, tanto en el ámbito nacional como de algunas ciudades como Nueva York, con su política de Cero tolerancia muestran que es posible, con las peculiaridades de esa ciudad, disminuir los niveles de delincuencia de una manera sistemática y continuada.

El sistema penitenciario y carcelario es a menudo excluido de estas reflexiones pues fue por mucho tiempo olvidado de las políticas públicas. Por el contrario, creo que debería asignársele una elevada prioridad. Surgen con frecuencia alzamientos, confrontaciones entre presos y autoridades, quejas por abusos y casos evidentes de cárceles inseguras, insuficientes, mal dotadas y con altos índices de hacinamiento. Las cárceles en lugar de cumplir un papel rehabilitador se convierten en centros de actividad criminal, abusos y corrupción. Esto tiene un alto costo en términos del respeto de los derechos humanos y de la reincidencia de los delincuentes. Algunos de los temas de interés en este campo incluyen el de infraestructura carcelaria, programas de resocialización y rehabilitación de delincuentes y tratamiento a menores de.

Señores ministros y delegados,

La Organización de los Estados Americanos se ha convertido, gracias al liderazgo e interés mostrados por múltiples países, en un foro de diálogo y cooperación que facilita y apoya el tratamiento de problemas que son fundamentales para el progreso y la estabilidad de nuestro hemisferio. Los temas que van ustedes a abordar durante estos dos días están orientado a identificar las acciones y medidas complementarias que pueden ser emprendidas en el ámbito interamericano para apoyar los esfuerzos nacionales.

Quisiera poner a su consideración cuatro áreas en las cuales creo que la cooperación internacional y más específicamente la OEA puede ser de utilidad, cumpliendo con su papel de facilitador y propiciador de la cooperación y el diálogo interamericanos.

Sistemas de recolección de estadísticas criminales. Se buscaría promover la unificación de criterios en la recolección de estadísticas relevantes sobre el tema de criminalidad. Para ello, se conformaría un grupo de expertos para que estudie el problema y formule recomendaciones que puedan ser desarrolladas por la OEA y los países miembros. Igualmente podríamos mantener un banco de información sobre algunos indicadores de criminalidad en el hemisferio y sobre los nuevos métodos y técnicas de medición, registro y seguimiento de los indicadores de violencia.

Banco de políticas frente al crimen y la violencia. La idea es recopilar un conjunto de políticas y programas preventivos aplicados en distintos países y ciudades del hemisferio y promover mecanismos para el intercambio de los mismos. El objetivo en el mediano plazo sería establecer un sistema de información hemisférica que difunda la información sobre experiencias exitosas en la lucha contra el delito y la prevención de la delincuencia.

Capacitación en los campos de policía, criminología e investigación criminal. La idea sería que pudieran fortalecerse los intercambios de entrenamiento y formación en todas estas áreas, así como en las de prevención, para que el cuerpo de conocimiento desarrollado y probado en un país pueda compartirse con otros.

Cooperación con otras entidades multilaterales, gobiernos, fundaciones privadas y ONGs. Para algunos de los propósitos enunciados anteriormente, sería necesario buscar el apoyo y la coordinación de entidades como el BID, OPS, UNESCO, Banco Mundial y las fundaciones privadas que vienen apoyando la investigación académica en estos temas y tienen disposición de avanzar de manera colectiva en la ejecución de proyectos. Hemos venido trabajando, a través de un comité técnico, para estudiar y proponer la conformación de una coalición de agencias internacionales para apoyar los esfuerzos nacionales en materia de prevención.

Señores ministros y delegados,

Es necesario que la sociedad en su conjunto, gobierno, gremios, organizaciones civiles y academia, le otorguen la prioridad necesaria a este desafío. Se requiere una voluntad política perseverante y clara para sostener en el tiempo iniciativas y esfuerzos sistemáticos cuyos resultados podrán verse, en algunos casos, tan sólo en el mediano plazo.

La delincuencia, el crimen y la violencia, forman un nudo gordiano que es necesario desatar para liberar todo el potencial de desarrollo, progreso y bienestar de nuestro continente. Garantizar un ambiente de seguridad, de tranquilidad y de respeto a los derechos ciudadanos contribuirá a construir un hemisferio más próspero, más pacifico, más justo.

Quiero, al desearles éxitos en sus trabajos aquí en Medellín, hacer un llamado a todas las autoridades nacionales y locales, a las organizaciones de la sociedad civil, y a los medios de comunicación para que unan esfuerzos en una campaña para prevenir y reducir la criminalidad y la violencia. Es un imperativo político, moral y económico que debemos cumplir por el bienestar de nuestros hijos.

Muchas gracias.