Al comenzar quisiera agradecer al Presidente Miguel Angel Rodríguez y al Canciller Roberto Rojas por organizar este evento para celebrar el 30 aniversario del pacto de San José y los 20 años de funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, motivo de orgullo de todos los americanos. Con los preceptos de la Convención, las recomendaciones e informes de la Comisión y con los fallos de la Corte se han dado las más vigorosas luchas para defender la dignidad humana, para rescatar las libertades públicas y para hacer valer los derechos de cada ciudadano. Ellas han sido un verdadero monumento a los valores que todos compartimos, el mejor antídoto, la mejor arma contra los dictadores de todas las pelambres, contra los autoritarios de todas las especies y contra los arbitrarios de todas las condiciones esparcidos a todo lo ancho de la geografía hemisférica.

Nos sentimos honrados de compartir esta cita con personalidades de muchas latitudes que han llegado hasta aquí como una expresión del reconocimiento internacional al Pacto de San José, al papel que ha jugado Costa Rica en la protección de los derechos humanos, y a la extraordinaria labor que han cumplido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto.

Y todos los que nos hemos reunido bajo este techo sabemos del enorme valor simbólico que poseía y posee San José en la firma de la Convención pues en su país, Señor Presidente, tal vez como ningún otro en América, se han aclimatado los más acendrados valores democráticos, el mayor celo por hacer respetar los derechos fundamentales y la más elevada voluntad política para avanzar hacia la justicia social. Esos valores, esos principios que germinaron aquí, son hoy los que nos unen a todos los americanos y nos hermanan en un destino común.



Señor Presidente Rodríguez:

Bajo su prodiga hospitalidad nos hemos reunido entonces no solo para celebrar sino también para reflexionar sobre como fortalecer el sistema, y enriquecerlo; como lograr que sea aun más relevante, y que amplíe su cubrimiento para atender más casos y de mas variada índole; para analizar como fortalecer sus instrumentos judiciales, extender su rol político de control institucional y hacer más promoción.

Debemos asegurar un fortalecimiento de los mecanismos de investigación para apoyar y apoyarse más en los sistemas nacionales, para ampliar el ámbito de protección de los derechos. Debemos hacer más para profundizar su autonomía financiera, presupuestal, operacional. Debemos ir más lejos para hacer universal la ratificación de la Convención Americana y la aceptación de la jurisdicción de la Corte. Una Convención que durante 30 años ha estado abierta a la firma de los Estados miembros, merece algo más que simples exhortaciones a la ratificación.

Y sea esta la ocasión para reiterar la importancia que reviste para la vigorosa defensa de la democracia, a la cual están indisolublemente ligados, el respeto a los derechos fundamentales, la aceptación de las recomendaciones de la Comisión y el cumplimiento de los fallos de la Corte. El futuro del Sistema, su cohesión, su fortalecimiento, su integridad y su legitimidad dependerán críticamente de hacer respetar lo que ellas disponen.

Estamos seguros que con el seminario que se inaugura mañana bajo el acertado y serio liderazgo de su nuevo Presidente, Antonio Cançado, podremos continuar el ejercicio que realizamos en Washington, de común acuerdo con la Comisión, de examinar estos temas con visión de perspectiva, para vislumbrar hacia donde se dirige el sistema, como se ahondan sus fortalezas, se corrigen sus debilidades y se asegura de mejor manera su carácter complementario o de mecanismo de última instancia.

Será esa la oportunidad también para examinar cuales partes del sistema deben tener un carácter más permanente. Soy un convencido de que la configuración actual de tiempo parcial le está exigiendo demasiado a los jueces y a los miembros de la Comisión. No obstante, para trabajar en forma en estos aspectos debemos encarar el crónico problema del financiamiento del Sistema. Si hemos de construir un sistema de derechos humanos que esté a la altura de nuestras expectativas, que sea acorde con las enormes exigencias que recaen sobre nuestro sistema de derechos humanos, tenemos que resolver el recurrente problema que la OEA tiene de disponer de menos recursos, aun medidos en términos nominales.

Es oportuno también señalar que el procedimiento de casos ha mejorado notoriamente en los últimos años, lo que ha dado una mayor seguridad jurídica a las partes que lo integran y ha sentado una sólida jurisprudencia en torno a problemas y procedimientos que habían sido motivo de frecuente crítica, tales como la admisibilidad. No obstante, tenemos que seguir ajustando los procedimientos para la tramitación de casos. La Corte, en particular, se ve obligada a recrear buena parte de la labor probatoria ya realizada por la CIDH, lo cual genera costos en tiempo y recursos. Las economías que podríamos obtener en este aspecto son considerables. Podríamos pensar en crear, en el marco de la Corte, la figura de la fiscalía. Ella actuaría con la CIDH, los testigos, la Corte y, lo que es más importante aún, con las instancias judiciales nacionales para instruir casos, de tal suerte que ello permita que los jueces de la Corte trabajen más casos previamente instruidos y puedan concentrarse en los asuntos de derecho y no tanto en los hechos.

El acceso de individuos a la Corte está en aumento, pero debe crecer aún más. Conservando la función de decidir qué casos acceden a la Corte, la CIDH debería ir avanzando más hacia el desempeño del rol de ministerio público para salvaguardar la integridad del Sistema y permitir que los individuos presenten sus propios casos en forma más directa. Esto dará lugar no sólo a una mayor imparcialidad y eficiencia, sino que aclarará también la actual confusión que genera la doble función de la CIDH, de árbitro y parte, dentro del mismo Sistema.

También debemos aplaudir y subrayar el hecho de que la agenda de trabajo de nuestro Sistema se esté expandiendo para abarcar lo que podríamos llamar una nueva generación de derechos, que refleja las necesidades nuevas y cambiantes de nuestro Continente y del Caribe. Cabe destacar los temas relacionados con la libertad de expresión, el derecho de las mujeres y los niños, los derechos de las minorías étnicas, de los pueblos migrantes y sus familias, el respeto a los derechos básicos de los trabajadores, así como la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.



Señor Presidente, Ministros, amigos todos:

El principal mensaje que espero podamos dejar en esta celebración en San José, es uno de apoyo decidido e irrestricto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, así como a las labores del Instituto. Ellas son un componente principalisimo en nuestro objetivo primordial de defender, preservar y fortalecer la democracia en las Américas. En un pasado no muy lejano ellas enfrentaron la arbitrariedad de dictadores a quienes muchos miraron, toleraron y aprobaron de manera cómplice, en medio del enfrentamiento Este Oeste.

Hoy, la Corte y la Comisión con sus investigaciones, sus informes y sus fallos, y actuando con autonomía, respeto a los gobiernos y a las distintas instancias de nuestra Organización, han demostrado que son capaces de defender las libertades y los derechos fundamentales de todos los americanos, en medio de un clima de mayor respeto por los valores democráticos, pero también de menor temor por denunciar las arbitrariedades y los abusos que muchos aun cometen. Actuando con ese rigor, seriedad y valentía ellas se han ganado nuestro respeto, nuestra lealtad y nuestro apoyo. Y nosotros debemos actuar para defenderlas, apoyarlas, mejorarlas, para que cuando nuestros hijos lean las crónicas de estos tiempos se diga que todos, en forma solidaria, estuvimos a la altura de nuestras responsabilidades.



Muchas Gracias.