Es para mí muy placentero darles la bienvenida hoy a la OEA para dar inicio a las Jornadas de Análisis y Reflexión sobre la Democracia Participativa. Esta reunión de intercambio y de diálogo surge como resultado directo de una iniciativa del gobierno de Venezuela, la cual fue aprobada por la Asamblea General de la Organización en Junio del año pasado. Quiero antes de continuar felicitar y agradecer a la Embajadora Contreras y al conjunto de la delegación venezolana por su empeño, profesionalismo y dedicación en la preparación de estas Jornadas.

En los complejos tiempos que nos ha correspondido vivir es preciso defenderla de todas las amenazas y riesgos que puedan ponerla en peligro. Su preservación es tarea fundamental de todos los ciudadanos, de los gobiernos y de la Organización de Estados Americanos que la tiene como su objetivo primordial. Precisamente por eso también significa que la democracia no es un concepto rígido e inmutable en el tiempo, que es perfectible y que es nuestro deber, como demócratas convencidos, el propugnar por su profundización, mejoramiento y adecuación a las realidades que viven nuestras sociedades.

Los caminos para alcanzar esos objetivos no están escritos en un manual ni existe receta absoluta en la materia. Las innovaciones, las mejoras provendrán del diálogo, del intercambio de ideas, de la discusión de alternativas de algo que podríamos llamar el dialogo político. La única manera de fortalecer la democracia es ejerciéndola y poniendo en práctica sus principios básicos de pluralismo, tolerancia, aceptación de la diversidad, defensa de las libertades públicas, de los derechos civiles y políticos. Por todo lo anterior, estas jornadas no podían ser más oportunas y bienvenidas. Su objetivo es precisamente el de fomentar el debate, aportar elementos de reflexión, y compartir experiencias que puedan, eventualmente, servir de pistas de orientación para la conducción de procesos que, en el marco específico de las particularidades de cada Estado, permitan avanzar en esa tarea común.

En la agenda de estos dos días ustedes van a abordar temas y preocupaciones que, con mayor o menor énfasis, se discuten en todos nuestros países, desde Canadá hasta Argentina. La participación ciudadana en los procesos políticos, su influjo sobre los partidos o la búsqueda de la fortaleza de las instituciones no son particularidad exclusiva de ciertas sociedades. En todos nuestros sistemas se están explorando y desarrollando esquemas e iniciativas que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan, tanto las instituciones democráticas, como su vida cotidiana de. Estoy seguro que los debates y propuestas que se presenten en el curso de las dos mesas redondas establecidas serán de gran interés para todos los participantes aquí presentes y para los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y centros académicos de la región.

Permítanme compartir con ustedes, en ese espíritu, algunas consideraciones, fruto de mi propia reflexión y experiencia, sobre el contenido y significado de la democracia participativa y sobre cómo impulsarla y promoverla.

La clave de la legitimidad es la participación. Por eso es necesario velar porque se abran siempre nuevos espacios a la participación ciudadana para que las decisiones sean percibidas como fuente de un compromiso justo en el cual todos tengan igual oportunidad de intervenir y de ser considerados. Ya no se habla de la democracia a secas, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación popular. No es éste un problema semántico, ni una redundancia, ni unas palabras de moda. Estamos frente a una nueva concepción de la democracia. Así como Montesquieu fue revolucionario para su época, los inspiradores de la democracia participativa han desafiado las instituciones tradicionales, no para destruirlas, sino para tomarlas como pilares de un nuevo orden político, más legítimo, más respetuoso de la autonomía, de los derechos y de la libertad de cada persona, menos desigual y más justo, abierto a la convivencia pacífica de todos los grupos que conforman una comunidad.

Algunos han querido oponer la democracia participativa y la representativa como modelos mutuamente excluyentes. A mi modo de ver eso no es así. Ambas se complementan y respetan la libertad y el pluralismo. No se trata de que el pueblo haga todas las leyes directamente, ni de acabar con el Congreso o con el principio de representación. Semejante empeño sería, además de indeseable, utópico. La ampliación de los canales de participación y la creación de nuevos escenarios para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de las decisiones que los afectan le infunden mayor vigor a la democracia y ofrecen una oportunidad para que los partidos políticos confluyan en la deliberación sobre una agenda política enriquecida y diversa.

Es importante resaltar igualmente que el concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de democracia directa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral. Es una extensión del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional. No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones, en referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos. En una democracia representativa el ciudadano vota periódicamente para elegir a sus gobernantes. En una democracia directa el ciudadano también vota ocasionalmente para influir sobre decisiones que puedan afectar la vida colectiva. En una democracia participativa el ciudadano, además, puede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Es una democracia continua, no periódica.

La democracia participativa parte del hecho evidente de que las leyes adoptadas por los representantes del pueblo no son las únicas decisiones importantes, ni las que necesariamente más le interesan al ciudadano. Hay en realidad muchas otras decisiones tomadas fuera del Congreso, en la administración pública o en algunos centros de poder privado, que quizás para algunos ciudadanos tengan mucha más relevancia que las leyes adoptadas por sus representantes en las cámaras legislativas. Tenemos un Estado con más compromisos y mucho más activo, impulsado por funcionarios no elegidos, por lo cual es necesario fortalecer el hilo de legitimidad de quienes trabajan en la administración pública mediante procesos decisorios participativos. La administración pública no sólo es una inmensa burocracia, sino que tiene un gran discrecionalidad para tomar decisiones. Tiene un enorme poder: no se limita a aplicar y ejecutar las leyes, sino que formula políticas y adopta decisiones de carácter general y específico que afectan directamente, y de una manera más visible aún al ciudadano común.

Precisamente por eso los principios de la participación no se limitan a la esfera de la política electoral ni de las decisiones públicas. Es preciso ir más lejos: que la democracia pase a otros escenario donde están en juego intereses trascendentales para el ciudadano, que se reconozca que los hechos modernos no encajan en la clásica distinción entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público. En el mundo contemporáneo, así como la actividad privada es regulada por el Estado en prácticamente todos sus aspectos, así también algunos centros de poder privado adoptan decisiones que afectan a muchas personas, más de lo que pueden incidir en su vida cotidiana las decisiones del Estado.

Por eso, la democracia participativa abarca la democratización de la administración pública, de los partidos, de los gremios, de los sindicatos, de los colegios profesionales, de los foros donde se educa al ciudadano, principalmente las universidades; e incluye estímulos a la democratización de algunas empresas que ejercen un poder significativo en la sociedad contemporánea. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los principios democráticos pueden trasladarse del escenario electoral a otros centros del poder.

Si bien existe un consenso creciente sobre las bondades de la participación democrática en todas las esferas de la vida de la sociedad, subsiste aún el reto de diseñar y establecer los mecanismos y escenarios apropiados para hacerla una realidad. Como señalé antes, no creo que existan recetas únicas, ni soluciones estándar válidas para todas las naciones y situaciones. Sin embargo creo que tenemos una serie de experiencias y aproximaciones que han demostrado su utilidad.

No se debe temer que el impulso a la participación vaya a generar desestabilización. El riesgo, desde el punto de vista de la estabilidad política, reside en que no se creen instituciones y canales para orientar y canalizar esa voluntad y esa ética de participación.

Para ello, es necesario avanzar en múltiples frentes de manera simultánea. Por un lado, deben impulsarse reformas institucionales para crear los escenarios y los espacios que permitan la vinculación activa de los individuos. Pero el cambio institucional no será suficiente por sí solo. Igual importancia tiene el proceso de lo que podría llamarse una transformación de la sociedad en su conjunto. Por eso, el debate mismo sobre la participación no puede adelantarse únicamente entre políticos y tecnócratas. Ni puede reducirse a renovar las prácticas y procesos de la administración pública.

En marco de las reformas del Estado, la descentralización ha sido una de las más ampliamente utilizada y aplicada. Puede decirse que existe un consenso respecto de la utilidad de devolver a las esferas de decisión más cercanas al ciudadano todas aquellas materias que no requieran ser tratadas por instancias superiores, de acuerdo al principio de subsidiaridad. Esto se hace con la idea de que el nivel local es más apropiado y adaptado para tomar en consideración las condiciones particulares y las necesidades específicas de una comunidad determinada. La descentralización debe acompañarse de procesos de democratización de manera que las autoridades locales responsables sean elegidas por los ciudadanos directamente involucrados y afectados por las mismas.

No puede existir democracia ni participación sin el pleno acceso a la información relevante. La asimetría en el acceso y el manejo de la información pone en clara desventaja a los ciudadanos frente a los funcionarios públicos y obstaculiza su real y eficaz participación. Las autoridades públicas de todos los niveles deberían proveer a la sociedad, de manera pública y de fácil acceso, toda la información necesaria para permitirle enterarse no sólo de las decisiones adoptadas, sino, más importante aún, de aquellas en curso de preparación y estudio. Ciertamente, tal información debe ser clara y directa, no disfrazada ni sepultada bajo la jerga tecnocrática y legal.

Abrir espacios para la participación requiere que los procesos de toma de decisión se reformen para dar cabida, a través de mecanismos múltiples (consultas, cabildos abiertos, referendos) a la voz de los ciudadanos. En algunos países, y en particular en el nivel local, se ha ido más lejos para involucrar a las organizaciones representativas o particularmente interesadas en un tema, dándoles un rol no sólo en la toma de decisiones sino también en el proceso de puesta en marcha, monitoreo o evaluación de las mismas. Gracias a dichos procesos existen organizaciones no gubernamentales que han desarrollado experticias valiosas en varios de esos aspectos, y en particular en la constitución de veedurías ciudadanas o populares.

El conjunto de estas reformas institucionales ha permitido, y debe traducirse, en un fortalecimiento y una aplicación más clara de los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas de las autoridades públicas frente a los electores y la ciudadanía en general. Lo anterior tiene un efecto muy importante en la vigilancia de los fondos públicos y en el combate a la corrupción. Igualmente, estos mecanismos fortalecen la legitimidad de los representantes electos popularmente, lo cual señala el rol de apuntalamiento que la participación tiene sobre la democracia participativa y la legitimidad del Estado.

La filosofía que sustenta el concepto de la democracia participativa quedaría incompleta si su aplicación se circunscribiera al ámbito de las relaciones individuo–Estado. Su verdadero alcance es el de propugnar por una organización social, en su sentido más amplio, que se base y tenga por objetivo la integración y no la exclusión. Por ello, la reflexión que Ustedes van a realizar en el curso de estos dos días debe abarcar también la aplicación de mecanismos participativos en las instituciones y espacios públicos no estatales.

En el caso de los partidos políticos, las agremiaciones sindicales y representativas, las organizaciones de la sociedad civil, la dirección de las reformas es la misma que la que he señalado en el caso del Estado. Deben crearse espacios de participación y de decisión más cercanos y abiertos al individuo; la transparencia y la información oportuna debe primar, y las responsabilidades de los representantes deben ser claras y sometidas a la posibilidad de examen por parte de los mandantes.

Quisiera hacer ahora una mención específica respecto del papel del sector privado empresarial. Hay una tendencia positiva, aun cuando no muy común aún en muchos de nuestros países, hacia la reafirmación de la responsabilidad social de las empresas, o lo que se ha dado también en llamar la ciudadanía empresarial (corporate citizenship). Lo que esto entraña es que cada vez hay mayor conciencia que el sector productivo, amén de sus aportes a la generación de riqueza y empleo, tiene una serie de obligaciones y deberes similares a los de todo "buen ciudadano". Vale decir que las empresas deben también tener un código de deontología, manejar una práctica de transparencia y honestidad, y asumir las responsabilidades por el impacto que, sobre las comunidades o el medio ambiente, puede tener su actividad comercial.

Para mostrarles como el proceso participativo permea todas las instancias, déjenme mencionar brevemente las iniciativas que en ese sentido está adelantando la OEA. El 15 de diciembre pasado, los Estados miembros de la Organización adoptaron unos lineamientos para la participación de la sociedad civil en el marco de la OEA, ampliando así el marco regulatorio existente desde 1971. Gracias a esto, ahora las Organizaciones de la Sociedad Civil van a poder participar en las reuniones de los cuerpos políticos, desde la Asamblea General hasta los grupos de trabajo. También van a poder recibir los documentos de la OEA y presentar los suyos en el curso de dichas reuniones. Para facilitar el proceso de registro de las ONG interesadas, la Secretaría General designó un punto focal, el cual estará en la Oficina de seguimiento de Cumbres.

En el pasado hemos podido contar con la activa participación y contribución de organizaciones no gubernamentales en reuniones importantes. Para citar tan sólo un caso reciente, el grupo de trabajo encargado de la consideración de la Declaración Americana sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas ha organizado varias reuniones con una amplia representación de grupos y representantes de dichos pueblos. En la próxima Asamblea General, esperamos contar con la presencia de muchas organizaciones de la sociedad civil. La OEA está organizando una serie de actividades dirigidas a ellas. Entre otros, se va a realizar un foro sobre integración hemisférica y democracia en las Américas: ciudadanía, participación y rendición de cuentas. También se planean, al igual que el año pasado en Guatemala, una serie de encuentros entre ONGs, representantes de los gobiernos y la Secretaria General.

Señor Vicepresidente, Señor Canciller,

Todos los esfuerzos que se hagan para ampliar la base de participación de los ciudadanos en el discurrir social, son positivos y necesarios. Sin embargo, quiero llamar su atención sobre el hecho de que aún en los esquemas más abiertos, la igualdad de acceso a las esferas de decisión no es siempre lo más justo. Por ello, estas reformas no pueden hacerse in abstracto, sino con la mente y el corazón puestos en todos aquellos, los más pobres, los marginalizados, los excluidos, las minorías, que han sido dejados de lado por tanto tiempo y que reclaman ahora un justo derecho a ser oídos y tomados en cuenta.

El reto para una jornada de análisis y reflexión como ésta es doble. En primer lugar la democracia participativa nos plantea un desafío a la imaginación. ¿Cómo armonizar representación y participación? ¿Qué nuevos arreglos institucionales permiten articular una democracia participativa? ¿Cómo podemos liberarnos de las cadenas conceptuales que operan como anclas de siglos pasados? En segundo lugar, nos plantea un desafío al pragmatismo. ¿Cómo evitar caer en la utopía, sin guardar en el cajón los ideales? ¿Cómo darle viabilidad a las herramientas que promueven la participación ciudadana y social? Seguramente de esta jornada obtendremos valiosas luces para responder estas preguntas.



Muchas gracias.