Constituye para mi un honor participar en la sesión de apertura de esta reunión sobre la Legislación Penal Chilena y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Permítanme comenzar por agradecer al señor Ministro del Interior, José Miguel Insulza, así como al señor Ministro de Relaciones Exteriores, encargado, Heraldo Muñoz, por su presencia en esta reunión, la cual confirma la importancia que le confiere a este tema el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

Quisiera también agradecer a don Enrique Iglesias, Presidente del BID, por haber aceptado participar en esta reunión que hace parte de una iniciativa regional auspiciada por nuestras dos instituciones.

De igual forma, deseo expresar nuestro reconocimiento a la Corporación no gubernamental FORJA y, en especial, a su Presidente, don Sebastían Cox, por la eficiente labor que han cumplido como institución ejecutora de esta iniciativa en Chile.

Esta reunión tiene para nosotros un gran significado e importancia. Po eso quisiera aprovechar esta oportunidad, primero, para relevar por qué consideramos en la OEA que la lucha contra la corrupción es una prioridad en las Américas; segundo, para referir algunos de los avances que hemos dado en el marco de nuestra Organización y, finalmente, para destacar la importancia de esta reunión como parte de ese proceso.

Por qué consideramos en la OEA que es importante luchar contra la corrupción? Permítanme destacar tres razones, no sin antes advertir que, en algunas de estas áreas, Chile se encuentra en la vanguardia y es mucho lo que podemos aprender en la Región de los procesos de transformación y de cambio que se han desarrollado en este país durante los últimos años.

La primera razón por la cual debemos combatir la corrupción tiene que ver con algo que es de la esencia del Sistema Interamericano: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Es evidente que la corrupción es un terrible cancer que mina la legitimidad de las instituciones y el Estado de Derecho.

El último Informe de Progreso Económico y Social del BID expresa que apenas el 35% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia; que entre el 85% y el 93% considera que la corrupción está empeorando en vez de mejorar o mantenerse estable y que muchos de ellos lo consideran como el problema nacional más grave.

Afortunadamente, el estudio también revela que la "baja satisfacción" con la democracia no implica necesariamente un débil respaldo a los principios democráticos. Por el contrario, muestra que la inmensa mayoría de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otra alternativa. No obstante, esos bajos niveles de satisfacción con la democracia y de confianza en las instituciones políticas constituyen, sin lugar a dudas, un desafío de primer orden en la región.

La segunda razón por la cual tenemos que combatir la corrupción en este Hemisferio tiene que ver con los enormes costos sociales de este problema. La pobreza ha aumentado en América Latina y ésta se ha constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. En esta materia, diversos estudios han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres y que en aquellos países en donde florece la pobreza hay una corrupción desmedida y creciente. Por eso, en la OEA consideramos que la lucha contra la currupción es una causa de justicia social.

La tercera razón tiene que ver con los efectos que tiene la corrupción sobre el comercio, el crecimiento y el desarrollo económico. Numerosos estudios han confirmado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Luego, tenemos que atacar la corrupción si en verdad queremos crecer y avanzar por la senda del desarrollo económico.

La lucha contra la corrupción ha sido una preocupación constante en las Américas. En el marco de la OEA, el tema surgió desde 1992, avanzó con decisiones de la Asamblea General en 1994, se confirmó en la Cumbre de Miami y se consolidó con todo el proceso que llevó a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Este tratado fue el primer instrumento jurídico internacional en la materia y sigue siendo el que expresa una concepción más integral y completa del combate contra este fenómeno.

Por eso, la Convención representa un excelente marco para la acción colectiva a nivel hemisférico en este campo. Así lo han definido los propios Estados y por eso, en el marco de nuestra Asamblea General, acordaron un programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción y los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Plan de Acción aprobado aquí, en Santiago, se comprometieron a propiciar, en la OEA, un adecuado seguimiento de los avances de dicha Convención.


En desarrollo de dicho Plan de Acción, los Estados han venido considerando un muy completo programa de trabajo que se expresa en una resolución aprobada en la última Asamblea General, celebrada en Canadá.

De igual forma, la Secretaría General de la OEA ha venido ejecutando diversas iniciativas para difundir la Convención y promover su ratificación e incorporación en el derecho interno; ha creado un sistema de información a través de Internet y una red interamericana de instituciones y expertos en la materia; está asistiendo a algunos países en relación con la incorporación de las medidas preventivas previstas en la Convención; está trabajando con los Poderes Legislativos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sus funciones de control político y participa en el proyecto de la Fundación para las Américas en materia de capacitación de periodistas de investigación.

Esta reunión hace parte de un programa más amplio que auspiciamos en unión del Banco Interamericano de Desarrollo dentro del propósito de apoyar a los Estados Americanos en el proceso de implementación de la Convención que ellos han adoptado para luchar contra la corrupción.

Como ustedes saben, Chile, desde el comienzo, ha tenido un papel de liderazgo en relación con este tratado y es uno de los veinte Estados que ha firmado y ratificado la Convención. Estos hechos, sin lugar a dudas, son pasos fundamentales y constituyen una demostración de la voluntad política de aplicar este instrumento jurídico internacional en aquellos casos en que sea necesario.

Sin embargo, ello es muy importante pero no suficiente. Para asegurar que este tratado se pueda aplicar en casos concretos de cooperación judicial internacional, también se requiere que la legislación penal nacional esté de acuerdo con las disposiciones del mismo. Si ello no es asi, corremos el riesgo de que los fiscales y jueces al buscar aplicar la Convención en un caso específico no puedan hacerlo por limitaciones en la legislación nacional.

Por eso es tan importante esta iniciativa. Porque permite completar el ciclo necesario para la aplicación efectiva de este tratado.

En el caso de Chile, contamos con un estudio muy completo elaborado por el doctor Luis Bates. Este documento, sin lugar a dudas, es una muy buena base para las deliberaciones de los participantes en esta reunión.

Nuestro papel en este proceso es de facilitadores y nuestro interés, por supuesto, es que la voluntad de los Estados de que este tratado sea un instrumento efectivo para luchar contra la corrupción, se convierta en una realidad.

Las definiciones específicas sobre las reformas que se deben adoptar aquí, desde luego, les corresponde tomarlas únicamente a los chilenos al estudiar y comparar la Convención con la legislación vigente.

Nuestra esperanza es que al final de esta reunión surjan unas propuestas específicas sobre las reformas que se deben adoptar en la legislación penal para adecuarla a la Convención y que ellas encuentren acogida en las autoridades políticas llamadas a adoptarlas para que se puedan convertir en leyes de este país.

Estoy seguro que esta será una jornada de trabajo muy productiva.

En la OEA, como lo expresa la propia Convención, concebimos la lucha contra la corrupción como un proceso y una política integral. En ese sentido, no pensamos que las leyes sean suficientes para acabar con la corrupción, pero si creemos que son un instrumento importante para avanzar en la búsqueda de este propósito.

La corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, no es un camino sin regreso. Tengo la certeza que los resultados de esta reunión nos permitirán dar pasos firmes para confirmar esta convicción que, estoy seguro, compartimos todos los presentes.

Muchas gracias.