Constituye para mi un honor participar en el acto de clausura de esta Conferencia Regional sobre medidas para prevenir la Corrupción, en desarrollo de la Convención adoptada por los Estados Americanos en el marco de la OEA.

Permítanme comenzar por agradecer al señor Presidente de la República, Alfonso Portillo, por su presencia en esta actividad, la cual confirma la importancia que le confiere a este tema el Gobierno y las autoridades de Guatemala.

De igual forma, deseo expresar nuestro reconocimiento a la Universidad Rafael Landívar y en especial a su Rector, Gonzalo de Villa, por la eficiente labor que han cumplido como institución contraparte de esta iniciativa. También quisiera agradecer a todas las instituciones y especialistas de la región y de fuera de ella que han venido apoyando y participando en ella.

La reunión que hoy clausuramos tiene para nosotros un gran significado e importancia. Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar por qué consideramos en la OEA que la lucha contra la corrupción es una prioridad en las Américas, así como para referir algunos de los avances que hemos dado en el marco de nuestra Organización y relevar la importancia del programa del cual hace parte este encuentro como parte de ese proceso.

Por qué consideramos en la OEA que es importante luchar contra la corrupción? Permítanme destacar tres razones.

La primera tiene que ver con algo que es de la esencia del Sistema Interamericano: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. De acuerdo con un estudio reciente del BID, sólo el 35% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia, más del 80% considera que la corrupción está empeorando y muchos de ellos lo consideran como el problema nacional más grave. Todo lo cual confirma que el efectivo combate a la corrupción es fundamental para la consolidación de la democracia.

La segunda razón por la cual tenemos que luchar contra este flagelo tiene que ver con sus enormes costos sociales. La pobreza ha aumentado en América Latina y, lamentablemente, la nuestra se ha constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. En esta materia, también diversos estudios han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres. Por eso, en la OEA consideramos que la lucha contra la corrupción es una causa de justicia social.

La tercera razón tiene que ver con los efectos que tiene la corrupción sobre el comercio, el crecimiento y el desarrollo económico. En este campo se ha demostrado que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Luego, tenemos que atacar la corrupción si en verdad queremos crecer y avanzar por la senda del desarrollo económico.

La Convención Interamericana contra la Corrupción se ha constituido en la gran Carta de Navegación de nuestra acción colectiva en este campo. Así lo han definido los propios Estados y por eso, en el marco de nuestra Asamblea General, acordaron un programa interamericano de cooperación para combatir ese problema y los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Plan de Acción aprobado en la última Cumbre de las Américas, se comprometieron a propiciar, en la OEA, un adecuado seguimiento de los avances de dicha Convención.

En desarrollo de esos mandatos, la Secretaría General de la OEA ha venido ejecutando diversas iniciativas para difundir la Convención y promover su ratificación e incorporación en el derecho interno; ha creado un sistema de información a través de Internet y una red interamericana de instituciones y expertos en la materia; está trabajando con los Poderes Legislativos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sus funciones de control político y participa en el proyecto de la Fundación para las Américas en materia de capacitación de periodistas de investigación.

El tratado interamericano expresa una concepción integral sobre la forma como podemos ser más efectivos en el combate a este fenómeno. Así, además de establecer medidas específicas para fortalecer la cooperación en el castigo a los corruptos, también define acciones que los Estados se comprometen a adoptar, en el marco de su ordenamiento jurídico, para prevenir la ocurrencia de actos de corrupción.

Esta reunión hace parte de un programa novedoso que busca apoyar a los Estados en el proceso de implementación de algunas de las medidas previstas en dicho instrumento internacional para prevenir la corrupción y en cuya ejecución hemos trabajado en estrecha colaboración con instituciones gubernamentales y académicas de cada uno de los países, así como con el auspicio del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Durante los últimos meses expertos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua elaboraron estudios sobre el estado de la legislación de sus países en cinco de las medidas preventivas a que se refiere la Convención, como son las relacionadas con los regímenes de conflictos de intereses; acceso a la información; declaración de ingresos, activos y pasivos por parte de los funcionarios públicos; sistemas para proteger a quienes denuncien de buena fe actos de corrupción y mecanismos de participación de la sociedad civil en la prevención de la corrupción.

Con base en los estudios nacionales, expertos internacionales en estas áreas de España, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, elaboraron unas propuestas de leyes "tipo" o "modelo", las cuales han sido analizadas, discutidas y reformadas en este taller de carácter técnico durante los últimos dos días aquí, en Antigua.

Las propuestas que han surgido de esta reunión serán entregadas a los gobiernos y presentadas, discutidas y difundidas en reuniones que se organizarán, en unión de instituciones nacionales, con amplia participación de autoridades y voceros de las sociedades respectivas.

Nuestra esperanza es que al final de este proyecto las propuestas que de aquí han surgido sirvan para apoyar los procesos de reformas que se deben adoptar en las legislaciones nacionales para adecuarlas a la Convención y, en últimas, para enfrentar la corrupción.

La orientación de estas iniciativas es la de avanzar en la prevención de este fenómeno que, como ahora bien sabemos, es la forma más eficaz y eficiente de combatirlo.

Nuestro papel en este proceso es de facilitadores y nuestro interés, por supuesto, es que la voluntad de los Estados de que la Convención Interamericana y las medidas allí previstas sean instrumentos efectivos para luchar contra la corrupción y se conviertan en realidades en cada uno de ellos.

En la OEA, como lo expresa la propia Convención, concebimos la lucha contra la corrupción como un proceso y una política integral. En ese sentido, no pensamos que las leyes sean suficientes para acabar con la corrupción, pero si creemos que son un instrumento importante para avanzar en la búsqueda de este propósito.

La corrupción, como lo he dicho en otras ocasiones, no es un camino sin regreso. Ella se puede y se debe atacar en forma efectiva. Por eso tengo la certeza de que los resultados de esta reunión nos permitirán dar pasos firmes para confirmar esta convicción que, estoy seguro, compartimos todos los presentes.



Muchas gracias.