El 28 de julio de 1978 Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 5 de julio de 1999, el entonces Presidente de Perú, señor Alberto Fujimori, comunicó al Presidente del Congreso peruano que, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se había decidido retirar con efecto inmediato el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana efectuado por el estado peruano. Días después, el Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa que dispuso aprobar "el retiro, con efecto inmediato, del reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". El Gobierno del Perú procedió a depositar en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos un instrumento mediante el cual declaró que retiraba la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.

Tal decisión correspondió al notorio deterioro del estado de derecho que se dio en Perú, al progresivo alejamiento de las normas democráticas con la abusiva intervención del Ejecutivo en las decisiones del poder judicial, a la impunidad rampante frente a las violaciones de los derechos humanos. El 24 de septiembre de 1999 la Corte Interamericana emitió dos sentencias sobre competencia en dos casos contra Perú (casos "Tribunal Constitucional" e "Ivcher Bronstein"). En ellas, declaró con respecto a este retiro, que "la declaración de desconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inadmisible".

Fue en ese contexto que se dio la tercera reelección del presidente Fujimori para un tercer periodo, en medio de una muy discutible decisión sobre su conformidad con la Constitución y también en medio de sustanciales irregularidades que viciaron sustantivamente el acto electoral, al punto que nuestra Asamblea General en Windsor dispuso el envió de una Misión cuyo principal rol sería el de buscar que el país regresara por sus senderos democráticos bastante alterados desde la infortunado autogolpe de 1992. Tal ejercicio lo adelantamos con la creación de una Mesa de Diálogo que contó con la presencia del Gobierno, los partidos Políticos y la sociedad civil.

Pero pronto se pudo percibir el influjo del Sr. Montesinos sobre la vida pública del país y surgió la evidencia de una corrupción de magnitudes insospechadas con lo cual el gobierno sucumbió súbitamente. Ello fue posible por la presencia de una oposición que se comportó con altura, coraje y patriotismo. Vino luego el escogimiento de don Valentín Paniagua como Presidente, con lo cual se aseguró un gobierno pulcro, de corte democrático, respetuoso de los derechos de todos y claramente comprometido con el cumplimiento de los compromisos internacionales del país. La presencia de Don Javier Pérez de Cuellar al frente de la Cancillería le ha dado brillo a esta nueva etapa democrática en la vida institucional del país.

Fue así como el 12 de enero de 2001, el Congreso de Perú adoptó la Resolución Legislativa N° 27401, del siguiente tenor: "Derógase la Resolución Legislativa N° 27152 y encárgase al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que haya generado dicha Resolución Legislativa, restableciéndose a plenitud para el Estado peruano la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos."

Esto lo confirmó claramente el 11 de diciembre de 2000 el Canciller Javier Pérez de Cuéllar, Presidente del Consejo de Ministros, en su exposición ante el Congreso del Perú, en la cual expresó: "La competencia obligatoria de la Corte para juzgar violaciones y para interpretar las disposiciones de la Convención Americana, constituye el eje fundamental del sistema interamericano de protección. De esta manera todos volveremos a estar protegidos por nuestra Constitución, por nuestras leyes y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos."

Hoy nos reunimos para alabar la decisión solemne y soberana del Perú que acepta la decisión de la Corte Interamericana con respecto a la validez jurídica de esa acción. La manera más adecuada de entender esta acción de hoy es que representa el consenso en torno al hecho de que el acatamiento y el cumplimiento de las decisiones de este sistema son la piedra angular de su integridad y legitimidad.

Con la acción de hoy, el sistema se ve fortalecido y reforzado. Esta acción se suma a la del 8 de enero, cuando el Perú depositó el instrumento de ratificación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Estas accionan las celebramos conjuntamente con el gobierno y el Pueblo del Perú, que hoy retoma su larga tradición como partícipe pleno dentro de nuestro sistema.

Al concluir nuestra Misión de democratización, la Organización aceptó la invitación de su gobierno de enviar una nueva misión de observación electoral, bajo la orientación del ex canciller Eduardo Stein, que asegure que los comicios de abril se realicen en un contexto de igualdad, transparencia y pureza.

Señoras y señores. No tengo duda de que el pueblo y las instituciones democráticas del Perú estarán a la altura de las circunstancias y que sortearán con entusiasmo y sabiduría esta difícil transición. Los gobiernos y pueblos de América les expresan su respeto y solidaridad.



Muchas gracias.