Me es satisfactorio, como Secretario General de la OEA, participar en esta Reunión del Grupo Consultivo para Ecuador en los temas de Desarrollo Alternativo Preventivo y Programa de Bienestar Social. De las decisiones bajo su responsabilidad depende el que miles de personas de nuestro hemisferio encuentren una vida digna y no se vean compelidos a ingresar a un mundo de drogas con sus con secuelas de crimen, violencia y clandestinidad.

Permítanme, distinguidos participantes, manifestar mi profundo y sincero agradecimiento por la hospitalidad y la colaboración del Gobierno de Bélgica y por el respaldo de la Unión Europea a la realización de este encuentro. Quiero expresar nuestro reconocimiento a Europa por su pronta respuesta para apoyar a la CICAD en los esfuerzos de control financiero y de precursores. Gracias al BID y a don Enrique Iglesias por la siempre oportuna acción en este frente de la lucha contra las drogas. Con el BID hemos logrado desarrollar una agenda de trabajo hemisférica que todos los estados valoran de manera muy positiva.

Así mismo, este evento refleja la voluntad del gobierno y el pueblo ecuatorianos en su lucha contra el narcotráfico, como también realza la solidaridad de la comunidad internacional con su determinación. La OEA respalda plenamente al Gobierno del Ecuador en este encuentro que agrupa a los países que tienen un interés especial en dar un enfoque integral al problema de la producción y abuso de drogas, y que hacen especial énfasis en hacer de ellos una responsabilidad multilateral.

Hoy, más que nunca, todas las naciones reconocen los alcances negativos de las acciones de las organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras físicas ni éticas. Hoy mas que nunca podemos percibir como la complacencia, la pasiva aceptación para convivir con el terrorismo nos ha llevado a presenciar el más grande desafio a nuestra civilización, a nuestros valores, al respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas, que haya tenido lugar en nuestros tiempos. Nuestro pésame y solidaridad con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos.

Como ocurre con el terrorismo, el problema de las drogas lo tenemos que enfrentar con unidad, solidaridad y eficacia. Sus manifestaciones son una constante amenaza para nuestros ciudadanos, la estabilidad democrática de nuestras instituciones y la preservación de nuestras sociedades abiertas, tolerantes y pluralistas.

Nuestros estados han adoptado, en el marco de la OEA, la Estrategia Antidrogas del Hemisferio que enfrenta todas las manifestaciones del problema de las drogas y, de manera especial, reconoce la responsabilidad compartida. Al partir de los acuerdos alcanzados en la Estrategia impulsamos el mecanismo de Evaluación Multilateral del que ha surgido una enorme voluntad política para encarar este flagelo en todas las Américas. Han apoyado también el Plan Mundial de Acción aprobado durante la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en junio de 1998.

La experiencia de la CICAD-OEA en el tema de drogas es muy valiosa. A través de mecanismos de ensayo y error, de construcción de políticas participativas por parte de países consumidores y productores, y sobre todo de actuar de manera abierta y transparente, hemos logrado el diseño de medidas para atacar el tráfico de drogas y de sustancias sicotrópicas en todos los eslabones de la cadena ilícita. Si bien es cierto que nos ha tomado un buen tiempo reconocer las tendencias y pautas de este fenómeno –sus indicadores de crecimiento de producción y consumo, su elasticidad a la oferta y a la demanda, los efectos sobre el desarrollo institucional de los países y los efectos de estas actividades sobre el capital social de las comunidades- nos hemos convencido de la necesidad de la acción colectiva.

El Programa Nacional de Desarrollo Alternativo Preventivo y de Bienestar Social que hoy presenta el Gobierno del Ecuador enmarca las actividades claves de una política basada en acciones equilibradas y sostenibles. Teniendo en cuenta su localización geográfica en el corazón de la región Andina, Ecuador cuenta con una alta vulnerabilidad frente a la producción de materia prima para la preparación de las drogas ilícitas. El incremento poblacional y migratorio que ha sufrido su frontera norte, ligado en su mayoría a la creciente actividad de producción de hoja de coca en la región, así como la degradación sistemática del medio ambiente y sus consecuencias sobre comunidades indígenas ancestrales, son indicadores de un problema en crecimiento exponencial que exige de nosotros iniciativas que permitan generar unas condiciones de vida dignas, un futuro económico estable y un entorno social propicio para apoyar la región y ayudar a sus habitantes.

Es así como los proyectos de Desarrollo Alternativo Preventivo están orientados a prevenir los problemas de violencia y corrupción que conllevan los cultivos ilícitos y el trafico de drogas. Para nadie es un secreto que la dimensión de recursos con que cuentan las grandes organizaciones delincuenciales penetra todas las instituciones públicas y privadas, distorsiona las reglas de juego institucional y destruye la formación de sociedades estables, educadas en la confianza que producen los sistemas políticos abiertos a todos bajo las premisas del respeto de la ley.

Los componentes que hoy presenta el gobierno del Ecuador son fundamentales para prevenir la expansión de la producción ilícita de cultivos y fomentar una economía productiva. No tratan solamente de poner muros de contención al crecimiento de los cultivos, sino que están ligados, indisolublemente, a la reorientación de las economías de las zonas productoras de cultivos ilícitos, al mismo tiempo que entrañan acciones orientadas a promover la reducción de la demanda.

De la misma forma, a través de la implementación de programas de desarrollo productivo, social y de infraestructura se busca aliviar los problemas de pobreza por medio del incremento de los ingresos de la población beneficiada.

Dentro del marco general del programa también se presenta una Estrategia Nacional para la Prevención y Rehabilitación del abuso de las drogas. Dicha estrategia incluye proyectos de prevención a todos los niveles de la comunidad, que incluyen poblaciones indígenas, y enfatizan en aquellos sectores en alto riesgo de marginamiento. Además cuenta con alto componente en intervenciones tempranas y diferentes modalidades del tratamiento, rehabilitación y reinserción social del abuso de drogas.

Por último quiero hacer énfasis en que la lucha debe ser integral. Sin la cooperación armónica y solidaria de todos los países no será posible nunca derrotar el fenómeno. Una política efectiva en materia de drogas debe tener también un rostro humano, que focalice la acción del estado sobre los sectores poblaciones más vulnerables como las mujeres, los niños y la población campesina; que sea suficientemente flexible como para insertar a las poblaciones indígenas; debe mirar el mejoramiento del medio ambiente como un indicador medular de su éxito; y debe privilegiar la acción colectiva concertada de los países expuestos a este flagelo.

Invito entonces a todos los presentes a unirse en este empeño inscrito en una visión de tarea compartida en el tratamiento de las drogas a nivel mundial, y en el reconocimiento que debe hacerse a las naciones como la ecuatoriana que con decisión y empeño, conscientes de su responsabilidad, acuden a la solidaridad internacional.