Señor Primer Ministro, es un gran placer regresar a Barbados para celebrar nuestra asamblea en esta tierra, en la que florecen los ideales democráticos y parlamentarios desde hace tres siglos. No podíamos haber escogido un lugar mejor donde reunirnos en este momento decisivo de nuestra historia que este próspero país, este centro internacional de negocios. Esta sociedad diversa e igualitaria, con su excepcional cultura, y en la que impera el régimen de derecho nos infunde vitalidad.

Sé que hablo en nombre de todos los pueblos de las Américas cuando digo que sentimos un gran respeto por su liderazgo. Es usted un Jefe de Gobierno inteligente y visionario; admiramos el rigor de su pensamiento, su conocimiento de la cosa pública, su perspicacia, su excepcional capacidad y su talento para tratar los complejos asuntos interamericanos.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la Ministra de Relaciones Exteriores señora Miller, a su personal y al pueblo de Barbados su generosa hospitalidad. Mucho me complace que esta Asamblea General se reúna en el Caribe, pues abordaremos asuntos de gran importancia para las naciones del Hemisferio y especialmente para los pequeños Estados insulares.

El año pasado la democracia sufrió un serio ataque. El 11 de septiembre, estando reunidos para aprobar nuestra Carta Democrática en Lima, nuestros ideales y nuestro estilo de vida fueron objeto de un ataque sin precedentes, en un acto salvaje de terrorismo que cobró la vida de ciudadanos de 30 de nuestros 34 Estados Miembros. Estos ataques fueron el más grande desafío para nuestra civilización, nuestros valores, los derechos humanos y las libertades civiles, y para los principios de la tolerancia y el pluralismo que nos son comunes. Nuestras naciones expresaron con una sola voz a Estados Unidos, nuestra nación hermana, el dolor, la indignación y la tristeza que sentíamos por la pérdida de miles de vidas inocentes, y oramos juntos por las víctimas y sus familias. El Secretario de Estado Powell compartió con nosotros algunos de esos dolorosos momentos.

Estos crímenes indescriptibles representan también una grave amenaza para nuestra seguridad colectiva. Los Estados Miembros tenían que responder a estos desafíos con una acción resuelta y una sólida cooperación. Los Estados Miembros que son partes del Tratado de Río reafirmaron el principio de la solidaridad hemisférica y todos los países de la OEA señalaron en una histórica declaración que los ataques contra Estados Unidos eran ataques contra todos los Estados americanos; que nuestros Estados se prestarían asistencia mutua en esta lucha, y que se encargarían de su defensa colectiva.

En una conferencia especializada se creó el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Después del 11 de septiembre, se fortaleció el CICTE para actuar en torno a la formulación de políticas y la planificación, contribuir a desmantelar las redes financieras utilizadas por los terroristas, destruir su apoyo logístico, eliminar sus refugios, reunir y analizar información de inteligencia y adoptar medidas sobre el problema de la falsificación de documentos.

También se mantiene una acción permanente para incrementar la seguridad aérea, marítima y terrestre, mejorar los mecanismos de control del lavado de dinero, modificar o elaborar leyes y avanzar en la firma y ratificación de todos los instrumentos interamericanos contra el terrorismo. Se creó una pequeña Secretaría para dar una sede institucional a programas de capacitación y coordinar la acción con otros organismos, acuerdos y mecanismos de seguimiento interamericanos.

Ha sido particularmente útil recibir el apoyo de los Ministros de Justicia y los Procuradores Generales, que se reunieron en Trinidad y Tobago el año pasado, para fortalecer la asistencia jurídica y judicial mutua, simplificando los mecanismos de extradición de delincuentes internacionales y procurando la confiscación del producido del delito mediante la incautación de activos. Por la vía de una iniciativa del Canadá, se está creando, en un proyecto piloto, una red de intercambio de información sobre estas cuestiones.

El proyecto de convención contra el terrorismo que se pone ahora a su consideración reafirma el compromiso de los Estados Miembros de la OEA de cooperar el amparo del derecho internacional, ofrece un marco jurídico sólido y amplio, acentúa los controles fronterizos y financieros y fomenta la capacitación.

En la última década, el sistema interamericano ha generado un número considerable de instrumentos, herramientas e iniciativas en el área de la seguridad hemisférica para hacer frente a múltiples desafíos. Es el momento de reunir esas diversas herramientas e ideas dentro de un solo marco, que es lo que ustedes han hecho al decidir convocar la Conferencia Hemisférica sobre Seguridad dispuesta en la Cumbre de Québec en septiembre. Las preocupaciones de seguridad de los pequeños Estados insulares deben figurar en un lugar prominente en esta agenda. Por ejemplo, tenemos que adoptar todas las recomendaciones del Comité Interamericano en relación con la mitigación y prevención de desastres, examinar las preocupaciones concernientes al transporte de desechos nucleares y asegurar la continuación de nuestro proyecto sobre el cambio climático global para el Caribe, financiado por el Banco Mundial.

El nuevo instrumento más importante de que disponemos, aunque se refiere a un asunto diferente, es la Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, Perú. Con la Carta Democrática estamos protegiendo el derecho de nuestros pueblos a vivir en democracia, estamos incorporando nuestra visión y nuestros principios comunes, nuestras necesidades y aspiraciones, nuestra voluntad colectiva y nuestro compromiso de trabajar de consuno para defender nuestros valores elementales. La contribución del Caribe angloparlante, donde la democracia ha demostrado ser más flexible y resistente que en ninguna otra subregión del mundo en desarrollo, ha tenido una importancia excepcional.

La democracia representativa significa más que elecciones libres y transparentes. En el marco de la Carta, la democracia significa el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la separación e independencia de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, la responsabilidad, la participación ciudadana, una sociedad civil fuerte y un sistema de partidos pluralista. También significa acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión, un sistema de controles efectivos, la eliminación de todo tipo de discriminación y la supremacía de la constitución y el régimen de derecho.

La Carta Democrática Interamericana señala a la atención una nueva generación de derechos relacionados con los pueblos indígenas, la diversidad étnica, religiosa y cultural en las Américas, los niños, las mujeres, los trabajadores migratorios y sus familias, y los derechos de los trabajadores sobre la base de las convenciones de la OIT.

La Carta es resultado de la convicción de que nos encontramos en una coyuntura histórica decisiva. La globalización política ha generado una preocupación mundial por la justicia social y la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos. Enfrentamos amenazas graves a los sistemas democráticos de varias naciones de nuestro hemisferio. Tenemos instituciones públicas y sistemas políticos frágiles y en muchas naciones el Estado y las instituciones públicas no pueden suministrar atención de la salud, educación y seguridad básicas.

La Carta Democrática es más que un instrumento para enfrentar crisis e imponer sanciones; su objetivo es ayudar a las democracias y recibir apoyo hemisférico cuando sus procesos políticos e institucionales se ven amenazados o cuando se encuentra en peligro el ejercicio del poder legítimo. La Carta otorga a nuestras naciones los instrumentos para enfrentar colectivamente las amenazas y desafíos de una manera ordenada, decisiva, oportuna y consensual.

El año pasado, en Honduras, Nicaragua, Colombia y la República Dominicana, demostramos una vez más la eficacia de nuestras misiones de observación electoral. Mediante los mandatos de la Cumbre de Quebec, la OEA apoya a las iniciativas interparlamentarias y sigue empeñada en la habilitación de las autoridades locales utilizando las directrices de la reunión de La Paz. Estamos actuando conjuntamente con los países del Caribe, el PNUD y la Universidad de las Indias Occidentales en una iniciativa de apoyo a la reforma constitucional en la región.

En cuanto a la cuestión fundamental de los derechos humanos, el sistema interamericano está más activo que nunca. Sin duda, contamos con un mayor consenso entre los Estados Miembros, con mejores reglamentos y mayor admisibilidad, con mayor participación de la sociedad civil, con un uso más amplio y efectivo de las funciones del relator— en particular con respecto a la libertad de expresión. Creo que el sistema de derechos humanos está ahora preparado para un salto cualitativo, pero, para que ello sea posible, es preciso dotarlo de más recursos, tiene que resolver la cuestión de la universalización, brindar a los ciudadanos un mayor acceso al sistema, y determinar si nuestros órganos de derechos humanos pueden actuar con un carácter más permanente.

A través de la negociación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hemos logrado avances sustanciales en este asunto de extrema importancia. Hemos continuado nuestra labor en torno a los derechos de la mujer y la igualdad de género, la equidad y la incorporación de una perspectiva de género en todos nuestros programas y políticas. La CIM ha puesto especial acento en la aplicación de la Convención de Belém do Pará la cual aborda la violencia contra la mujer, en los países del Caribe. Estamos procurando mejorar los derechos y la atención de las personas bajo distintas formas de detención y reclusión. Entretanto, las organizaciones de la sociedad civil cooperan cada vez más en nuestra labor.

Pasando ahora a un país de la OEA y del Caribe que recientemente ha demandado mucho nuestra atención, en la Asamblea General de Costa Rica se nos encomendó con firmeza que actuáramos con todos los sectores de la sociedad haitiana para llegar a un acuerdo que resolviera los problemas de las elecciones del 21 de mayo de 2000 y emprender un diálogo nacional para la reconciliación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Hemos llegado a un acuerdo para el establecimiento de un Consejo Electoral creíble, neutral e independiente. Lamentablemente, los ataques armados del 28 de julio y el 17 de diciembre, y la violencia callejera posterior han hecho estancar las negociaciones.

En enero, el Consejo Permanente renovó nuestro mandato y ordenó la creación de una Misión para abordar los problemas de largo plazo de las instituciones haitianas y de los ciudadanos de Haití, y crear un clima de seguridad, condición necesaria para la reanudación de las negociaciones. A la misma se le ha encomendado examinar las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, la seguridad, el sistema judicial y la gobernabilidad. Al mismo tiempo, la OEA y la CARICOM han establecido un mecanismo de investigación independiente, integrado por tres prominentes juristas, con la tarea de investigar los hechos del 17 de diciembre. Asimismo, hemos designado un Consejo Consultivo para formular recomendaciones a efectos de indemnizar a las organizaciones y particulares que sufrieron daños como resultado directo de la violencia del 17 de diciembre. En este contexto, se designó el Grupo de Amigos de Haití para actuar como órgano de consulta. La Misión ha contado con la plena cooperación del gobierno del Presidente Aristide.

Pero no lograremos resolver los problemas políticos más elementales de Haití si no somos capaces de llegar a un acuerdo para celebrar elecciones en un futuro cercano y de reestablecer la plena cooperación de la comunidad internacional y las instituciones financieras con ese país. El gobierno tiene que cumplir plenamente las condiciones de la resolución de enero. Todas las partes, incluida la coalición Convergencia Democrática, deben demostrar la voluntad de resolver la controversia política y regresar a la mesa de negociación para finalizar el acuerdo. El pueblo haitiano necesita ese acuerdo desesperadamente. Deseo agradecer al Embajador Einaudi y a sus colaboradores la ardua labor y la dedicación en la consecución de ese objetivo. También quisiera agradecer al Ministro Hunte de Santa Lucía su invalorable colaboración.

Señores Ministros, embajadores, amigos:

La prueba más difícil para la Carta Democrática Interamericana ha sido enfrentar la situación en Venezuela. Cuando se tuvo noticia de los trágicos eventos del 11 de abril, los Presidentes y Ministros del Grupo de Río aprobaron una enérgica resolución condenando la violación del orden constitucional y los deplorables actos de violencia. En la resolución también se pedía a la OEA que convocase una reunión del Consejo Permanente al amparo del artículo 20 de la Carta. El Consejo Permanente solicitó al Secretario General que encabezara una misión de investigación a Venezuela, así como una reunión especial de la Asamblea General, para adoptar las decisiones que juzgara pertinentes.

La mayoría de ustedes conocen mi informe a la Asamblea General. Nos reunimos con el Presidente Chávez y un amplio espectro de representantes de las principales instituciones del país. Regresamos muy preocupados con el nivel de polarización que encontramos en Venezuela, una polarización que dificulta el diálogo político y los acuerdos para fomentar el entendimiento y contribuir a la paz social.

Dije entonces a la Asamblea que la comunidad internacional, incluida la OEA, debía promover medidas para aplacar algunos de los conflictos más graves, recuperar la gobernabilidad, lograr la estabilidad política y fomentar la recuperación económica. Nuestra Asamblea expresó su satisfacción por el retorno al orden democrático en Venezuela, confirmó la determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando la Carta Democrática, y celebró la aceptación del gobierno de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe de la Comisión está ante ustedes, así como el reciente informe del Gobierno de Venezuela en el que se evalúan los acontecimientos relacionados con la ruptura del orden constitucional.

Nuestra Asamblea también respaldó la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar a un diálogo con participación de todas las partes y exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana a participar y a esforzarse por restablecer el pleno ejercicio de la democracia y la reconciliación nacional. Ese diálogo ya se ha iniciado y ha traído alivio y esperanzas a millones de ciudadanos venezolanos. La Asamblea Nacional de Venezuela está abordando la crisis con seriedad, como el Ministro Chaderton seguramente confirmará. La labor de la Asamblea se basa en una agenda de los asuntos más críticos, incluida una investigación sobre los actos violentos y muertes que emprenderá una Comisión de la Verdad seleccionada por representantes de la sociedad civil. Se aprobará una ley especial para establecer sus atribuciones.

Todos estamos de acuerdo en que Venezuela, en esta coyuntura decisiva, necesita la solidaridad y cooperación de todos los pueblos y gobiernos del Hemisferio. La OEA está dispuesta a hacer lo que el Gobierno de Venezuela nos pida para fortalecer las instituciones democráticas.

Pasando a otra cuestión, un grupo diverso de países de la región ha subrayado ante el Consejo Permanente el hecho de que en las Américas existe la mayor desigualdad de ingresos del mundo y el ferviente deseo de que la OEA se empeñe más en la lucha contra la pobreza. Contamos con recursos muy limitados, pero con el mandato que recibimos de nuestros Ministros de Educación en Punta del Este y siguiendo el espíritu de la reunión de Monterrey, podemos participar en el respaldo a la cooperación horizontal para fomentar el diálogo entre los actores sociales y ayudar a crear mejores oportunidades de capacitación a efectos de desempeñar un mayor papel en el desarrollo humano.

A nuestro programa tradicional de becas hemos agregado nuevas ofertas de nuestra Agencia, a través de la cooperación pública y las tecnologías modernas. Las actividades del Portal Educativo de las Américas pondrán cursos y capacitación docente a disposición de los usuarios en Internet. Lo utilizaremos para mejorar la educación a distancia por medio de la Universidad de las Indias Occidentales y seguiremos trabajando en el proyecto EDSAT en el mismo campo.

El proceso de Cumbres hace del comercio una prioridad en la agenda interamericana. El año pasado, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, con apoyo técnico de la OEA, avanzó de forma significativa. También seguimos empeñados en la creación de capacidad y la asistencia técnica en materia de comercio, aspectos de particular importancia para muchos países, incluidos los del Caribe. Hemos actuado en estrecho contacto con el denominado Mecanismo de Negociación Regional en esta esfera y a través del Grupo sobre Economías Pequeñas. Fundamental en esta tarea global ha sido la creación de la Red de Investigación sobre Comercio en las Américas, destinada a fomentar la transparencia y conectar a las instituciones académicas.

Todos somos conscientes de que, de aquí al 2005, tendremos, junto con las negociaciones técnicas más complejas, un debate político acerca de las consecuencias más amplias del Área de Libre Comercio de las Américas. El debate no se limitará al comercio; en él habrán de abordarse preocupaciones sobre la globalización que crean gran resentimiento en nuestra región. También habrá que hallar mecanismos para articular en el sistema interamericano algunas cuestiones que no entran fácilmente en un Acuerdo de Libre Comercio. A diferencia de la OMC, el sistema interamericano puede ayudar a los Estados Miembros a abordar muchos de los problemas no directamente relacionados con el comercio que podrían constituir un obstáculo para el ALCA. La aprobación de la autoridad de promoción del comercio en los Estados Unidos es una buena noticia para el proceso. Esperemos que ayude además a abordar algunas reticencias relacionadas con las recientes decisiones sobre tarifas y subsidios.

El año pasado, en Ottawa, oportunidad en que la OEA actuó como secretaría técnica, la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo siguió ejecutando el Plan de Acción de Viña del Mar que trata sobre la dimensión laboral de la globalización, los aspectos sociales de la integración económica, la dinámica de la normativa laboral, la asistencia al desempleo, capacitación y redes de seguridad social.

En la lucha contra la corrupción, la OEA ha establecido el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana, los expertos han empezado a analizar las políticas de los países, acordar las normas que aseguran que la labor sea transparente, rigurosa, independiente, objetiva y abierta a la sociedad civil. La Fundación para las Américas ha canalizado un apoyo privado sustancial en la lucha contra la corrupción.

El sector turístico del Caribe ha sido el más afectado por los eventos del 11 de septiembre, exacerbando una desaceleración que ya se observaba en el primer semestre de 2001. La OEA está trabajando en un programa, que aún no está totalmente financiado, a fin de ayudar a la recuperación después del 11 de septiembre, en las esferas de la educación y las relaciones públicas, el marketing, la planificación y el desarrollo de productos, así como el fortalecimiento institucional y la transferencia de tecnología. El apoyo de USAID ha permitido abrir centros de recursos de turismo en Dominica, Grenada, Barbados, Saint Kitts y Santa Lucía.

El Mecanismo de Evaluación Multilateral registró un progreso básico en su primera ronda, haciendo avanzar las agendas nacionales al punto de que casi todos los Estados Miembros han formulado planes maestros nacionales de lucha contra las drogas y están cooperando más estrechamente de lo que alguna vez nos atrevimos a prever. Esta labor es vitalmente importante y no podría ser más oportuna para algunos de los países miembros. Insto a que nos comprometamos de forma individual y colectiva con este producto técnico y político que ha contribuido en gran manera a cambiar los terminos de la lucha contra este flagelo, que se basan en el principio de la responsabilidad compartida.

En Colombia, por ejemplo, observamos las dimensiones más siniestras del problema de las drogas en la conexión entre terroristas y narcotraficantes. Estos son fenómenos destructivos que se refuerzan mutuamente. Colombia necesita la solidaridad de la región para enfrentar la ola de actos terroristas que sufre y lograr la paz, en base al régimen de derecho y el respeto por los derechos humanos. Colombia tiene que asegurar el monopolio del uso de la fuerza por parte de los funcionarios del gobierno y las instituciones del Estado. Colombia todavía necesita soluciones políticas, pero también requiere con urgencia robustecer sus fuerzas armadas, la policía, la justicia y la inversión en programas sociales. El Presidente electo Uribe goza de enorme apoyo en la ciudadanía colombiana y merece lo mismo del resto del Hemisferio.

En relación con la difícil situación financiera de la Argentina, estoy seguro de hacerme eco de los sentimientos de solidaridad que todos abrigamos para con el gobierno del Presidente Duhalde y el pueblo argentino. En nombre de todas nuestras naciones, pedimos que las fuerzas políticas y los funcionarios públicos cooperen con el gobierno en la tarea de enormes proporciones y el esfuerzo extraordinario que deben realizarse para llegar a un acuerdo con el FMI. Eso es fundamental no sólo para el pueblo argentino sino para todas las naciones del Hemisferio.

Sin duda, es importante que ese acuerdo sea coherente y viable, pero es igualmente importante que enviemos a las instituciones financieras internacionales y a sus directorios un mensaje sobre la importancia de una solución satisfactoria de la crisis argentina. Me han preocupado mucho algunas expresiones que cuestionan a la Argentina como aliado estratégico. Esa es una ofensa para todos los pueblos de este continente. Otros hablan con seguridad de que esta vez no habrá “efecto de contagio” con otros países. Esto es un error. Tal vez aún no exista una consecuencia inmediata de contagio en la estabilidad económica de los países vecinos, pero una solución erróneamente planeada y desordenada de la crisis argentina podría causar graves perjuicios al esfuerzo considerable ya emprendido por nuestros países para integrarse en la economía mundial.

Es importante señalar que la OEA sigue cumpliendo un papel importante como mediadora en posibles conflictos regionales. Ha ayudado a aliviar la tirantez entre Honduras y Nicaragua por la controversia marítima en el Mar Caribe. La OEA también ha actuado con los gobiernos de Belice y Guatemala en la búsqueda de una solución a sus controversias fronterizos. Agradecemos a los países miembros y observadores su constante apoyo al Fondo de Paz.

También agradecemos a los países miembros y observadores su apoyo a nuestro programa de desminado. Las operaciones en Honduras y Costa Rica están casi terminadas pero se requiere a más recursos para Nicaragua. También tenemos un programa de desminado en Ecuador y Perú. Estamos realmente empeñados en hacer del Hemisferio Occidental una región libre de minas terrestres antipersonal.

Y esto me lleva al tema final. El año pasado, redujimos los atrasos con el Fondo Regular, permitiendo que cumpliéramos nuestras obligaciones presupuestarias y colocáramos recursos en reserva.

Pero estamos procurando que los Estados Miembros ofrezcan una solución a largo plazo a nuestra escasez crónica de recursos. Estamos totalmente de acuerdo con nuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, CAAP, sobre la necesidad de ser extremadamente prudentes en el uso de nuestras reservas y nuestro efectivo, y esperamos que sus actividades evitarán una verdadera crisis de efectivo en un futuro cercano. Si el presupuesto continúa congelado en términos nominales, en los próximos años muchas de nuestras responsabilidades de apoyo a reuniones ministeriales correrán peligro; nuestro mayor apoyo al sistema de derechos humanos será cada vez más difícil a nuestras acciones para fortalecer las instituciones democráticas estarán cada vez más lejos de nuestro alcance, para mencionar tan solo algun de nuestros objetivos.

Mañana, por primera vez, tendrán ustedes la oportunidad de escuchar, como elemento normal de nuestra Asamblea, el informe del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC). Este representa un paso sustancial en la incorporación del proceso de Cumbres de las Américas al sistema interamericano, con la OEA como institución coordinadora del grupo integrado, además, por el BID, la OPS, la CEPAL y el IICA, con la participación del Banco Mundial y de otras instituciones financieras subregionales como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano y el Banco del Caribe. En el informe se habla de la creación de una Secretaría del Proceso de Cumbres; el mejoramiento del apoyo a las Reuniones Ministeriales; la ampliación de las actividades relacionadas con la seguridad; y el mejoramiento de la coordinación de la cooperación técnica. La Asamblea General tiene también ante sí un proyecto de resolución por el que se propone un nuevo mecanismo de contrataciones que sustituye al servicio de carrera, que es resultado de un prolongado proceso de estudio y trabajo con nuestras misiones y con la Asociación del Personal.

El año pasado descubrimos cuán interrelacionadas están nuestras metas de democracia, crecimiento y prosperidad, así como los grandes desafíos que nos aguardan. Necesitaremos un nuevo cuerpo de leyes interamericanas, varios acuerdos y trabajo colectivo. La necesidad de un Sistema Interamericano más sólido, mejor financiado y bien dotado de personal es más apremiante que nunca. Podemos hacer más. Estamos preparados para hacer más. Vamos a cumplir con esta tarea con determinación, para lograr la paz, la seguridad, la prosperidad, la igualdad y la justicia para todos nuestros pueblos.